Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una causa por delitos ambientales cometidos en la Reserva Natural de Yguazú, fue elevada a juicio oral, tras pedido de la fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente N.º 2 de Alto Paraná.
Están acusadas tres personas: Francisco Mendoza (64), Fermín Cano (42) y Hermenegildo Arias (71), quienes enfrentan cargos por delitos contra el medio ambiente y las reservas naturales, por la tala de bosques nativos y la producción de incendios. La resolución fue dictada por el Juzgado Penal de Garantías N.º 1, a cargo de la jueza Teresita Cazal.
Los acusados serán enjuiciados por los hechos que se habrían producido el 27 de agosto de 2024, en la Finca N.º 2270, Padrón N.º 4962, propiedad de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ubicada en el distrito de Yguazú, departamento de Alto Paraná.
La denuncia fue presentada el 5 de setiembre de 2024, por la abogada Ana Isabel Giménez de Gómez, jefa de la Sección de Cuencas Hidrográficas de la Ande, tras constatar la tala de árboles nativos y la quema de pastizales en la Fracción I de la finca, afectando aproximadamente dos hectáreas.
Durante el recorrido de verificación, el personal técnico de la Oficina Regional del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales (DEBOA), constató la quema de árboles en etapa de crecimiento y la existencia de viviendas precarias utilizadas por los acusados.
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Francisco Mendoza fue hallado en una casa a orillas del Lago Yguazú; Fermín Cano estaba con equipo de campamento y herramientas de tala, y Hermenegildo Arias en una choza de madera con evidencia de procesamiento de madera nativa.
La investigación determinó que ninguno de los acusados posee título de propiedad sobre el terreno, según informes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y la Dirección General de los Registros Públicos, confirmándose, según la fiscal Ocampos, que la propiedad corresponde a la Ande.
La Fiscalía presentó pruebas testimoniales de personal de las instituciones que participaron en la intervención en el sitio de la tala y en la detención de los hoy acusados.
Asimismo, pruebas documentales y periciales, que incluyen análisis satelitales de la Dirección Ambiental del Ministerio Público, documentos de propiedad de la Ande, denuncias formales, y copias de leyes y decretos que protegen el área, como la Ley 716 y el Decreto N.º 867/2023.
La fiscal Ocampos, dijo a La Nación/Nación Media que, el solo ingreso a la reserva naturales ya es un delito y más aún si talaron árboles nativos, además de quemarlos. Consultada si se investiga a otras personas por el tráfico de esos árboles talados, la agente dijo que no se trata de tráfico de madera sino del ingreso y tala ilegal.
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