Una adolescente nativa de 15 años habría ase­sinado a garrotazos a su hermanita de cinco años en una comunidad indígena del distrito de Capitán Bado (Amambay). La menor tendría algún trastorno mental, ade­más de ser inimputable según las leyes, por lo que tras la inter­vención judicial fue devuelta al hogar.

El trágico suceso se produjo el domingo en horas de la tarde en la comunidad indígena Guaraní, jurisdicción de Puendy, a unos 65 kilómetros de la citada ciu­dad. De acuerdo con la Policía, la joven habría asestado un duro golpe en la cabeza a la pequeña que falleció al instante.

“Lamentablemente tuvimos que informar también un hecho de homicidio en el que resultó víctima fatal una menor de cinco años de edad, sindicán­dose como supuesta autora a su hermana de 15 años”, informó el comisario César González a la 1080 AM.

El policía dijo que la presunta fratricida es “una enajenada mental” y está exonerada de ser sometida a la Justicia. “Justa­mente el fiscal que está llevando la causa también tiene un caso de esta familia y conoce las caracte­rísticas de esta familia. Enton­ces, dio entrega nuevamente la menor a su mamá”, refirió.

Aparentemente todos los miembros de la citada familia presentan la misma condición mental, según los investigado­res. “Así me estaban comen­tando los oficiales intervinien­tes que toda la familia sufre de esta enfermedad. Esta niñita tenía cinco años de edad y su hermana es la autora que le gol­peó la cabeza con un palo, tiene 15 años de edad”, manifestó.

El agente policial indicó que la casa de la familia indígena está en una zona muy alejada del poblado de Capitán Bado. “Es la colonia indígena Guaraní, jurisdicción de Puendy, distrito de Capitán Bado, es un poco ale­jada”, concluyó.

“Duele decirlo, pero hay que decirlo”

• Por Pablo Alfredo Herken Krauer
• Analista de la economía
• Email: pabloherken@yahoo.com

“La macro paraguaya es extraordinaria, ellos tienen todo ordenado, no tienen inflación, el Banco Central funciona como un reloj. Ahora, el 5 % de la población concentra la riqueza, el resto es todo pobre, masivamente pobre, y siempre está la Argentina. Argentina debe dejar de hacerse cargo del ajuste social de sus países vecinos. Hay que dejar de ser estúpidos”. El infame DIPUTADO NACIONAL ARGENTINO MIGUEL ÁNGEL PICHETTO (*LAS MALVINAS SON ARGENTINAS, COMO NUESTRAS FUERON LAS ACTUALES PROVINCIAS DE FORMOSA Y MISIONES).

Este artículo, que tiene un toque mío con escritura rabiosa, está dedicado al diputado nacional argentino Miguel Ángel Pichetto (con fuerte pasado peronista, justicialista), todavía viviendo en los tiempos bárbaros de la guerra contra la Triple Alianza (1864-1870), vomitando racismo: odio al Paraguay y al paraguayo. Como Bartolomé Mitre, y Domingo Faustino Sarmiento, el que luego se rectificara totalmente de sus atroces insultos y horrendos calificativos a nuestra paraguayidad, y muriera en paz entre nosotros (como buscó y encontró), en la Asunción del 11 de setiembre de 1888, a los 77 años; mejorando durante su corta estadía la educación en Paraguay, y con el pedido personal de tres banderas sobre su ataúd: la argentina, la chilena, la paraguaya; rodeado de escolares, estudiantes y maestros, con todos los honores de rigor, y el respeto de las autoridades oficiales (presidente Patricio Escobar, héroe del 70, sobreviviente del 1.º de marzo de 1870). Un pueblo “bárbaro” se comportó civilizadamente.

¿Quién le salvó la vida al derrocado por un sangriento golpe militar, el expresidente Juan Domingo Perón, el 20 de setiembre de 1955, gracias a la cañonera Paraguay fondeada en puerto nuevo de Buenos Aires, en la que se refugió con miedo y desesperación, y con humildes marineros paraguayos dispuestos a dar la vida en lo que parecía un inminente ataque de represalia, e incluso para asesinarlo? Seguro estoy de que las Malvinas son argentinas, como está escrito en documentos de verdad verdadera que eran nuestras las hoy provincia de Formosa y Misiones. Como probable es que no hubiéramos ganado la guerra del Chaco (1932-35) sin la generosa ayuda de los argentinos (Gobierno y pueblo). Dos países hermanos no pueden tratar sus lógicos problemas de convivencia con infames como Pichetto. “Por lo que dice y el cómo lo dice, pareciera ser más nazi que cualquiera que realmente lo es”, lo caracterizó un compatriota suyo. Seamos serios, generosos, humanos. Somos hermanos. No enemigos. “La fuerza es el derecho de las bestias” (Perón). Vayamos al tema principal.

Tuvimos 22,7 % de pobres en Paraguay el año pasado (25,5 % en 2022 y 57,7 % en 2002). El porcentaje del 22,7 % en sí ya es preocupante, y lo es aún más en números concretos: 1.330.892 habitantes sobre una población total de 5.825.541 personas. Dentro de dicho global de pobreza tenemos 289.641 en la “pobreza extrema” (4,9 % después del 6,1 % en 2022, y del 16,2 % en 2002). Así lo indica el Instituto Nacional de Estadística (INE) del Paraguay, en su habitual informe anual sobre pobreza global y pobreza extrema (indigentes o indigencia, en un lenguaje menos doliente, miserables o miseria en una calificación o categoría dura y una mirada descarnada). Pongámonos en el lugar (la vida) de nuestros 1.330.892 compatriotas pobres, y en particular enfoquemos nuestras miradas en los 289.641 pobres extremos. Duele. Duele y mucho. ¿Hay algo peor que vivir en la pobreza o en la miseria? Sí. En la opinión de un querido profesor yankee (leo mis apuntes): no tener empleo, no tener un trabajo con el cual vivir o sobrevivir o “sentirse útil, capaz y dueño, aunque en lo mínimo, de su destino y el de los suyos”. Cualquier disminución de la pobreza es positiva. No se la debe minimizar ni ser objeto de burla. Se puede discutir seriamente sobre la calidad de la medición de la pobreza. Contamos con la monetaria: cantidad de dinero en sus manos para poder comprar o no una canasta básica o una exclusiva de alimentos. ¿Son correctos y realistas los montos? El no ser pobre ¿implica un “buen” vivir? Porque también está la pobreza estructural o multidimensional, que va más allá de lo exclusivamente monetario. Calidad de la vivienda, acceso a los servicios públicos básicos, nivel de educación, cobertura médica, subsidios, etc. Se puede discutir.

Pero, no debe ser fuente de discusión la menor pobreza en el 2023, con el nivel más bajo en la serie histórica que se inicia en 1997/98, y que disminuyó -2,9 puntos porcentuales p.p. (-157.344 personas), en la ciudad -1,6 p.p., y en el campo -5 p.p. (-104.573 personas). El comportamiento en cuanto a la pobreza extrema fue también positivo, pero menos favorable: -1,2 p.p. en el país (-65.666 personas), -0,6 p.p. en la ciudad y -2,1 p.p. en el campo (-45.027 personas). ¿Por qué el 2023 fue un año de descenso? Simple, claro y contundente: De crecer 0,2 % (2022) pasamos a crecer 4,7 % (el mayor avance desde el 2016: 4,3 %); con grandiosa y estupenda siembra y cosecha de soja (+125 % y buenos precios, con un valor de mercado de 5.140 millones de dólares), después de la sequía en la temporada anterior (-54 %); la inflación se desaceleró (promedio anual del 9,8 % al 4,6 %), de la mano de un dólar cuyo precio estuvo estable (+4,4 % en promedio), para posibilitar subas menos dolorosas en el precio de los combustibles (se fueron para las nubes en 2022: +27,5 %) e incluso con reducciones posteriores (-12,4 % al cierre de 2023); los programas sociales no se debilitaron (Tekoporã, adultos mayores) y ello permitió que cerca de 156.000 personas no cayeran en la pobreza total o 2,7 %, y que en dicho total 110.000 personas no pasaran al terreno de la pobreza extrema o 1,9 %, siendo el campo el de mejores resultados; los sectores industriales y de servicios concluyeron el año mejor parados, por menor contrabando (sigue fuerte); y un cambio de gobierno que barrió la pálida (desánimo) abdista y con sus correligionarios de la oposición devenidos en estronistas. ¿Se puede aplaudir? Sí. Pero con mesura. Un festejo calmo, con contemplativa moderación. Reflexionando: ¿Cómo asegurar la continuidad de la tendencia a menos pobres, incluso acelerar y profundizar? Y atendamos la pobreza completa. Cantidad, calidad. Y no copiemos a la Argentina como modelo económico, que está pichettoado. La verdad, si es verdad, es verdad. Was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Duele decirlo, pero hay que decirlo. DDPHQD.

Los abogados encargados de la defensa de Mario Abdo Benítez y su gavilla recurren a diversas maniobras dilatorias para evitar que avance la investigación del caso por filtración de datos confidenciales de la Seprelad. La Corte Suprema de Justicia debe aplicar su propia acordada para sancionar a los abogados que hacen abuso del derecho y actúan de mala fe.

El proceso penal que investiga al expresi­dente de la República Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete se encuentra paralizado por las múltiples chicanas pre­sentadas por los abogados de los acusados. El expediente se halla pendiente de una reso­lución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia y César Diesel, estos dos últimos puestos en la Corte durante el mandato de Abdo Benítez.

Estos ministros de la Corte deben analizar un recurso planteado por el abogado Felino Amarilla, en represen­tación del extitular de Sepre­lad Carlos Arregui, quien pre­sentó una recusación contra los camaristas María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera. Lo llamativo del caso es que se recusó al camarista Riera sin que este siquiera haya aceptado for­mar parte de este tribunal de apelación para analizar la causa. Otro argumento que motivó la recusación fue que se sorteó la conforma­ción del tribunal a las 17:30, sin que esto sea fundamento alguno para parar por com­pleto el caso.

Con esta nueva presenta­ción, la Sala Penal de la Corte deberá destrabar el caso y confirmar a los magistrados que a su vez deberán estu­diar otra recusación que había sido presentada con­tra la jueza penal de Garan­tías, Cynthia Lovera, quien admitió el acta de imputación contra los procesados.

El abogado Emilio Fús­ter, defensor del exminis­tro Arnaldo Giuzzio, había recusado a la jueza Lovera por haber admitido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron apartados de la investigación.

Con este accionar los abo­gados defensores de Abdo y sus exministros demues­tran que la presentación de estos recursos tiene exclusi­vamente un fin dilatorio y no el resguardo del derecho a la defensa.

La presentación abusiva de recursos procesales por parte de abogados defensores que tienen como único fin evitar que las causas judiciales no avancen debe ser sancionada por la Corte.

El ordenamiento legal prevé sanciones bien claras que no se aplican. Para los chicane­ros los artículos 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal son claros y delimitan bien el accionar que tienen que tener los auxiliares de Justicia para no abusar del derecho.

A esto se suma la Acor­dada n.º 961/15 que emi­tió la Corte Suprema y que establece sanciones a los que abusan de los inci­dentes con el solo objetivo de no dejar que el proceso avance, pero que pocas veces son aplicadas a los litigantes de mala fe.

En estas reglamentaciones se habla de apercibimientos, multas y hasta casación de matrícula a abogados, en caso que reiteradas veces incurran en malas prácti­cas jurídicas.

La Corte Suprema de Justi­cia debe aplicar la acordada que castiga a los abogados que abusan de las recusacio­nes, ya que la misma esta­blece que las acciones planteadas deben tener un cierto sustento y fundamento jurí­dico sobre la supuesta impar­cialidad del juez.

La defensa de cada uno de los imputados presentó hasta el momento más de una docena de incidentes ante el Juzgado Penal de la magistrada recu­sada Cynthia Lovera. Esta actitud de los abogados defensores denota la inten­ción de no litigar o desvir­tuar la imputación, sino más bien solo de dilatar el pro­ceso penal.

En ese sentido, los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kronaweter, defen­sor de Daniel Alberto Farías, habían presentado inicial­mente una reposición y ape­lación en subsidio contra la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emilio Fúster.

Estas reposiciones deberán ser estudiadas recién cuando se destrabe el proceso penal, es decir, cuando la Sala Penal de la Corte estudie la recusa­ción contra los camaristas, quienes a su vez deben estu­diar la otra recusación que pesa contra la jueza del caso.

Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Bení­tez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Seprelad. Al respecto, los involucrados en el esquema de filtracio­nes para el garrote político no quieren que esta prueba –que forma parte del acta de imputación– sea aceptada, pese a que la magistrada ya la admitió.

Así también el abogado Kronaweter apeló la reso­lución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autorización judicial para la extracción de datos como acto investi­gativo, mediante la cual la Fiscalía tuvo elementos de convicción para sostener su imputación contra el expre­sidente Mario Abdo Bení­tez y sus excolaboradores. Con esta medida, la defensa busca obtener la nulidad del acta de imputación.

Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores se turnan en los pasillos de los tribunales para presentar recursos dilatorios con el objetivo de paralizar la causa y evitar que la misma avance. Hasta el momento han presentado dos recusaciones y otras chicanas con el objetivo de dilatar la investigación.

Tras haber recusado a la jueza, el expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla presentaron otras recusaciones contra los inte­grantes de la Cámara de Ape­lación que deberá estudiar si la magistrada sigue o no con la causa, todo esto con el obje­tivo de entorpecer a como dé lugar la investigación por las filtraciones de la Seprelad.

Una nueva recusación pre­sentada por el abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, en contra de los camaristas María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera quienes deben estudiar si corresponde confirmar a la jueza penal de garantía Cynthia Lovera traba nuevamente que el pro­ceso penal por siete delitos que enfrentan el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus asociados, en el marco de la causa que inves­tiga las filtraciones hechas desde la Seprelad.

Lo inédito del presente caso es que Felino Amarilla recusó al camarista Riera sin saber que este magistrado aún no aceptó entender en el pre­sente caso, es decir, recusó haciendo “futurología”. Con la presente chicana será la sala penal de la Corte Suprema de Justicia quien tendrá que destrabar el pre­sente proceso penal y a su vez también tendrá la posibilidad de poder aplicar sanciones a los abogados que solo presen­tan chicanas al solo efecto de dilatar el presente caso.

Igualmente los abogados Osvaldo Granada defensor de Rene Fernández, Jorge Rolón Luna en represen­tación de los imputados Carmen Pereira y Pereira Cohene, Emilio Fuster defensor de los imputados Arnaldo Giuzzio y Guillermo Preda y Enrique Kronawet­ter defensor de Daniel Farías presentaron una reposición y apelación en subsidio contra la providencia que admitió el acta de imputación y a su vez se fijó la fecha de imposición de medidas cautelares.

Emilio Fúster, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio había recusado a la jueza Cyn­thia Lovera, por haber admi­tido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron apartados de la investigación.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arre­gui y René Fernández; los fun­cionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado del man­damás, Mauricio Espínola, por varios hechos punibles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fue­ron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Car­tes y el entonces candidato presidencial Santiago Peña.

Según el acta de imputación, existen suficientes elemen­tos de convicción que hacen sospechar la existencia de lo siguientes delitos: revela­ción de secretos de servicio, revelación de secretos priva­dos por funcionarios o perso­nas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de fun­ciones públicas y asociación criminal.

Tras haber recusado a la jueza, la camarilla del expre­sidente Mario Abdo Bení­tez presentó otras chicanas contra la Cámara de Apela­ción que deberá estudiar si la magistrada sigue o no con la causa, todo esto con el obje­tivo de entorpecer a como dé lugar la investigación por las filtraciones de la Seprelad.

Según el acta de imputación, existen suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de los delitos.

Tras haber recusado a la jueza, la camarilla del expresidente Mario Abdo Benítez presentó otras chicanas contra la Cámara de Apelación que deberá estudiar si la magistrada sigue o no con la causa.