La joven Lari Areco padece de esclerosis múltiple y organiza una rifa solidaria para solventar su tratamiento médico. La paciente es oriunda de Ciudad del Este y tuvo que venir hasta Asunción para seguir su esquema de medicación que le está dando resultados alentadores.

“Yo tengo 33 años, soy de Ciudad del Este y hace un año que no camino. Mi diagnóstico es esclerosis múltiple”, señaló a Unicanal. Contó cómo sintió los primeros síntomas de la afección que con el paso de los años fue afectando su independencia y movilidad.

“Yo literalmente me dormí y un domingo desperté y mis piernas ya no respondían. Yo estoy aquí (Asunción) hace tres semanas y ya estamos teniendo excelentes resultados. Estoy haciendo la rehabilitación todos los días, de lunes a viernes”, detalló.

Se mostró muy contenta por los avances que está experimentando en el tratamiento, por lo que con tenacidad confía en su recuperación total. “El proceso es igualito a un bebé, primero tiene que poder sentarse, tener el control del tronco. Luego tiene que tener la capacidad de arrastrarse”, subrayó.

Dijo que el proceso de rehabilitación física tiene varias etapas y en su caso los resultados son auspiciosos. Considerando que el tratamiento es muy costoso, la joven está organizando actividades que le permitan recaudar los recursos necesarios que posibiliten sostener la medicación.

“Nuestra meta es 110 millones y cubre lo que es la rehabilitación, los costos de mi cuidadora, del lugar donde me encuentro ahora aquí que es el único departamento inclusivo que encontré en Asunción. Y también los gastos del supermercado”, mencionó. Las personas interesadas en colaborar pueden contactarla al 0987 246 531.

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El interventor asignado en la Munici­palidad de Ciudad del Este terminó confirmando documentalmente lo que ya sabía todo el pueblo y que ya fuera anticipado en un informe previo de la Contraloría General de la República (CGR). La administración de Miguel Prieto consolidó una estructura para desviar fondos públicos a tra­vés de licitaciones y comisiones vecinales utili­zadas como simples intermediarias para cobro de jugosos cheques.

Para muchos, principalmente por el blindaje mediático con el que goza el cuestionado inten­dente esteño, resultó una sorpresa, un balde de agua fría la información detallada y documen­tada que brindó el interventor para graficar el modus operandi de una rosca dedicada a violen­tar leyes mediante un sistema cuidadosamente planificado para embolsillarse recursos del Estado y de los contribuyentes del municipio de Ciudad del Este. Sin embargo, para ciudadanos organizados que tienen la lupa puesta en la ges­tión de Prieto como una parte muy pequeña de la prensa simplemente esperaron estas conclu­siones y que las mismas realmente sirvan para que la Justicia caiga con todo el peso de la ley sobre quienes bastardearon la comuna.

Contundente. Las evidencias colectadas demuestran que la administración de Prieto operó un esquema que, burlando normativas, se enfocó en el despojo del dinero público. Pagos adelantados por la totalidad de la adjudicación de obras que todavía no tenían actas de recep­ción, firmas creadas sin mayores infraestructu­ras para acopiar contratos directos y mediante comisiones vecinales por parte de parientes de la exnovia del intendente de nombre Vanessa Florentín, muy conocida como Vanemi, la misma que está procesada por estar involu­crada en la facilitación de facturas en compras simuladas de mercaderías como es el caso Tía Chela, forman parte del rosario de maniobras en la ejecución de recursos.

La esencia y el fin de la institución se prosti­tuyeron. Organizaciones de vecinos, espe­ranzados en contribuir con las labores de la municipalidad, fueron usadas como simples intermediarios para endosar cheques para la tajada del mismo grupo cerrado, parientes de la exnovia de Prieto y algunos amigos opera­dores de su campaña. Mientras el jefe comu­nal intenta justificar con errores administra­tivos estos procesos simulados, amañados, privaron a la institución de contratos en con­diciones más competitivas, principalmente en calidad y precios.

Fuertes indicios de pedidos de coimas para obras adjudicadas con precios que están por las nubes, jugosos anticipos y ofertas que adivina­ron para ajustar presupuestos a los disponibles por la municipalidad. Pero estas amañadas eje­cuciones no solo se reducen al favoritismo del bolsillo de los amigos y la ex con sus parientes, sino que sacrificaban intereses ciudadanos ya que, contratos que apuraron por vía de la excep­ción basados en urgencia impostergable en la mayoría de los casos no fueron al ritmo de los contratos y mientras fortalecen el negocio de los amigos, los vecinos esperan por obras que empresas sin capacidad financiera ni estructu­ral no pueden honrar como corresponde.

El informe preliminar graficó y describió de manera clara el modus operandi de la maquinaria para delinquir, tal como calificó el interventor. No puede ocultarse el sol con un dedo, los sucesos en Ciudad del Este que no son aislados, subestiman a las institucio­nes de control y de justicia como si estuvieran exentos del cumplimiento de la ley.

Planillerismo, nepotismo, reparto indiscri­minado de contratos, despilfarro en la eje­cución de gastos, empresas de maletín sin la mínima infraestructura adjudicadas con grandes obras imposibles para sus capaci­dades, construcciones atrasadas, no pueden catalogarse como simples errores. Por casos como estos, varios políticos conocieron la cárcel. ¿Por qué en el caso de Prieto tendrían que minimizarse hechos que atentan contra el bien público?

La ciudadanía esteña merece un administra­dor municipal eficiente, piadoso del bolsillo de la gente y abocado al cuidado del patri­monio de su ciudad. Evidentemente, Miguel Prieto defraudó esa confianza y hoy su pre­sencia es más perjudicial que beneficiosa para la institución.

Pero, además, ningún servidor público sos­pechoso y que carga sobre sus espaldas fuer­tes indicios de corrupción en su gestión debe estar a cargo de la administración del dinero público. Prieto, como otros con dudoso des­empeño, tiene la obligación de afrontar la Justicia, rendir cuentas de sus actos. Atorni­llarse al cargo en medio de una desconfianza generalizada no es saludable para ninguna institución.

Corresponde que la Justicia actúe y los que tienen cuentas pendientes asuman las res­ponsabilidades de sus actos.

El presidente Santiago Peña expresó su predisposición a acompañar un eventual proyecto para endurecer las penas contra quienes cometan delitos contra menores, tras el asesinato de Melania, la niña de 11 años en el departamento de Caazapá. Aseguró que, si el caso evidencia vacíos en la legislación vigente, no dudará en impulsar los cambios necesarios.

“Si la legislación no está acorde a lo que necesitamos, no tengan la menor duda de que voy a tener la certeza de pedir el aumento de las penas”, afirmó el mandatario, al referirse al crimen que conmocionó al país. Peña subrayó que ya en ocasiones anteriores su gobierno ha promovido iniciativas para sancionar con mayor dureza este tipo de delitos, y sostuvo que volverá a hacerlo si corresponde.

El presidente también ordenó una revisión del proceso judicial que rodeó el caso de Melania, a través de su representante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta. Indicó que han mantenido conversaciones con el titular de la Corte Suprema de Justicia para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo fallas institucionales.

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“No queremos adelantar si hubo errores en tal o cual lugar, pero lo que no podemos negar es que el sistema le falló a una niña que hoy ya no está con nosotros”, señaló. Peña contó además que solicitó al ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, que visite a la madre de la víctima y brinde apoyo institucional.

“No hay posibilidad de contención total para una madre que ha perdido a una hija de la forma más cruel, pero estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance”, manifestó. Con tono firme, el mandatario cerró su mensaje asegurando que dará seguimiento cercano al caso y reiteró su compromiso de actuar si se comprueba que el marco normativo actual resulta insuficiente para proteger a los niños.

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Dos funcionarios del Hospital de Calle´í San Lorenzo están siendo investigados por la Policía Nacional como sospechosos de la desaparición de 18 computadoras donadas por el gobierno de Taiwán a dicho centro asistencial.

“El día de ayer conforme a la publicación que se estaba realizando en los medios televisivos, personal de esta comisaría conjuntamente con el personal de Investigación de Hechos Punibles y de Criminalística acudieron hasta el Hospital General donde se dialogó con la directora”, relató el oficial Claudio Leiva de la Comisaría Primera de San Lorenzo a la 780 AM.

Según información proveída por la misma directora a los intervinientes, 14 de los 18 equipos informáticos corresponden a la administración anterior. Imágenes del circuito cerrado mostraron las evidencias del momento del retiro de los equipos informáticos de las instalaciones del hospital.

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Según el policía, la directora mencionó que notó el faltante de los primeros equipos informáticos el 14 de julio y formuló la denuncia y el caso ya está también a instancias del Ministerio Público.

“Así también mencionó que en fecha 22 de julio notaron nuevamente el faltante de otro equipo informático que sería del consultorio número dos. Y posterior en fecha de ayer cuando estaban trasladando equipos informáticos de una oficina que funciona para la atención de personas en salud mental, ellos notaron que en una caja faltaba un monitor”, detalló.

Sobre estos últimos hurtos no se radicó aún una denuncia en la comisaría y recién ahora se agregó a la investigación.

“La directora accedió a las imágenes del circuito cerrado donde sistemáticamente estarían sacando los equipos informáticos. Dentro de esta línea investigativa se manejan nombres de funcionarios que estarían designados en esa área. Con el personal de Investigación se está analizando exhaustivamente esas imágenes”, puntualizó.

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