El Ministerio de Justicia informó que luego de la confirmación de nuevos casos activos de COVID-19 en la penitenciaría Padre Juan Antonio de la Vega y en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (Upie), se dispuso el cierre epidemiológico para ambos lugares a fin de contener la expansión del virus.
La Dirección de Salud Penitenciaria ya implementó el protocolo establecido y dispuso el aislamiento de las personas privadas de libertad contagiadas. Además, junto con el Ministerio de Salud, se realizará un monitoreo constante para contener la enfermedad.
“En la penitenciaría Padre de la Vega detectamos un nuevo caso en otro pabellón de donde se identificó el primer caso positivo y dentro de la Upie hoy tuvimos el resultado también positivo de una persona privada de libertad que tenía cuadros respiratorios. Por eso recomendamos el cierre para los dos centros penitenciarios”, sostuvo el director de Salud Penitenciaria, Daniel Cantero.
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Cabe mencionar que el primer caso detectado dentro del penal Padre de la Vega, al igual que la persona privada de libertad con COVID-19 en la penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, se encuentran en la última etapa de recuperación, sin presentar complicaciones.
En total son cuatro los centros penitenciarios donde se registra la enfermedad: Buen Pastor, Upie y Pedro Juan Caballero con un caso respectivamente, y Padre Juan Antonio de la Vega con dos positivos.
Casos de dengue confirmados
La semana pasada también se confirmaron dos casos del serotipo 2 de dengue dentro del Centro Penitenciario para Mujeres Casa del Buen Pastor. Asimismo, una mujer privada de libertad dio positivo a COVID-19, por lo que fueron activados los protocolos establecidos.
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Crean software para lucha contra dengue
El dengue sigue siendo uno de los mayores desafíos sanitarios del Paraguay, con brotes recurrentes que ponen en alerta al sistema de salud. Frente a esta realidad, un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) diseñó y validó un sistema web interactivo que mejorará la gestión de datos y fortalecerá la vigilancia epidemiológica en el país.
El software, desarrollado con metodologías ágiles y tecnologías de código abierto, fue sometido a pruebas de usabilidad y rendimiento, obteniendo resultados positivos en cuanto a su eficiencia, seguridad y facilidad de uso.
Entre sus principales funcionalidades se destacan la generación de reportes automáticos, la visualización de mapas de calor y gráficos de tendencias, lo que permite a los profesionales de salud detectar zonas críticas y anticipar medidas de control.
En las fases de testeo, los usuarios coincidieron en que el sistema supera al software actualmente utilizado por la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS), ya que optimiza el registro de pacientes, evita la duplicación de datos y agiliza la elaboración de informes.
Además, la percepción de los profesionales de laboratorio y de los tomadores de decisiones fue favorable, destacando la claridad de la información y el potencial del sistema para integrarse en la gestión sanitaria.
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Tras largas chicanas, Justicia retoma proceso contra Prieto
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución política, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo”, afirmó ayer Corbeta, en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación
que nunca se pudo concretar en la investigación es la apli-cación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar u obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evi-tar la aplicación de medidas cautelares que fueron solici-tadas con la imputación del Ministerio Público en julio de 2023”, recordó Corbeta.
“MONTÓN DE INCIDENCIAS”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio de 2024, inmediatamente se presen-taron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del pro-ceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
TRES CANDIDATOS
La estrategia de Miguel Prieto y de sus adherentes es conservar el poder por medio de las alianzas logradas durante su gestión. Al menos tres nombres surgen para que un aliado se mantenga durante tres meses al frente de la administración comunal esteña. Dos de ellos son muy allegados al destituido jefe comunal.
Se trata de Sebastián Martínez (Yo Creo), actual presidente de la Junta Municipal; y la segunda incondicional es Valeria Romero, concejala y actual pareja de Prieto. La que podría romper este “consenso” y la mayoría coyuntural es la liberal María Portillo (PLRA), hermana del exdiputado Carlos Portillo.
La concejala quiere pugnar por la intendencia y no tendría inconvenientes de pasar a negociar con los ediles disidentes, que responden al Partido Colorado. Hoy, la mayoría de 7 concejales contra 5 está a favor de Prieto.
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Sala Penal destraba chicana de Prieto en caso Tía Chela
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación general que interpuso la defensa del destituido intendente esteño Miguel Prieto Vallejos, en la causa relacionada a los kits de alimentos a través de la firma proveedora Tía Chela SRL. El fallo, emitido este 20 de agosto con firma de los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo, permite al juez Humberto Otazú volver a fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van o no a juicio oral y público.
En la causa caratulada “Miguel Prieto Vallejos y otros s/lesión de confianza (Ley n.° 6379) superior a 5.500 jornales”, expediente n.° 4.524 del año 2020, los abogados Gilda María Portillo Vera y Andrés Casati Caballero, representantes legales de Prieto, habían presentado esta chicana, el 6 de agosto de 2024, contra el Auto Interlocutorio n.° 158 de fecha 2 de agosto de 2024, dictado por la Cámara Especializada de Delitos Económicos, que dispuso no hacer lugar a la recusación contra el juez Humberto Otazú, del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno.
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El 18 de julio de 2023, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia imputaron a Miguel Prieto, y a otros diez implicados, por una supuesta compra fraudulenta de unas 25.000 cestas de alimentos durante la pandemia, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este por la compra efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL, supuestamente para familias de escasos recursos.
Los procesados son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
La decisión de la Corte ratifica lo resuelto por el tribunal de apelación, manteniendo la validez de las actuaciones procesales dentro de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación para la adquisición y distribución de los kits de alimentos durante la pandemia, operación realizada a través de la firma proveedora Tía Chela SRL.
Unas 50 denuncias
Este fallo se suma a otro proceso que enfrenta Prieto, quien cuenta con 50 denuncias formuladas contra el ahora ya destituido intendente de Ciudad del Este; y constituye un precedente relevante dentro del expediente, ya que limita las posibilidades de la defensa de revertir las resoluciones judiciales en instancias superiores.
Hay que resaltar que la intervención municipal, que estuvo a cargo del economista Ramón Ramírez, la cual culminó la semana pasada, ha revelado la forma en la que operaba el esquema que organizó el destituido intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas.
El resultado de esta intervención, se presentó a la Cámara de Diputados que resolvió ayer martes la destitución del jefe comunal debido las graves irregularidades denunciadas por la Contraloría General de la República y que fueron corroboradas por el interventor.
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FP-UNA y Senepa impulsan proyecto de IA contra el dengue
La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA) y el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) trabajan juntos en un innovador proyecto de investigación que aplica inteligencia artificial para combatir al mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.
El proyecto, denominado PINV01-528, es liderado por el doctor Julio César Mello Román e integra un equipo multidisciplinario de investigadores de ambas instituciones, con amplia experiencia en ciencias biológicas, inteligencia artificial, sistemas de información geográfica, entomología médica y vigilancia epidemiológica.
La doctora Ana Karina Ibarrola Vannucci, jefa de proyectos de investigación del Senepa, destaca que “los modelos predictivos basados en datos científicos pueden salvar vidas y optimizar los recursos en la lucha contra el dengue”. Este trabajo conjunto representa un paso decisivo hacia la salud pública en Paraguay, con el potencial de mejorar la calidad de vida de miles de personas.
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En el sector público se está desarrollando un proyecto pionero denominado «Modelos predictivos de distribución espacial y temporal de vectores de importancia médica con enfoque de Salud Única», cuyo propósito es aplicar inteligencia artificial y análisis de datos para predecir con precisión las zonas de riesgo de transmisión de enfermedades como dengue, chikungunya, zika y mal de Chagas.
El proyecto integra datos satelitales, modelos estadísticos y algoritmos de aprendizaje automático para construir mapas predictivos de alta resolución. Estos permitirán identificar los barrios y comunidades con mayor riesgo de brotes, optimizar recursos en campañas de prevención y control, así como fortalecer la vigilancia epidemiológica con información científica actualizada.
El proyecto, dirigido por la licenciada Verónica Sofía Aguirre, cuenta con el doctor Julio César Mello Román, investigador principal, junto a profesionales como el doctor Pastor Enmanuel Pérez Estigarribia, el doctor Miguel García, la doctora Ana Karina Ibarrola Vannucci, el ingeniero Luis Fernando Salgueiro Romero, el licenciado biólogo Óscar Félix Mongelós González, el doctor José Antonio Montiel Britos, entre otros.
Esta iniciativa se presenta en el marco del Día Mundial del Mosquito, que se celebra cada año el 20 de agosto para conmemorar un logro científico registrado en 1897, cuando el médico británico Sir Ronald Ross realizó un descubrimiento histórico: la malaria se transmite a los humanos a través del mosquito Anopheles hembra.
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