Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.

Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.

Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.

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Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.

Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.

Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.

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Una mujer denunció que un hombre intentó raptar a su hijo de dos meses en la ciudad de Loreto, departamento de Concepción, y que logró evitar el hecho luego de que realizó disparos intimidatorios. La madre realizó la denuncia y la Policía Nacional está investigando el caso.

Según el reporte policial, el hecho se registró el fin de semana pasado en una granja ubicada a unos 130 kilómetros del casco urbano de la ciudad, cuando un hombre llegó al sitio e intentó llevarse al bebé que estaba en brazos de su madre. La mujer lo entregó, pero luego fue por su arma de fuego.

“Se trata de un intento de rapto de un infante. El sujeto llegó a la granja y le pidió a la mujer que entregara a su hijo de dos meses de vida. Ella se negó y este la amenazó con un arma blanca”, explicó el comisario Guido Benítez, en entrevista con “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Agregó que ante el susto y las amenazas, la mujer entregó a su hijo, luego ingresó a una de las habitaciones y salió munida de un arma de fuego. “Sin dudar realizó varios disparos y le exigió al hombre que le entregue nuevamente a su hijo. Este corrió dejando abandonado al bebé en el patio y luego se dio a la fuga”, aseguró.

Confirmó que actualmente personal de Investigaciones está recabando información para saber qué fue lo que ocurrió. En un primer momento, la mujer indicó que pensó que se trataba de una broma por parte de su pareja y que luego se asustó, realizando los disparos. Por otra parte, se analiza que podría tratarse de familiares, quienes quería llevar al pequeño. El caso quedó en manos del fiscal Joel Cazal.

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Pedro Juan Caballero (Emerson Dutra, corresponsal)

La adecuación de la instalación existente, además de la edificación de una nueva área de quirófano, posibilitará al Hospital Regional realizar intervenciones de alta complejidad en neurología, ginecología y urología, además de cirugía en general.

De acuerdo a los datos, la obra se realizará en el marco de un convenio de cooperación entre la municipalidad de la terraza del país y el Ministerio de Salud.

Para tal efecto, la comuna local destinará más de 150 millones de guaraníes para la adecuación y edificación del área de quirófano, inversión que será costeado con fondos propios de la institución.

“La finalidad es ir mejorando la infraestructura del Hospital Regional, obra que beneficiará directamente a toda la comunidad, principalmente a los más necesitados”, señaló el intendente Ronald Acevedo.

Por su parte, el doctor Saúl Recalde, director de la XIII Región Sanitaria, sostuvo que una vez finalizada la obra, el centro asistencial tendrá capacidad para realizar 70 cirugías en tan solo 5 días.

“Evidentemente, eso hará posible reducir la lista de espera de pacientes para procedimientos quirúrgicos que hoy día, sobrepasa a los primeros meses del año 2025″, acotó.

La “palada inicial” para la construcción de las obras se realizó en el predio del nosocomio público más grande del departamento de Amambay, evento que contó con la presencia del jefe comunal y altas autoridades de la Salud.

Los trabajos de adecuación y edificación del área de quirófano finalizarán a mediados del mes de enero del nuevo año, según se informó.

Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Olga Ruiz, Celia Salinas y Víctor Alfieri, resolvió absolver de culpa y pena a Pedro Areco, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, quienes fueron juzgados por los delitos de producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública, daños a cosas de interés común y daños a obras construidas, en el marco de la investigación por la quema de Colorado Róga.

Los magistrados de sentencia mencionaron que no se pudo comprobar que los acusados participaron de la quema del local de Colorado Róga. Igualmente, mencionaron que no se observaron que las conductas realizadas por los procesados, se hayan adecuado a la descripción de los tipos penales acusados, en consecuencia corresponde la absolución como también el levantamiento de todas las medidas cautelares sobre los mismos y las costas en el orden causado, expresa la determinación adoptada por el tribunal juzgador.

El Ministerio Público tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que defina si ratifica la absolución de culpa y pena o anula la misma y ordena que se realice un nuevo juicio oral y público.