El Ministerio Público anunció este sábado que la Dirección de Delitos Económicos se encargará de estudiar las evidencias publicadas ayer viernes a través de las redes sociales, sobre un supuesto hecho de contrabando con la complicidad de agentes militares y policiales. Foto: Gentileza.
La Fiscalía analizará las evidencias sobre supuesto hecho de contrabando en la Armada
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A través de su cuenta oficial en Twitter, el Ministerio Público anunció que la Dirección de Delitos Económicos se encargará de estudiar las evidencias publicadas ayer viernes a través de las redes sociales, sobre un supuesto hecho de contrabando registrado el año pasado en la zona de la Armada Paraguaya con la complicidad de agentes militares y policiales.
La Fiscalía informó que en la citada unidad a su cargo se realizan los análisis técnicos de los “datos, declaraciones y material audiovisual revelados el día de ayer sobre un presunto hecho de contrabando ocurrido en zona de la Armada Nacional”.
También dijo que al no haber una denuncia formal sobre el supuesto ilícito ante el Ministerio Público, se dispuso realizar la verificación de los elementos con que se cuentan a fin de determinar la posible relevancia penal de los mismos.
“El resultado de la evaluación deberá ser remitido a la máxima instancia en la brevedad, a fin de determinar la apertura de una investigación penal sobre los hechos ocurridos. Así también la investigación de las diferentes responsabilidades surgidas de las personas involucradas en los mismos”, señaló el tuit de la Fiscalía.
Este viernes, el periodista Alfredo Guachiré denunció a través de sus redes sociales un presunto operativo para la entrada de camiones con productos de contrabando frente a la misma sede la Prefectura Naval de Itá Enramada. Difundió varias imágenes captadas por las propias cámaras de vigilancia que se encuentran bajo la supervisión de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando.
“Las cámaras de vigilancia fueron colocadas por el propio gobierno y el contrabando monitoreado por el ministro Emilio Fuster de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate al Contrabando. Sin embargo, no intervinieron y dejaron impunes a los contrabandistas, según las imágenes filtradas”, escribió Guachiré en Twitter.
Según el ciberactivista, el hecho se produjo en total connivencia con agentes de la Policía y miembros de las Fuerzas Militares, apuntando al propio comandante de la Armada, Carlos Velázquez, hermano del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
“Esta operación de contrabando se realizó en la madrugada del 12 de junio de 2021, día que celebramos Paz del Chaco, sin embargo, se ve a militares y policías en el mismo día ayudando a contrabandistas a retirar la mercadería de contrabando”, describió al publicar los videos con lujo de detalles donde se observan todos los movimientos grabados entre el 11 y el 12 de junio pasados.
Hoy, Guachiré tiró más datos en el marco de su serie de filtraciones a la que denominó “El Paraguay del Contrabando”. Este sábado aseguró que aquella fecha ingresaron 40 camiones para retirar productos de contrabando del predio de la Armada por un valor aproximado de US$ 1.500.000, “pero el comandante Carlos Velázquez se conformó sancionando 20 días a algunos militares y no comunicó a la Fiscalía”, apuntó.
La periodista Rosana Escobar y el abogado Carlos Palacios abordaron la investigación periodística de Argentina en el espacio de Nación Media. Foto: Pánfilo Leguizamón.
Fiscalía y Seprelad cuentan con mecanismos para indagar sobre el caso Abdooffshore
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El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.
Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.
Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.
A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,
“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.
Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.
A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.
“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.
Expertos resaltan que no se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para la investigación del Ministerio Público. Foto: Pánfilo Leguizamón
Evidencias claras
La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.
“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.
Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.
Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.
“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.
Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.
Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.
“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.
La Fiscalía imputó a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes, a una funcionaria del Registro Público y al abogado Óscar Tuma, por alterar el sistema para realizar transferencia de inmuebles. FOTO: ARCHIVO
Imputan a hijo de Lalo Gomes, a funcionaria y al abogado Tuma por transferencia de inmueble bloqueado
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El Ministerio Público presentó imputación contra el abogado Óscar Tuma, defensor del también imputado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes y actualmente imputado por narcotráfico y a Alcira Celeste Rodríguez Flores, funcionaria de la Dirección General de Registros Públicos, por la presunta participación en un hecho ilícito para evadir una medida cautelar judicial y transferir inmuebles con fines de ocultamiento patrimonial.
Según la imputación, la funcionaria de los Registros Públicos, Rodríguez Flores, habría accedido de forma indebida al sistema informático de Registros Públicos y alteró deliberadamente los datos personales de Alexandre Rodrigues Gomes, quien se encontraba judicialmente inhibido de disponer de sus bienes. La acción de la referida funcionaria posibilitó la emisión de certificados falsos de libre disponibilidad, lo que facilitó que cuatro inmuebles, valuados en más de G. 1.700 millones, fueran transferidos al abogado Óscar Tuma en concepto de pago por honorarios.
La Fiscalía sostiene que el abogado Tuma, consciente de la inhibición vigente sobre los bienes de su cliente, igualmente aceptó las propiedades, incurriendo así en el hecho punible de lavado de activos. Ahora un juzgado deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Alexandre Rodrigues Gomes, actualmente recluido en el CERESO de Encarnación, habría ejecutado esta operación con el objetivo de frustrar el comiso especial de sus bienes, medida dictada por el Juzgado Especializado en Crimen Organizado como parte del proceso que enfrenta por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Los hechos imputados a los involucrados incluyen :
alteración de datos
acceso indebido a sistemas informáticos
alteración de datos relevantes para la prueba
lavado de activos
La causa está a cargo de los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez. El juez Penal de Garantías José Delmás remitió el expediente al Juzgado Especializado en Crimen Organizado para la prosecución del proceso penal.
Fiscalía podría requerir datos vía exhorto a Seychelles
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El abogado José Fernández Zacur, experto en derecho penal económico y lavado de dinero, opinó sobre la investigación del periodista argentino Luis Gasulla, publicada en el portal PeriodismoyPunto, que expuso las presuntas cuentas bancarias ocultas del expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira, en el paraíso fiscal de las islas Seychelles (África).
“Seychelles ya no tiene el nivel de opacidad bancaria que tenía. Ya tienen sancionada una ley de asistencia jurídica mutua en materia penal que les obliga a contestar pedidos de asistencia de cooperación penal internacional, particularmente en materia de cuentas bancarias, contenidos, saldos movimientos. Esta es una legislación interna de Seychelles”, indicó Fernández Zacur en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.
El informe publicado en el portal de PeriodismoyPunto, por el periodista Luis Gasulla, mediante datos filtrados por una fuente de alto nivel con acceso directo a documentación bancaria internacional, refiere que Abdo Benítez y López Moreira habrían ocultaron la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión.
CONVENCIÓN DE PALERMO
“Seychelles también está adherido desde hace un buen tiempo a la Convención de Palermo contra el crimen organizado internacional de Naciones Unidas contra la corrupción. Ya no es aquel paraíso opaco de otros tiempos. Tienen por adopción de normas internacionales y vigencias de normas internas la obligación de contestar solicitudes de asistencia internacional”, reiteró el experto en leyes.
El abogado detalló que, de generarse una investigación por parte del Ministerio Público, la institución podrá requerir informaciones vía exhorto. “Esta sería una buena opción, por la ley propia de Seychelles que mencioné, se puede hacer directamente por Cancillería. Si no contestan por esta vía se recurre a otra, uno va acomodando su investigación en base a las contingencias que va teniendo”, dijo.
“Esto no solamente puede ser interés del Paraguay, también puede ser de otras jurisdicciones. Los ciudadanos estamos interesados en saber si existe ese dinero y en caso de que exista, saber si vienen de valores que son de todos”, refirió Fernández Zacur.
Imputan al principal sospechoso del crimen de niña de 11 años
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El fiscal Carlos Germán Ramírez imputó a Marcelo Giménez Duarte (24), por el hecho punible de homicidio doloso, ocurrido el pasado 21 de julio en la compañía Isla Sakã (distrito de Fulgencio Yegros, Caazapá), en donde resultó víctima una niña de tan solo 11 años de edad.
De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho se habría producido entre las 15:00 y las 19:00 en un yuyal ubicado a unos 200 metros de un arroyo cercano a la vivienda del imputado. La víctima fue encontrada sin signos de vida, presentando indicios de asfixia mecánica por ahorcamiento. Según los datos recabados, el sindicado habría interceptado a la menor en un camino vecinal, trasladándola hasta el sitio donde se produjo el crimen. En el lugar, presuntamente la despojó de parte de sus prendas y la habría amarrado con una de ellas, provocándole la muerte.
El sospechoso que está detenido negó la autoría del crimen, señalando que estaba trabajando en la hora que se habría registrado el asesinato. El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, debido a la gravedad del hecho, el peligro de fuga y la obstrucción a la investigación fiscal.
Entre los elementos que sustentan este pedido se menciona que el imputado contaba con antecedentes penales por abuso sexual en niños y se encontraba en libertad condicional al momento del hecho.
La causa continúa en etapa investigativa y se encuentra a cargo del Ministerio Público, que ha solicitado un plazo de seis meses para formular el requerimiento conclusivo correspondiente.
SE HARÁ LA AUTOPSIA
El fiscal Carlos Ramírez, en principio, no pidió que se realice la autopsia de la menor, pero la presión familiar y de la comunidad hizo que el agente revea su postura.
El procedimiento se realizará hoy en la morgue judicial de Sajonia, en Asunción. “Una ambulancia del Ministerio Público está en camino para trasladar el cuerpo”, confirmó el agente fiscal El fiscal Ramírez, quien también intervino en el caso anterior en el que la misma niña fue víctima y que derivó en la condena del hoy principal sospechoso, no había objetado en su momento que este recupere la libertad ambulatoria y vuelva a residir cerca de la víctima.
PIDEN REVISAR PROCESO JUDICIAL
El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, plantea la revisión del proceso judicial al cual fue sometido Marcelo Giménez. “La información que manejamos es que este sujeto (Giménez) estuvo privado de libertad por una tentativa de abuso hacia la misma niña.
Vamos a evaluar cómo se desenvolvió ese proceso por parte de las autoridades jurisdiccionales y cuáles fueron los criterios para determinar el juzgamiento de esa persona”, señaló a la 1020 AM.
“Es un caso que lastimosamente involucró ya a esta persona, a este criminal, a este asesino. Justamente por una tentativa, según lo que nos dijeron”, indicó.
Con respecto al proceso judicial se buscará verificar cuáles fueron los criterios considerados en el juzgamiento del acusado.