El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) hizo público su informe denomi­nado “DIGIntegridad: La transformación digital de la lucha contra la corrupción”, que evidencia las grandes ventajas de la digitalización para el desarrollo de los países y el suministro de servicios de gobierno, pero también hace un llamado de atención hacia los riesgos que implica la aparición de nuevas redes de corrupción que operan en el ciberespacio.Ante esta rea­lidad, el documento propone la adopción de herramientas digitales para prevenir, detec­tar e investigar los fenómenos de corrupción.

El informe elaborado por el banco destaca que la lucha contra la corrupción y con­tra la impunidad de las redes criminales debe integrarse en las agendas de desarrollo que buscan reducir las des­igualdades y la pobreza, así como también reactivar la economía tras la crisis pro­vocada por la pandemia del nuevo coronavirus. Cabe resaltar que la corrupción le podría estar costando al pla­neta, según varias estimacio­nes, aproximadamente entre el 2% y el 5% del producto interno bruto (PIB) mundial, con efectos negativos tanto para la economía de mercado como para la democracia y sus principios fundamentales.

Desde hace una década, los gobiernos y otros actores del ecosistema digital han comen­zado a documentar experien­cias sobre el potencial y el impacto de la digitalización para promover la transparen­cia, abrir los datos guberna­mentales al escrutinio público y automatizar los procesos burocráticos. El informe de CAF contribuye al estado del arte que vincula los conceptos digitalización e integridad, y es una guía integral para que los gobiernos adopten mecanismos de lucha contra la corrupción con un enfoque de innovación digital. El informe se divide en seis capítulos en los que se abor­dan algunos de los siguientes puntos: el acceso a la informa­ción pública y condiciones téc­nicas e institucionales para que los gobiernos incorporen a sus políticas de integridad tecnolo­gías apalancadas en datos.

Se explora la evidencia esta­dística sobre la relación entre digitalización de los gobiernos y reducción en los riesgos de corrupción. Se destaca cómo las infraestructuras de datos generan un ecosistema con el potencial para reutilizar dife­rentes conjuntos de datos apli­cando con éxito la ciencia de datos y la inteligencia artificial en la prevención de la corrup­ción, entre otros.