El juez de Delitos Económicos José Delmás se opuso a una salida procesal presentada por la defensa de los camioneros Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Vicente Medina, Juan Friedelin y Julio César Solaeche, acusados en el caso de extorsión por solicitar la suma de USD 1 millón para evitar cortes de ruta en todo el país, a la que se allanó la Fiscalía.
Con la resolución del citado magistrado, quien le dio el trámite de oposición, será el fiscal general del Estado quien tendrá la última palabra y dictaminar si se ratifica en la acusación fiscal o se hace lugar a la leve condena solicitada por la defensa de los procesados.
Al inicio de la audiencia la defensa de los acusados solicitó al juzgado la salida de procedimiento abreviado con una condena de solo dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena, lo que se evitará ir a un juicio oral. Ante este pedido la Fiscalía se allanó a dicha salida, pero el magistrado Delmás no estuvo de acuerdo y decidió dar trámite de oposición. La determinación del magistrado Delmás se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en la sede del Palacio de Justicia.
DENUNCIA
De acuerdo con publicaciones de La Nación, la denuncia contra los hoy imputados fue realizada por el ministro del Interior, Federico González, quien pidió el apoyo del Ministerio Público porque estaba siendo objeto de extorsión de parte de los detenidos, quienes exigían al secretario de Estado la suma de USD 1 millón para no continuar con el cierre de rutas en el país. Mediante una entrega vigilada, la Policía Nacional y la Fiscalía lograron la captura de los hoy imputados.
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Fiscalía acusa y pide juicio oral y público para el exministro de la SEN
En el transcurso de la mañana de este jueves, el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó y pidió juicio oral y público para el exministro de la Secretaría Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.
Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exautoridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.
El requerimiento fue presentado ante el juzgado del magistrado, Rodrigo Estigarribia, que fijará la audiencia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.
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Las investigaciones de la Fiscalía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licitaciones e inflaban los precios, para posteriormente repartirse el dinero entre ambos. Simulaban el proceso de licitación y las adjudicaciones se realizaban a empresas de terceras personas; no obstante, el dinero de la secretaría era depositado en la cuenta de la empresa Tapyracuai de Koube, y este para justificar el endoso del cheque emitía las facturas de crédito por servicios prestados a las firmas ganadoras de licitaciones.
De acuerdo a la acusación, entre enero del año 2018 a diciembre del año 2021 Roa, mientras se desempeñaba en el cargo de ministro de Emergencia, recibió beneficios económicos indebidos de parte de Koube, con quien posteriormente entabló una sociedad ilícita.
A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concretar pagos por un valor aproximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.
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Tras denuncias por cobros irregulares, detienen a funcionarios y allanan oficina del Senave
Este miércoles se realizó un operativo de entrega vigilada en el Mercado de Abasto por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público, luego de que importadores denunciaran que funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) exigían pagos de coima. Las autoridades lograron la detención de los trabajadores y allanaron las oficinas del Chaco Central.
Según la denuncia, estos importadores deben contar con un certificado para traer productos del exterior y este debe ser otorgado por la institución, pero pese a estar en condiciones para realizar la transacción los funcionarios exigían pagos irregulares. Cansados de este tipo de acciones decidieron denunciar ante las autoridades.
“Estos procedimientos parten de denuncias que refieren que deben pagar montos irregulares para obtener certificados de importación para traer productos del exterior. Estos intermediarios serían los que solicitan o peticionan un monto para acercarle a un supuesto funcionario, quien termina otorgando el documento”, informó el fiscal Néstor Coronel, en la 1020 AM.
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Confirmó que durante el allanamiento en las oficinas del Senave, ubicado en Chaco Central, realizaron el levantamiento de datos y evidencias para precisar las mecánicas que realizaban estas personas para cometer las irregularidades.
“En poco tiempo vamos a definir a las personas involucradas en el hecho. Los certificados tienen un costo de G. 17.000, si se obtienen en forma”, resaltó. En la denuncia consta que los montos pagados irregularmente por los certificados eran de entre 10 y 15 millones de guaraníes, una cifra significativamente más alta que el costo oficial.
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Imedic: tribunal rechazó anular acusación de Patricia Ferreira y juicio oral continúa
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee rechazó los incidentes de nulidad de la acusación y exclusión probatoria, presentados por la defensa de la acusada Patricia Ferreira, directora de la firma Imedic S.A y los demás acusados por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados, por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma que posibilitó el ingreso de fármacos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
Igualmente, los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero solicitaron a los jueces de sentencia el rechazo de los incidentes presentados por la defensa de los acusados. El tribunal colegiado hizo lugar al pedido del Ministerio Público y rechazó todo lo planteado. Además de Ferreira, están siendo juzgados Nidia Godoy, funcionaria de la firma Imedic S.A. y el despachante de Aduanas, Néstor Ramírez.
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Este caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registraron durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados, debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza, condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
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Merienda Escolar: fiscalía acusa y pide juicio oral contra exdiputado Noguera
La fiscal Alma Zayas, de la Unidad n.° 1, Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción y n.° 5, Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, presentó acusación contra el exdiputado Ever Juan Aricio Noguera, en el marco de la causa caratulada: “Rodolfo Max Friedman y otros s/ administración en provecho propio y otros”, relacionado al tema de merienda escolar en la gobernación del Guairá.
Mencionan además que la representante del Ministerio Público ha solicitado al juzgado, elevar la causa a juicio oral y público. El ahora exparlamentario está procesado por los hechos punibles de administración en provecho propio y lavado de dinero en calidad de cómplice.
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Señalan además que en la presente investigación se formuló acusación contra Rodolfo Max Friedmann Alfaro, Silvio Álvaro Alfaro, Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo y Eduardo Domínguez, a quienes se les atribuyó participación en la hipótesis delictiva planteada por el Ministerio Público, al igual que Hugo Alexander Torales Viveros (+), y el hoy acusado Ever Juan Aricio Noguera.
El informe señala que la hipótesis de la Fiscalía es que existía un esquema delictivo, a través del cual Rodolfo Max Friedmann Alfaro, en su carácter de gobernador del Departamento de Guairá, en el periodo comprendido entre el 2016 al 2018, aprovechándose de que entre sus funciones estaba las de ordenar los gastos y firmar los contratos con los proveedores, había autorizado y suscrito, para su beneficio personal y la de terceros, contratos administrativos en representación de la Gobernación y a favor de una empresa (Eventos y Servicios S.A.) en donde él tenía el control y dirección, para que ésta provea de bienes a la institución y de esa manera, obtener ganancias para sí.
Citan a declarar
Al respecto, el juez Agustín Delmás fue consultado en radio 1020 AM, sobre la situación procesal del exdiputado Noguera que fue convocado a declarar. El magistrado explicó que la imputación no es nueva, sino que viene desde hace tiempo.
“En su momento tenía fueros, se solicitó el desafuero, pero no se dio en la Cámara Baja. Se reiteró de nuevo cuando terminó su periodo parlamentario, entonces ya no hay obstáculo legal y se le convocó para el sometimiento al proceso, lo que hoy me enteré ahora es el requerimiento conclusivo de la Fiscalía, que es una acusación pidiendo juicio oral”, señaló.
El juez Delmás manifestó también que se prevé la audiencia preliminar para Rodolfo Friedmann que se lo convoca para el 19 de febrero porque ahora se tiene la feria judicial. Mientras que en el caso del exdiputado Noguera lo están citando para el 25 de enero.
“De modo preventivo antes ya del señalamiento de la audiencia de imposición de medidas, con la emisión del acta de imputación ya se congelaron las cuentas del exdiputado Ever Noguera. Nosotros hace rato ya le estamos llamando para someterlo al proceso. Ahora le señalamos de nuevo para el 25 de enero, está bajo apercebimiento”, acotó.
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