El Ministerio de Justicia decidió levantar la suspensión de visitas de niños, niñas y adolescentes, la cual se habría dado luego de la denuncia de que un menor fuera abusado en el interior de la penitenciaría de Encarnación. Ahora deberán ser acatadas una serie de requisitos para el ingreso de menores de edad a los recintos penitenciarios, buscando así precautelar cualquier tipo de incidentes en contra de los mismos.
El viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, precisó que para el levantamiento de esta medida, se redactó una lista de 15 requisitos que deben de ser acatados para que se dé el ingreso de los NNA a los centros penitenciarios. De lo contrario, los mismos no podrán acceder a las instalaciones a pesar de que se encuentren con una persona mayor.
“Entre estos requisitos, está en que los directores van a tener que determinar un día exclusivo para la visita de niños y adolescentes, para un mayor control, así también está la prohibición de que ningún niño pueda pernoctar en las penitenciarías”, comentó Víctor Benítez, en conversación con la 1020 AM.
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En cuanto a la investigación en curso por el caso del niño que habría sido abusado, aseguró que desde el Ministerio de Justicia, en conjunto con los funcionarios del centro penitenciario, se encuentran buscando aún las imágenes de circuito cerrado de la visita, ya que no cuentan con un registro del ingreso del niño por una falla administrativa, por lo que trabajan en fechas estimativas.
“Lo que tenemos es que este niño habría ido una sola vez, llevado por su madre hasta el centro de reclusión de Encarnación y, según relata el menor, aparentemente le habrían dado un jugo y quedó soñoliento y posteriormente despierta ya con dolores”, indicó el viceministro Víctor Benítez.
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Un estudio busca mejorar la salud y la rehabilitación en penitenciarías
El proyecto, liderado por el doctor Juan Martens del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través de PROCIENCIA, cuenta con una inversión de G. 2.200 millones y se desarrolla en tres penitenciarías.
La iniciativa integra salud física, salud mental y criminología para generar evidencia que contribuya a mejorar la gestión penitenciaria y los procesos de reintegración social.
La investigación se desarrollará en las penitenciarías de Tacumbú, Emboscada y Coronel Oviedo, establecimientos que concentran el 39 % de la población penitenciaria del país. La propuesta busca generar información útil para orientar decisiones institucionales, mejorar los servicios sanitarios y fortalecer los procesos de rehabilitación y reintegración social.
Para ello, articula tres componentes: salud física, salud mental y criminología.
En el área de salud física, el proyecto contempla acciones de detección temprana y manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. También prevé evaluaciones nutricionales, elaboración de menús equilibrados y medidas de prevención de enfermedades infectocontagiosas, además de acciones vinculadas al Programa Ampliado de Inmunización (PAI).
RESPONDER A DESAFÍOS
Durante la presentación, el D.Sc. Benjamín Barán, ministro presidente del Conacyt, señaló que los proyectos multicéntricos representan una oportunidad para poner el conocimiento científico al servicio de la ciudadanía y responder a desafíos concretos del país.
Así también, destacó que la inversión en ciencia, tecnología e innovación contribuye a formar investigadores, fortalecer las instituciones y producir conocimiento sobre la realidad paraguaya. Asimismo, señaló que los proyectos estratégicos de mayor duración y con recursos específicos amplían las oportunidades para desarrollar investigaciones con capacidad de incidir en distintos ámbitos de la sociedad.
El doctor Víctor Ríos Ojeda, ministro de la Corte Suprema de Justicia y consejero del Conacyt por las Universidades Públicas, expresó la disposición institucional de acompañar esta iniciativa y otras propuestas científicas que involucren a investigadores, universidades y magistrados.
A su vez, el doctor Alberto Joaquín Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó el interés institucional en acompañar el desarrollo de la investigación científica.
Por su parte, el doctor Roque Orrego, presidente del INECIP, destacó la importancia de que la investigación y el fortalecimiento institucional cuenten con financiamiento público nacional. El apoyo estatal, en este caso, permite desarrollar un trabajo conjunto orientado a mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas.
ALCANCES
El proyecto se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y plantea la generación de evidencia como un recurso para fortalecer las políticas públicas. Su alcance no se limita a la atención de necesidades inmediatas, sino que también busca dejar capacidades instaladas en los equipos e instituciones que participan en su ejecución.
La iniciativa incorpora igualmente la salud de los funcionarios penitenciarios. Según explicó el doctor Juan Martens, líder de la investigación, ya se iniciaron evaluaciones integrales de salud al personal en la penitenciaría de Coronel Oviedo.
TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN
Otro de los ejes del proyecto es la adecuación e implementación del Sistema de Información Hospitalaria (HIS) en el ámbito penitenciario. La herramienta permitirá organizar la información sanitaria de manera segura y actualizada, además de facilitar la articulación con los sistemas de salud pública del Paraguay.
Durante la presentación, el doctor Juan Martens señaló que uno de los objetivos es avanzar hacia un sistema que permita consultar el historial de las personas privadas de libertad, incluida su trayectoria sanitaria, por parte de los actores autorizados. Contar con información organizada puede facilitar el seguimiento de los casos y aportar elementos para la toma de decisiones.
La incorporación de tecnología se complementa con el fortalecimiento de los procedimientos institucionales. De esta manera, la investigación busca que los datos generados puedan utilizarse para mejorar la atención y la coordinación entre los servicios involucrados.
UNA ALIANZA ENTRE CIENCIA E INSTITUCIONES PÚBLICAS
El proyecto es ejecutado por el INECIP y reúne a instituciones académicas y organismos públicos con experiencia en salud, educación en contextos de encierro, epidemiología, políticas alimentarias y gestión penitenciaria.
Participan la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), la Universidad Nacional de Pilar (UNP), la Universidad Sudamericana, el Ministerio de Justicia y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
La articulación entre estas instituciones permite reunir conocimientos de distintas disciplinas para abordar un problema que no depende de un solo organismo.
La investigación busca, además, aprovechar la experiencia acumulada de los equipos académicos y ponerla al servicio de las necesidades del sistema penitenciario.
La iniciativa busca contribuir al desistimiento criminal, entendido como el proceso mediante el cual una persona se aleja de la actividad delictiva, a través de mejores herramientas de evaluación, atención sanitaria y gestión penitenciaria.
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Autoridades argentinas desmienten el ingreso del senador Bolsonaro a su territorio
Las autoridades argentinas desmintieron este martes versiones difundidas por medios locales según las cuales el senador brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en balotaje por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, habría intentado abandonar Brasil a través de Argentina.
Este martes, el portal argentino Infobae informó que la empresa aérea Baires Fly habría preparado un vuelo chárter para el senador desde territorio argentino rumbo a Estados Unidos.
“Es todo falso, nunca ingresó”, dijo a la AFP una fuente del Ministerio de Seguridad.
Por su parte la Dirección Nacional de Migraciones aclaró mediante un comunicado que “no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina”.
“A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el aeropuerto internacional de Iguazú (Misiones), las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación”, citó la parte.
“La documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”, agregó Migraciones.
Bolsonaro informó el lunes en un video que la Justicia le había prohibido salir del país.
“Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, dijo el senador derechista.
La AFP consultó a la Policía Federal brasileña y al coordinador de campaña de Bolsonaro sobre eventuales movimientos del dirigente para salir de Brasil, pero no obtuvo respuesta inmediata. Tampoco respondió Baires Fly.
El portavoz del presidente Javier Milei, Adrián Ravier, dijo el martes que “no hay ningún pedido de asilo” de Bolsonaro.
Un juez del tribunal supremo de Brasil ordenó el martes a la policía investigar una posible financiación extranjera a la campaña del senador conservador.
Bolsonaro no ha reconocido el resultado del balotaje que permitirá al presidente izquierdista de Brasil permanecer en el poder hasta 2030.
Milei, que apoyó a Bolsonaro en su campaña presidencial, no se ha pronunciado sobre la reelección de Lula a quien ha calificado de “ladrón” y “corrupto”, lo que llevó a una inédita crisis diplomática entre los principales socios comerciales del Mercosur.
“En 2023 cuando Milei fue electo presidente no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente”, señaló Ravier. “No va a haber comunicado oficial” respecto al resultado de los cómics en Brasil, dijo el portavoz.
- Fuente: AFP
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Ypytá: suspensión de constitución judicial genera duda en actuación de la jueza de Paz de PJC
La suspensión de la constitución judicial ejecutada por la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, a las propiedades de la firma Ypytá —entre ellas a la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS)— estaría presuntamente plagada de irregularidades. Esto se debe a la intervención de un abogado que no tendría personería reconocida en el expediente principal, caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre quiebra”, en representación de Ronaldo Braga Diniz, comprador irregular de la propiedad en litigio —presunto testaferro de Ángela Toumani, exesposa del capo narco asesinado Jorge Rafaat—
A solo horas de realizarse la diligencia, el juez de Asunción, Édgar Rivas, decidió de forma sospechosa suspender la constitución judicial de varias propiedades de Ypytá. La magistrada de Paz de la mencionada zona no debió suspender la diligencia judicial, atendiendo a que el abogado Emerson Dutra presentó un simple escrito alegando ser el representante legal de Ronaldo Braga Diniz. Sin embargo, de acuerdo con las constancias del expediente principal, el citado profesional del derecho no tendría intervención en el juicio principal, por lo que la magistrada Agüero carecía de motivos válidos para frenar el procedimiento.
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Otro punto irregular es que la jueza de Paz realizó una consulta sobre la existencia de una decisión de suspensión de la constitución judicial, la cual no fue contestada por el juez Rivas. Igualmente sobre la determinación que adoptó a última hora el juez Rivas de posponer la diligencia judicial, la representante legal de Ypytá presentó una reposición por lo que seguía firme la decisión de realizar la diligencia judicial. Esta omisión genera aún más dudas sobre la actuación de la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, y del criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia.
Dudas en su actuación
La actuación del juez Rivas Laguardia genera sospechas debido a que determinó la suspensión a solo horas de llevarse a cabo el procedimiento. Esto ocurrió a pesar de que la abogada de Braga Diniz ya había comunicado, los días 7 y 14 de octubre, que existían recursos pendientes de resolución en la máxima instancia judicial.
Juez tardó nueve meses
El magistrado Rivas Laguardia tardó nueve meses en autorizar la realización de la constitución judicial a la Universidad Autónoma San Sebastián de Pedro Juan Caballero y a otras propiedades de la firma Ypytá, pero suspendió dicha diligencia en cuestión de minutos. Esto genera fuertes sospechas sobre si pudo existir algún tipo de motivación extra para tomar tal decisión.
Corte debe estudiar confirmación
El pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar si corresponde confirmar en su cargo al juez Édgar Rivas Laguardia, fuertemente cuestionado por su sospechosa actuación en este juicio civil. Los ministros de la máxima instancia judicial tendrán la tarea de definir si confirman al magistrado o, en su defecto, apuestan por una figura nueva y más transparente para el cargo de juez civil de Asunción.
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Caso Ypytá: juez Édgar Rivas frena de forma sospechosa constitución judicial a la UASS y otros
En el marco del juicio civil “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre quiebra”, el juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia, decidió de forma sospechosa suspender la constitución judicial de varias propiedades de Ypytá, ubicadas en Pedro Juan Caballero, entre las que se encuentran la Universidad Autónoma San Sebastián y otros inmuebles.
Este miércoles se debió realizar la diligencia judicial por orden del citado magistrado. Sin embargo, el mismo decidió a última hora suspender la diligencia alegando que la abogada Ivone Guardati, representante legal de Ronaldo Braga Diniz —presunto testaferro de Ángela Toumani, exesposa del capo narco asesinado Jorge Rafaat—, comunicó al juzgado que existen cuestiones pendientes en la Corte, una situación que no tiene relación con la diligencia programada.
La actuación y la decisión del juez Rivas Laguardia generan sospechas, atendiendo a que determinó la suspensión a solo horas de llevarse a cabo, a pesar de que la abogada de Braga Diniz (comprador irregular de la propiedad perteneciente a Ypytá) ya había comunicado los días 7 y 14 de octubre que había recursos pendientes de resolución en la máxima instancia judicial.
Juez tardó nueve meses
El magistrado Rivas Laguardia tardó nueve meses en autorizar la realización de la constitución judicial a la Universidad Autónoma San Sebastián de Pedro Juan Caballero y a otras propiedades de la firma Ypytá, pero suspendió dicha diligencia en cuestión de minutos. Esto genera dudas sobre si pudo existir algún tipo de motivación extra para tomar tal decisión.
Ante esta maniobra del juez Rivas, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deberá analizar la actuación del magistrado, quien viene siendo criticado por su dudosa actuación en el referido expediente judicial.
Corte debe estudiar confirmación
El pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar si corresponde confirmar en su cargo al juez Édgar Rivas Laguardia, quien viene siendo criticado duramente por su sospechosa actuación en este juicio civil. Los ministros de la máxima instancia judicial tendrán la tarea de definir si confirman al magistrado o, en su defecto, apuestan por una figura nueva y más transparente para el cargo de juez civil de Asunción.