Los fiscales Hernán Galeano, Clara Ruíz Díaz y Marlene González, solicitaron el sobreseimiento definitivo para el suboficial Arnaldo Báez ante el juez Alcides Corbeta, informó la 780 AM. El uniformado fue procesado por coacción en el caso del ataque a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) que derivó en la muerte del joven dirigente Rodrigo Quintana.
De acuerdo a los agentes, no existen elementos suficientes para llevar al mismo a juicio oral y público, por tanto solicitan el sobreseimiento.
De acuerdo a los antecedentes, Báez ingresó con el suboficial Gustavo Florentín, presunto autor del disparo que costó la vida a Rodrigo Quintana luego de forzar la puerta del local de la agrupación política.
Según los fiscales encargados del caso su conducta no cumple los requisitos del tipo penal de coacción. Se concluyó eso luego de un análisis de las circunstancias fácticas según explican.
De esta manera, el caso del suboficial Báez se encuentra en manos del juez Corbeta, quien deberá fijar una fecha de audiencia preliminar para decidir si se hace lugar al pedido de los fiscales.
Dejanos tu comentario
Mujer quien fue sospechosa de alterar escena de crimen aspira a concejalía por el PLRA
Olga Paredes, quien fue sospechosa de alterar la escena del crimen del dirigente liberal Rodrigo Quintana, aspira a ocupar un cargo como concejal en el municipio de Asunción. La misma será candidata por lista 2 en las elecciones municipales del 10 de octubre.
La joven de 29 años, de profesión abogada y licenciada en Trabajo Social, durante sus recorridos por la capital promete “un nuevo liberalismo en Asunción con la formación, perseverancia, activismo”, lejos de la vieja política y ser una opción de cambio; pero sin embargo, militó durante mucho tiempo en el sector del criticado presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre.
Paredes fue imputada en su momento junto con los también dirigentes liberales Stiben Patrón y Efraín Alegre Irún (hijo), por adulteración de la escena del crimen en el marco del homicidio de Rodrigo Quintana, ocurrido el pasado 31 de marzo del 2017.
Si bien la justicia dictaminó en el presente año que la causa ya prescribió luego de que se tardaran tres años en salir a la luz los videos del circuito cerrado del PLRA, que revelaban la adulteración de la escena del crimen, finalmente Paredes junto con Patrón y Alegre Irún no demostraron inocencia, salvados de esa manera por la campana.
Lea también: Autoridades de la ANR critican inacción de Giuzzio ante sospechoso de asesinato
El fallo a favor de los adherentes al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se dio luego de que ya el juez Gustavo Amarilla resolviera hacer lugar al pedido realizado por el abogado Cristian González López a favor de los imputados.
Antecedentes
El asesinato del joven Quintana sucedió entre el 31 de marzo y el 1 de abril del 2017, mientras se hacían manifestaciones en las adyacencias del Congreso. A la par de estos disturbios, ocurrió la tragedia en la sede del PLRA, donde falleció el dirigente.
El abogado Víctor Raúl Estigarribia, defensor del suboficial de la Policía Nacional, Gustavo Florentín, acusado por la muerte de Quintana, denunció el pasado año que se plantaron evidencias en la escena del crimen con la finalidad de ocultar al verdadero asesino del dirigente liberal. El caso había salido a la luz luego de que la defensa del uniformado haya accedido a las imágenes del circuito cerrado del PLRA, lugar donde se registró el hecho.
Una de las que aparece en las cámaras del circuito cerrado fue Paredes, moviendo con el pie uno de los cartuchos que fue plantado anteriormente, de acuerdo a la denuncia formulada por el abogado.
Te puede interesar: Senadora denuncia agresión de Sixto Pereira con anuencia de Cachito
Dejanos tu comentario
Ocultamiento de videos favorece a los que alteraron escena del crimen de Quintana
El Tribunal de Apelaciones ratificó la prescripción de la causa por supuesta alteración de la escena del crimen en el caso del asesinato de Rodrigo Quintana ocurrido el 31 de marzo de 2017. Estaban imputados Olga Paredes, Stiben Patrón y el hijo de Efraín Alegre. Tiempo perdido, debido a videos no proporcionados a los acusados. Se ocultaron evidencias que comprometen a liberales.
Este viernes el Tribunal de Apelaciones se ratificó en la prescripción de la causa contra Olga Paredes, Ramona Mabel Cantero, Fernando Cáceres, Stiben Patrón y Efraín Alegre Irún, hijo del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por los hechos de frustración de la persecución y ejecución penal y alteración de la escena del crimen de Rodrigo Quintana.
La decisión se dio luego de que ya el juez Gustavo Amarilla resolviera hacer lugar al pedido realizado por el abogado Cristian González López a favor de los imputados. Hay que recordar que la agente del Ministerio Público, Esmilda Álvarez, había indicado que la causa penal no puede prescribir, ya que el inciso 2 del artículo 102 del mencionado código indica que “el plazo correrá desde el momento en que termine la conducta punible”.
Podés leer: Ubican como “asesora” en Puertos a hija bachiller de candidata
Es decir, que los plazos deberían empezar a correr cuando el caso de Gustavo Florentín llegue a su finalización. Igualmente, la fiscala había señalado que el artículo 103 del Código Penal que establece que “el plazo para la prescripción se suspenderá cuando, por circunstancias objetivamente insuperables, la persecución penal no pueda ser iniciada o continuada”, en este caso es por frustrar la investigación con la alteración de datos y sabotaje del sistema informático.
Aún así, con todo esto, el Tribunal resolvió ratificar la decisión del magistrado y beneficiar a los adherentes del Partido Liberal.
Antecedentes
Cabe recordar que en el acta de imputación de agosto del año pasado, se establecía que los imputados habrían alterado y modificado las evidencias que se encontraban en el lugar donde ocurrió el homicidio en el que resultó víctima Rodrigo Quintana.
Mirá también: Contrataciones suspende licitación cocinada a favor de empresa de los Friedmann
Así también, Stiben Patrón y Efraín Alegre Irún habrían inutilizado datos almacenados magnéticamente en las CPU con las cuales son visualizados en las imágenes del circuito cerrado que, conforme al horario, habría ocurrido con posterioridad al fallecimiento de la víctima, a fin de impedir el acceso a la información contenida en las mismas.
La muerte de Rodrigo Quintana ocurrió hace cuatro años atrás durante una serie de manifestaciones en adyacencias del Congreso, que luego derivaron en su quema durante el viernes 31 de marzo. Los disturbios se trasladaron a otros puntos del centro de Asunción, como por ejemplo la sede del PLRA, donde justamente se produjo el asesinato de Rodrigo Quintana, ya en los primeros minutos del 1 de abril.
El comisario Tomás Paredes Palma y el oficial Guido Amarilla fueron imputados por el Ministerio Público, por haber ingresado al local partidario aquella noche.
Te puede interesar: Rosario de irregularidades en llamado a favor de los Friedmann
Dejanos tu comentario
Con chicanas, Cacavelos congela audiencia preliminar del caso 31M
El proceso ha sido dilatado en reiteradas ocasiones para que no se llegue a realizar la audiencia preliminar. El abogado del PLRA, Guillermo Duarte Cacavelos recusa constantemente a los jueces.
A pesar de las numerosas ocasiones en las que se intentó realizar la audiencia preliminar para los tres acusados en el caso del crimen de Rodrigo Quintana, ocurrido en la madrugada del 1 de abril del 2017, en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la misma no pudo realizarse hasta la fecha debido a las trabas que se han impuesto constantemente a este proceso.
El principal problema radica en la recusación constante de los jueces que llevan adelante el caso por parte de Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de Efraín Alegre y representante de los padres del joven Rodrigo Quintana.
Te puede interesar: Aparecen más “termos vip” con logos de otras instituciones del Estado
El jurista fue el responsable de que fuera recusada la jueza penal de Garantías Hilda Benítez Vallejo por supuesta parcialidad en el presente proceso penal, lo que impidió que se llevara a cabo la última audiencia preliminar que estaba prevista para el pasado mes de noviembre de 2020.
Lo mismo ocurrió con la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera quien también fue recusada. De esta manera, mediante chicanas el proceso para esclarecer los hechos del denominado 31M permanece paralizado.
Los acusados en el caso son: el suboficial Gustavo Florentín, principal sospechoso; el suboficial Guido Amarilla y el comisario Tomás Paredes Palma. De acuerdo a los antecedentes del caso el crimen de Quintana se dio el 1 de abril de 2017 y fue utilizado por el presidente del PLRA para afianzar su campaña política con miras a las elecciones presidenciales del 2018, pero ni aún así logró posicionarse en las generales.
Lea también: Propuesta de PDVSA no ingresó por Cancillería y habría llegado directo al Gabinete
El discurso apuntaba a que la Policía mató a sangre fría a Quintana y presentaron una serie de videos, sin embargo, gracias a una investigación llevada adelante por La Nación, se logró evidenciar como varias personas presentes durante esa noche lograron modificar la escena del crimen. Tras esto, también fueron procesados: Olga María Paredes, Ramona Mabel Cantero, Fernando Cáceres, Stiben Patrón y Efraín Alegre Irún, hijo del presidente del PLRA.
En su acta de imputación, el Ministerio Público sostiene que “Patrón y Alegre Irún habrían intentado inutilizar varios datos almacenados magnéticamente en las CPU´s, con las cuales son visualizadas las imágenes del circuito cerrado que, conforme al horario, habría ocurrido con posterioridad al fallecimiento de la víctima, a fin de impedir el acceso a la información contenida en las mismas”. La Fiscalía sostuvo que esto compone un hecho grave.
Dejanos tu comentario
Suspenden audiencia preliminar de Gustavo Florentín
Este martes se suspendió la audiencia preliminar del caso del agente policial Gustavo Florentín, acusado por la Fiscalía de la muerte del dirigente liberal Rodrigo Quintana, hecho ocurrido dentro de la sede del Partido Liberal en la madrugada del 1 de abril del 2017. La diligencia judicial quedó pospuesta a raíz de una recusación presentada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos en contra de la jueza Hilda Benítez Vallejo.
“Lo notorio de esto es que a todas luces se trata de una artimaña dentro del proceso al efecto de que no se celebre esa audiencia preliminar y no permitir que se sepa la verdad de lo ocurrido ese día”, aseveró Ricardo Estigarribia, abogado del uniformado recluido hace más de 3 años en la sede de la Agrupación Especializada.
En entrevista con La Nación, el experto en materia legal mencionó que en dicha audiencia también iban a solicitar el cambio de carátula de la causa de homicidio doloso a culposo. En ese sentido, aclaró que esta solicitud es solo para que su cliente recupere su libertad. “No significa de ninguna manera la aceptación del hecho acusado a mi defendido. Es más una estrategia procesal”, indicó.
Estigarribia recordó que Gustavo Florentín se encuentra privado de su libertad hace más de 3 años y 7 meses, lo que le deviene injusto para su defendido litigar desde el encierro. “Se solicitará el cambio de carátula a homicidio culposo. Con esa calificación provisoria, la expectativa de pena baja a 5 años, por lo que ya tiene compurgada 3/4 partes de una eventual condena”, dijo.
Leé también: Jueza aparta del caso Quintana al abogado del PLRA
Antecedentes
Los abogados de la defensa, Víctor Raúl Estigarribia, Ricardo Estigarribia y Sandra Barrios, pedirán la anulación de todas las pruebas levantadas en la escena del crimen, ya que a su entender fueron groseramente objeto de manipulación y de contaminación de todas las evidencias, por lo que también solicitarán que se traiga a la vista la imputación presentada por la fiscala Esmilda Álvarez contra cinco dirigentes juveniles del PLRA, Efraín Alegre Irún, Stiben Patrón, Olga Paredes, Mabel Cantero y Fernando Cáceres, quienes están involucrados en plantar y esconder pruebas.
Para la defensa existen suficientes elementos que indican que las evidencias recolectadas en el lugar del crimen fueron manipuladas, cambiadas de manera provocada y eso se observó en las cámaras de circuito cerrado de la sede del PLRA.
Podés leer: Convención del PLRA: “Va a salir la extraordinaria, le guste o no a Efraín”