El Mecanismo Nacio­nal de Prevención de la Tortura (MNP) manifestó su preocupación ante el incremento anual que se observa desde el 2013 en la población penitenciaria, sobre todo teniendo en cuenta que la única respuesta que se está dando a la conflictividad penal es el encierro de las per­sonas.

De acuerdo al informe que divulgan de manera anual, señalan que en el 2013 había 9.300 personas privadas de libertad y desde el MNP se observó un incremento por año de alrededor de 1.000 personas. Solo en este 2022, al cierre del mes de octubre, se registró el ingreso de 1.400 personas.

El anuario señala que al cierre del 31 de octubre del 2022 son 16.536 personas, de las cua­les el 68% se encuentra en prisión preventiva y solo el 32% tiene condena. “Se tiene un aumento constante de la población, con una perma­nencia de las instituciones que se utilizan para el encie­rro. La única respuesta que se está dando a la conflictividad penal es el abuso de la prisión preventiva, lo que preocupa al MNP”, expresa parte del documento.

Por otra parte, informaron además otra de las principa­les preocupaciones del Meca­nismo de Prevención de la Tortura, en la que señalan que han observado un alto nivel de hacinamiento, el cual con­sideran crítico dentro del sis­tema penitenciario.

Los 5 establecimientos peni­tenciarios con mayor índice, conforme parámetro de dere­chos humanos, son la Peniten­ciaría Regional de Villarrica, con 964%; la Penitencia­ría Regional de San Pedro, con 728%; la penitenciaría de Emboscada, con 727%; la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este tiene 708%, y la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, con un 607%.

En lo que respecta a los cen­tros educativos, el que pre­senta mayor índice de haci­namiento es el de Ciudad del Este, con el 138%. “El MNP ha recomendado, en más de una oportunidad, al Ministerio de Justicia el cierre de los esta­blecimientos para la recep­ción de nuevas personas pri­vadas de libertad”, remarca el informe.

Por otra parte, el MNP pre­sentó un apartado espe­cial dentro de su informe anual sobre la situación de la población indígena pri­vada de libertad, en la que señala que personas adul­tas son en total 123, mientras que también 6 adolescentes están privados de libertad. Resaltan que identificaron un grave problema en la falta de registro de datos, pues el Estado no conoce a qué etnia pertenece el 69% de la pobla­ción indígena en situación de encierro.

“Esta población se concentra especialmente en tres peni­tenciarías y un centro educa­tivo: Penitenciaría Regional de Concepción, Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caba­llero, Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo y el Centro Educativo de Ciudad de Este”, detalla el informe.

También se individualizan a 5 mujeres indígenas que se encuentran en la penitencia­ría de mujeres Casa del Buen Pastor y en la Penitencia­ría Regional de Pedro Juan Caballero. Mencionan que si bien el Ministerio de Justi­cia cuenta con un protocolo de atención a personas indí­genas privadas de libertad, la herramienta es poco difun­dida para su utilidad, que establece entre otros ítems el modo, registro y los datos a ser relevados.

En cuanto a la población de adolescentes privados de libertad, el 87,88% se encuen­tra con prisión preventiva y el 12,12% con medida defini­tiva. “La prisión preventiva se está utilizando de manera muy frecuente y despropor­cionada con la población ado­lescente. Además, se observa que no se cuenta con fuero especializado, y ha dismi­nuido la cantidad de defen­sores/as especializadas/os, quienes además fueron rea­signados/as a tomar inter­vención para la defensa de la población adulta”, resalta el informe del MNP.

El informe anual del MNP también da cuenta sobre la población femenina privada de libertad, la cual es de 757 mujeres. Este se distribuye de la siguiente forma, 427 internas en el Buen Pastor Asunción, 76 internas en el centro penitenciario Juana María de Lara de Ciudad del Este; 71 internas en el centro Serafina Dávalos de Coronel Oviedo.

En tanto, otras 32 mujeres están en el Centro Penitenciario Semiabierto de Mujeres Nueva Oportunidad. En tanto que en los pabellones dentro de las penitenciarías regionales, Pedro Juan Caballero tiene 32 internas, San Pedro tiene 15 internas, Villa­rrica cuenta con 28 internas, Concepción con 54 y Misiones con 57 internas. Al respecto, resaltan que sigue siendo una preocupa­ción permanente para el MNP la presencia de mujeres en pabe­llones de penitenciarías de hombres, donde no son prioridad en la gestión del centro penitenciario para la cobertura de las necesi­dades propias de la población femenina.

El informe anual así también señala los 5 delitos y crímenes espe­cíficos más atribuidos a la población de mujeres privadas de liber­tad: transgresión a la ley de drogas, 395 casos; homicidio doloso, 110 hechos; robo agravado, 90 casos; hurto agravado, 80 y hurto, 37 hechos. “La política contra las drogas es fuerte para todos, tiene la misma respuesta para el narcotráfico internacional como para el microtráfico. Es la misma sanción para quien envía 40 toneladas de droga al exterior como para las mujeres que ven­den las bolsitas o son ‘mulas’. Esta problemática de profunda raíz social debe ser encarada desde una acción interinstitucional”, concluye el informe.