Ubicada a 414 kilómetros de Asunción y a solo 40 kilómetros de Encarnación, la ciudad de Obligado, en el departamento de Itapúa, se posiciona como un centro de desarrollo económico en el sur del país.

Con una población de aproximadamente 21.000 habitantes, según la última encuesta oficial, la ciudad combina un entorno verde con una infraestructura en crecimiento que la convierte en un punto estratégico dentro de la región.

El intendente de la ciudad, Gil Amarilla, mencionó que el distrito es conocido a nivel nacional como “la capital del cooperativismo”, albergando a la emblemática Cooperativa Colonias Unidas que brinda fuentes de trabajo a todo el distrito.

Esta institución es clave en el impulso de la producción agrícola de la zona y el desarrollo sostenible, convirtiendo a la ciudad en un modelo de organización económica basada en la cooperación y la productividad. “La cooperativa reúne a más de 1.200 empleados de la zona y a partir de ahí se generan fuentes de trabajo", expresó a La Nación/Nación Media, mientras que a nivel nacional emplea a unas 2.000 personas.

Como principales áreas de producción de Obligado se destacan los granos como la soja, el maíz, trigo y la yerba mate cultivados en la cooperativa que alberga grandes extensiones de tierra, abarcando la producción láctea, avícola y porcina, con plantas procesadoras que garantizan productos de alta calidad.

“Hoy día con la tecnología en el agro mejoró mucho la calidad del producto, la producción, y gracias a la ayuda de todos hoy se generan muchas fuentes de trabajo en el agro aquí con esa instalación”, resaltó.

La producción de lechones también está despertando el interés en materia industrial y en esta unidad productiva el sector privado invirtió cerca de USD 12 millones, produciendo actualmente miles de lechones y dando trabajo a productores que se encargan de su cuidado desde el inicio hasta su terminación.

Amarilla sostuvo que es muy importante que el distrito cuente con empresas que generan fuentes de trabajo, ya que de esa manera se disminuye la delincuencia. En la localidad operan industrias de procesamiento de alimentos, fabricación de balanceados, comercialización de insumos agrícolas y una red de supermercados que brinda mano de obra.

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También se tiene gran presencia de inmigrantes alemanes que invierten en la zona. “Los que más tenemos son alemanes, después están los japoneses, ucranianos, rusos, entre otros”, dijo el jefe comunal.

Además de los agronegocios, el rubro de las construcciones también ha generado muchos puestos de trabajo desde que llegaron los inmigrantes. Los productores empiezan a enfocarse más en la ciudad y hacen edificios para alquileres u hoteles.

“Esto porque prefieren acercarse a la ciudad para que sus hijos también puedan estudiar y estén más cerca de los colegios y también de la universidad”, acotó el intendente de la ciudad.

Como distrito están enfocados en ser parte de la ruta por la cual pasará el Mundial de Rally, que atraerá a 250.000 personas en el departamento. Para ello, los habitantes se están preparando para atender con hospitalidad a los turistas e incluso pondrán alquilar habitaciones o casas.

“Así como están las circunstancias en este momento, no hay ningún lugar para alquilar en cuanto a hotelería”, dijo Amarilla ante la consulta sobre las camas disponibles en el sector hotelero.

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Como destino turístico buscan seguir creciendo y mejorando. El Puerto Obligado, ubicado a orillas del río Paraná sobre el histórico predio conocido originalmente como Puerto Itacaguaré es uno de sus principales puntos.

A esto se le suma el Museo Histórico de la Colonia Obligado y el tradicional Chopp Fest que se realiza en noviembre de cada año como parte de la cultura alemana que reside en el lugar, siendo el Club Alemán el punto de encuentro.

Igualmente, se cuenta con una actividad de experiencia que consiste en un tour por la cooperativa y sus industrias que permite al visitante entender cómo funciona un modelo cooperativo exitoso a gran escala.

También se pueden encontrar rutas rurales ideales para el ecoturismo, caminatas, ciclismo y avistamiento de aves con campos y áreas boscosas que muestran la belleza natural del Sur.

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Con el objetivo de fortalecer la infraestructura institucional en el sur del país, el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, encabezó este jueves el acto de habilitación parcial del nuevo edificio del Ministerio Público en la ciudad de Encarnación.

El evento contó con la presencia de autoridades del sistema judicial y de entes del Estado, entre ellos, las fiscales adjuntas Fabiola Molas (Área V) y Matilde Moreno, el secretario general de la Entidad Binacional Yacyretá, Dr. Mario Cáceres, y el vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Gustavo Miranda. También participaron agentes fiscales, directores y funcionarios del área.

La sede, ubicada en el barrio La Paz, marca un paso importante en el proceso de descentralización y modernización de la justicia en Paraguay. En esta primera etapa se habilitaron el área de denuncias, el departamento de Psicología Forense, la sala de reuniones y la Fiscalía Adjunta.

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“Estamos iniciando el uso gradual del edificio, que cuenta con 11 pisos. En esta fase inicial priorizamos los espacios esenciales para la atención ciudadana y la gestión interna”, explicó el fiscal general Rolón Fernández, quien también anunció que para el año 2026 se prevé el funcionamiento completo del edificio.

Durante su intervención, el titular del Ministerio Público adelantó que en los próximos meses continuarán las obras de adecuación, incluyendo la incorporación de un Laboratorio Forense con tecnología de última generación.

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“La construcción del nuevo edificio representa una inversión significativa en infraestructura pública, orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio Público en el sur del país”, destacó Rolón. Asimismo, recalcó que la nueva sede permitirá mejorar el acceso a la justicia, optimizar trámites, reforzar investigaciones y ofrecer una atención más eficiente a la ciudadanía.

Una vez culminado, el complejo se convertirá en una de las instalaciones más modernas del Ministerio Público a nivel nacional, contribuyendo directamente al fortalecimiento del sistema judicial y al bienestar de la población.

Un hombre se hizo pasar por paciente del Instituto de Previsión Social (IPS) para ingresar al hospital y apoderarse de una computadora. Ocurrió en Ciudad del este. La Policía logró detener al sospechoso y ahora ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Según los intervinientes, en los últimos días son constantes las denuncias de los asegurados y familiares que acuden hasta el centro asistencial y reportan el hurto de sus prendas personales.

Lo llamativo es que el sujeto logró burlar el sistema de seguridad que involucra a guardias privados y al personal de la Policía Nacional. Según los datos, el desconocido entró por la puerta principal del hospital de IPS de Ciudad del Este y llegó hasta una oficina y donde se alzó con una computadora.

“El sujeto entra por la puerta grande y sale por la puerta grande. Y nadie se percató de que una persona sospechosa haya salido con una computadora bajo el brazo y no haya informado a la Policía”, cuestionó el comisario Mariano Sosa.

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El detenido identificado como Hugo Antonio Arguello (34) fue derivado a la comisaría jurisdiccional y ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Hace un mes que salió de la cárcel y ya nuevamente incurrió en una acción delincuencial. Tiene tres antecedentes por hurto agravado, según su legajo policial.

La Policía pide a los ciudadanos que colaboren con la seguridad, reportando cualquier hecho llamativo que observe a su alrededor sobre todo en un hospital donde acuden muchos pacientes.

La Corte Suprema de Justicia aprobó la uti­lización de tobilleras electrónicas como medida de control en todo el territorio nacional y para todo tipo de hechos punibles, ampliando de forma significativa su alcance, que hasta ahora se limitaba a casos de violencia familiar y delitos económi­cos en Asunción y el depar­tamento Central.

La decisión fue tomada a pedido de la Policía Nacio­nal, que alegó contar con la infraestructura y capa­cidad técnica para monito­rear el sistema a nivel país. Con esta medida, los jueces penales de garantías podrán aplicar el dispositivo en cual­quier etapa del proceso penal, como alternativa a la prisión preventiva u otras medi­das restrictivas, atendiendo la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado, el nivel de riesgo y la opinión de la víctima.

Según lo manifestado por la ministra Carolina Llanes, presidenta de la Sala Penal de la Corte, desde que la ley fue promulgada en 2019, solo se solicitaron 10 tobilleras elec­trónicas y más de la mitad de las solicitudes fueron recha­zadas por limitaciones técni­cas, como la falta de energía eléctrica legal, cobertura de internet o señal GPS.

“La Policía ya cuenta con la infraestructura necesa­ria para implementar este monitoreo en todo el país”, aseguró Llanes. Señaló que la herramienta será clave para proteger a víctimas, evitar reincidencias y redu­cir el hacinamiento peniten­ciario, al brindar una opción efectiva al encierro.

Actualmente, el Estado dispone de 1.000 tobilleras electrónicas, que serán distribuidas por una empresa adjudicada. Cada dis­positivo tiene un costo de entre G. 2.009.000 y G. 2.100.000, que será asumido por el beneficia­rio, salvo en caso de insolven­cia debidamente acreditada, en cuyo caso el Estado cubrirá el costo.

La Acordada n.º 1779, recien­temente aprobada, establece el protocolo de aplicación, que incluye un manual obli­gatorio para los jueces. Este instructivo detalla cómo y cuándo puede utilizarse la medida, la duración precisa del uso del dispositivo y los parámetros técnicos que deben verificarse antes de su colocación.