El afamado productor argentino, Bizarrap, se suma al pedido de justicia por el caso de Fernando Báez. Este miércoles pasado finalizó la octava jornada de la audiencia sobre el asesinato del joven por parte de rugbistas en el año 2020. En consecuencia, BZRP en medio de la promoción de su nueva music sessions con Shakira aprovechó la atención de su público para levantar la voz por Baéz.
Este miércoles último, el productor argentino estrenó su sessions número 53 en colaboración con la cantante colombiana Shakira, por lo mismo las redes del artista de 24 años se encontraban colmadas de la promoción a la canción que aparentemente es una “tiradera” para Gerard Piqué, la expareja de la colombiana.
Por lo que los fanáticos de BZRP no esperaban una publicación diferente, como la que brindó al caso de Fernando Báez este jueves en horas de la mañana. El productor compartió por una historia de un relato en primera persona de cómo murió Báez, esta publicación lo acompañó el hashtag Justicia por Fernando.
De esta manera el artista del vecino país da visibilidad al caso que sigue en juicio y se suma a los otros famosos argentinos que han empleado sus redes para pedir justicia para Báez.
El crimen ocurrió hace 3 años en Villa Gesell y son ocho los imputados del caso. Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Luciano Pertossi. Más de 500 mil firmas se juntaron pidiendo a la justicia argentina cadena perpetua para los responsables.
Fernando Báez fue hijo de padres paraguayos, murió a los 18 años, a causa de múltiples golpes luego de ir a una discoteca. Los responsables incluso grabaron el hecho y al finalizar su ataque contra el joven, se retiraron a comer hamburguesas en la madrugada del 18 de enero del 2020.
Dejanos tu comentario
Bolsonaro sube al estrado acusado de intento de golpe de Estado
- Brasilia, Brasil. AFP.
El expresidente Jair Bolsonaro comparecerá desde este lunes por primera vez ante la corte suprema de Brasil para ser interrogado bajo la acusación de haber intentado un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota electoral frente a Lula en 2022.
La fiscalía acusó en febrero al ultraderechista, de 70 años, que gobernó Brasil de 2019 a 2022, de liderar una “organización criminal” para desconocer los resultados de los comicios e impedir la toma de posesión del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
La conjura habría fracasado por falta de apoyo de altos mandos militares, pero Bolsonaro y otros siete excolaboradores podrían enfrentar una pena de unos 40 años de cárcel si son condenados por los crímenes de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de golpe de Estado.
El líder de la derecha y extrema derecha brasileñas insiste en su regreso político a pesar de estar inhabilitado para las elecciones de 2026 y niega las acusaciones, declarándose un perseguido de la justicia.
Lea más: Interceptan barco de Greta Thunberg e instan a los pasajeros a regresar
“Aclarar lo que ocurrió”
Aunque tiene derecho a quedarse callado, Bolsonaro dijo la semana pasada a periodistas que responderá “sin ningún problema” a los cuestionamientos de la corte.
“Es una excelente idea que hablemos en vivo sobre golpe de Estado, estoy muy feliz de tener la oportunidad de aclarar lo que ocurrió”, afirmó el jueves el excapitán del Ejército.
Al día siguiente, ante un grupo de mujeres de su conservador Partido Liberal mostró un tono conciliador, señalando que comparecerá ante los jueces “sin querer desafiar a nadie”. “Es la hora de la verdad”, apuntó.
Cara a cara con Moraes
Los interrogatorios tendrán lugar en la sede del Supremo Tribunal Federal en Brasilia, uno de los edificios depredados por seguidores bolsonaristas en enero de 2023 para pedir a los militares que derrocaran a Lula, hechos que la fiscalía también vincula al expresidente.
Serán transmitidos en vivo y podrían extenderse toda la semana. Bolsonaro es el sexto en el orden dispuesto por el tribunal, por lo que es probable que su testimonio ocurra el martes o miércoles. Para el expresidente será un reencuentro con exaliados y enemigos jurados.
A su lado estarán los siete coacusados también llamados a declarar, incluyendo Mauro Cid, su exedecán y mano derecha, convertido para el bolsonarismo en traidor por haber colaborado con la fiscalía a cambio de una eventual reducción de sentencia.
El testimonio del teniente coronel permitió a la policía identificar a los distintos actores de la trama golpista y sus comprometedores intercambios de información, según la investigación.
En el banquillo, también se sentarán cuatro exministros y los exjefes de la Marina y de la agencia brasileña de inteligencia.
El interrogatorio será escenario además de un esperado cara a cara entre Bolsonaro y el emblemático juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, a quien el expresidente tacha de “dictador”. Moraes, así como la fiscalía y las defensas, podrán cuestionar a los acusados.
Lea también: Gobierno de Colombia alista nueva comisión de seguridad electoral tras ataque a Uribe
“Historia” en proceso
El proceso judicial ha avanzado con mayor rapidez que el promedio de casos penales en Brasil, según Rogerio Taffarello, experto en derecho penal de la Fundación Getulio Vargas.
Pero la corte suprema aún podría escuchar nuevos testigos, además de los argumentos finales de las partes, antes de que los magistrados empiecen la votación para una eventual condena.
Debido a que el supuesto complot fue ideado durante largo tiempo y algunos crímenes imputados -como abolición violenta del Estado democrático- son nuevos en el estamento brasileño, se espera “una discusión jurídica extremadamente compleja”, dijo Taffarello a la AFP.
Bolsonaro pasó el fin de semana con sus abogados para preparar su testimonio, alojado en la residencia oficial de su aliado y gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, según medios locales.
En una fase previa en que la corte escuchó a medio centenar de testigos, Freitas, que fue ministro de Infraestructura de Bolsonaro, salió en su defensa, afirmando que “nunca” oyó al ultraderechista referirse a un plan golpista.
Pero dos excomandantes de las fuerzas armadas confirmaron que Bolsonaro les presentó la posibilidad de eventualmente decretar un estado de “defensa o de sitio” para anular las elecciones y mantenerse en el poder.
El plan golpista contemplaba incluso el asesinato de Lula y del juez Moraes, según la fiscalía. “La historia de Brasil se estará escribiendo” durante el juicio, el primero por una tentativa de golpe bajo un régimen democrático en el país, dijo a la AFP Marcio Coimbra, director del “think tank” Casa Política.
Dejanos tu comentario
Policía interroga a Bolsonaro sobre su hijo días antes de tener que declarar por su caso de golpismo
La policía de Brasil interrogó este jueves a Jair Bolsonaro sobre uno de sus hijos investigado por posible obstrucción a la justicia, mientras el expresidente se prepara para responder desde el lunes en un juicio por presunto golpismo ante la corte suprema.
El exmandatario de extrema derecha (2019-2022) declaró en Brasilia sobre supuestas gestiones del diputado Eduardo Bolsonaro para lograr sanciones del gobierno de Estados Unidos contra autoridades judiciales brasileñas, a las que acusa de “perseguir” a su padre.
La corte ordenó la semana pasada investigar si el tercero de los cinco hijos de Bolsonaro busca entorpecer el juicio en curso contra el expresidente y excolaboradores suyos por un intento fallido de golpe de Estado en 2022.
La fiscalía acusó a Jair Bolsonaro, de 70 años, de buscar el apoyo de las fuerzas armadas para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva luego de que lo derrotara en las elecciones de ese año.
De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 40 años de cárcel.
Tras declarar ante la policía, Bolsonaro dijo este jueves a periodistas que la próxima semana responderá “sin ningún problema” a las preguntas ante la corte por la supuesta trama golpista.
“Es una excelente idea que hablemos en vivo sobre golpe de Estado, estoy muy feliz de tener la oportunidad de aclarar lo que ocurrió”, afirmó el capitán retirado del Ejército.
Reconoció además que transfirió “dinero legal, limpio” por la suma de dos millones de reales (unos 358 mil dólares) a su hijo, quien se mudó a Washington en febrero bajo el argumento de que la justicia brasileña intentaría prohibirle salir del país.
“El financiamiento de mi hijo no es para ningún acto ilegal”, afirmó, y defendió que Eduardo Bolsonaro trabaja “por la democracia en Brasil”.
Amenaza
La corte suprema accedió la semana pasada a un pedido de la fiscalía para investigar al hijo de Bolsonaro, quien también fue llamado a declarar pero no concurrió, por “coacción” y obstrucción al juicio contra su padre.
Desde Washington, Eduardo Bolsonaro “amenaza” a fiscales, policías y jueces, según la fiscalía.
El diputado ha solicitado sanciones para funcionarios brasileños como el retiro de visa para Estados Unidos, el bloqueo de bienes y la prohibición de establecer relaciones comerciales con cualquier estadounidense.
También publicó mensajes con “un manifiesto tono intimidatorio”, contra “agentes públicos” y “los jueces del proceso penal” que enfrenta a su padre, según la fiscalía.
El activismo de Eduardo Bolsonaro ha tenido eco en el partido republicano y el gobierno de Donald Trump.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó en mayo que había una “gran posibilidad” de que Washington sancionara al juez supremo brasileño Alexandre de Moraes por una supuesta “censura” y “persecución política” contra la derecha brasileña.
Moraes es relator del juicio contra Bolsonaro, a quien interrogará a partir del lunes. Además es responsable de la investigación sobre su hijo.
Tras las declaraciones de Rubio, el presidente Lula salió en defensa del magistrado.
“¿Qué historia es esa de que Estados Unidos quiera criticar algo de la justicia brasileña?”, dijo el domingo, y repudió que el gobierno de Trump “quiera procesar a Alexandre de Moraes”.
Bolsonaro está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación, pero se mantiene como líder de la derecha e insiste en que quiere ser candidato en las presidenciales de 2026, a las que Lula también podría presentarse.
Eduardo aparece entre los nombres barajados en sondeos de opinión para reemplazar a su padre si él no concurriera a las urnas.
Fuente: AFP
Dejanos tu comentario
Brasil: corte suprema retoma juicio sobre regulación de redes sociales
- Brasilia, Brasil. AFP.
La corte suprema de Brasil retomó este miércoles pasado un juicio que debe decidir sobre la regulación de las redes sociales, en un proceso pionero en América Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de noticias falsas y discursos de odio. Tras varios meses de pausa, la corte vuelve a analizar varios casos referidos a las reglas para las plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.
El proceso ocurre en paralelo a un juicio en la corte al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y varios excolaboradores, por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. Según la fiscalía, los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y justificar sus acciones.
El debate sobre las redes sociales en el máximo tribunal debe definir de qué manera las plataformas pueden recibir sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios. Otro punto clave es si las empresas tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial como dicta el marco regulatorio actual.
Lea más: EE. UU. restringe entrada a 19 países, incluidos Cuba y Venezuela
“Nada que ver con censura”
Ocho de once magistrados aún deben votar sobre la constitucionalidad de un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas solo son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar dichos contenidos.
Los tres que ya lo hicieron, entre ellos el presidente de la corte, Luis Roberto Barroso, se pronunciaron por una mayor responsabilización de esas empresas. “Establecer los criterios que regirán los casos que llegan al poder judicial es nuestro deber (...) y no tiene nada que ver con censura. Estamos hablando de responsabilidad civil”, resumió el miércoles Barroso al abrir la sesión.
Aunque se analizan casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.
Uno de los casos bajo análisis se originó por una apelación de Facebook contra un fallo que obligó a la compañía a indemnizar a una mujer que descubrió un perfil falso con su nombre e imagen para divulgar material ofensivo.
El magistrado Luiz Fux argumentó en su voto que en casos de incitación al odio o a la violencia, racismo, pederastia y apología de golpe de Estado, las plataformas deberían “supervisar activamente” y eliminar el contenido de inmediato, sin necesidad de orden judicial.
El bolsonarismo se ha mostrado crítico con ese proceso. Existe “preocupación ante la posibilidad de que el poder judicial imponga, de forma unilateral, restricciones severas a la libertad digital en Brasil”, señaló la semana pasada en una nota la bancada bolsonarista en la Cámara de Diputados. El sensible debate ante el supremo no tiene fecha de finalización.
Lea también: Fuerzas israelíes recuperan los cadáveres de dos rehenes en Gaza
Acelerar la regulación
La potencia sudamericana ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando otro de los jueces de la corte suprema, Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación.
El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, ignoró los pedidos de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro, en medio de un pulso con Moraes sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas a la democracia. Después de 40 días suspendida, Musk cedió y X volvió a funcionar normalmente en Brasil.
El gobierno estadounidense de Donald Trump estudia actualmente posibles sanciones contra Moraes, luego de que el entorno de Bolsonaro lo acusara de “perseguir” al exmandatario (2019-2022). Por su parte, el presidente Lula abogó el martes por “acelerar la reglamentación” de las plataformas. “No es posible que un tipo intente dar un golpe de Estado (...) y diga que eso es libertad de expresión”, dijo en rueda de prensa el izquierdista, en alusión a Bolsonaro.
Dejanos tu comentario
México: tres detenidos por secuestro y asesinato de músicos
- México. AFP.
Tres personas fueron detenidas en el norteño estado mexicano de Tamaulipas como sospechosos por la muerte de cinco hombres pertenecientes a un grupo musical, informaron autoridades este lunes pasado. Tamaulipas, limítrofe con Estados Unidos, es una región azotada por la violencia ligada a bandas del crimen organizado, que se disputan lucrativas rutas de tráfico de drogas.
Según la fiscalía, los cinco hombres del grupo de música Fugitivo fueron secuestrados la noche del domingo 25 de mayo cuando se dirigían a un concierto en una camioneta. Sus cadáveres fueron hallados en un predio de la ciudad de Reynosa el pasado jueves. “Se realizó un despliegue en tres predios en el municipio de Reynosa, donde se detuvo a Santos ‘N’, Raúl ‘N’ y Jesús Alejandro ‘N’”, quienes estarían relacionados con el crimen, dijo en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública.
La dependencia añadió que a estas personas les hallaron además armas largas, cartuchos, así como cocaína, metanfetamina y marihuana. Por años, músicos mexicanos del género regional han sido blanco de amenazas y agresiones por grupos del crimen organizado, que les pagan por componer e interpretar “narcocorridos” que exalten a sus líderes.
Esas composiciones establecen una forzada lealtad con las mafias que las solicitan y detonan la ojeriza de los cárteles rivales. En Tamaulipas opera el Cártel del Golfo, al que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump nombró “organización terrorista”. Nueve presuntos miembros de ese grupo ya habían sido detenidos como presuntos responsables del crimen.
En 2013, en el estado de Nuevo León (noreste), 17 músicos del grupo Kombo Kolombia fueron ejecutados por miembros del cártel de Sinaloa, quienes habrían castigado así su supuesto vínculo con una banda rival. En 2008, cuatro integrantes del grupo Herederos de Sinaloa fueron asesinados en Culiacán.
Lea también: Historiador nacionalista vence en el balotaje presidencial de Polonia
Otros casos sonados fueron los del cantante Valentín Elizalde, asesinado también en Reynosa cuando salía de una presentación en 2006, y el de Sergio Gómez, vocalista del grupo K-Paz de la Sierra, abatido en Michoacán (oeste) en 2007.
Entre 2006 y 2013, unos cincuenta músicos de narcocorridos habían sido ultimados en México. Pese a estos crímenes, el género mantiene gran popularidad, lo que impulsó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a lanzar en abril un concurso binacional de música “por la paz y contra las adicciones”, que busca contrarrestar su auge entre jóvenes de México y Estados Unidos.