El juicio sobre el caso Fernando Báez Sosa terminó con cinco condenas a prisión perpetua para los rugbiers considerados como coautores responsables del homicidio agravado con alevosía y premeditación, mientras que tres de los rugbiers restantes recibieron 15 años por su participación secundaria. El abogado y escribano público Martín Barba explicó para La Nación/Nación Media que las condenas perpetuas establecen una pena de prisión de 50 años.
“Esto se debe a una modificación realizada en el Código Penal de Argentina, con el cual se buscó establecer una sentencia más dura luego de que muchos condenados salgan luego de 20 años aproximadamente con medidas alternativas. De este modo, para todo crimen agravado cometido en carácter de alevosía, la pena debe cumplirse hasta los 50 años y recién allí podrían salir en virtud a tratados internacionales”, aclaró el abogado.
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La modificación mencionada por Barba corresponde a la Ley Petri, dictada en el 2017, establece que en el caso de un homicidio agravado, el condenado no podrá acceder a la posibilidad de rever su caso y salir por libertad condicional. De todas formas, los acusados cumplieron ya tres años presos, con lo cual, deberían salir en libertad en 47 años, en 2070; en cuanto Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, de los 15 años que recibieron, podrían salir en libertad en el año 2035 o menos por buena conducta.
“Esto también debe enseñarnos que en Paraguay tenemos a nuestro propio Fernando Báez Sosa, pero con el milagro de que está vivo: Benjamín Zapag. Con él tenemos la brillante oportunidad de dejar un ejemplo, pero el sistema no está haciendo nada por él y por resguardar su seguridad, pues su padre está denunciando que su hijo está siendo hostigado por sus agresores, teniendo una medida de restricción”, sentenció.
Caso Lucio Dupuy
Otro caso que ha conmocionado a la población argentina es el de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que falleció a golpes en manos de su madre y su pareja. Ambas acusadas fueron encontradas culpables por el crimen y, a decir de Barba, se enfrentarían a la prisión perpetua con la pena de 50 años en el caso de que la sentencia exponga el carácter de alevosía en el hecho caratulado como homicidio agravado.
A diferencia de Argentina, Barba recordó que Paraguay no posee una pena tan alta para los casos de homicidio agravado. La condena más dura que se puede establecer es de 30 años, con la posibilidad de extenderla hasta otros 10 como medida de seguridad en el caso de que el juez así lo considere; como ejemplo de este hecho se encuentra Adolfo Trote, condenado a esa pena máxima por haber matado a su esposa.