El agente fiscal de Pedro Juan Caballero, Celso Morales, allanó un complejo de hangares en el condominio aeronaútico “Ypané” en la localidad de Zanja Pytâ, del departamento de Amambay. Con apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas, se logró incautar de una aeronave bimotor, con matrícula ZP-BDR, que aparentemente estaría con las documentaciones adulteradas.
El representante del Ministerio Público dispuso el traslado de la aeronave a Asunción para su resguardo en la base de la Fuerza Aérea y esté bajo pesquisa para el peritaje con el apoyo de técnicos de Laboratorio Forense.
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El fiscal interviniente informó que las investigaciones seguirán su curso, atendiendo a que el supuesto propietario sería un prestanombre, ya que se presume que se trataría de una persona sin posibilidades económicas.
Asimismo, la aeronave será sometida a varias inspecciones a fin de descartar o confirmar que haya sido utilizada para el transporte de cocaína desde algún país vecino. En caso de que se tenga más indicios de la comisión de un hecho punible el fiscal del caso está habilitado a presentar alguna imputación contra el propietario de la aeronave.
En caso de que se presente alguna imputación, el imputado deberá comparecer ante un juzgado penal de garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si es remitido a alguna penitenciaria de nuestro país o será beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
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Periodista denuncia que recibe amenazas y pide seguridad
El periodista Aníbal Gómez denunció que es víctima de amenazas de muerte en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Dijo que en una semana recibió dos mensajes en su teléfono celular, por lo que aguarda la acción de los organismos encargados de garantizar seguridad.
“Yo lo tomo como un intento de coacción a la libertad de prensa y de expresión. Después ya dejo en manos del Ministerio Público y de la Policía a ver si hacen la trazabilidad, el seguimiento correspondiente”, dijo al canal GEN y Universo 970AM/Nación Media.
El comunicador comentó que mediante investigaciones paralelas de la misma Policía Nacional de Asunción se pudo llegar a identificar el nombre de la persona a cuyo nombre está registrada la línea telefónica desde donde se enviaron los mensajes.
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“Y esa persona Cuando empezamos a mover eso en un círculo muy cerrado todavía se llegó a que era un profesor de Matemática, es un profesional. Y esa persona inmediatamente se presentó junto a mí el sábado en horas de la siesta y yo le recomendé que vaya hasta el departamento de Investigaciones de la Policía a hacer su descargo y poder deslindar responsabilidades”, manifestó.
Gómez aseveró que el profesor en cuestión tiene a su nombre tres líneas registradas, pero según él en ningún momento habilitó. Alegó que pudo haber sido cuando extravió su cédula de identidad o cuando había entregado una fotocopia de su cédula a un técnico de la empresa Tigo para que le provea el servicio de TV e Internet en su hogar.
“Espero que el Ministerio Público y la Policía hagan el seguimiento porque ese chip sigue activo y está a nombre de esta persona. Y que le informen a esa persona de dónde salió ese mensaje, de qué antena de Tigo salió ese mensaje y dónde está ubicado. Vamos a estar expectantes a eso. Y ojalá puedan dar datos más precisos y poder llegar a estas personas que se acostumbran a amedrentar de esa forma”, puntualizó.
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A 4 años del atroz doble homicidio por “orden divina” en Pedro Juan Caballero
Se cumplió un año más del terrible feminicidio ocurrido en el departamento de Amambay, en que el autor dijo a las autoridades que realizó el terrible crimen “guiado por una orden divina y de Jesús”. Pablino Giménez, de 57 años, mató a su esposa Patrocinia Romero, de 48 años, y a su hija Noelia Giménez Romero, de 20 años, el 22 de agosto de 2021.
“Por orden de Jesús sacrifiqué a mi hija quien tenía muchos espíritus malignos y de esa manera reprendí al demonio y le tapé la boca”, expresó Pablino a los medios de comunicación. El homicidio fue perpetrado con la ayuda de su propio hijo, José Giménez, quien fue el encargado de sostener a su madre para que su padre la asfixiara.
El hecho sucedió el 22 de agosto de 2021, pero la denuncia de la desaparición de madre e hija recién se hizo el 25 de octubre, en la Subcomisaría 2.ª de Pedro Juan Caballero, dos meses después del hecho.
Ante la desaparición de ambas mujeres, los vecinos preguntaban a Pablino por su paradero, quien respondía que estaban de viaje. Fue justamente este argumento el que utilizó para plantear la denuncia, aduciendo que las mujeres fueron con un conocido de la esposa.
Debido a la contradicción en la declaración del autor del crimen, la fiscala Reinalda Palacios solicitó una orden de allanamiento y llegó sorpresivamente a la casa buscando elementos que puedan llevar al paradero de las mujeres. Al ingresar a la casa, la comitiva fiscal encontró los cuerpos en estado de descomposición. Lo que quedaba de las dos mujeres desaparecidas, más que nada piel y huesos, estaba tapado con unas frazadas en el fondo de una habitación que se usaba como taller.
Ante la evidencia y sin poder dar mayor explicación, el hombre admitió que cometió el feminicidio y dijo a las autoridades que su “hija estaba poseída” y que él “recibió una orden divina” para matarlas.
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Condena
El Tribunal de Sentencia, integrado por las magistradas Ana Aguirre, Mirna Soto y Marcelina Quintana, condenó a 29 años de cárcel a Pablino Giménez Ledesma. Su hijo fue condenado a 10 años de prisión por haber ayudado a su padre a cometer el atroz doble feminicidio. Ambos condenados están cumpliendo su condena en la penitenciaría regional de Amambay.
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Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
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“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
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Criminales de frontera amenazan a quienes colaboren con la policía
- Pedro Juan Caballero. Emerson Dutra, corresponsal.
El grupo criminal autodenominado “Justicieros de la Frontera” amenaza con matar a toda aquella persona que entregue a la Policía grabaciones de cámaras de circuito cerrado de sus negocios que, se presume, logren captar imágenes que puedan ayudar a esclarecer sangrientos homicidios que últimamente vienen registrándose en la terraza del país.
La grave advertencia fue realizada mediante panfletos que aparecieron por la mañana de este jueves en diferentes casas comerciales de la ciudad. “A la ciudadanía de Pedro Juan Caballero. No dar cámaras a agente policiales. Aquellos que dan pagarán ‘con su vida’. Vamos a brindar paz a la ciudad de PJC. Att. Justiciero de la Frontera (sic)”, dice el escrito.
Los panfletos aparecieron en varias casas comerciales ubicadas en el barrio Obrero de la capital departamental, situación que causó preocupación a la ciudadanía. Esos escritos ya fueron entregados a la Policía Nacional, que abrió una investigación del caso.
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Ejecuciones
Estos “Justicieros de Frontera” se atribuyeron la ejecución de varios presuntos delincuentes en la capital de Amambay. Su última aparición se registró el pasado miércoles 6 de agosto, cuando Rafael González Bermejo, de 31 años de edad, fue asesinado en el barrio San Gerardo por hombres armados con fusiles de guerra.
La víctima recibió 62 impactos de bala de parte de sus verdugos que, para cometer el asesinato, utilizaron fusiles calibre 5,56 milímetros de uso militar. Durante el atentado, Lucas Irala Salinas, de 20 años, recibió impactos de bala, pero, milagrosamente, logró sobrevivir.
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El hombre conducía una motocicleta que llevaba a Rafael González Bermejo como acompañante. “Al caer malherido, los desconocidos se acercaron a Rafael y lo acribillaron. Prácticamente lo destrozaron el rostro”, refirieron agentes policiales.
Minutos después de haberse registrado ese crimen, en redes sociales circuló un mensaje atribuido al grupo criminal, que decía: “Estamos cansados de ladrones en la frontera estamos finalizando un par de ellos hoy ya estamos iniciando los trabajos no podemos más permitir a estos gusanos robando a trabajadores en la frontera avisamos muchas veces, pero ahora parar hasta agarrar a todos que figuran en la lista queden tranquilos población de la frontera hoy es solo el comienzo de todo buenas noches (sic)”.