Este viernes Brasil anunció que no extraditará a Diego Marset Alba, hermano del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la justicia paraguaya, tras confirmar que tiene nacionalidad brasileña.
En enero pasado la jueza Rosarito Montanía, a pedido del fiscal Deny Pak, solicitó la extradición de Diego Marset Alba, quien fue detenido en una lujosa vivienda en Foz de Iguazú, Brasil. El pedido se hizo en base al tratado de extradición entre países que integran el Mercosur, establecido en la ley 2753/2005.
Diego Marset Alba había sido imputado en febrero del 2022, además, tenía orden de captura en el marco de la operación A Ulltranza Py contra la presunta organización criminal que lideraban su hermano y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, detenido en Paraguay.
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Hermano prófugo
En julio del año pasado se desplegó la operación denominada León 23 en Santa Cruz, Bolivia, para dar con Sebastián Marset, donde el supuesto capo narco se encontraba residiendo y desarrollando sus actividades. Sin embargo, no fue encontrado en el sitio.
En la oportunidad, la Policía boliviana buscó también a su hermanastro Diego Marset Alba, quien tenía tres identidades presumiblemente falsas, incluyendo una cédula paraguaya, según la investigación. Además tenía documentos de identidad de Brasil y de Uruguay.
Desde entonces, Sebastián Marset brindó entrevistas clandestinas a medios de comunicación en las que manifestaba su interés en que sus familiares fueran procesados en Uruguay. No obstante, él afirmó que nunca se entregaría y hasta el momento sigue prófugo de la Justicia.
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Brasil adjudicó 19 áreas de exploración petrolera en la Amazonía
- Rio de Janeiro, Brasil. AFP.
Brasil adjudicó ayer martes la exploración de bloques petroleros cercanos a la Amazonía a dos consorcios empresariales, en una subasta criticada por ambientalistas mientras el país se prepara para acoger la conferencia climática COP30 en noviembre. Los consorcios, uno formado por la estatal brasileña Petrobras y la estadounidense ExxonMobil y otro por la estadounidense Chevron y el grupo estatal chino CNPC, pagaron 844 millones de reales (unos 153 millones de dólares) por los derechos para explorar 19 de los 47 bloques ofertados en la cuenca de la desembocadura del río Amazonas por la Agencia Nacional de Petróleo.
Pero antes, las empresas deben obtener las licencias ambientales requeridas, un proceso que puede tardar años. Países vecinos como Guyana ya comenzaron la exploración de campos de petróleo al borde de la Amazonía. En total 172 bloques de norte a sur de Brasil, la mayoría situados en aguas profundas, se ofertaron en esta subasta realizada en un hotel de Rio de Janeiro, mientras decenas de manifestantes protestaban afuera.
Grupos ambientalistas han expresado preocupación por los 47 bloques en el océano Atlántico en un área cerca de la desembocadura del Amazonas, en la mayor selva tropical del planeta, que tiene un papel crucial en la absorción de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. También conocida como el “Margen Ecuatorial”, esta área es considerada como la “nueva frontera” energética de Brasil.
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“Es alarmante que más del 40 % de los bloques ofrecidos en esta cuenca hayan sido adjudicados en esta subasta”, señaló Mariana Andrade, de Greenpeace Brasil, en un comunicado enviado a la AFP. Los manifestantes, entre ellos indígenas con tocados de plumas y atuendos tradicionales, desplegaron un gran cartel con el mensaje: “Detengan las subastas del juicio final”.
El asunto genera tensiones incluso dentro del aparato estatal: el Ministerio Público pidió el jueves la suspensión de las subastas, al estimar que “violan una serie de obligaciones legales y compromisos climáticos”, en ausencia de “estudios adecuados” sobre el impacto de la exploración petrolera cerca de la desembocadura del Amazonas.
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“Apuntar al futuro”
En esta misma zona, Petrobras está a la espera de una licencia del organismo público de vigilancia ambiental Ibama para iniciar un megaproyecto de exploración petrolera en un bloque cuya concesión obtuvo en 2013. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ha mostrado favorable a este proyecto a pesar de las críticas de los ambientalistas, una paradoja para el mandatario izquierdista, que quiere liderar la lucha mundial contra el calentamiento global.
“Si esta riqueza existe, no podemos prescindir de ella, porque es la que nos ayudará a realizar la transición energética, a obtener dinero para preservar nuestros bosques”, afirmó Lula en febrero. “Tenemos que actuar con mucha responsabilidad. No quiero que la exploración petrolera cause ningún daño al medio ambiente”, agregó.
El país más grande de América Latina acogerá en noviembre la conferencia de la ONU sobre el clima COP30, en la ciudad amazónica de Belém. “Brasil posee ya reservas de petróleo suficientes para atender su demanda interna en el marco de una transición energética gradual”, estimó el martes WWF Brasil.
“La crisis climática exige decisiones valientes y políticas públicas que apunten al futuro, no al pasado”, añadió la ONG. En total, 34 de los 172 bloques ofrecidos el martes fueron adjudicados en esta subasta, que reportó 989 millones de reales (unos 180 millones de dólares) al gobierno brasileño. Más de 1.400 millones de reales (unos 260 millones de dólares) en inversiones están previstos para la exploración.
“El resultado fue extremadamente positivo, demostrando la gran confianza de los inversores en el potencial petrolero de Brasil”, declaró en conferencia de prensa Patricia Baran, directora general de la ANP. Otras empresas participantes incluyeron la francesa Total, la noruega Equinor y la británica-neerlandesa Shell. Mayor productor de petróleo de América Latina, Brasil espera generar 5,3 millones de barriles diarios en 2030, frente a los 4,68 millones en abril de este año, según datos oficiales.
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Espionaje: califican de traición a la patria la supuesta implicación de funcionario de Cancillería
El diputado Miguel Del Puerto se refirió a las nuevas publicaciones de medios brasileños sobre el esquema de espionaje de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) al gobierno paraguayo, en las cuales se menciona a un funcionario de la Cancillería, esto en el periodo de gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Es algo grave, es preocupante y, más todavía, aún no nos interiorizamos, pero, según las informaciones de los medios de prensa, existe un funcionario de Cancillería, también del lado paraguayo que se ha involucrado”, refirió el diputado en conversación con los medios de comunicación tras la reunión de la mesa directiva de Diputados.
El legislador apuntó que la justicia paraguaya debe actuar con todo el peso de la ley, calificando este hecho como traición a la patria. “Evidentemente, creo que hay que caer con todo el peso de la ley, porque estamos hablando directamente de traición a la patria de dicho funcionario”, apuntó.
Sostuvo además que el Ministerio Público debe actuar de manera inmediata ante este nuevo hecho. “Acá la fiscalía tiene que entrar con mano dura, entrar a profundidad a investigar estos hechos que son de traición a la patria, entonces la fiscalía no puede postergar en su análisis, en sus investigaciones”, sentenció.
Las nuevas publicaciones del medio brasileño OUL revelan nuevos detalles del esquema de espionaje de Brasil, que habría iniciado en el periodo de Jair Bolsonaro y, de acuerdo a la publicación periodística, habría continuado en el periodo de Luiz Inácio Lula da Silva. En parte de la publicación, se cita que un funcionario de la Cancillería paraguaya estaría involucrado o colaborado con este esquema de espionaje.
“La Abin obtuvo una copia anticipada del discurso que Arriola haría durante la visita de Mauro Vieira. El documento de Abin, que fue aprehendido por la PF en las computadoras y pendrives de la agencia, tiene como fecha de creación el día 8 de marzo del 2023 y, en sus metadatos, consta como autor a un funcionario de la diplomacia paraguaya. Esa información indica que el documento fue producido directamente por el equipo del canciller paraguayo”, revela OUL.
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Brasil espió a canciller paraguayo en víspera de viaje de ministro de Lula en marzo 2023
La Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) llevó a cabo una de las fases de espionaje de la “Operación Duque” contra el exministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Julio César Arriola, en vísperas de la visita en Asunción del canciller Mauro Vieira, actual ministro de Luiz Inácio Lula da Silva, quienes se reunieron el 9 de marzo de 2023, según documentos inéditos obtenidos en exclusiva por el medio brasileño UOL.
“La Abin obtuvo una copia anticipada del discurso que Arriola haría durante la visita de Mauro Vieira. El documento de Abin, que fue aprendido por la Policía Federal en las computadoras y pendrives de la agencia, tiene como fecha de creación el día 8 de marzo del 2023 y, en sus metadatos, consta como autor a un funcionario de la diplomacia paraguaya. Esa información indica que el documento fue producido directamente por el equipo del canciller paraguayo”, revela el portal de noticias, que el 31 de marzo pasado develó este esquema de ciberespionaje de parte del Gobierno brasileño, en el marco de las negociaciones de Itaipú Binacional.
Estos documentos expuestos fueron incautados por la Policía Federal de Brasil en el marco de la investigación “Abin paralela”, que culminó la semana pasada, mientras que el espionaje a Paraguay será investigado de manera separada, señala la nota periodística publicada este 18 de junio.
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Gráfico de autoridades paraguayas
Otro de los documentos fue producido por la Abin en junio del 2023, en el cual se grafica un esquema de las autoridades paraguayas responsables por las negociaciones de la tarifa de Itaipú y la descripción de documentos del Gobierno paraguayo obtenidos por intermedio de la acción de la agencia brasileña, incluyendo un resumen del entonces canciller para orientarlo en la víspera de la visita de Vieira.
“El primer slide dice: ´Operación Duque – Renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú´. Fue ingresada en la fecha de enero del 2023, el documento aprehendido por la PF, entretanto, tiene fecha de creación del 6 de abril del 2023. La depuración todavía no identificó cuando fue hecha la presentación y qué integrantes del gobierno de Lula conocían el contenido de ese documento”, dice el artículo de UOL firmado por el periodista Aguirre Talento.
Así también, el documento contiene un resumen de Abin sobre la controversia: “En cuánto el Brasil quería disminuir el precio de la energía pagada al consumidor, el Paraguay quiere mantener la tarifa alta para invertir en infraestructura eléctrica del país y vender la energía a terceros a precio de mercado”.
También se describe a “personas de interés” relacionadas a Paraguay, pero “lo que no queda claro es que si serían posibles blancos de hacker o informantes”. En otra página, la presentación de PowerPoint muestra los resultados de las “acciones cibernéticas” con las imágenes de los documentos supuestamente obtenidos por la “invasión” a los dispositivos informáticos de las autoridades de Paraguay.
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Implicancia de Bolsonaro
Tras la publicación periodística del 31 de marzo de 2025, el Gobierno brasileño reconoció la operación de espionaje a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, atribuyendo la implicancia a la anterior administración a cargo del exmandatario Jair Bolsonaro.
“La mencionada operación fue autorizada por el gobierno anterior en junio de 2022 y declarada ineficaz por el director interino de la ABIN el 27 de marzo de 2023, tan pronto como la actual administración tuvo conocimiento del hecho”, expresa parte de la nota, que niega la participación del actual gobierno del presidente Lula, y aclara que Luiz Fernando Corrêa, hoy director de la inteligencia brasileña, asumió el cargo el 29 de mayo de 2023.
Por otra parte, la policía de Brasil recomendó ayer martes presentar cargos contra Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, sospechoso de haber participado en una supuesta red de espionaje ilegal durante el mandato de su padre (2019-2022). También se señalan suficientes indicios para inculpar al exdirector la agencia brasileña de inteligencia (Abin) y actual diputado Alexandre Ramagem en el caso conocido como “Abin paralela”.
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Policía brasileña tiene suficientes indicios y pide inculpar a Bolsonaro en esquema de espionaje ilegal
La policía brasileña recomendó este martes inculpar al expresidente Jair Bolsonaro por un presunto esquema de espionaje ilegal a autoridades y personas públicas durante su gobierno, confirmando uno de sus hijos.
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Esta sospecha policial se suma a un juicio en curso al exmandatario de extrema derecha ante la corte suprema, acusado de liderar una trama golpista en 2022, ya su inhabilitación electoral hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación.
La policía cree que hay indicios suficientes para inculpar a Bolsonaro en el caso conocido como “Abin paralela”, que investiga si la agencia brasileña de inteligencia (Abin) fue utilizada para espiar a objetivos definidos por el gobierno bolsonarista (2019-2022).
“La Policía Federal concluyó su investigación sobre la existencia de una organización criminal que vigilaba ilegalmente a las autoridades públicas y producía noticias falsas”, indicó el organismo en un comunicado.
“El informe final fue remitido al Supremo Tribunal Federal” mientras el trámite sigue “bajo reserva”, agregó.
“Jair Bolsonaro nunca fue ni oído en este proceso (...) e incluso así fue indicado”, se quejó uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, en su cuenta de la red social X.
También confirmó que su hermano, el concejal Carlos Bolsonaro, está entre los apuntados por la policía.
Según la prensa brasileña, entre los espiados a través de sus computadoras y celulares había periodistas y autoridades de los tres poderes públicos, como el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, a quien Bolsonaro ha llamado “dictador” en el pasado.
La recomendación de inculpación incluye a 35 personas, entre ellas al diputado y exdirector de la Abin Alexandre Ramagem, y el director actual, Luiz Fernando Correa, quien se consideró bajo mandato del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y es sospechoso de entorpecer la investigación, de acuerdo con medios locales.
Bolsonaro, de 70 años, enfrenta actualmente un juicio ante la corte por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, señalado de haber liderado sin éxito un plan para impedir la asunción de Lula, luego de que lo derrotara en las elecciones de ese año.
Según la fiscalía, el supuesto plan golpista se frustró por falta de apoyo militar.
Junto a siete excolaboradores, podrían enfrentar hasta 40 años de cárcel. Él niega las acusaciones y dice ser un “perseguido”.
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El expresidente está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la confiabilidad del sistema de urnas electrónicas, pero insiste en que quiere ser candidato en 2026.
Fuente: AFP