El exintendente de la ciudad de Lambaré, Roberto Cárdenas, fue condenado en el transcurso de este miércoles por el tribunal de sentencia a 4 años de prisión por lesión de confianza, por solicitud de las fiscalas Teresita Torres y Carina Sánchez.
La sentencia se centra en el derrumbe del Colegio Nacional de Lambaré, ocurrido en el año 2015, ocasión en que varios alumnos y una docente quedaron inconscientes, con graves heridas. El incidente fue producto de una presunta mala utilización de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
En ese entonces, una parte del estudiantado fue trasladado al Hospital de Lambaré y el otro al entonces Centro de Emergencias Médicas, actualmente Hospital del Trauma. En la acusación formulada por el Ministerio Público, se hizo mención a un daño patrimonial por G. 266.730.000.
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Otros condenados
Además del dirigente político, también fue condenado por el tribunal a 3 años de prisión Guido Fernando Salcedo, exadministrador del citado colegio y a 2 años con suspensión a Vicente Acosta Gibbons, quien se desempeñaba como director. Mientras que Francisco Javier Villalba Cantaluppi, quien aprobó los planos de las aulas, fue absuelto.
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Desde el Congreso instan a las oenegés a no temer controles
El senador Basilio Núñez se refirió acerca del proyecto de ley que busca aplicar mayor control sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG), teniendo en cuenta que el exintendente de Asunción y titular de la ONG Fundación Paraguaya, Martín Burt, es uno de los principales oponentes al plan.
“Como proyectista, me parece una exageración esto porque solo queremos transparentar los fondos que reciben las oenegés desde el presupuesto de gastos de la nación y de presupuestos departamentales”, indicó el congresista ante los medios de prensa en la Cámara Alta.
“Le digo al exintendente que no tema al control”, sentenció Núñez, ejemplificando que en países de la región como Argentina y Brasil se cuenta con este tipo de reglamentaciones, apelando a un mayor control. Ante la necesidad de este tipo de iniciativas, recordó el caso del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD).
FONDOS PÚBLICOS EN PANDEMIA
Esto, teniendo en cuenta que desde la mencionada fundación habrían rapiñado fondos públicos en pandemia con sueldos para el clan del presidente de la organización, lo cual había sido expuesto por la Unidad de Investigación del equipo de Nación Media.
Negando que el rechazo hacia el proyecto de ley sobre las oenegés provenga de la sociedad civil, para el senador corresponde a un grupo de actores políticos organizados. “Alma Cívica, por ejemplo, quería poner observadores electorales en los comicios, recibiendo fondos del exterior”, subrayó.
Núñez remarcó que con la propuesta de control solo se busca impulsar una mayor transparencia en torno a los fondos y los gastos de la ONG, descartando toda posibilidad de persecución sobre las organizaciones, de la manera en la cual expresan algunos detractores de la propuesta.
Martín Burt había manifestado ante los medios de prensa que con la iniciativa planteada solo se busca censurar a los críticos. “Burt tuvo una de las peores administraciones (como intendente), entonces él hablando de transparencia, no creo que sea lo más adecuado”, sentenció.
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Cae una ambulancia con mercaderías de contrabando
Agentes de la Policía Nacional montaron un trabajo de inteligencia y lograron desarticular un nuevo esquema utilizado por contrabandistas para camuflar el negocio ilegal. Una ambulancia fue detenida en Lambaré con un importante cargamento de aceite y café que fueron transportados por un joven desde un depósito clandestino ubicado sobre la avenida Cacique Lambaré casi Bonifacio Ovando.
El operativo contó con el respaldo de funcionarios de la Dirección General de Prevención y Represión del Contrabando y el Comercio Ilícito. Se aprehendió al chofer identificado como Brian Iván Morel Vergara de 23 años y se requisaron las mercaderías que presumiblemente son de origen argentino.
Según los intervinientes, se pudo comprobar que existía todo un centro de acopio de productos ingresados de manera ilegal del vecino país. De este lugar precisamente salía la ambulancia cuando se produjo la persecución y posterior detención del conductor del móvil tipo furgón, constatándose que no trasladada ningún enfermo, sino que iba repleto de cajas de aceite de distintas marcas y café.
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Intentó huir
En un intento por darse a la fuga, el vehículo embistió contra la patrullera y ahí es donde finalmente se consiguió aprehender al chofer. Se desconoce las circunstancias en que los contrabandistas accedieron a la ambulancia.
“Con base en un trabajo de inteligencia teníamos visualizado un depósito donde se acarreaban mercaderías en vehículos pequeños, un centro de acopio. Y una vez que salió el vehículo del depósito empezamos a hacerle el seguimiento”, señaló Julio Martínez, de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a los medios de prensa.
La furgoneta fue interceptada luego del choque contra la camioneta de los intervinientes. “Al retener el vehículo, vimos que venía escoltado por otras dos camionetas más. Al tener controlada la situación los vehículos que le estaban acompañando se dieron a la fuga. Solamente el chofer está detenido y a cargo del personal de Delitos Económicos y del fiscal Luis Chamorro”, manifestó.
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Fiscalía pide juicio oral para Prieto en el caso de Tía Chela
Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos que investigan a Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, remitieron una nota al juez penal de Garantías Humberto Otazú para que el caso sea elevado a juicio oral y público. El Ministerio Público acusa al jefe comunal y a otros funcionarios por lesión de confianza por compras de víveres en pandemia.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez investigan a Prieto por lesión de confianza y asociación criminal en el sonado caso de “Tía Chela”, el minimercado que apareció como súper proveedor de la municipalidad durante la pandemia y para el cual se habría direccionado la licitación, causando un perjuicio a la comuna de unos G. 1.700 millones.
Por este mismo caso, también están procesados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Maggi Fariña Almada, Sebastián Martínez, Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Avalos Britos, Emili Vanesa Florentin Páez, todos ellos acusados por la comisión de lesión de confianza y asociación criminal.
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Prieto fue imputado en julio del 2023 por una licitación que data de marzo del 2020, cuando la pandemia empezaba a azotar a nuestro país. En este marco, abrió un llamado para la adquisición de 25.000 kits de alimentos que costaron G. 2.900 millones. La Unidad de Investigación de Nación Media reveló que la firma adjudicada “Tía Chela” no contaba con la capacidad para proveer los alimentos.
Nación Media también pudo sacar a la luz otros elementos como que el comercio no era más que un pequeño minimercado familiar que no contaba con la experiencia requerida para ser adjudicado, es más, tampoco se pudo constatar el origen de los alimentos supuestamente entregados.
La ciudadanía organizada en Ciudad del Este también acusa a Prieto de cometer otros hechos punibles y alienta a la Fiscalía a investigar estos casos. A la fecha, existen 39 denuncias en contra del intendente esteño. “Tanto él como el resto de los imputados tienen inhibiciones sobre sus bienes particulares y es una incoherencia, porque sigue siendo administrador de la municipalidad, pese a todas las denuncias”, cuestionó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana del distrito.
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Tribunal de apelación sobreseyó a Édgar Melgarejo en el caso tapabocas de la Dinac
El tribunal de apelación penal resolvió este viernes anular la acusación de la Fiscalía y ordenar el sobreseimiento definitivo de Édgar Melgarejo, extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y otras cinco personas acusadas por lesión de confianza en el caso tapabocas.
“Ordenar el sobreseimiento definitivo de Édgar Alberto Melgarejo Ginard, Juan Carlos Turitich, Marcelo Ovelar, Luz Chamorro y Fernando Gallardo”, expresa parte de lo resuelto por el Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Cristóbal Sánchez, Gustavo Auadre y José Waldir Servín.
De acuerdo al sentido del voto de los camaristas, se llegó a la conclusión de anular la acusación fiscal por falta de indagatoria previa y el sobreseimiento definitivo. “Surge así la obligada concordancia que debe existir entre lo asentado en la indagatoria y la acusación”, expresa parte de la decisión de Auadre.
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De este modo, según la resolución, los hechos atribuidos en la acusación son diferentes a los que se mencionaron en principio en la imputación. Esto referente a la fecha, el monto del perjuicio, así como también los detalles del hecho que representa y atribuye conductas a varias personas.
Ante la falta de indagatoria sobre los “hechos diferentes” esgrimidos, desde el Tribunal de Apelación se determinó una “deficiencia insubsanable”. Por otra parte, no se hizo lugar a la apelación presentada por el representante legal de Carlos Franco Vargas y Katherine Toñanez Vera sobre la causa.
El proceso en el caso de tapabocas de la Dinac fue producto de uno de los primeros hechos de presunta corrupción pública en pandemia. Para la Fiscalía hubo un daño patrimonial de G. 119.960.000 con la compra sobrefacturada de tapabocas, que además estaban vencidos, en el 2020.