En el mes de febrero de 2020, Mariana Nannis había presentado una denuncia por abuso sexual en contra de su exesposo, Claudio Caniggia; hecho que habría ocurrido el 5 de mayo del 2018, luego de retirarse de una boda.
Y aunque ella se negó el acto, se consumó tras recibir golpes y amenazas de muerte; según publicaron algunos medios argentinos. Este lunes, el exfutbolista fue procesado por este hecho, pero no recibió prisión preventiva, aunque sí se ordenó el embargo de sus bienes por el monto de cinco millones de pesos.
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Además de las condiciones ya mencionadas, la justicia dictaminó que Caniggia no podrá ponerse en contacto con Nannis por ningún medio y bajo ninguna circunstancia; así sea personalmente, por teléfono, mensajería de texto, correo electrónico, WhatsApp u otro tipo de plataforma digital.
Asimismo, Claudio deberá “informar y acreditar, con antelación mayor a cinco días hábiles, cuándo saldrá del territorio nacional de la República Argentina, indicando expresamente el destino al que acudirá y el tiempo que permanecerá en territorio extranjero”, de acuerdo a lo publicado por el diario Clarín en su versión digital.
Tras darse a conocer la noticia, el cronista del programa argentino de farándula llamado LAM, Alejandro Castelo, intentó conversar con Claudio Paul Caniggi y su actual pareja, Sofía Bonelli, antes de ingresar al edificio donde viven juntos, pero supuestamente fue agredido tanto por ella como por él, al negarse rotundamente a responder las preguntas.
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En relación de hechos, suplente del CM dará pormenores sobre denuncia en su contra
El abogado Ricardo Sasiain, miembro suplente del Consejo de la Magistratura, invita a la relación de hechos vinculados a los procesos que lo involucran tanto a él como a su esposa María Antonella Galli. La convocatoria está prevista para las 10:00 de este lunes 7 de octubre en salón de eventos Vanité, ubicado en Paseo Carmelitas sobre la calle Teniente Héctor Vera en Asunción.
“Estoy bajo un tipo de amedrentamiento mediático por así decirlo y una acusación totalmente infundada y descabellada, por lo que voy a demostrar con documentos, primero que no correspondía la acusación y segundo voy a anunciar la posible acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para el fiscal Alcides Corvalán”, expresó el abogado Sasiain.
En conversación con La Nación/Nación Media el profesional del derecho indicó que también evalúa presentar una denuncia ante el Ministerio Público por persecución de inocentes. Sasiain aseguró que la denuncia en su contra carece de fundamentos y que este hecho ya data desde hace más de dos años y persiste hasta la fecha.
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El suplente del CM había obtenido el sobreseimiento provisional y el Ministerio Público había establecido la realización de 15 a 18 puntos para la realización de las diligencias respectivas. “Cuando no hay mérito para acusar, pero nuestro sistema es tan perverso que no basta con ser inocente sino tenés que demostrar que sos súper inocente”, relató.
De acuerdo a lo expuesto por el abogado a La Nación, desde el inicio de la causa solicitó que se notifique a las personas que tenían los cheques con su nombre, de modo que quede constancia de que se había devuelto el dinero que se había sustraído supuestamente. “Pude realizar una diligencia en la cual vino un señor que dijo ‘el cheque que tengo yo me lo entregó María Eugenia Acosta’ con esa única diligencia tuvo que haberse extinguido la causa porque se demuestra la devolución del dinero”, indicó.
Para el abogado, este hecho fue suficiente para demostrar que la denuncia en su contra fue “falsa y temeraria”, sin embargo, de todas formas se procedió a la imputación en su contra. “Este fiscal Alcides Corvalán acusa de algo totalmente descabellado y digno de nuestro sistema judicial de apriete”, refirió.
Antecedentes
Este hecho se trata de la denuncia realizada en marzo del 2021 por María Eugenia Acosta Vallejos, gerente general de la firma Bioténica S.R.L. contra Sasiain y su esposa María Antonella Galli, quien se desempañaba como gerente financiera y administrativa de la mencionada empresa. Galli es acusada, entre otras cosas, de haber desviado fondos provenientes de 11 cheques a una cuenta bancaria que pertenecía a su marido.
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Mujer denuncia que su vehículo fue desmantelado en el corralón municipal de Encarnación
El pasado 5 de junio, Adriana Meza estuvo involucrada en un accidente de tránsito en la ciudad de Encarnación, motivo por el cual su vehículo fue demorado y enviado al corralón municipal. Tras meses de juntar el dinero, ella fue para recuperar su automóvil, pero se llevó una sorpresa al encontrarse que había sido saqueado y ya no contaba con varias partes.
“Una amiga me alertó de que vio mi chapa por otro vehículo similar, eso me hizo apresurarme más para retirar mi automóvil, pero cuando llegué al corralón encontré que mi auto ya no era un auto, le faltaban las cuatro ruedas, el motor, el volante y todo el tablero, además de los accesorios y la chapa”, explicó Adriana en conversación con Rocío Gómez, corresponsal de Nación Media.
Relató que en el momento en que entregó su vehículo le exigieron que dejara las llaves, y tras la insistencia de los encargados las entregó, hecho que en el momento le pareció raro, pero no lo denunció.
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Ahora, la propietaria del vehículo se encuentra desesperada porque no sabe cómo se podría reparar el automóvil, debido al estado en el que quedó, y este viernes presentó una nota de reclamo a la Municipalidad. En ella pidió que los daños sean resarcidos y que las autoridades encargadas puedan aclarar qué fue lo que sucedió.
Por su parte, el director general, inspector Hugo Servían, explicó que el vehículo habría sido trasladado desde el corralón antiguo del barrio Pacú Cuá, al taller municipal en barrio Cuatro Potreros y que el taller aún no está bajo su custodia, pero que cuentan con documentos que avalan en qué estado se encontraba el vehículo al momento del traslado.
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Darán tiempo para definir pérdida de investidura de Buzarquis con más pruebas
El líder de bancada del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase manifestó que no se cuenta con una fecha precisa para analizar la denuncia por presunto uso indebido de influencias que pesa contra su colega, el senador liberal Enrique Salyn Concepción Buzarquis Cáceres. La acusación fue realizada públicamente, el pasado martes, por el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez.
“Se decidió no solo en bancada, ya que participaron colegas de otros partidos de seguir estudiando, vamos a darnos un poco más de tiempo, se seguirán acercando las pruebas y tendremos a corto tiempo una respuesta”, indicó Chase a los medios de comunicación, aclarando que el único punto discutido es sí amerita o no despojarle a Buzarquis de su investidura, descartando de esta manera otras alternativas como la posibilidad de una suspensión en el cargo sin goce de sueldo.
“No queremos violar ningún proceso. No hay ningún borrador sobre un proyecto de pérdida de investidura porque se pidió tiempo para seguir analizando. La opción que se analizó y presentó en el grupo político es la pérdida de investidura y eso es lo que estamos estudiando. No se habla de una sanción. Yo no quiero definir un plazo, puede ser esta semana o más adelante”, puntualizó.
Antecedentes
El intendente Óscar Rodríguez reveló los mensajes enviados por Buzarquis solicitándole urgentemente ayuda para ubicar en la Municipalidad de Asunción a un allegado suyo a quien “le debe muchos favores”. A la vez, el parlamentario, en el mensaje remitido al jefe comunal, con anterioridad a dicho pedido, detalla que lo está ayudando “para su presupuesto”, sin profundizar sobre el punto.
La conversación fue expuesta durante una caldeada discusión entre ambos políticos. Buzarquis había tratado al jefe comunal de ladrón y le exigió su renuncia tras permanecer encadenado desde el lunes frente a la Municipalidad de Asunción, como medida de protesta. Ante la acusación por tráfico de influencias, el parlamentario se defendió argumentando que lo hizo en el marco del derecho constitucional de peticionar.
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Presentarán nuevas demandas contra el rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs
Más de cien personas planean presentar nuevas demandas contra el rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs por abuso sexual y explotación, dijo este martes Tony Buzbee, abogado a cargo de estos procesos legales.
“Este es un asunto importante”, dijo Buzbee en rueda de prensa. “No dejaremos piedras sin remover hasta encontrar a todas las partes potencialmente responsables”, agregó.
El anuncio de estas nuevas demandas, algunas de las cuales incluyen supuestas violaciones de menores, es el episodio más reciente del drama legal que atraviesa el rapero de 54 años, quien fue detenido el 16 de septiembre bajo cargos de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución.
Combs, a quien le negaron la libertad bajo fianza, aguarda en prisión el juicio en la esfera federal. Los fiscales estadounidenses lo acusan de ser el jefe de una empresa criminal que obligaba a mujeres a tener relaciones sexuales bajo amenaza de violencia, de inseguridad económica o de arruinar su reputación.
El músico se declaró no culpable de los cargos. Buzbee afirmó que entre su estudio de abogacía con sede en Texas y la también firma legal AVA Law Group representan a un total de 120 personas, de las cuales 25 eran menores de edad durante los supuestos incidentes.
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“Modus operandi”
Los casos provienen de diferentes estados, dijo el abogado, y varios de ellos relatan agresiones durante fiestas promovidas por Combs en las cuales las personas eran obligadas a beber para permanecer. “Diré que en 90% de los casos, estos individuos fueron drogados con algún tipo de sustancia, era un tipo de modus operandi”.
Otros casos se refieren a abusos cometidos bajo la promesa de un contrato o un camino al estrellato. Sin nombrar a las supuestas víctimas, Buzbee listó casos como el de un niño de 9 años que fue a una audición en el estudio de Combs, Bad Boy Records, en Nueva York.
“Todos (en la audición) estaban tratando de obtener un contrato. Todos eran menores de edad. Este individuo fue presuntamente abusado sexualmente por Sean Combs y otras personas en el estudio bajo la promesa a sus padres y a él de que obtendría un acuerdo para grabar”, relató Buzbee.
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Analizan otras denuncias
Los abogados divulgaron una línea telefónica para recibir denuncias y en diez días más de 3.000 personas entraron en contacto, dijo Buzbee. “Tras investigar, estamos representando a 120 personas”, comentó.
Los abogados analizan otras cien denuncias, agregó Andrew Van Arsdale, del AVA Law Group. También conocido como Puff Daddy o P. Diddy, Combs llegó a la cima de la escena del hip-hop en Estados Unidos en los años 1990.
Oriundo de Harlem, Nueva York, fundó en 1993 el estudio Bad Boy Entertainment, que se convertiría en una de las firmas de hip-hop y R&B más exitosas de la época.
Varias acusaciones en cortes civiles comenzaron a surgir contra Combs desde el año pasado, cuando la cantante Cassie (Cassandra Ventura), quien mantuvo una relación romántica con el músico, dijo que la sometió durante más de una década a abusos bajo violencia física y drogas.
En mayo salió a la luz un vídeo de una cámara de seguridad de un hotel en el que se veía a Combs agrediendo físicamente a Ventura, corroborando sus acusaciones. Las partes llegaron a un acuerdo judicial, pero le siguieron nuevas acusaciones similares.
Tras su detención, dijo Buzbee, “las compuertas se abrieron, y personas que, de otro modo y por diversas razones no lo habrían hecho, están dando un paso al frente”.
Fuente: AFP