“Te extraño, Fer. No sé qué hacer sin vos”, escribió la paraguaya Graciela Sosa en una historia de Instagram a más de 30 días de la condena de los ocho rugbiers, responsables del crimen de su hijo Fernando Báez Sosa. El mensaje fue acompañado de emoticones de llanto.
El escrito de la compatriota se acompañó con un clip donde se encontraba bailando con Fernando, el audiovisual se registró en la última fiesta de fin de año de Báez Sosa. El joven de 18 años perdió la vida en enero del 2020 en Villa Gesell, Argentina.
La melancolía de la paraguaya se arrastra desde este 2 de marzo, ya que era la fecha de cumpleaños de su hijo. Por lo mismo, ese día Graciela compartió la imagen de Fernando junto a un emotivo mensaje: “Hoy cumplirías 22 años. Un beso hasta el cielo. Te extraño mi amor”, el escrito lo acompañó con la canción “Si no te hubieras ido” de Marco Antonio Solís.
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El hijo de paraguayos falleció en la madrugada del 18 de enero del 2020, a las afueras de un centro nocturno a manos de 8 rugbiers. Báez Sosa fue brutalmente golpeado hasta ocasionar su deceso en el centro de Villa Gesell.
Fue el pasado 6 de febrero que los culpables fueron condenados. Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (23), Matías Benicelli (23) y Luciano (21) y Ciro Pertossi (22) fueron condenados a prisión perpetua. Mientras que Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (24) fueron condenados a 15 años de prisión como partícipes secundarios del homicidio.
El abogado del crimen de Báez Sosa, Fernando Burlando apeló por los tres jóvenes que recibieron 15 años de condena. Puesto que el letrado afirma que hubo una errónea aplicación del artículo 46 del Código Penal argentino. “Se requiere se case la sentencia y se condene a Blas Cinalli, Lucas Fidel Pertossi y Ayrton Michael Viollaz a la pena de prisión perpetua”, indica la apelación de Burlando.
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Descartan asalto en crimen a tiros de un capataz en Horqueta
Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional se encuentran investigando el asesinato de un hombre, cuyo cuerpo fue hallado en un campo comunal en la ciudad de Horqueta, en el departamento de Concepción. El hombre se desempeñaba en el lugar como capataz.
El hombre fue identificado como Sebastián Benítez Pérez, de 36 años, quien llevaba trabajando en el lugar más de 10 años. Su cuerpo fue encontrado al costado de su motocicleta, a metros de uno de los portones de acceso al campo que cuidaba, lo que hace presumir a los intervinientes que habría sido emboscado al bajar de su motocicleta.
“El cuerpo presenta dos disparos de escopeta calibre 12, y fueron encontradas todas sus pertenencias con el mismo, por lo que se descarta que sea un hecho de asalto“, comentó el comisario Gerardo Duarte, subjefe del Departamento de Investigaciones, al corresponsal de Nación Media, Ángel Flecha.
“Conversamos con los vecinos de la zona y nadie logró ver nada, ya que habría sido en horas de la madrugada cuando el hombre llegaba para empezar su jornada laboral. Pudimos conversar con su esposa, que brindó algunas informaciones”, agregó el jefe policial.
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Duarte precisó que no se descarta que los autores del asesinato estén ligados con algún grupo criminal, ya que es una zona de influencia de varios de ellos, por lo que también el celular de la víctima será sometido a peritaje.
En cuanto a la comunidad donde se encontró el cuerpo, el interviniente resaltó que no es normal que se den este tipo de hechos, ya que habitan varias familias que se dedican en gran medida a agricultura y ganadería, y los hechos de violencia no son comunes entre los habitantes.
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Crimen de hombre en Itapúa apunta a un ajuste de cuentas
Para el fiscal Ever García la hipótesis sobre el asesinato de un hombre, identificado como José Telfo Sotelo Vera, con frondosos antecedentes, en Itapúa es un ajuste de cuentas de parte del mismo grupo delincuencial con el que trabajaba. El supuesto autor tendría 21 años y desde que es menor de edad está en la delincuencia, por lo que también es considerada una persona peligrosa.
“José Sotelo era una persona con varios antecedentes. Por lo menos, desde que yo estoy en esta zona tuve dos antecedentes de robo agravado y de coacción grave con él”, señaló el agente del Ministerio Público a la 1080 AM.
Calificó de “persona bastante conflictiva” al fallecido, quien se dedicaba a cosas al margen de la ley, de la que finalmente fue víctima. “Para nosotros por lo menos no sería un hecho de sicariato, sino más bien de un ajuste de cuentas. Porque la persona sospechosa que nosotros manejamos es de su misma banda, tuvo un altercado con él seguramente por algunos motivos. Entonces, descartamos un hecho de sicariato”, afirmó.
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Más de una persona involucrada
Según las primeras investigaciones, se presume que más de una persona estuvo involucrada en el homicidio porque se utilizaron más de un arma de fuego y se efectuaron 30 disparos.
“La descripción de las heridas del médico forense indican que recibió 30 impactos de bala, porque son alrededor de 30 las heridas, entre orificios de entrada y algunos de salida, refilones y demás cosas”, refirió.
Confirmó que las heridas se dieron en la zona del abdomen, el rostro y el pecho. “El brazo también tiene una fractura expuesta y en el rostro también, que quedó casi desfigurado”, detalló.
El fiscal aclaró que no hay imágenes del ataque ocurrido el día de ayer miércoles, en el distrito de San Pedro del Paraná, en el departamento de Itapúa. “No existen imágenes hasta el momento porque es una zona rural, aunque es más o menos distante a 150 metros del asfalto, que es la ruta Epifanio Méndez Fleitas. Es una zona rural boscosa”, manifestó.
El problema que el hombre tuvo con su rival data de un año y estaría relacionado con el pago por los “trabajos” realizados juntos, que finalmente desencadenó el hecho de ajuste de cuentas. “El sospechoso es mucho más peligroso todavía. Entonces, es un poco complicado porque el supuesto autor tendría entre 20 y 21 años y desde que es menor de edad estuvo en la delincuencia”, sostuvo.
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Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión
La justicia de Estados Unidos sentenció este miércoles al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión, tras haber sido hallado culpable de tráfico de drogas y armas el pasado 8 de marzo. En una audiencia en Nueva York, el juez Kevin Castel condenó a Hernández, de 55 años -que fue presidente en dos mandatos consecutivos de 2014 a 2022-, a una multa de 8 millones de dólares y a 5 años de libertad vigilada cuando cumpla su condena.
La pena es un poco superior al mínimo estipulado -40 años por los tres cargos- pero inferior a la cadena perpetua que solicitó la fiscalía. “El papel de Juan Orlando Hernández fue utilizar su poder político como presidente del Congreso y como presidente de Honduras para limitar el riesgo de los narcotraficantes a cambio de dinero”, afirmó el juez al leer la sentencia.
“Nadie está por encima de la ley, tampoco los presidentes”, dijo por su parte el fiscal Jacob Gutwilling. “Soy inocente y fui acusado de forma injusta e indebida”, dijo por su parte el exmandatario, que llegó a la sala de audiencias caminando con un bastón debido a un accidente jugando fútbol, según su abogado.
Hernández escuchó de pie la sentencia del juez Castel, que fue muy duro en su argumentación, en una sala abarrotada de hondureños que se acercaron al tribunal del distrito sur de Manhattan para asistir a este día histórico. Su abogado defensor Renato Stabile anunció al término de la audiencia que apelará la sentencia con el fin último de “anular la condena” y “celebrar un nuevo juicio”, como había reclamado infructuosamente hasta ahora.
“Mal sabor de boca”
Para la activista hondureña de derechos humanos Lida Perdomo, la sentencia deja “un mal sabor de boca”, ya que considera que es “poca” para este político “peligroso”, cuyas “estructuras criminales, tanto dentro del poder judicial, de la policía y los militares siguen bastante vivas” en el país. Esperaba que le impusieran al menos dos cadenas perpetuas.
En su turno de palabra, Hernández arremetió contra la “justicia selectiva de los fiscales” que basó su acusación “en testimonios” de narcotraficantes interesados en obtener a cambio beneficios para su situación carcelaria y no presentaron “ninguna evidencia”. “Apelo al sentido común: ellos (los narcotraficantes) que testificaron en el juicio van a salir libres y yo preso de por vida”, dijo tras señalar que eso socava “la credibilidad del sistema judicial” estadounidense.
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“400 toneladas de cocaína”
Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), Hernández llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. La fiscalía acusó a Hernández de crear un “narco-estado” y de convertir a Honduras en una “súper autopista” por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia.
Entre 2004 y 2022 -desde sus cargos de diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red que envió más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con un valor en el mercado local de 10.000 millones de dólares, recordó Gutwilling. A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tres meses después de entregar la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, Hernández habría sido el autor de la famosa frase: “Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta”, según un testigo en un juicio. Otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de éste, Geovany Fuentes, ya fueron condenados a cadena perpetua.
También en la misma causa, el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como “El Tigre”, y el policía Mauricio Hernández Pineda, se declararon culpables de narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo de la justicia con el exmandatario. Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.
Fuente: AFP.
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Caaguazú: condenaron a un hombre por explotación clandestina de juegos de azar
Un tribunal colegiado del departamento de Caaguazú condenó esta semana a un hombre por la explotación de juegos de azar en forma clandestina. Se trata de la primera condena por este delito y la sentencia definitiva indica que debe cumplir pena privativa de libertad por un periodo de un año y medio.
La denuncia fue realizada en el año 2018 y fue cotejada por un funcionario de la Conajzar, quien comprobó que el acusado Diego Amarilla Lugo realizaba la explotación comercial de juegos de azar en la modalidad rifas sin la aprobación de la municipal respectiva. En este caso, el hombre vendía rifas en la capital del citado departamento violando la Ley 16/97.
“En este caso estamos hablando de que este hombre vendía rifas comerciales para generar ganancias. Diego Amarilla tenía más de 30 personas que eran corredores que vendían las rifas, la novedad es que no tenía permiso del lugar donde estaba desarrollando esta actividad”, explicó Carlos Liseras, titular de la Conajzar, en entrevista con “Show de Noticias” de canal GEN/Nación Media.
Confirmó que estas personas salían a las calles y vendían rifas denominadas “Pukavy”, que supuestamente era sorteada al finalizar el día, pero nunca se tuvo la certeza si realmente había ganadores. “No sabemos si entregaba o no los premios respectivos y no sabemos cuándo inició esta actividad. Lo que sabemos es que tenía una estructura bien formada para engañar a los apostadores”, señaló.
Liseras apuntó que desde la institución tomaron conocimiento sobre el caso luego de que recibieron denuncias sobre la actividad que realizaba el hombre. “Cuando las rifas se realizan en el ejido de un municipio la autoridad competente para expedir la autorización son las comunales. Si es de tirada nacional necesariamente necesita permiso de la Conajzar”, aclaró.
Habló de la Ley 4716/2012 que establece una pena privativa de hasta cinco años de cárcel para las personas que se dedican a explotar clandestinamente los juegos de azar. “La actividad clandestina es aquella realizada por inescrupulosos que no tienen el permiso de la autoridad competente. Se tienen juegos clandestinos en todo el país como las tragamonedas que afecta a todo el país”, sentenció.
Afirmó que en el caso de las tragamonedas que se instalan de forma ilegal en negocios afectan seriamente la salud de los niños y adolescentes que tienen acceso a las mismas. “Ya solicitamos a los intendentes en forma imperiosa y urgente que realicen las incautaciones, porque son un daño tremendo a los menores de edad y los convierte en jugadores compulsivos”, puntualizó.
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