El Ministerio Público, con el apoyo de Antinarcóticos de la Policía Nacional, realizó cinco allanamientos en la zona de la terminal de Asunción, donde se pudo constatar la situación irregular de niños de pueblos originarios. Igualmente, estuvo acompañando el operativo el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, así como la defensora de la Niñez.
Durante las intervenciones se pudo corroborar que en un hospedaje estaban 40 niños con sus madres. Asimismo, en otro sitio que fue allanado estaban 90 niños. Los fiscales que realizaron los procedimientos son Carina Sánchez, Patricia Rivarola, Lorenzo Lezcano, Monalisa Muñoz, Osmar Segovia y Alcides Corvalán.
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La agente fiscal Patricia Rivarola señaló que se trata de un procedimiento que “estuvimos llevando a cabo en forma interactiva con diferentes instituciones, Ministerio Público, Ministerio del Interior y Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, porque teníamos informes de parte de la policía sobre la situación irregular de niños en la zona de la terminal”, explicó.
Agregó que están constatando la situación de los niños que están acompañados de sus padres y son de pueblos indígenas, y aseguró que le resulta preocupación al Ministerio Público la situación, y es por eso montaron el operativo, manifestó la representante del Ministerio Público.
“Encontramos en el hospedaje Pycaso a 40 niños y en otro sitio 90 niños que estaban en condiciones irregulares”. Se refirió a los que tienen padres y madres y dijo que se van a quedar con ellos, pero tres niños van a ir a un albergue.
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Cinco puestos de peaje suman pagos electrónicos
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) incorpora desde el lunes 20 de mayo el servicio de terminales de cobro (POS) para el pago de tasas de tránsito en 5 nuevos puestos de peaje, según publica Hoy/Nación Media.
Las estaciones que contarán con esta tecnología son: ruta PY01 Caapucú (Paraguarí) y Coronel Bogado (Itapúa); ruta PY03 25 de Diciembre (San Pedro), ruta PY06 Trinidad (Itapúa) e Iruña (Alto Paraná), sumándose a las que ya estaban implementando como Ecovía (Luque-San Bernardino); ruta PY01 Itá (Central); ruta PY09 Remanso y Héroes del Chaco (Presidente Hayes-Asunción) y ruta PY03 Emboscada (Cordillera).
Así, se amplía la disponibilidad de pago electrónico en varios nuevos puestos de peaje bajo la gestión del MOPC, con el objetivo de simplificar y actualizar el proceso, brindando la alternativa de utilizar tarjetas de débito, crédito o códigos QR, además del efectivo convencional.
Esta transición se está llevando a cabo de manera gradual con la intención de cubrir eventualmente todos los puntos de cobro bajo la administración de la cartera estatal en todo el territorio nacional.
POS FACILITA LOS PAGOS
El POS facilitará a los ciudadanos realizar sus pagos de manera rápida y segura, recibiendo un comprobante detallado que incluirá el nombre del puesto de peaje, el importe de la transacción y la fecha y hora del pago.
La iniciativa forma parte de una serie de medidas orientadas a mejorar la transparencia en la gestión de fondos públicos y a combatir la corrupción, al mismo tiempo que busca agilizar el flujo de tránsito en los puntos de peaje.
Además de estos beneficios, la implementación del sistema permitirá el seguimiento de los cobros, la reducción de los costos operativos y la posibilidad de ofrecer promociones según las categorías de vehículos. Esto representa un avance significativo hacia la mejora continua de los servicios públicos y la adopción de tecnologías innovadoras en beneficio de la ciudadanía.
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Titular de la Conmebol urge a la Fiscalía avanzar en investigación por lavado en el caso Atlas
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, se reunió con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en el marco de las investigaciones del banco Atlas por lavado de dinero.
“Visitamos al fiscal general del Estado de la República del Paraguay, en seguimiento a la denuncia penal presentada en el 2021 por la sospecha fundada sobre la realización de operaciones entre el ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y el banco Atlas S. A. que constituirían hechos punibles de lavado de dinero”, expresó Domínguez en su red social X.
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El titular de la Conmebol urgió al Ministerio Público seguir con las investigaciones en torno a los hechos punibles denunciados en su momento, buscando la aplicación de la ley en el conocido caso. “Esta preocupación nuevamente ha sido expuesta por la Conmebol, urgiendo al Ministerio Público para que ejerza la acción penal pública en busca de la aplicación de la ley penal, ante hechos que han sido objeto de investigación por varios años”, manifestó.
Afirmó que desde la confederación seguirán con el pedido de justicia en este caso. “Seguimos en búsqueda de justicia para el fútbol sudamericano”, sentenció. El pasado 11 de marzo de este año, la Conmebol ya solicitó el urgimiento ante el Ministerio Público del avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada tras seis años de haber sido presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, sin embargo, no hubo avances.
Antecedentes
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la institución en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 previene y reprime los actos Ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, en su artículo 4.° sanción penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Argentina: realizaron 27 allanamientos en comedores populares
La justicia argentina realizó 27 allanamientos mayoritariamente en comedores populares por denuncias de extorsión contra sus responsables, en momentos en que crecen los reclamos al gobierno de Javier Milei por la suspensión de la entrega de alimentos en miles de puntos de asistencia.
La causa busca determinar si existieron al menos 12 casos de extorsión por la entrega de ayudas a cambio de participación en manifestaciones contra al gobierno, basadas en denuncias anónimas y escuchas telefónicas. “Los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero”, indicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.
Organizaciones sociales sostienen que las denuncias buscan el descrédito y la persecución a sus dirigentes, la mayoría críticos al gobierno. Los allanamientos, sin arrestos, se realizaron el lunes y el martes de madrugada en distintos puntos de la capital argentina y su periferia.
Los allanamientos comprendieron casas particulares y sedes partidarias, como el local central del Partido Obrero (izquierda) de la capital argentina, según explicó su titular, Eduardo Belliboni, quien propuso “echar” de la organización a quien se compruebe que haya cometido una extorsión.
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La causa se abrió en momentos en que crece la conflictividad y los reclamos de más asistencia social, así como la reanudación de la entrega de alimentos a comedores populares a cargo de oenegés. Tras asumir el 10 de diciembre, el gobierno del ultraliberal Milei suspendió la entrega de alimentos a miles de comedores, mientras audita el destino de los recursos que recibían.
El Ministerio de Capital Humano, encargado de la ayuda social, denunció que la mitad de los comedores no pudieron auditarse porque no están registrados o no funcionan como tal. “Los planes contra la pobreza generan más pobreza”, escribió el martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni citando a Milei.
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Argentina atraviesa una fuerte crisis económica con desplome de la actividad industrial, miles de despidos en el Estado y en la actividad privada, derrumbe del consumo y una inflación interanual que roza el 300 %. La mitad de su población de 47 millones de personas afronta la pobreza.
Las marchas y manifestaciones son diarias de parte de sindicatos, universitarios, empresarios de pequeñas y medianas empresas, jubilados y otros sectores afectados por las políticas de ajuste de Milei. Un domicilio allanado en Escobar, al norte de Buenos Aires, es el de Carlos Fernández, dirigente del movimiento izquierdista Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), quien denunció violencia en el procedimiento.
Fuente: AFP.
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Allanan mansión de exjefe de Gabinete de la comuna asuncena
Agentes del Ministerio Público y del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional allanaron a tempranas horas de este lunes la residencia de Wilfrido Cáceres, exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento y lavado de dinero. El procedimiento se realizó en la ciudad de San Lorenzo y según los investigadores el inmueble valuado en unos G. 1.500 millones será puesto a disposición de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
“Estamos en pleno proceso buscando los elementos de convicción correspondiente en este momento. Los indiciados en estos momentos se encontraban en la vivienda, fueron ellos los que nos recibieron y estamos buscando los elementos, documentos que son de interés en la investigación”, señaló el comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado.
Aclaró que hasta el momento Cáceres y su pareja no tiene orden de captura, aunque sí están imputados en la causa y el proceso judicial sigue su curso correspondiente.
El policía dio detalles de la mansión que prácticamente abarca toda una cuadra. “Son cuatro terrenos de calle a calle con una construcción aproximadamente de 1.500 millones de guaraníes, según los documentos que nos están dando. Entonces, estamos en ese proceso de ver todo lo que corresponda en cuanto a las documentaciones correspondientes”, manifestó.
La propiedad sería decomisada y puesta a disposición de la Senabico, conforme expresó. “El proceso que le está haciendo la investigación, el fiscal de la causa lo pondrá a disposición de Senabico”, puntualizó el comisario López, aunque no quiso dar mayores detalles por cautela en el proceso investigativo.
A su vez el fiscal Silvio Corbeta informó que el inmueble en cuestión habría sido transferido a una tercera persona y hoy se corroboró que la pareja sigue viviendo en el lugar. “El allanamiento fue a los efectos de constatar que el señor Wilfrido y su señora residen en esta vivienda. El señor Wilfrido fue imputado conjuntamente con su señora y una tercera persona, por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero”, confirmó.
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