La Cámara de Apelación confirmó la sentencia condenatoria para Damián Cáceres González, quien fue encontrado culpable por los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos, frustración a la persecución y ejecución penal. Foto: Archivo
Ratifican condena de funcionario judicial que ayudó a Ramón González Daher
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La Cámara de Apelación confirmó la sentencia condenatoria para Damián Cáceres González, quien fue encontrado culpable por los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos, frustración a la persecución y ejecución penal, así como por la realización del hecho por un funcionario público por adulterar el sistema informático para favorecer al condenado Ramón González Daher.
El tribunal de sentencia había condenado a 2 años y 6 seis meses de pena privativa de libertad que la pasará a cumplir en la penitenciaría habilitada por Institutos Penitenciarios para dicho cumplimiento una vez que quede firme la sentencia. Es decir, la defensa del condenado puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
Cáceres González, quien ocupó el cargo de “Registrador III” en el Juzgado Penal de Garantías n.° 1 del Poder Judicial de la ciudad de Luque, fue acusado y sentenciado tras desvincular (cambiar datos) a la agente fiscal Sandra Ledesma del expediente n.° 16-1-2-2-2021-8496 denominado “Ramón Mario González Daher s/ Denuncia Falsa”, tramitado en el Juzgado Penal de Garantías n.° 1, a cargo de la jueza Jennifer Natalia Ynsfrán Morán, en el sitio web www.csi.gov.py/portal sustituyéndola por el agente fiscal Jalil Amir Rachid en el expediente judicial mencionado.
Para ello utilizó el usuario perteneciente a Mayra Andrea Irala Delvalle, funcionaria con el cargo “Oficial de Secretaría II”, compañera de trabajo del mismo, quien había dejado abierto su usuario en la computadora utilizada por Damián Cáceres en la secretaria del mismo Juzgado Penal de Garantías n.° 1 del Poder Judicial de la referida localidad.
Con chicana presentada por la representante legal de Ronaldo Braga Diniz —quien compró de forma irregular una costosa propiedad perteneciente a Ypyta- pretende suspender constitución judicial a la Universidad Autónoma San Sebastián de Pedro Juan Caballero. Foto: Gentileza
Ypyta: con chicana buscan frenar constitución judicial a la Universidad Autónoma San Sebastián de PJC
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En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, la abogada Ivonne Guardati, representante legal de Ronaldo Braga Diniz —quien compró de forma irregular una costosa propiedad perteneciente a Ypyta—, pretende con chicanas frenar la constitución judicial del juez de Paz de Pedro Juan Caballero al inmueble donde actualmente funciona la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS).
La referida profesional del derecho solicitó al juzgado que se deje sin efecto la determinación adoptada por el juez Edgar Rivas, quien autorizó realizar la constitución judicial, argumentando que existe una acción de inconstitucionalidad en la Corte. No obstante, la presentación hecha por la representante legal de Braga Diniz —quien sería testaferro de Ángela Toumani, exesposa del capo mafioso Jorge Rafaat Toumani— ya se realizó fuera de plazo, por lo que el juzgado podría rechazarla y ratificar que se lleve a cabo la diligencia judicial.
Será la Sala Constitucional de la Corte la que tendrá que definir si se hace justicia e Ypyta recupera el valioso inmueble, el cual fue vendido de forma irregular por el condenado exsíndico de Quiebras, Blas Velázquez. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani, exesposa del capo mafioso Jorge Rafaat Toumani.
Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional de la Corte en un intento desesperado por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular del inmueble y devolvió la propiedad a Ypyta. Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypyta S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.
Junta médica se realizará mañana en el Hospital Nacional de Itauguá para elevar informe al juzgado.
La defensa del exgobernador de Central Hugo Javier González formalizó ayer el pedido de arresto domiciliario para continuar con un tratamiento ambulatorio debido a su cuadro clínico. La Justicia dispuso la realización de una junta médica para dictaminar si corresponde modificar su reclusión penitenciaria.
Hugo Javier estaba cumpliendo una condena de 10 años en la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza, donde el 6 de setiembre pasado sufrió un traumatismo de cráneo en su celda. Los médicos del Hospital Nacional de Itauguá indicaron que está listo para recibir el alta hospitalaria, pero aún presenta secuelas luego del fuerte golpe.
“Hemos presentado un incidente de prisión domiciliaria a favor de Hugo Javier atendiendo a su situación médica. Nosotros consideramos que corresponde la prisión domiciliaria porque si bien es cierto que tuvo un buen avance en su estado de salud, el problema es con la parte neurológica”, expresó Guillermo Gayoso, abogado defensor, en entrevista con el programa “Tarde de perros”, del canal GEN y Universo 970/Nación Media.
El letrado indicó que el juez de la causa pidió que se conforme una junta médica con peritos del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la defensa para hacer una inspección médica exhaustiva en el Hospital Nacional de Itauguá y determinar en qué situación de salud se encuentra el exgobernador.
El juez Civil de Asunción, Édgar Rivas, remitió un oficio a su colega de Pedro Juan Caballero a los efectos de realizar la constitución judicial a la propiedad de Ypyta, donde funciona la Universidad Autónoma San Sebastián UASS. Foto: Gentileza
Ypyta: ultiman detalles para constitución judicial en Universidad Autónoma San Sebastián PJC
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El juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, remitió un oficio a su colega, el magistrado de Paz de Pedro Juan Caballero, a los efectos de dar cumplimiento a la decisión adoptada por el Juzgado de la Capital, que ordenó realizar la constitución judicial en la propiedad perteneciente a la firma Ypyta S.A., ubicada en Pedro Juan Caballero, donde actualmente funciona la Universidad Autónoma San Sebastián. Dicho inmueble estaría ligado a Ángela Toumani, esposa del fallecido capo mafioso Jorge Rafaat Toumani.
De esta manera se ultiman detalles para que el juez de Paz de la “terraza del país” pueda realizar la diligencia judicial, donde se relevarán datos sobre el inmueble, así como de quiénes están actualmente ocupando la costosa propiedad de la firma Ypyta, que aún está en litigio.
Será la Sala Constitucional de la Corte la que tendrá que definir si se hace justicia e Ypyta recupera el valioso inmueble, el cual fue vendido de forma irregular por el condenado exsíndico de Quiebras Blas Velázquez. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani, esposa del capo mafioso Jorge Rafaat Toumani.
Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional de la Corte en un intento desesperado por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular del inmueble y devolvió la propiedad a Ypyta. Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypyta S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.
La Justicia autorizó a realizar una constitución judicial a la propiedad ubicada en Pedro Juan Caballero, donde funciona la Universidad Autónoma San Sebastián. FOTO: GENTILEZA
Ypyta: juez ordenó constitución judicial en propiedad donde funciona la Universidad Autónoma San Sebastián en PJC
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El juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, autorizó la constitución judicial en la propiedad perteneciente a la firma Ypyta S.A., ubicada en Pedro Juan Caballero, donde actualmente funciona la Universidad Autónoma San Sebastián. Dicho inmueble estaría ligado a Ángela Toumani, esposa del fallecido capo mafioso Jorge Rafaat Toumani.
Rivas dispuso que el Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero realice la diligencia judicial, la cual había sido solicitada en febrero de este año y autorizada recién el pasado 9 de septiembre. Ahora, el magistrado de Paz de la zona será el encargado de constituirse en el inmueble para realizar el relevamiento de datos sobre la costosa propiedad en litigio.
Actualmente, el caso se encuentra en discusión en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, el entonces síndico de quiebras, Blas Velázquez, había autorizado la venta irregular de la valiosa propiedad. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani.
Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional de la Corte en un intento por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular del inmueble. Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypyta S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.