El juez de Delitos Económicos José Delmás se opuso a una salida procesal presentada por la defensa de los camioneros Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Vicente Medina, Juan Friedelin y Julio César Solaeche, acusados en el caso de extorsión por solicitar la suma de USD 1 millón para evitar cortes de ruta en todo el país, a la que se allanó la Fiscalía.
Con la resolución del citado magistrado, quien le dio el trámite de oposición, será el fiscal general del Estado quien tendrá la última palabra y dictaminar si se ratifica en la acusación fiscal o se hace lugar a la leve condena solicitada por la defensa de los procesados.
Al inicio de la audiencia la defensa de los acusados solicitó al juzgado la salida de procedimiento abreviado con una condena de solo dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena, lo que se evitará ir a un juicio oral. Ante este pedido la Fiscalía se allanó a dicha salida, pero el magistrado Delmás no estuvo de acuerdo y decidió dar trámite de oposición. La determinación del magistrado Delmás se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en la sede del Palacio de Justicia.
DENUNCIA
De acuerdo con publicaciones de La Nación, la denuncia contra los hoy imputados fue realizada por el ministro del Interior, Federico González, quien pidió el apoyo del Ministerio Público porque estaba siendo objeto de extorsión de parte de los detenidos, quienes exigían al secretario de Estado la suma de USD 1 millón para no continuar con el cierre de rutas en el país. Mediante una entrega vigilada, la Policía Nacional y la Fiscalía lograron la captura de los hoy imputados.
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“Es un ladrón de pandemia que por fin cae”, arremete Núñez contra Miguel Prieto
El senador Basilio Núñez celebró el pedido del Ministerio Público para elevar a juicio oral y público contra el intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, en el caso por lesión de confianza y asociación criminal en el sonado caso de “Tía Chela”. El legislador recordó que fue uno de los primeros en denunciar estos hechos en su momento.
“No me creo el primero, pero soy uno de los primeros, yo diría que fui el único diputado que se hizo eco de las denuncias que se hacía en el Este, porque hay que reconocer que él como un intendente joven entró con una cierta popularidad”, indicó Núñez en entrevista para La Nación/Nación Media.
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Agregó que, el caso Tía Chela en pandemia fue una de las primeras denuncias que se hicieron públicas hacia la gestión de Miguel Prieto al frente de la administración municipal.
“Estaba mirando en el archivo y mi primera denuncia creo que fue ya en el 2020, después vino hasta la investigación de La Nación, pero yo fui uno de los primeros que denunció porque me llegaron estos documentos que eran contundentes, me refiero a lo de Tía Chela, que fue una de las primeras denuncias”, dijo el senador.
Mientras tanto, indicó que este es solo una de las 39 denuncias con que cuenta Miguel Prieto como administrador municipal, “un político que es de la oposición, que es protegido por ciertos sectores mediáticos”, cuestionó.
“Va ser la punta de iceberg, lo decía yo cuando era diputado y esto me da la razón. Después de esto vendrán varias otras, tiene que venir porque esto está bastante bien corroborado, es un ladrón de pandemia que por fin cae, o va cayendo”, expresó Núñez.
Persecución política
Por otra parte, refutó la argumentación de la defensa de Prieto, que alega que las denuncias se dan por una persecución política. Así también cuestionó, que es una actitud contradictoria acostumbrada de la oposición.
“Eso lo tiene que demostrar en juicio. El fiscal general (Emiliano Rolón), yo al menos lo veo con bastante independencia, cuando salió el tema de Kattya ahí el fiscal es bueno, pero cuando le imputa a ellos, el fiscal es malo, en mi caso yo dije que respeto la posición de la Fiscalía en el caso de Kattya González”, apuntó.
Pretensiones electorales
Con relación a las pretensiones electorales de Prieto para unas próximas municipales del 2026 o las generales del 2028, Núñez refirió que solo pretendió “abrir el paraguas” para lo que se venía para utilizar el discurso de la persecución política.
“Creo que es más que nada abrir el paraguas, porque tener elecciones electorales para las presidenciales es abrir el paraguas de esto que le venía, para tener el mote después de perseguido político. Él ahora tiene que mostrar, como administrador, que no tocó o no usó los fondos públicos, eso lo tiene que demostrar”, sentenció.
Datos claves
- Agentes de la Unidad de Delitos Económicos que investigan a Miguel Prieto, remitieron una nota al juez penal de Garantías Humberto Otazú para que el caso sea elevado a juicio oral y público.
- Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez investigan a Prieto por lesión de confianza y asociación criminal en el sonado caso de “Tía Chela”.
- El senador Basilio Núñez afirma que el caso “Tía Chela” es solo la punta del iceberg y espera el avance de las otras 38 denuncias.
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Piden juicio para militar, su esposa y un abogado por intentar facilitar teléfono a Tío Rico
Los fiscales Verónica Valdez y Francisco Cabrera presentaron formalmente la acusación contra el coronel Luis Belotto, su esposa Alba Ale de Belotto, y contra el abogado Miguel Mendieta, por presunto soborno agravado por haber intentado meter un celular hasta el lugar de reclusión de Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico.
Ahora el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú tendrá que fijar la audiencia preliminar en la que se definirá si el proceso penal se eleva a un juicio oral y público así como pidió el Ministerio Público.
De acuerdo al escrito de la acusación, se menciona que el hecho ocurrió en el mes de mayo de 2023, luego de que se decretara la prisión preventiva de uno de los principales responsables del operativo A Ultranza Py, Miguel Ángel Insfrán alías Tío Rico en la cárcel militar de Viñas Cué, por motivos de seguridad.
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Asimismo refiere la acusación que en fecha 26 de mayo de 2023, al mediodía, Miguel Mendieta se retira de la cárcel militar de Viñas Cué, luego de reunirse con su defendido, y conversa con el mayor Guillermo Moral, a quien le hace entrega de unas encomiendas para el detenido Miguel Insfrán, momento en que le señala que tiene a su disposición la suma de G. 10 millones a lo que el mayor Moral le manifestó que no podía recibir dinero bajo ningún concepto.
Luego, en la noche del 26 de mayo, se volvió a tener una reunión en la que intervino el coronel Belotto y su esposa Alba Ale de Belotto, quienes citan al uniformado militar, ocasión en que Belotto le pidió al mayor Moral que le entregue el teléfono celular al interno Miguel Insfrán, entregándole al mismo tiempo un sobre cerrado que contenía fajos de dinero, a lo que el mayor Moral se negó a recibir el dinero. Luego se hizo la denuncia penal y se llevó a cabo el procedimiento del Ministerio Público que termino con la detención del militar su esposa y del abogado Mendieta, quienes fueron imputados y ahora acusados.
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Fiscalía acusó a un hombre por machetear a su expareja
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La agente fiscal Viviana Sánchez de Presidente Franco presentó acusación contra un hombre que habría agredido en reiteradas ocasiones a su expareja, además de causar destrozos en el interior de su vivienda. Se trata de César Gustavo Rojas Rodríguez (47), quien enfrenta cargos por el hecho punible de violencia familiar. El requerimiento fiscal fue presentado ante el Juzgado de Garantías de Presidente Franco, a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde.
El antecedente expuesto en el escrito de acusación indica que, el primer incidente se produjo el 16 de febrero de 2024, alrededor de las 23:00, en el barrio Santa Rosa. El agresor ingresó a la fuerza al inquilinato donde residía la víctima, aprovechando su ausencia y procedió a la destrucción del lugar, rompiendo varios objetos, entre ellos un televisor, el control remoto del aparato de televisión, un aparato telefónico y otras pertenencias.
La víctima llegó a su casa y encontró los daños materiales, pero al verificar imágenes del circuito cerrado de grabación del sitio del inquilinato, pudo observar que el autor fue su exconcubino. Luego, fue hasta la casa del hombre ubicada en el barrio San Roque, a reclamar por los perjuicios que le causó. Rojas Rodríguez reaccionó violentamente, empujando y echando al suelo a la mujer. Estando en el suelo la víctima, el hombre le propinó golpes en diferentes partes del cuerpo con un machete, pero la mujer pudo librarse de su agresor mediante la intervención de un vecino.
Posteriormente, el 23 de febrero de 2023, César Gustavo Rojas, de nuevo habría atacado a la afectada, otra vez en la vía pública, con más golpes que causaron varias lesiones. La mujer fue hasta el hospital para ser asistida y luego hizo la denuncia. El presunto autor de la golpiza fue aprehendido e imputado hasta que ahora, en base a elementos probatorios, tras tres meses de investigación, el Ministerio Público lo acusó, con una expectativa de pena de hasta 6 años de prisión.
Diez denuncias por día en una sola unidad
La fiscala Vivian Sánchez indicó que tiene en su unidad un promedio de diez denuncias diarias por violencia familiar y disponen de una sola sicóloga en Presidente Franco, los viernes de 7:00 a 13:00, lo que dificulta mucho el trabajo, sobre todo en los casos en que no cuentan con elementos probatorios físicos.
“Sabemos que es un problema de presupuesto, venimos reclamando, la fiscalía general también, pero esto es una bomba de tiempo, trabajamos con el Jesús en la boca, con tantos hechos de violencia familiar y no tenemos sicólogos, si hoy pido una evaluación, quizás en tres meses recién tendré turno” expresó la agente fiscal. En el año 2023 se registraron 34.898 denuncias por violencia familiar, según el Ministerio Público.
Claves sobre hecho de violencia familiar
- Mujer fue agredida con machete, tirada en el piso y golpeada en todo el cuerpo.
- Circuito cerrado mostró que fue a la casa a causar destrozos.
- Los actos violentos fueron reiterados de parte del hombre a la expareja, según la acusación.
- Acusación fue presentada tras tres meses de investigación.
- Fiscala dijo que en su unidad se presentan 10 denuncias por día por violencia familiar.
- Fiscalía de Presidente Franco requiere de más sicólogos.
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A Ultranza Py: Fiscalía acusa y pide juicio oral para el senador Erico Galeano
En la madrugada de este viernes, el agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta presentó acusación contra el senador Erico Galeano y solicitó que su caso sea elevado a juicio oral y público. El dirigente político se encuentra procesado por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py.
Corbeta sostiene que Galeano recibió dinero y brindó logística para el tráfico de cocaína al poner a disposición de los supuestos narcotraficantes, el uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, su aeronave. El hecho aconteció luego de la incautación de un total de 4 avionetas pertenecientes a Tío Rico en octubre del 2020.
Antecedentes
Desde la Fiscalía sostienen que una aeronave de la marca Beech, propiedad de Galeano, fue utilizada supuestamente como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas, entre ellos Miguel Ángel Insfrán, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González, lo que pudo facilitar el envío de cargamentos ilícitos al extranjero.
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El documento refiere que a cambio de la aeronave el legislador supuestamente habría recibido dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, que habría insertado dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compras de bienes. Por otro parte, según el acta de imputación, Galeano habría recibido aproximadamente USD 1.000.000 para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provendría del crimen organizado.
“Del cúmulo de documentos obrantes en el cuaderno de investigación fiscal se pudo determinar la participación del señor Erico Galeano Segovia y su vinculación con el esquema criminal liderado por Miguel Ángel Insfrán Galeano y Sebastián Marset Cabrera y demás identificados en el operativo A Ultranza Py, el cual no solamente se extendió a la provisión de logística, en base a la puesta a disposición de su aeronave con matrícula ZP-BHQ, inscripta al tiempo de su utilización a favor de la empresa Alpina SA, propiedad del hoy acusado, sino también colaboró con la transacción de compra venta de su inmueble de Aqua Village”, señala parte de la acusación.
Asimismo sostiene el Ministerio Público que la transacción “facilitó a uno de los líderes del grupo criminal la posibilidad de convertir dinero proveniente del narcotráfico en un bien inmueble y, a la postre, el acusado obtuvo ganancias asequibles para él, atendiendo a la característica de su comprador, cuyo ingreso posteriormente lo utilizó para insertar dentro del sistema económico y financiero nacional”.
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