Fans de Tini especulan que “Andrea Refrigerio” sería Camila Homs
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Un capítulo más del drama de Camila Homs, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, pero esta vez por culpa de un hilo de Twitter y la cuenta “Andrea Refrigerio”. Una usuaria de Twitter expuso que la expareja de Rodrigo compartía supuestamente mensajes de odio en contra de Tini bajo un perfil falso.
La cuenta para hostigar a la cantante se encontraba activa en Twitter y Instagram. Fue el perfil @moskigna quien publicó el hilo que expone a Homs, indicando que la modelo creó el perfil @familia_1ro que acompaña el nombre de Andrea Refrigerio, donde se compartían fotos de los hijos de Paul y Camila para atacar a Tini.
Este usuario era conocido por difundir mensajes en contra de la cantante, tanto en los comentarios de las publicaciones de Tini, como en los perfiles de fans. Fue así que una fan de Tini decidió averiguar más sobre la cuenta de Andrea Refrigerio, dando con particularidades “extrañas” como el número de recuperación de la cuenta coincide con los números de recuperación del perfil autenticado de Homs.
La cuenta de odio contra Stoessel hablaba mal de cuerpo de la cantante y de su color de piel, siendo incluso racista. “Tu ídola es 1 cachivache. Tiene menos carne que la canasta básica del gobierno. Solo Camila pudo darle hijos y se los dio rubios y de ojos celestes. Cuando la Triple P tenga hijos, si nacen vivos, serán morochos”, escribió Andrea Refrigerio.
En el supuesto perfil falso incluso se comentaba las publicaciones del perfil oficial de Instagram de la modelo y donde “Andrea” agradecía los halagos, dando a entender que supuestamente Camila se equivocaba de perfil para responder. Por otra parte, días atrás la expareja del jugador fue hackeada de su cuenta de Twitter, donde se publicaron múltiples tuits negativos contra De Paul y Tini.
Mafia de los pagarés: ratifican imputación contra jueza de paz suspendida, Analía Cibils
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La Cámara de Apelación integrada por los jueces Arnulfo Arias, Andrea Vera y Silvana Luraghi ratificó la admisión de la imputación contra la jueza de paz, Analía Cibils, imputada por prevaricato por el caso conocido como la mafia de pagarés. Días atrás, el juez Rodrigo Estigarribia había admitido la imputación contra la magistrada suspendida en sus funciones.
De acuerdo al acta de imputación del Ministerio Público, la citada magistrada en más de 237 expedientes, entre el 2023 y 2024, habría dictado resoluciones judiciales violando el principio de igualdad que debe regir sus actuaciones.
La magistrada habría tenido conocimiento, consentido y acordado que los expedientes y las actuaciones obrantes en los mismos, fueron elaborados por los abogados demandantes, representantes de firmas de cobranzas.
Extracción de datos
Los jueces de Delitos Económicos, Humberto Otazú y Rodrigo Estigarribia, autorizaron al Ministerio Público la extracción de los datos de los teléfonos celulares de los enjuiciados y suspendidos jueces de paz Carmen Analía Cibils, Nathalia Garcete y Gustavo Villalba, a más de la ex jueza Liliana González de Bristot, imputados por el caso conocido como la mafia de los pagarés.
Los fiscales Jorge Arce, Leonardi Guerrero y Belinda Bobadilla, fueron los que solicitaron extraer datos de los celulares de los citados magistrados imputados. El juez Humberto Otazú dispuso la extracción de los elementos guardados en los celulares de los jueces de paz de La Catedral, del Primer Turno, Nathalia Garcete, y del Segundo Turno, Gustavo Villalba, a más de la exjueza de paz de San Roque, Liliana González de Bristot.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social rescindió años atrás el contrato con Imedic S.A quien no cumplió el contrato de proveer insumos durante la pandemia del Covid-19. Foto: Archivo
Rechazan demanda de Imedic S.A, que pretendía cobrar al Ministerio de Salud más de G. 47 mil millones
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El Tribunal de Cuentas, primera sala de la Capital, integrado por los camaritas Gonzalo Sosa Nicoli, Edward Vittone, y Stella Mary Zárate, rechazó la demanda que presentó la firma Imedic S.A (Insumos Médicos) contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que rescindió el contrato con la mencionada empresa por no cumplir con el contrato de proveer insumos durante la pandemia del Covid-19.
Con el rechazo de la demanda administrativa, el Estado Paraguayo se salva de pagar la multimillonaria suma de G.47.000 millones, monto que reclamaba la empresa cuyo presidente es Justo Ferreira condenado a 3 años de prisión luego de ser encontrado culpable por el delito de contrabando debido al ingreso irregular de 50 camas hospitalarias en pandemia del covid-19.
Los camaristas mencionaron en su resolución que las normas aplicables y las argumentaciones vertidas en los actos administrativos llevados a cabo por el Ministerio de Salud constatan que se ha obrado correctamente y no se constata ninguna vulneración de derecho alguno, indica el fallo judicial administrativo.
Rescisión de contrato
El abogado Omar Gustavo Valdez Alcaraz, en representación del Ministerio de Salud, contestó la demanda presentada por la firma Imedic S.A y pidió que la acción administrativa sea rechazada.
De acuerdo al escrito de contestación de la demanda refiere que el procedimiento de rescisión de contrato N° 197/2020 se inició mediante resolución N° 317/2020 a raíz del incumplimiento contractual constatado y comunicado por Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.
Igualmente refiere que, mediante actas de verificación se detectaron incongruencias entre los bienes ofertados y adjudicados, y los efectivamente entregados por la empresa, situación reconocida en presencia de la autoridad de la empresa Imedic.
Señala también que la empresa no acreditó válidamente el supuesto caso de fuerza mayor que le ha imposibilitado cumplir con el contrato ya que la situación de la pandemia era plenamente conocida al momento de ofertar los insumos por lo que no es valida la argumentación de la firma Imedic S.A.
La funcionaria de INTN, Lourdes Sosa presentó querella adhesiva contra su agresor Walter Acosta, quien la agredió durante una inspección técnica en una estación de servicios en Tavapy. Foto: Captura
Funcionaria del INTN que fue abofeteada por abogado presentó querella
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Los abogados Carlos Daniel Alarcón, y Karina Almeida Marcelo Riveros, en representación de Lourdes Sosa Cuevas, funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología de Normalización y Metrología (INTN) presentó querella adhesiva por los delitos de resistencia, coacción y coacción grave contra el abogado Walter Ramón Acosta, quien agredió brutalmente a la mujer.
La presentación se hizo ante el juzgado penal de garantía de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, que deberá admitir la querella adhesiva presentada por la víctima del grave hecho. Una vez admitida la querella, la víctima podrá proponer diligencias investigativas en el presente caso.
Acosta está imputado por resistencia, coacción y coacción grave luego de la agresión a la funcionaria de la INTN Lourdes Sosa. El hecho se había registrado hace dos semanas en una estación de servicios, ubicada en la localidad de Tavapy, departamento de Alto Paraná. La fiscala Rocío Celeste González había imputado al agresor, quien se mantuvo prófugo de la justicia hasta que un tribunal de apelación, integrado por Efrén Giménez, Raúl Insaurralde, y Marta Acosta, eximió de prisión al abogado Acosta, fallo judicial que fue sumamente criticado por la sociedad y diversos sectores políticos.
Igualmente, el Senado decidió hoy miércoles presentar una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra de los camaristas mencionados porlevantar la orden de captura del abogado Acosta.
Ministro pidió investigar
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Santander pidió al presidente de la Corte César Diesel y a los demás integrantes del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial que inicie un sumario contra el abogado Walter Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia.
El exdiputado Orlando Arévalo amplió su denuncia contra el actual juez Osmar Legal por los delitos de quebrantamiento de depósito, denuncia falsa. Inicialmente el magistrado fue denunciado por los hechos punibles de prevaricato, frustración de la persecución y ejecución penal.
De acuerdo al escrito del exparlamentario “las evidencias expuestas públicamente sugieren que se habría conformado una estructura delictiva, integrada por Osmar David Legal Troche, juez penal especializado contra el Crimen Organizado, a los efectos de destruir, ocultar y/o invalidar medios probatorios que guardarían relación con hechos de relevancia penal, ello, con el objeto de evitar la apertura de causas penales, frustrar la persecución penal, así como también, a los efectos de que dichas informaciones puedan ser utilizadas selectivamente con fines extorsivos, probablemente con motivación política y/o económica”.
Igualmente, la denuncia señala que en diciembre de 2024, el juez Legal recibió los datos extraídos del celular de “Lalo” Gómez pero omitió informar a las partes y deslacró el soporte magnético sin cumplir con el procedimiento legal. Luego, examinó las conversaciones de WhatsApp para sí y ocultó información clave al presentar una denuncia ante el Ministerio Público el 3 de febrero de 2025, acusando a Lalo de tráfico de influencias.
El fiscal Francisco Cabrera mencionó días atrás que se está estudiando la denuncia presentada contra Legal.