De cara al 2023, el ministro de Salud, Julio Borba, defendió el presupuesto general de gastos de la cartera sanitaria, el cual contempla US$ 1.042 millones. Dicho presupuesto podría contar con un incremento de US$ 100 millones, con la aprobación del aumento del déficit fiscal al 2,3%, en el Congreso Nacional.
De todas formas, existe una brecha importante de US$ 800 millones para el sostenimiento de diversos recursos, en sus respectivas fuentes de financiamiento. En este sentido, el titular de Salud hizo alusión al déficit existente en los principales rubros que cuenta la cartera sanitaria y que requieren de una reingeniería financiera para su sostenimiento a corto, mediano y largo plazo.
Así también, Borba depositó su confianza en que se pueda elevar el tope del déficit fiscal, “esto redituará en un aumento en el presupuesto del MSPyBS, según lo manifestado por el responsable del Ministerio de Hacienda, y a sabiendas que recurriremos al Congreso Nacional y a los señores parlamentarios para solicitar ampliaciones presupuestarias de acuerdo a las necesidades pertinentes”, refirió.
Borba dijo que en el caso del rubro correspondiente a recursos humanos, se debe realizar la incorporación de 1.548 personal de enfermería, el escalafón para 3.457 médicos y la compensación por mayor carga horaria a 3.700 médicos y continuar en la consecución de otros objetivos para el año 2023.
En cuanto a infraestructura, es fundamental el mantenimiento de hospitales, mantenimiento correctivo y preventivo de equipos, parque automotor, alquileres varios, servicios técnicos y profesionales, servicios sociales, servicios tercerizados de hemodiálisis, pagos de compromisos con sanatorios y hospitales, servicios tercerizados de limpiezas, y servicio de recolección de residuos.
Por otra parte, señaló que en el área de insumos y medicamentos el déficit podría ocasionar la afectación en la provisión y distribución de medicamentos para la cobertura de las camas polivalentes y UTI a nivel país, la adquisición de medicamentos a través de cooperantes internacionales, los compromisos asumidos con los proveedores de oxígenos medicinales, vacunas, insumos básicos, reactivos, combustibles y lubricantes, etc.
Por último, argumentó que se encuentra el pago de deudas, por adquisiciones ordenadas judicialmente en el marco de amparos judiciales, pago de cesión de derechos de cobro con empresas farmacéuticas y la afectación de nuevos procesos de cesión de derecho de cobro con empresas prestadoras de hemodiálisis, oxígenos y farmacéuticas.