Se trata Juan Gabriel Cano Cabañas, quien supuestamente solicitaba beneficios económicos a profesionales abogados para agilizar la búsqueda de expedientes. Foto: Gentileza.
Detienen a funcionario que aparentemente coimeaba para “desaparecer” documentos
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Una comitiva fiscal-policial detuvieron a funcionario de la bóveda del Poder Judicial de Ciudad del Este, que aparentemente coimeaba para hacer desaparecer expedientes.
Se trata Juan Gabriel Cano Cabañas, quien supuestamente solicitaba beneficios económicos a profesionales abogados para agilizar la búsqueda de expedientes. Fue detenido este jueves luego de ser denunciado por cohecho pasivo, porque supuestamente les cobraba a los abogados a cambio de esconder o buscar documentos de distintas causas.
El mismo cumplía funciones en la bóveda del Poder Judicial y fue denunciado por los propios miembros del Consejo de Administración de la VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná, magistrados Juana Bertha Ávalos, Juliana Giménez Portillo y Efrén Giménez Vázquez.
El operativo que tuvo lugar en la mañana de este jueves 13 de febrero, estuvo encabezado por el fiscal Alcides Giménez Zorrilla, quien procedió a la detención preventiva del funcionario.
La acción se presentó luego de una nota remitida por la jefa de Sección de Archivo, Lic. Victoria Zorrilla, comunicando a las autoridades judiciales sobre las quejas verbales que realizaban los profesionales del foro en contra del funcionario Juan Cano. Supuestamente el citado venía pidiendo incentivo económico para agilizar la búsqueda de expedientes judiciales, que son solicitados por los juzgados.
Cano Cabañas soporta un sumario administrativo anterior por presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones. El sospechado será imputado en las próximas horas por el supuesto hecho punible de cohecho pasivo, atendiendo que se requisaron varias evidencias en su contra, según adelantó el fiscal Alcides Giménez.
Un tribunal de sentencia condenó a 7 años y 3 meses de cárcel a la exfiscala Ana Girala luego de ser encontrada culpable por prevaricato, cohecho pasivo y otros. Foto: Archivo
Condenan a 7 años y 3 meses de cárcel a exfiscala por prevaricato, cohecho pasivo y otros
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El tribunal de sentencia, integrado por las magistradas Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres, condenó a la exfiscala Ana Girala a 7 años y 3 meses de pena privativa de libertad luego de ser encontrada culpable por un esquema de extorsión y pedidos de coima en su unidad fiscal de San Lorenzo.
Asimismo, el colegiado condenó a la exsecretaria fiscal Griselda Acha a la pena privativa de 6 años y 6 meses, a la exasistente fiscal Christi Magalí Ortega a la pena privativa de libertad de 4 años. Mientras que al abogado Marco Velazco, a la pena de 2 años y 6 meses; y la abogada Liz Martínez a 3 años y 6 meses. Igualmente se mantiene las medidas cautelares impuestas a los sentenciados.
La exrepresentante fiscal fue encontrada culpable por los hechos punibles de prevaricato, extorsión en calidad de coautora, tentativa de extorsión en calidad de coautora, cohecho pasivo agravado.
El colegiado sostuvo que Girala utilizó su investidura para obtener beneficios económicos, dirigió operativamente a sus funcionarias, direccionó causas hacia abogados de confianza y afectó gravemente la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público y en el sistema de justicia.
Por otra parte, la acusada Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín fue absuelta de reproche y pena al no probarse su participación en los hechos acusados por el Ministerio Público.
Por su parte, la jueza Yolanda Morel, ratificó la existencia de una organización criminal que operaba dentro de la sede del Ministerio Público en San Lorenzo para obtener réditos económicos ilícitos.
La Fiscalía realizó un allanamiento al juzgado penal de Garantía de San Lorenzo en busca de más evidencias sobre un caso de extorsión y cohecho pasivo agravado. Foto: Gentileza
Operativo fiscal: detuvieron a una mujer en un shopping y allanaron juzgado de San Lorenzo
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El Ministerio Público informó sobre un procedimiento realizado en el marco de una investigación por presuntos hechos de extorsión y cohecho pasivo agravado. El operativo derivó en la detención de una mujer, tras una entrega vigilada de dinero en el estacionamiento de un conocido shopping en la ciudad de San Lorenzo, seguido de un allanamiento en el juzgado penal de Garantías de dicha ciudad.
La intervención estuvo a cargo de la agente fiscal Yeimi Adle, de la Unidad Especializada Anticorrupción, con el acompañamiento de personal de la Policía Nacional. La causa se originó a partir de una denuncia que señalaba la supuesta solicitud de dinero por parte de una funcionaria judicial, quien habría ofrecido intermediar para la obtención de medidas sustitutivas a la prisión a favor de una persona procesada en una causa penal.
De acuerdo con los antecedentes, el procedimiento incluyó la coordinación de una entrega vigilada de dinero, diligencia que permitió la detención de la sospechosa. En prosecución de las averiguaciones, se llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de la sección Estadística y de la secretaría del juzgado penal de Garantías n.º 1 de la jurisdicción de San Lorenzo, en cumplimiento de una orden emitida por el juzgado penal de Garantías especializado en delitos económicos del primer turno.
Durante el operativo se incautaron documentos originales, copias certificadas y dispositivos de almacenamiento con información relevante para el esclarecimiento del hecho. Asimismo, se autorizó la extracción de datos de equipos informáticos para profundizar el análisis de los elementos colectados. El Ministerio Público prosigue con las diligencias para determinar la participación de otras personas y esclarecer plenamente las circunstancias del caso.
Detienen a funcionario del Incan por pedir coima para que paciente acceda a una intervención quirúrgica
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El fiscal Luis Lionel Piñanez realizó un allanamiento y una entrega vigilada en dependencias del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), en el marco de una investigación por presunto cohecho pasivo agravado y otros hechos punibles.
Durante el operativo fue detenido un funcionario del referido nosocomio, quien supuestamente solicitaba sumas de dinero para que un ciudadano (el denunciante) accediera a una intervención quirúrgica en ese centro asistencial.
El procedimiento fue desarrollado conjuntamente con funcionarios del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional, dependientes del Departamento de Lavado de Dinero y Financiamiento contra el Terrorismo, de la Dirección de Delitos Económicos y Financieros.
Esta operación apuntó a la búsqueda e incautación de todo tipo de evidencias que guarden relación con el hecho investigado, tales como dinero en efectivo, aparatos celulares, documentos médicos vinculados a la cirugía practicada, constancias de alta médica y registros de atención recibida por el denunciante.
Conforme a los antecedentes de la causa, la investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Dirección Anticorrupción del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en la que un ciudadano, paciente del referido centro asistencial, manifestó que presuntamente un funcionario le habría requerido sumas de dinero para lograr una intervención quirúrgica en el Incan, por lo que el Ministerio Público llevó adelante los procedimientos de rigor.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú otorgó medidas alternativas a la prisión a la fiscala suspendida en sus funciones Gloria Rojas, imputada por un presunto pedido de coima en la investigación del feminicidio de la adolescente María Fernanda Benítez, ocurrido en Coronel Oviedo.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas. Otazú impuso a la imputada la prohibición de salir del país, la prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier medio con el denunciante y la de acceder a las instalaciones de la Fiscalía de Coronel Oviedo. Igualmente, se le impuso una fianza real por la suma de G. 200 millones y se la intimó por un plazo de 20 días hábiles para que comparezca la propietaria del inmueble ofrecido para aceptar la caución.
De acuerdo con el acta de imputación, la fiscala le planteó a uno de los procesados gestionar una salida procesal a través de un abogado.