El juez Sebastián Casanello fundamentó su decisión en la petición de sobreseimiento de la vicepresidenta argentina, presentada por el fiscal del caso. Foto: AFP
Sobreseen a Cristina Fernández en el caso de la ruta del dinero K
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El juez federal argentino Sebastián Casanello decretó este lunes el sobreseimiento de la causa contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el caso conocido como la ruta del dinero K por un presunto blanqueo de capitales. El empresario Lázaro Báez, centro de la trama, fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero.
Casanello resaltó que sin acusación no puede haber proceso penal, por lo que fundamentó su decisión en la petición de sobreseimiento presentada por el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, informa la emisora argentina Radio Mitre. En cambio, Casanello rechazó la petición de una ONG que pretendía ser acusación porque el fiscal no pudo asumir la hipótesis de que Fernández había “participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno”.
La Cámara Federal de Casación Penal condenó a Báez a diez años de prisión por las irregularidades en las licitaciones que le firmó al Estado para ejecución de obra pública. A los hijos de Lázaro Báez también se les modificó las condenas: Martín deberá cumplir seis años y medio, por debajo de los nueve iniciales, y Leandro fue beneficiado con una reducción de su pena de cinco a tres años de prisión. Las hijas del empresario, Luciana y Melina, han sido absueltas.
Respecto al resto de los imputados por la ruta del dinero K, Casación confirmó seis años de prisión para Jorge Óscar Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín; cinco para Julio Enrique Mendoza; tres años y seis meses para Jorge Leonardo Fariña; cuatro años y seis meses para Juan Alberto de Rasis, César Gustavo Fernández, Fabián Virgilio Rossi y Eduardo Guillermo Castro.
Además, dictó tres años de ejecución de sentencia en suspenso para Federico Elaskar, Claudio Fernando Bustos, Alejandro Ons Costa y Martín Andrés Eraso y dos años y seis meses para Walter Feliciano Zanzot. También se han ratificado las sentencias de tres años y medio de prisión para Carlos Juan Molinari y dos años de cárcel para Daniel Alejandro Bryn por ser autores de lavado de activos.
El juez Édgar Ramírez ordenó el sobreseimiento definitivo de Mariela Rossani Arévalos, investigada en su momento por asociación criminal y amenaza de hecho punible. Foto: Archivo
El juez penal de Garantías de Pedro Juan Caballero, Édgar Gustavo Ramírez, a través de la resolución n.° 336 de fecha 21 de abril de 2021, resolvió hacer lugar a la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo de Mariela Rossani Arévalos Rodríguez, en el marco de la causa caratulada “Ministerio Público contra Victoriana Benítez de Ayala, Carlos Alberto de Souza Cano y Mariela Rossani Arévalos Rodríguez sobre amenazas de hechos punibles, asociación criminal y otros”.
La resolución judicial fue arrimada por los abogados Néstor González y Juan Cabral en representación de Mariela Rossani Arévalos, quienes se acercaron hasta el edificio de Nación Media para realizar la entrega de la resolución judicial.
Arévalos Rodríguez fue detenida, al igual que su esposo y otra mujer, por supuestas amenazas a quien fuera presidente del Congreso Nacional, Roberto Acevedo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El Ministerio Público investigó el hecho y no encontró ninguna vinculación de Arévalos Rodríguez en el hecho, por lo que primeramente pidió el sobreseimiento provisional y luego se solicitó el sobreseimiento definitivo. El fiscal de aquel entonces, Pablo Zorrilla, estuvo de acuerdo con el sobreseimiento definitivo a favor de Arévalos Rodríguez.
El juez Édgar Ramírez ordenó el sobreseimiento definitivo de Mariela Rossani Arévalos, investigada en su momento por asociación criminal y amenaza de hecho punible. Foto: Archivo
Juez sobreseyó a mujer investigada por amenaza y asociación criminal
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El juez penal de Garantía de Pedro Juan Caballero, Édgar Gustavo Ramírez, a través de la resolución N° 336 de fecha 21 de abril del 2021, resolvió hacer lugar a la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo de Mariela Rossani Arévalos Rodríguez, en el marco de la causa caratulada “Ministerio Público contra Victoriana Benítez de Ayala, Carlos Alberto de Souza Cano y Mariela Rossani Arévalos Rodríguez sobre amenazas de hechos punibles, asociación criminal y otros”.
La resolución judicial fue arrimada por los abogados Néstor González y Juan Cabral en representación de Mariela Rossani Arévalos, quienes se acercaron hasta el edificio de Nación Media para realizar la entrega de la resolución judicial.
Arévalos Rodríguez fue detenida, al igual que su esposo y otra mujer, por supuestas amenazas a quien fuera presidente del Congreso Nacional, Roberto Acevedo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El Ministerio Público investigó el hecho y no encontró ninguna vinculación de Arévalos Rodríguez en el hecho, por lo que primeramente pidió el sobreseimiento provisional y luego se solicitó el sobreseimiento definitivo. El fiscal de aquel entonces, Pablo Zorrilla, estuvo de acuerdo con el sobreseimiento definitivo a favor de Arévalos Rodríguez.
El procurador general de Argentina solicitó ayer a la Corte Suprema de Justicia que eleve de seis a 12 años de prisión la pena para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en dos instancias por delitos de corrupción.
La exmandataria peronista –centroizquierda–, de 72 años, fue sentenciada en primera instancia en 2022 y en segunda en 2024 a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por “administración fraudulenta” en la adjudicación de obras viales durante sus presidencias (2007-2015).
El 31 de marzo, Kirchner apeló la condena ante el máximo tribunal del país sudamericano, que antes de examinar el expediente solicitó opinión a Eduardo Casal, jefe de todos los fiscales de la Nación y fiscal ante la Suprema Corte. En un escrito de 13 páginas al que tuvo acceso la AFP, Casal pidió que Kirchner también sea condenada por el delito de “asociación ilícita” y se duplique la pena. Con este dictamen, el procurador apoyó la queja que había presentado el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones que confirmó la condena el año pasado, que en su opinión había omitido “el examen y la respuesta a argumentos oportunamente propuestos y que conducían a una resolución distinta del caso”.
La Cámara de Casación Federal rechazó el recurso extraordinario presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad por corrupción en la gestión de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Foto: AFP
Revés: tribunal argentino rechaza recurso de Cristina Kirchner en el caso vialidad
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La Cámara de Casación Federal, el máximo tribunal penal de Argentina,ha rechazado el recurso extraordinario presentado por la expresidentaCristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como vialidad por corrupción en la gestión de obra pública en la provincia de Santa Cruz y que ha derivado en una condena de seis años de prisión por fraude contra la administración pública contra la expresidenta y ahora líder de la oposición.
La causa pasará en cualquier caso a la Corte Suprema, pero bajo el formato de queja, sin el aval de la Cámara de Casación, lo que resta peso y posibilidades a su recurso, según recoge el diario argentino ‘La Nación’. La decisión de la sala IV de Casación rechaza también el recurso del empresario Lázaro Báez, principal beneficiario de las concesiones de obras en Santa Cruz; el de José López, exsecretario de Vialidad, y los de otros seis condendos.
“Los recurrentes no han cumplido con el requisito de refutar todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales invocadas, como así tampoco han logrado demostrar que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales referidas y lo debatido y resuelto en el caso (...). Entendemos que los recursos extraordinarios federales presentados deben ser declarados inadmisibles”, ha indicado la Cámara de Casación.
El tribunal se ha alineado así con las tesis del fiscal, Mario Villar, quien considera que no existen motivos válidos para que la Corte Suprema revise las sentencias ya dictadas.
En esta causa, la Justicia ha dado por probado que entre 2003 y 2015 existió una “inédita” maniobra de fraude al Estado a través del direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, llevada a cabo por funcionarios de distintos niveles y un único empresario de la construcción: Lázaro Báez, dueño del conglomerado de firmas vinculadas a Austral Construcciones.
Como resultado, un tribunal condenó a la expresidenta en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.