La jueza penal de Garantía, Cynthia Lovera, decretó la prisión preventiva de Ángel González Guillén y Jorge Guillén Bogado, imputados por sicariato y asociación criminal, serían presuntos financistas del homicidio del Teniente Coronel, Guillermo Moral, asesinado a inicios de octubre frente a la facultad de Derecho de la UNA.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia, ante la mencionada magistrada judicial.
De acuerdo a la imputación, Guillén Bogado habría llamado a su sobrino, González Guillén, pidiéndole que realizara una transferencia de dinero a una cuenta que le proporcionaría. Este último habría acudido al domicilio de su tío y recibió al parecer la suma de G. 800.000 en efectivo, además de los datos de la cuenta a la que se debía transferir dicho monto.
Posteriormente, González Guillén contactó con un amigo, Rolando Javier Torres Rivarola, para que hiciera la transferencia, ya que Torres era conocido por realizar este tipo de transacciones. Se encontraron en una cancha de piki, donde González entregó los G. 800.000 y los datos de la cuenta.
Crimen organizado
La Policía presentó avances de las investigaciones en torno al asesinato del Teniente Coronel, Guillermo Moral, ocurrido el jueves 2 de octubre en Asunción. Se confirma el sicariato y la hipótesis apunta al crimen organizado, y ahora las pericias se centran en identificar a los mandantes del atentado.
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Milei decreta prohibición de entrada a extranjeros que expresen odio hacia Argentina
El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso o expulsar a extranjeros que expresen mensajes de odio al país, una medida que aún debe revisar el Congreso y que abre las puertas a la discrecionalidad, según expertos.
La nueva normativa publicada hacia la medianoche del miércoles prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas.
El Congreso debe avalar la validez del decreto que está vigente en tanto avance el trámite legislativo.
“El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es”, dijo a la AFP Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según el decreto presidencial, las medidas se aplicarán a quienes hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.
“Haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”, agrega.
Sin embargo “no especifica qué es un discurso de odio, cómo se van a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores de esos discursos” para aplicar las sanciones, señaló Galoppo.
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“Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios”, agregó.
La medida generó rechazo en sectores opositores. Leonel Chiarella, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), dijo en X que “el DNU del presidente es inconstitucional” y consideró que el Congreso “debe rechazarlo expresamente”.
El diputado Agustín Rossi, de bloque peronista (centroizquierda), dijo que “excusándose en la campaña antiargentina, Javier Milei avanza en su política contra los migrantes” y afirmó en X que el decreto “replica la lógica antiinmigración de (el presidente estadounidense Donald) Trump”.
Cambio de época
Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración que ha asegurado igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, así como derechos civiles que están garantizados por la Constitución.
“Da un poco de miedo, espero que esto no avance”, dice a la AFP sobre el decreto Felipe, un colombiano de 43 años que vive en Buenos Aires desde 2009. “Adoro a Argentina por todo lo que me ha dado y me sigue dando”, añade.
El presidente derechista, que buscará la reelección en las presidenciales de 2027, resolvió la medida luego de denunciar días atrás la existencia de una supuesta “campaña antiargentina”, de la que no aportó pruebas.
Milei dijo que está financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata estadounidense, en aparente referencia a críticas que se viralizaron en redes sociales al margen del Mundial de fútbol.
“Milei trata de capitalizarlo en su favor en un momento en donde las perspectivas económicas no son buenas para la mayoría de la población”, explicó a la AFP el politólogo e investigador de la Universidad de San Martín Iván Schuliaquer.
“Lo particular que tiene la derecha en Argentina es que no es nacionalista para nada. Milei se ha mostrado muy en contra de agendas nacionales, por ejemplo tratando que quitar todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y también priorizando sus viajes a Estados Unidos y a Israel más que al propio interior de Argentina”, dijo.
El decreto aclara que “en ningún caso” castigos como la expulsión del país pueden aplicarse para “aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.
Argentina atraviesa una crisis diplomática con Brasil, luego de que Milei participara en un mitin político opositor en Sao Paulo, en el cual se refirió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “ladrón” y “presidiario”.
Milei suele incluir insultos y expresiones peyorativas en sus discursos. A la prensa la llama “ensobrada” (corrupta) y a sus opositores políticos los ha calificado de “mandriles”, “inmundos” o “parásitos mentales”.
“Resulta contradictorio que el gobierno que dice que la libertad de expresión debería ser absoluta y así justifica por ejemplo los ataques vía redes sociales con insultos y amenazas, diga en este caso que hay que limitar la libertad de expresión”, dijo Schuliaquer.
- Fuente: AFP
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Caso agua tónica: ratifican prisión de extitular de Petropar del gobierno de Abdo
La Cámara de Apelación ratificó que la extitular de Petropar, Patricia Samudio, y su esposo José Costa Perdomo deben seguir presos para cumplir sus condenas de 4 años, y 3 años y 9 meses, respectivamente. La expresidente de la petrolera estatal durante el mandato de Mario Abdo Benítez fue condenada junto a esposo por lesión de confianza en el caso del negociado en la compra de agua tónica y otros insumos durante la pandemia del covid-19.
La resolución de segunda instancia indica que las medidas cautelares sustitutivas ya no resultan idóneas para garantizar el efectivo sometimiento de los condenados a la ejecución de la sentencia, teniendo en cuenta que la resolución condenatoria ya adquirió estado de ejecutoriedad. Asimismo, los camaristas señalaron que el análisis ya no se centra en los requisitos para la aplicación de la prisión preventiva, sino en los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
El tribunal también recordó que la sola presentación de una acción de inconstitucionalidad no suspende los efectos del proceso, salvo que la sala competente haya dispuesto expresamente una medida cautelar con efecto suspensivo, situación que no se da en este caso.
Condena
Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia para desviar G. 359.700.000 de Petróleos Paraguayos (Petropar) mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos. Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo mediante un proceso licitatorio direccionado.
Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., las cuales evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
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Jueza rechaza restitución internacional y niña localizada en Argentina seguirá con su madre
La jueza de la Niñez y la Adolescencia de Asunción, Natalia Ortellado, rechazó restituir a la niña de dos años —localizada en Resistencia, Argentina— a su padre, quien había iniciado un juicio de restitución internacional en el citado fuero buscando que la menor fuera trasladada a Chile. Con esta determinación judicial, la niña seguirá bajo el cuidado de su madre.
La representante legal del padre, quien hoy está imputado en nuestro país por desacato a una orden judicial y violación del deber de cuidado, puede apelar el fallo. En caso de ser así, un tribunal de apelación del fuero de la Niñez y la Adolescencia tendrá que definir si corresponde confirmar la resolución dictada en primera instancia.
Días atrás, la niña de dos años fue localizada en Resistencia, Chaco, Argentina, y su padre fue detenido en dicho país. Actualmente, la justicia paraguaya solicitó la rebeldía y la captura internacional del hombre. Ahora se tendrá que arbitrar los medios necesarios para lograr su extradición a Paraguay, donde enfrenta el proceso penal por los delitos ya mencionados.
Imputación
Según el acta de imputación, el hecho habría ocurrido el 8 de julio de 2026, cuando el ahora procesado retiró a su hija menor de edad en el marco del régimen de relacionamiento dispuesto por una resolución del juzgado de la Niñez y la Adolescencia.
Sin embargo, una vez cumplido el horario establecido para la devolución, no la restituyó a su madre y dejó de responder las llamadas y mensajes.
Posteriormente, el hombre se habría comunicado con la madre para informarle que se encontraba con la niña en la ciudad de San Bernardino, incumpliendo presuntamente el régimen judicial vigente. Con base en los elementos colectados durante la investigación, el Ministerio Público consideró que existen suficientes indicios de la participación del imputado en los hechos y presentó la imputación correspondiente.
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Hambre Cero: analizan cambios en el porcentaje de compras para productores
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, anunció que se analiza cambios en el decreto del Poder Ejecutivo del programa de alimentación escolar Hambre Cero en las escuelas. El presidente de la República, Santiago Peña, lideró la reunión del Consejo de Alimentación Escolar (Conae) ayer jueves, ocasión en la que se evaluaron las modificaciones.
El ministro detalló que se planteó que sea el 10 % del monto total de la ejecución contractual del monto contratado, es decir, sobre la ejecución presupuestaria del monto contratado. En este porcentaje se incluye a los productos de la agricultura familiar como también los procesados.
“Se mantiene el 10 % como el mínimo de las compras de la agricultura familiar y de las mipymes sobre el monto ejecutado, pero se establece que el 7 % de las compras de la agricultura familiar sea de la compra directa del productor primario, pero se diferencia que el 3 % sea de las compras de productos procesados, y esto se estaba pudiendo cargar o considerar facturas por parte de la compra de proveedores sobre productos procesados”, indicó el ministro al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Así también, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la trazabilidad de las cargas de facturas de las compras que, de acuerdo al ministro Rojas, “ya a fines del año pasado el Consejo de Gobernadores y un grupo de proveedores habían plantearon lo que es la rendición de la facturación”.
El ministro explicó que las empresas proveedoras adquieren los productos de la agricultura familiar, como leche y poroto para posteriormente procesar, y son estos productos los que serán incluidos en el 3 % como parte de las compras. “Eso fue considerado y con eso estamos evitando que haya, primero que se compre producto de mala calidad que represente el peligro para el uso en la elaboración de la comida, hablando de la inocuidad y la importancia de la calidad de la comida que se le sirve a los chicos”, mencionó.
En ese contexto, se da el 7 % de forma directa de los productos de la agricultura familiar y el 3 % va dividido, el 2 % para la leche pasteurizada, 05 % para queso pasteurizado y el 0,5 % para el poroto, estos porcentajes cierran el 10 %, de acuerdo al ministro.
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