La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió hacer lugar a la extracción de datos de diez dispositivos que fueron incautados (celulares y otros aparatos informáticos) de la casa de Pablo Benegas, imputado por supuesto abuso sexual en niños y abuso sexual en personas indefensas.
Ahora se deberá jurar el perito informático del Ministerio Público para realizar la extradición de los datos de los aparatos celulares incautados durante el allanamiento realizado por la Fiscalía.
Días atrás, la magistrada decretó la prisión preventiva de Benegas, quien ya está privado de su libertad en el marco del proceso penal por abuso sexual en niños y abuso sexual. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
El Ministerio Público presentó imputación contra el cantante Pablo Benegas, por supuestamente abusar sexualmente de dos hermanas de 11 y 15 años de edad, cuando ambas se encontraban en estado de indefensión. El caso generó el repudio de toda la ciudadanía.
Actualmente, el cantante está detenido luego de que su vivienda fuera allanada y en la misma se encontraran varias evidencias que lo vincularían al hecho del cual lo acusan. Todo lo encontrado fue incautado y formará parte de la investigación.
Ambas niñas se encuentran desde el pasado 10 de noviembre internadas en un hospital de Asunción, luego de que las mismas comentaran lo ocurrido a una docente de un centro comunitario; una vez asistidas en el centro asistencial, los médicos confirmaron que una de ellas contaba con rastros de cocaína en su sistema, sosteniendo la historia relatada por ambas.
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Dispositivos del clan Rotela podrían revelar una serie de hechos punibles
El Tribunal de Apelación ratificó la orden judicial mediante la cual se dispone la extracción de datos de más de 300 dispositivos incautados del poder del clan Rotela en el operativo Veneratio. El juez José Agustín Fernández indicó que decidieron ratificarse debido a la relevancia de los datos que podrían obtenerse en todos los aparatos electrónicos.
“Esos documentos incautados son valiosísimos porque sabemos todo lo que implica esa vida que se lleva en los centros penitenciarios y los usos que tienen estos materiales electrónicos, además de la vinculación que podría tener con una serie de hechos punibles, entonces por eso se pidió esa autorización judicial. Se manifestó la oposición de parte de los propietarios, en este caso los investigados, y nosotros ratificamos la medida otorgada por el juez”, sostuvo.
En el operativo se incautaron 308 celulares, dos tablets, 10 pendrives, dos notebooks y dos computadoras, por lo que el Ministerio Público solicitó que estos dispositivos puedan ser revisados en el marco de la investigación abierta contra los integrantes del clan. El juez afirmó ante la 650 AM que el Tribunal entendió la importancia de acceder a los datos que contienen los dispositivos.
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“Es lo que sencillamente la lógica y el sentido común imponen y mucho más las leyes procesales que autorizan en virtud a los principios que rigen, en este caso, el material probatorio, porque estos van a ser instrumentos de prueba y esto fue lo que decidimos por unanimidad”, indicó el magistrado quien integra el Tribunal.
Los demás miembros del Tribunal de Apelación son Delio Vera Navarro y Viviana Benítez quienes estuvieron de acuerdo en ratificar la autorización para la extracción de datos los celulares, computadoras y otros dispositivos. Esta decisión se había adoptado en primera instancia, pero uno de los imputados en el marco del operativo Veneratio apeló la resolución del juez penal de Garantías Yoan Paul López.
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Operativo Veneratio: ratifican extracción de datos de 308 teléfonos incautados al clan Rotela
Tribunal de apelaciones confirmó la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paul López, quien autorizó la extracción de datos de 308 teléfonos celulares, 2 tablets, 10 pendrive, 2 notebook y 2 computadoras, en el marco de la investigación del Operativo Veneratio.
El proceso recae sobre el líder del Clan Rotela, Armando Javier Rotela, y otros ocho reclusos imputados por motín de internos, transgresión a la ley de armas y asociación criminal.
Ahora, deberá jurar el perito que realizará la extracción de datos a los dispositivos incautados al clan durante el operativo que posibilitó que las autoridades del Estado retomen el control de la cárcel de Tacumbú.
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Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández firmaron el fallo de segunda instancia que ratifica la resolución del juez inferior.
Imputación
Los agentes fiscales Fátima Girala, Miguel Quintana y Marcial Machado formularon imputación contra Armando Javier Rotela, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina.
La lista continúa con Lucas Ramón Duarte Rolandi, Oscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero. Todos, por transgresión a la Ley Nº 4036/2010 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, y asociación criminal, en calidad de coautores.
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Información de cumplimiento en el historial crediticio impulsa inclusión
Equifax Paraguay registra más de 2 millones de personas que cuentan con un historial de crédito de cumplimiento en el sistema financiero. La incorporación de información de cumplimiento de los clientes sigue representando el factor más importante que genera un salto en la inclusión financiera en el país y en el acceso a productos financieros.
Hernán Pariso, director de Equifax Paraguay SA, en un encuentro con medios de comunicación, señaló que la inclusión de datos de cumplimiento en el historial crediticio de las personas es obligatoria. La última modificación de la Ley n.° 6534 de Protección de Datos Personales, sancionada en 2020, establece que todos los usuarios de información crediticia deben reportar el comportamiento de pago positivo y negativo de los consumidores. Explicó que la información de cumplimiento es la forma en la que el usuario se comporta mensualmente en sus actividades crediticias pasando de informar solo la “foto” de la morosidad, sino más bien el nivel de pago que se tiene, dando un mejor panorama sobre el comportamiento de las personas activas financieramente.
EVALUACIÓN INTEGRAL
La información de cumplimiento incluye pago puntual de facturas, servicios, préstamos, créditos comerciales, entre otros, que proporcionan una imagen más completa de la salud financiera de los usuarios. A su vez, todo esto permite a las entidades evaluar de manera más integral la capacidad crediticia que tienen los consumidores, o si tuvieron alguna dificultad con algún compromiso, además de posibilitar que se puedan ofrecer mejores oportunidades de acceso a crédito, de acuerdo a cada comportamiento financiero. “Es muy importante comprender que el buró de créditos hoy es aliado de los usuarios y de los consumidores, porque cuenta la historia crediticia de manera segura, fidedigna y objetiva a las entidades donde van a solicitar un crédito”, comentó Pariso.
“EQUILIBRIO EN LA ECUACIÓN”
Esto se considera debido a que, si no existiese información, cada persona debería llevar certificados, copias y numerosos trámites para conseguir un crédito, por lo que dificultará el proceso de concesión de créditos. Pariso indicó que, desde la modificación de la ley, se logró un equilibrio en la ecuación dado que se cuentan con ambas informaciones: positivas y negativas de pagos, siendo este incluso un derecho para los consumidores. “Pude estar pagando bien y me atrasé un mes por algunos motivos, después volví a pagar, ese historial de crédito es importante”, afirmó.
La evolución del buró de créditos no solo representa un cambio positivo para los consumidores en general, sino también deriva en la economía al permitir que un mayor número de personas puedan acceder a créditos para emprender negocios, adquirir viviendas y realizar inversiones.
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Ordenan embargo de empresa de la familia de esposa de Abdo por deuda
El Instituto de Previsión Social (IPS) está promoviendo acciones de ejecución contra empresas que adeudan a la previsional por aporte obrero patronal, millonarias deudas que la previsional quiere recuperar en esta nueva administración. Entre las firmas que adeudan se encuentra un consorcio hotelero que pertenece a la familia de la esposa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira.
El miércoles 17 de abril el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ordenó el embargo de bienes de la empresa hasta cubrir el monto reclamado por la previsional, que asciende a G. 10.781 millones. “Tenemos la imperante necesidad de ir recuperando el dinero que el IPS tiene por cobrar. Tenemos mucho por pagar, pero también tenemos muchos por cobrar”, remarcó Jorge Brítez en comunicación con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM.
EL PROPIO IPS TRANCÓ ACUERDO
Llamativamente, durante la administración anterior, en el gobierno de Mario Abdo, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda del consorcio hotelero de la familia Bó que llega a los G. 10.781 millones. Jorge González, director Jurídico del IPS, explicó que en 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal; sin embargo, llamativamente el IPS y el consorcio firmaron un acuerdo extrajudicial.
“Un juicio que inició en el 2014, el consorcio hotelero había planteado una excepción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. En el 2017 quedó firme, en ese entonces, cuando inició recién la demanda era 5.300 millones aproximadamente lo que debía”, señaló González en entrevista con GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Siguió explicando que “al 2017 al quedar firme el fallo de la Corte no teniendo más recursos ni incidentes que plantear este consorcio, la deuda subió a G. 10.300 millones al día de hoy, según el reporte de la Dirección Obrero Patronal, G. 31.500 millones aproximadamente está debiendo ese consorcio hotelero”.
La previsional ganó el juicio en todas las instancias; sin embargo, en el 2018 “sorprendentemente” el Consejo Administrativo del IPS aceptó un acuerdo extrajudicial habiendo ya ganado en todas las instancias. “En ese acuerdo extrajudicial se acepta cuatro inmuebles que ofrecen ellos en ese momento, en el cual se comprometen a hacer pagos parciales y que si en 60 días no se cumple ese acuerdo se tendrá por rescindido ese acuerdo extrajudicial y se tendrá que ejecutar la resolución”, dijo el director jurídico.
HOMOLOGACIÓN
Tras ese acuerdo extrajudicial, pasaron diez meses. Ocho meses más que lo establecido en el acuerdo extrajudicial se presenta misteriosamente ante el juzgado una homologación del acuerdo, se lleva a cabo, y “en ese momento ya no se podía celebrar el acuerdo porque ya estaba 10 meses atrasado y con esa homologación mataron todo el juicio”, según las explicaciones del director jurídico.
“Revisando los antecedentes del caso vimos que no se tomó ninguna medida más y, al asumir, lo primero que hicimos fue la ejecución del fallo de 2017 porque creemos que tenemos que reclamar, no podemos seguir permitiendo este tipo de conducta. La administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos que la empresa tiene que abonar al IPS”, sentenció.