Tras el operativo Veneratio desarrollado en diciembre del 2023, la situación de emergencia penitenciaria se extendió durante todo este año y en este contexto, se tomaron varias medidas de modo a garantizar la seguridad al interior de las cárceles y no permitir el crecimiento de las bandas organizadas que operaban anteriormente. El objetivo del Ministerio de Justicia es seguir en este camino y aseguraron que ya no habrá retrocesos en esta materia.

“Luego del operativo Veneratio la vara está muy alta y ya no podemos quedarnos atrás, al contrario, debemos seguir mejorando y mostrar a la población que el cambio es de verdad y que no es un simple lavado de cara”, expresó Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

En contacto con la 650 AM manifestó que el 2024 ha sido un año de desafíos para la institución. Hubo varias situaciones que los pusieron a prueba, pero la cartera pudo responder de acuerdo a lo que corresponde. La expectativa para el siguiente año es continuar en la ejecución del nuevo modelo de gestión penitenciaria, el cual ya está en marcha y ya no se puede retroceder.

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“Esto ya no es solamente una responsabilidad del Ministerio de Justicia, es una problemática de seguridad del Estado y el Gobierno nacional así lo entendió. Es un nuevo comienzo para el sistema penitenciario, esto va a ir creciendo y mejorando cada día más, ya no podemos retroceder a lo que era antes”, ratificó Benítez.

Hay que recordar que el Poder Ejecutivo firmó el decreto que promulgada la ley 7.420, que amplía por un año más el plazo de vigencia de la declaración en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos en el territorio de la República.

Esta ley es una herramienta jurídica que permitirá garantizar la cobertura de seguridad en los centros penitenciarios del país, mediante el apoyo de las fuerzas públicas, especialmente de las Fuerzas Armadas y la disponibilidad de mayores recursos para lo que fuera necesario. Con la ampliación de la vigencia de la emergencia penitenciaria se busca fortalecer el control en las periferias de cada centro penitenciario.

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Refuerzan la seguridad en todas las penitenciarías del país ante informaciones de inteligencia sobre una supuesta planificación de rescate de reos. La operación estaría siendo gestada por una banda criminal integrada por diez personas, según confirmó el viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez.

“Esa información es así, recibimos esa advertencia por parte de inteligencia penitenciaria y de la Policía Nacional en atención a como es sabido en estas fechas sensibles”, señaló a la 1080 AM. La amenaza apuntaría a las cárceles asentadas en Central y Cordillera, por lo que se dispuso aumentar el dispositivo de policías en el interior y alrededores de los establecimientos penitenciarios.

“Preferimos tomar las precauciones necesarias antes que pasarlo por alto. Entonces, estamos en alerta constante verificando cuáles serían las audiencias y comparecencias presenciales que están requiriendo los juzgados correspondientes”, manifestó.

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El funcionario del Gobierno explicó que se procedió a la revisión del perfil de los presos que están en la lista de próximos convocados ante la Justicia, para garantizar el traslado seguro o que el procedimiento se realice incluso en su lugar de reclusión o de manera telemática.

“Así no ponemos en riesgo la integridad de ninguno de los funcionarios ni poner en riesgo justamente algún posible rescate que se podría dar”, puntualizó. Aclaró que no hay precisiones sobre la penitenciaría que eventualmente sería atacada ni se tiene identificado al grupo criminal cuyos integrantes podrían ser rescatados.

“Por el momento tenemos una información así en general. Tengo entendido que un procedimiento parecido o un rescate parecido se realizó en Brasil. Entonces, alerta máxima en el sentido de que eso podría replicarse también aquí por nuestro país”, finalizó.

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Por décima vez se suspendió la audiencia preliminar de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y otros procesados por delitos relacionados con narcotráfico. Esta vez la audiencia se postergó porque la coacusada Gisela Noemí Ramírez recusó nuevamente al juez penal de garantía Miguel Palacios y por tal motivo se suspendió la diligencia judicial.

Ahora el referido magistrado deberá elevar su informe al tribunal de apelación, que deberá estudiar los argumentos de la recusación de la acusada y resolver si confirma la competencia del juez Palacios. En caso de que ratifiquen la competencia del magistrado Palacios, el mismo deberá fijar nuevamente otra fecha para la realización de la audiencia preliminar.

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El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas más.

El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.

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El Ministerio de Justi­cia decidió levantar la suspensión de visitas de niños, niñas y adolescentes, la cual se habría dado luego de la denuncia de que un menor fuera abusado en el interior de la penitenciaría de Encarna­ción. Ahora deberá ser acatada una serie de requisitos para el ingreso de menores de edad a los recintos penitenciarios, buscando así precautelar cual­quier tipo de incidentes en con­tra de los mismos.

El viceministro de Política Cri­minal, Víctor Benítez, precisó que para el levantamiento de esta medida, se redactó una lista de 15 requisitos que deben ser acatados para que se dé el ingreso de los NNA a los centros penitenciarios. De lo contrario, los mismos no podrán acceder a las instalaciones a pesar de que se encuentren con una persona mayor. “Entre estos requisitos está en que los directores van a tener que determinar un día exclusivo para la visita de niños y adolescentes, para un mayor control, así también está la pro­hibición de que ningún niño pueda pernoctar en las peniten­ciarías”, comentó Víctor Bení­tez, a la 1020 AM.

En cuanto a la investigación en curso por el caso del niño que habría sido abusado, ase­guró que desde el Ministerio de Justicia, en conjunto con los funcionarios del centro penitenciario, se encuentran buscando aún las imágenes de circuito cerrado de la visita, ya que no cuentan con un regis­tro del ingreso del niño por una falla administrativa, por lo que trabajan en fechas estimativas.

“Lo que tenemos es que este niño habría ido una sola vez, llevado por su madre hasta el centro de reclusión de Encar­nación y, según relata el menor, aparentemente le habrían dado un jugo y quedó soñoliento y posteriormente despierta ya con dolores”, indicó Benítez.