Se trata Juan Gabriel Cano Cabañas, quien supuestamente solicitaba beneficios económicos a profesionales abogados para agilizar la búsqueda de expedientes. Foto: Gentileza.
Detienen a funcionario que aparentemente coimeaba para “desaparecer” documentos
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Una comitiva fiscal-policial detuvieron a funcionario de la bóveda del Poder Judicial de Ciudad del Este, que aparentemente coimeaba para hacer desaparecer expedientes.
Se trata Juan Gabriel Cano Cabañas, quien supuestamente solicitaba beneficios económicos a profesionales abogados para agilizar la búsqueda de expedientes. Fue detenido este jueves luego de ser denunciado por cohecho pasivo, porque supuestamente les cobraba a los abogados a cambio de esconder o buscar documentos de distintas causas.
El mismo cumplía funciones en la bóveda del Poder Judicial y fue denunciado por los propios miembros del Consejo de Administración de la VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná, magistrados Juana Bertha Ávalos, Juliana Giménez Portillo y Efrén Giménez Vázquez.
El operativo que tuvo lugar en la mañana de este jueves 13 de febrero, estuvo encabezado por el fiscal Alcides Giménez Zorrilla, quien procedió a la detención preventiva del funcionario.
La acción se presentó luego de una nota remitida por la jefa de Sección de Archivo, Lic. Victoria Zorrilla, comunicando a las autoridades judiciales sobre las quejas verbales que realizaban los profesionales del foro en contra del funcionario Juan Cano. Supuestamente el citado venía pidiendo incentivo económico para agilizar la búsqueda de expedientes judiciales, que son solicitados por los juzgados.
Cano Cabañas soporta un sumario administrativo anterior por presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones. El sospechado será imputado en las próximas horas por el supuesto hecho punible de cohecho pasivo, atendiendo que se requisaron varias evidencias en su contra, según adelantó el fiscal Alcides Giménez.
Operativo de entrega vigilada. La policía investiga la denuncia de que por el certificado para importación -que cuesta G. 17.000- los funcionarios exigían entre 10 y 15 millones. Foto: Captura pantalla
Tras denuncias por cobros irregulares, detienen a funcionarios y allanan oficina del Senave
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Este miércoles se realizó un operativo de entrega vigilada en el Mercado de Abasto por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público, luego de que importadores denunciaran que funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) exigían pagos de coima. Las autoridades lograron la detención de los trabajadores y allanaron las oficinas del Chaco Central.
Según la denuncia, estos importadores deben contar con un certificado para traer productos del exterior y este debe ser otorgado por la institución, pero pese a estar en condiciones para realizar la transacción los funcionarios exigían pagos irregulares. Cansados de este tipo de acciones decidieron denunciar ante las autoridades.
“Estos procedimientos parten de denuncias que refieren que deben pagar montos irregulares para obtener certificados de importación para traer productos del exterior. Estos intermediarios serían los que solicitan o peticionan un monto para acercarle a un supuesto funcionario, quien termina otorgando el documento”, informó el fiscal Néstor Coronel, en la 1020 AM.
Confirmó que durante el allanamiento en las oficinas del Senave, ubicado en Chaco Central, realizaron el levantamiento de datos y evidencias para precisar las mecánicas que realizaban estas personas para cometer las irregularidades.
“En poco tiempo vamos a definir a las personas involucradas en el hecho. Los certificados tienen un costo de G. 17.000, si se obtienen en forma”, resaltó. En la denuncia consta que los montos pagados irregularmente por los certificados eran de entre 10 y 15 millones de guaraníes, una cifra significativamente más alta que el costo oficial.
El fiscal Luis Piñanez estuvo al frente del procedimiento que posibilitó la detención de un asistente fiscal y un abogado, denunciados por cohecho pasivo agravado o pedido de coima. Foto: Gentileza
Detienen a asistente fiscal y a un abogado en entrega vigilada de dinero
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En la localidad de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes, una comitiva fiscal y policial realizó un procedimiento de entrega vigilada de dinero en torno a una causa sobre violencia familiar. Tras una persecución, durante el procedimiento fueron detenidos un asistente fiscal y un abogado que habría actuado como nexo. Del poder de ambos se pudo encontrar la suma de G. 5 millones, que era producto de la investigación referente a los hechos de cohecho pasivo agravado y resistencia.
El aprehendido fue identificado como Antonio Ramón Petters, quien cumple funciones en la Unidad Penal de la Fiscalía de Villa Hayes a cargo del agente fiscal Alfredo Mieres. También fue detenido, Raúl Adriano Cardozo, abogado, quien actuó aparentemente como nexo para cometer presuntamente el pago de la coima a fin de dar una salida procesal en la causa penal ya tramitada en la referida unidad fiscal. La entrega vigilada del dinero se llevó a cabo bajo autorización judicial del juez Rodrigo Estigarribia quien autorizó la grabación y filmación audiovisual.
Los detenidos concretaron la entrega de la suma de dinero con la denunciante, en la vía pública, y tras recibirlos, se percataron de la presencia fiscal y policial, y huyeron del lugar. En ese momento se produjo una persecución y a unos 2.000 metros del sitio, fueron aprehendidos por agentes policiales. Los sujetos hicieron entrega de sus aparatos celulares que serán posteriormente peritados bajo autorización judicial para la extracción de datos.
Asimismo, ambos fueron trasladados hasta la sede policial de Delitos Económicos en Asunción donde estarán hasta que sean convocados por el juzgado. Es de mencionar que la entrega vigilada se efectuó en el interior del vehículo del asistente fiscal. El dinero en cuestión utilizado como evidencia y previamente fotocopiadas y autorizadas judicialmente, estaba en un sobre blanco en poder de ellos.
El operativo fue encabezado por el agente fiscal de Delitos Económicos, Luis Piñánez y como coadyuvante, el agente fiscal Silvio Corbeta. quienes contaron con el apoyo de agentes del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, a cargo del comisario Luis Alberto Benítez.
La fiscala Teresa Sosa imputó a una funcionaria de la Supervisión de Ñemby del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) por pedir coima para conseguir rubro en dicha casa de estudios. Foto: Gentileza
Imputan por cohecho pasivo agravado a funcionaria del MEC
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La agente fiscal Teresa Sosa imputó por cohecho pasivo a Sonia Torres, funcionaria de la Supervisión de Ñemby del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). La imputación se efectuó tras un procedimiento encubierto realizado luego de una denuncia formulada por parte del Ministerio de Educación y Ciencia.
En la denuncia, la funcionaria del MEC solicitaba sumas de dinero a fin de obtener cargos para otras personas dentro de la citada institución estatal en calidad de docente. A raíz del hecho, la representante del Ministerio Público encabezó un procedimiento encubierto en el que se pudo grabar y fotografiar a la persona cuando recibió una suma de dinero prometiendo el cargo.
Así también fue ordenada la detención de esta persona imputada. Ahora la funcionaria del MEC tendrá que acudir hasta el Ministerio Público para que pueda prestar declaración indagatoria.
Luego deberá ser convocada por el juzgado penal de garantía de turno para la audiencia de imposición de medidas cautelares. En la mencionada diligencia judicial se tendrá que definir si se ordena la prisión preventiva de la imputada.
En caso de que se ordene la prisión la funcionaria estará primeramente en la comisaría local para luego ser derivada hasta la cárcel de mujeres del Buen Pastor donde estará privada de su libertad a la resulta del proceso penal.
Marcus Vinicius Espíndola mantenía una estrecha relación con el exministro del Interior y de la Senad Arnaldo Giuzzio, hoy acusado por cohecho pasivo agravado. FOTO:ARCHIVO
Exministro del Interior Arnaldo Giuzzio debe comparecer para audiencia preliminar
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Este martes a las 8:00, se prevé la audiencia preliminar del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado. La audiencia se desarrollará ante el juez de Delitos Económicos José Delmás quien deberá definir si el presente caso se eleva a un juicio oral y público.
La presente audiencia se viene tratando de desarrollar en varias ocasiones pero la misma se suspendió por la presentación de chicanas de la defensa de Giuzzio.
Semanas atrás, la defensa del exministro del Interior accedió a la totalidad de las evidencias, por lo que no podrá poner como justificativo que no tuvo acceso a la carpeta fiscal para dilatar la realización de la diligencia judicial.
Los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Diego Arzamendia presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público. Del material probatorio recolectado por el Ministerio Público en la etapa de investigación es posible afirmar que el acusado tenía conocimiento de las intenciones del empresario brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido y procesado en Brasil por su presunta vinculación con el narcotráfico; de mantener un relacionamiento directo y cercano con él en su calidad de ministro del Interior para lograr convertirse en proveedor del Estado de chalecos antibala y vehículos blindados.
Marqués de Padua fue detenido en Brasil el 15 de febrero de 2022 por sus supuestos vínculos con el crimen organizado en el marco del operativo denominado Turf, realizado en conjunto por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Policía Federal del Brasil, el Ministerio Público paraguayo, la Administración de Control de Drogas (DEA), agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), entre otras.