Agentes policiales de la comisaría 3ra detuvieron a dos hombres que simulaban ser veterinarios en viviendas de Luque para estafar a los pobladores.
Se trata de Pedro Mazacotte Bobadilla (29) y Santiago Zalazar (49), ambos acusados por el hecho punible de "usurpación de profesión, supuesto veterinario". El primero cuenta con antecedentes por robo agravado.
"Teníamos la información de que estos dos sujetos recorrían las calles, fingiendo ser veterinarios. Estos supuestos veterinarios cobraban Gs. 30.000 por el servicio que hacían", expresó el comisario Víctor Vera, en contacto con la 970 AM.
Los dos sujetos se presentaban como supuestos veterinarios y no contaban con matrícula. En su poder se incautaron medicamentos, jeringas y otros equipos de uso veterinario y libretas de vacunación.
"Los medicamentos que aplicaban a los animales eran legales. Según los vecinos, estos sujetos llegaron a varias a casas", comentó Vera.
La fiscal del caso es Cinthia Espinola, quien les imputó por comercialización de medicamentos no autorizados, producción de certificados y tentativa de estafa.
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Audiencia preliminar de Diego Yaluk pasó para 17 de octubre
Una vez más se suspendió la audiencia preliminar del rallista Diego Yaluk, considerado “zar del cheque sin fondo”, y su padre Humberto Yaluk, acusados por estafa, producción de documentos no auténticos y apropiación, en el marco de un segundo proceso penal, donde se tiene un perjuicio de USD 175.000 y cuya víctima es Guido Ferreira.
La diligencia judicial se pospuso a pedido del abogado Ramiro Ayala, defensor de Diego Yaluk, quien presentó certificado médico alegando que no podía participar de la diligencia judicial. Ante la nueva suspensión, el juez penal de garantía Yoan Paul López fijó la audiencia preliminar para el próximo 17 de octubre, a las 9:30, donde se intentará realizar la diligencia judicial donde se resolverá si padre e hijo estarán sentados en el banquillo de los acusados.
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De acuerdo a la carpeta fiscal, el acusado solicitó un crédito a Ferreira, quien realizó el préstamo a través de la sociedad Doña Inés, con la garantía de que la firma de ambos imputados, Parasur S.A., cobraría una suma a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para honrar el compromiso; sin embargo esto no sucedió y se configuró la supuesta estafa.
El rallista Yaluk cuenta con varios procesos penales por los delitos de estafa y otros. En uno de los casos, el Ministerio Público sostiene que existe un perjuicio de G. 17 mil millones que también está en la etapa de la realización de la audiencia preliminar, a cargo del juez José Delmás. La lista de víctimas sería mayor y el perjuicio rondaría los USD 30 millones por el presunto uso de cheques sin fondos.
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Ratifican prisión de tarotista Diego Parra, imputado por estafa y otros delitos
El juez Rodrigo Estigarribia ratificó la prisión preventiva del tarotista Diego Parra, imputado por estafa mediante sistemas informáticos y lavado de dinero. El magistrado decidió mantener la prisión teniendo en cuenta la gravedad de los tipos penales por los que está procesado el imputado.
Parra Arboleda está siendo investigados por hechos punibles graves, que son estafa mediante sistema informático y el lavados de activos en la modalidad de transacciones de tarjetas de créditos fraudulentas, y que posiblemente se habría causado un daño patrimonial al ente financiero emisor de la tarjeta de crédito por un valor en guaraníes que superan presuntamente los mil millones.
La resolución judicial puede ser apelada por la defensa del imputado y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que deba estudiar si corresponde confirmar el fallo judicial firmado por el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.
El tarotista y parapsicólogo Diego Parra, su esposa Karina de Parra y Milka López González fueron imputados por la fiscal Ruth Benítez por estafa, lavado de dinero y otros delitos en el marco de una investigación por el perjuicio de G. 1.800 millones a una entidad financiera.
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Procesan a joven que “corrió” de escribanía sin pagar USD 32 mil por un vehículo
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Osvaldo Zaracho imputó a Diego Javier López Gómez (22), por los hechos punibles de apropiación y estafa. Mediante engaños se habría quedado con una camioneta Toyota Hilux, sin pagar la suma de 32.000 dólares americanos al propietario, Cristóbal Martínez Maidana. El procesado escapó de la escribanía donde minutos antes se firmó el contrato de compra-venta.
Lo que se investiga son los hechos que habrían ocurrido el pasado 14 de agosto, en horas de la tarde, cuando el imputado y la víctima, acordaron la transferencia de un automóvil Toyota Hilux, modelo 2018, color blanco, con matrícula WHEP 304. Fue en la escribanía Fornerón, en el barrio San José de Ciudad del Este.
Durante el tiempo que las partes estuvieron en la citada oficina se redactó el contrato de compra-venta. López Gómez se comprometió a transferir el dinero a un tercero, quien se encargaría de efectivizarlo y llevar hasta la citada escribanía para la entrega en efectivo al vendedor.
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Tras la firma del acuerdo, Martínez Maidana dejó el documento sobre el escritorio de la funcionaria del lugar, Sergia Mabel Ortigoza Chamorro, confiando en que el pago se realizaría pronto. Pasaron los minutos y, sin embargo, el dinero nunca llegó.
En el momento de una breve ausencia de la empleada, de la oficina, el imputado se apoderó presuntamente de todo lo que había sobre el escritorio, relacionado a la transacción sobre el vehículo; documentación que incluía el contrato de compra-venta, la escritura pública y la cédula verde del automotor, además de la llave del rodado.
Luego, se escapó del lugar a bordo del vehículo ajeno con todos los documentos, sin haber pagado los 32 mil dólares por el mismo. Al percatarse de la situación, el afectado radicó la denuncia ante el Departamento Contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
El fiscal Osvaldo Zaracho presentó la imputación al considerar que existen suficientes indicios sobre la participación de Diego López Gómez en los hechos de apropiación y estafa. El procesado quedó a disposición del Juzgado de Garantías.
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Estafa con cesión de derecho: fiscal pidió informes a entidades financieras
El fiscal de Mariano Roque Alonso, Itálico Rienzi, solicitó informes a entidades y agencias entre ellas a la Seprelad, Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP) del Banco Central del Paraguay (BCP), Western Unión y entidades bancarias y telefónicas referente a las transferencias y giros de dinero realizados desde nuestro país al extranjero. Es en el marco de la investigación por un esquema de estafa especialmente grave, extorsión, lesión de confianza especialmente grave y asociación criminal donde se vendía cesión de derecho de una sucesión intestada hereditaria del comandante Domingo Faustino Correa de Río Grande Do Sur, quien falleció en la época del año 1800.
Igualmente, desde el Ministerio Público no descartan ampliar la imputación por el hecho punible de lavado de dinero, teniendo en cuenta la transferencia cuantiosa de dinero que se concretaba con destino al exterior.
El esquema delictivo es liderado supuestamente por Guillermo Arami, de nacionalidad argentina, quien ya tiene una orden de detención a nivel nacional. Según los datos, habría creado una empresa ficticia denominada The First National Bank Group para la concreción de la actividad ilegal.
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Cabe recordar que el martes pasado fueron detenidos Carlos Noguera, Daniel Noguera, Catalina Bogado y Gloria Noguera en la ciudad de Mariano Roque Alonso, tras un operativo de entrega vigilada liderado por el fiscal Itálico Rienzi y el Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional. En efecto, se hizo entrega de la suma de G. 9.200.000, la cual fue autenticada con orden de un Juzgado de Paz.
Los datos refieren que una de las víctimas de este grupo criminal, habría entregado aproximadamente G. 200 millones desde el año 2019. Pedían sumas de dinero con la promesa de venderles carpetas de cesión de derechos (cuotas de derecho) de acciones hereditarias del terrateniente brasileño.
Ellos solicitaban la suma de USD 1.000 y en otras ocasiones más para el ingreso a un grupo de WhatsApp y para la elaboración de trámites. Habrían sido víctimas unas 300 personas.
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