A través de un amparo constitucional pro­movido por Sergio Coscia, procurador general de República, la huelga que guar­diacárceles debían iniciar en la fecha fue suspendida. El salva­guardia judicial fue firmado por la jueza penal de Garantías Rosarito Montanía de Bassani.

“Téngase por iniciada la pre­sente acción de amparo cons­titucional promovida por los recurrentes contra el Sindi­cato de Funcionarios Admi­nistrativos y de Seguridad de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Sindicato Nacional de Seguridad Penitenciaria del Paraguay, Sindicato de Traba­jadores del Centro Educativo Itauguá y el Sindicato de Tra­bajadores Penitenciarios del Paraguay”, subraya el oficio Nº 7.955.

Asimismo, el documento establece la suspensión de la medida de fuerza y pide a los sindicatos mencionados que provean de la lista de los fun­cionarios asignados a garan­tizar el servicio de seguridad en todos los establecimientos penitenciarios.

Además, el escrito se hace constar que en caso de que los sindicatos realicen la huelga, deben respetar el libre acceso al lugar de trabajo de los agen­tes penitenciarios no adhe­ridos, caso contrario toma­rían intervención efectivos de la Policía Nacional a fin de mantener la seguridad en los penales.

Por su parte, la portavoz del Sindicato de Funcionarios Administrativos y de Seguri­dad de la Penitenciaría Nacio­nal de Tacumbú, Myriam Orrego, en contacto con La Nación, manifestó que “somos seres humanos con hambre. Vamos a acatar la resolución judicial, pero mañana (por hoy) vamos a reunirnos con nuestro equipo jurídico para ver qué hacemos. Es nuestro derecho de peticionar para mantener a nuestra familia”.

A continuación dijo que “con esto se ve la intención de las autoridades de mantenernos en un sistema de esclavitud, mientras ellos ganan millones, nosotros apenas un poco más de dos millones de guaraníes. Nosotros estamos expuestos a contraer enfermedades infec­tocontagiosas en el trabajo, somos maltratados, incluso recibimos cuchilladas”.