Imedic: juicio en etapa final y se podría dictar sentencia este martes
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El tribunal de sentencia, conformado por los jueces Elsa García, Juan Pablo Mendoza y Yolanda Morel, deberán dictar sentencia de primera instancia en el juicio oral y público que enfrentan Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira accionista y directora de la firma Imedic S.A acusados por contrabando, producción de documentos no auténticos, uso de documentos adulterados y asociación criminal en calidad de coautores en el marco de la investigación por la compra fallida de insumos médicos durante la pandemia del covid-19.
Este martes prosigue la audiencia oral con la réplica de los últimos acusados y luego de esta etapa los jueces ingresarán a deliberar para dictar la sentencia de primera instancia.
En sus alegatos finales, la Fiscalía había solicitado la pena de 6 años de cárcel para Justo Ferreira así como para su hija Patricia Ferreira. Asimismo se pidió 4 años de pena privativa de libertad para el despachante de aduanas Carlos Gamarra por los delitos de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, mientras que para los funcionarios aduaneros Guillermo Molinas y Gustavo Acosta se pidió la pena de 5 años de pena privativa de libertad.
El Ministerio Público sostuvo que se probó en juicio que Justo Ferreira, así como su hija y el despachante de Aduanas no declararon en tiempo las camas hospitalarias de alto valor y al no ser las camas solicitadas en el pliego, iban a ser comercializadas en el mercado. Agregó que los funcionarios de Aduanas Molinas y Acosta participaron igualmente en los hechos, según la acusación.
La jueza Lici Sánchez elevó a juicio oral y público el proceso penal de cinco acusados por tráfico de armas en el caso conocido como operativo Dakovo. Foto: Archivo
Operativo Dakovo: cinco acusados enfrentarán juicio oral
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La jueza penal de garantías de Crimen Organizado, Lici Sánchez, elevó a juicio oral el proceso penal de cinco acusados que integrarían un esquema de tráfico de armas en el caso conocido como Operativo Dakovo. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar.
En el presente caso están acusados Jorge Antonio Orué Roa, el general retirado Arturo Javier González Ocampo, el coronel Bienvenido Santiago Fretes González, Paulo César Fines Ventura y Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano.
El Ministerio Público se había ratificado en su acusación atendiendo que cuenta con suficientes elementos de prueba que serán expuestas durante el desarrollo del juicio oral y público lo que demostrará la responsabilidad de cada uno de los acusados en el hecho investigado.
La fiscalía sostiene que los seis procesados habrían participado en un esquema consistente en la importación legal de armas, que posteriormente eran adquiridas por personas o empresas que simulaban ser propietarias, pero que en realidad actuaban como prestanombres o intermediarios de los verdaderos destinatarios finales: organizaciones criminales brasileñas.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social rescindió años atrás el contrato con Imedic S.A quien no cumplió el contrato de proveer insumos durante la pandemia del Covid-19. Foto: Archivo
Rechazan demanda de Imedic S.A, que pretendía cobrar al Ministerio de Salud más de G. 47 mil millones
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El Tribunal de Cuentas, primera sala de la Capital, integrado por los camaritas Gonzalo Sosa Nicoli, Edward Vittone, y Stella Mary Zárate, rechazó la demanda que presentó la firma Imedic S.A (Insumos Médicos) contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que rescindió el contrato con la mencionada empresa por no cumplir con el contrato de proveer insumos durante la pandemia del Covid-19.
Con el rechazo de la demanda administrativa, el Estado Paraguayo se salva de pagar la multimillonaria suma de G.47.000 millones, monto que reclamaba la empresa cuyo presidente es Justo Ferreira condenado a 3 años de prisión luego de ser encontrado culpable por el delito de contrabando debido al ingreso irregular de 50 camas hospitalarias en pandemia del covid-19.
Los camaristas mencionaron en su resolución que las normas aplicables y las argumentaciones vertidas en los actos administrativos llevados a cabo por el Ministerio de Salud constatan que se ha obrado correctamente y no se constata ninguna vulneración de derecho alguno, indica el fallo judicial administrativo.
Rescisión de contrato
El abogado Omar Gustavo Valdez Alcaraz, en representación del Ministerio de Salud, contestó la demanda presentada por la firma Imedic S.A y pidió que la acción administrativa sea rechazada.
De acuerdo al escrito de contestación de la demanda refiere que el procedimiento de rescisión de contrato N° 197/2020 se inició mediante resolución N° 317/2020 a raíz del incumplimiento contractual constatado y comunicado por Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.
Igualmente refiere que, mediante actas de verificación se detectaron incongruencias entre los bienes ofertados y adjudicados, y los efectivamente entregados por la empresa, situación reconocida en presencia de la autoridad de la empresa Imedic.
Señala también que la empresa no acreditó válidamente el supuesto caso de fuerza mayor que le ha imposibilitado cumplir con el contrato ya que la situación de la pandemia era plenamente conocida al momento de ofertar los insumos por lo que no es valida la argumentación de la firma Imedic S.A.
Se inició juicio oral contra Carlos Granada, acusado por coacción sexual y otros delitos
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Se inició el juicio oral y público para el exgerente periodístico de canal 9, Carlos Granada, acusado por coacción, violación, coacción sexual y acoso sexual, cuya pena llega a 15 años de cárcel.
En la fecha se procedió a la lectura del acta de elevación a juicio oral del presente caso.
La audiencia oral prosigue mañana martes a las 7:30 de la mañana con los alegatos iniciales del presente juicio oral. Luego ya se ingresará a la declaración de testigos en que se van producir las pruebas documentales.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a Granada, está integrado por Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Juan Pablo Mendoza, quienes deberán estudiar todo lo que se va generando durante el desarrollo del juicio oral y luego dictar sentencia de primera instancia.
El Ministerio Público está representado por la fiscala Luz Guerrero, quien deberá presentar todos los elementos probatorios durante el debate de la audiencia oral.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, varias trabajadoras del Grupo Albavisión (de los canales SNT y C9N) habían denunciado ante la Fiscalía a Granada en mayo de 2022, argumentando que en reiteradas ocasiones las había acosado sexualmente.
Desde el Ministerio Público recordaron que fueron víctimas del acusado seis mujeres, todas periodistas hostigadas con fines sexuales. “En tanto, otras padecieron a actos sexuales mediante la fuerza y tuvieron que soportar estos actos ante las amenazas contra sus fuentes de trabajo”, apuntaron.
Para las 8:00 del próximo jueves 8 de mayo se fijó la realización de la audiencia preliminar de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y una veintena de acusados por hechos relacionados al narcotráfico y lavado de dinero en el marco del operativo Berilo.
La diligencia judicial se llevará a cabo ante el juez Penal de Garantías, Miguel Palacios, quien deberá decidir si eleva a juicio oral el proceso penal.
La audiencia preliminar para los procesados por el caso conocido como Berilo ya se viene suspendiendo en más de diez oportunidades, por lo que ya se espera que se realice la diligencia judicial.
Actualmente, Cucho Cabaña está con arresto domiciliario debido a que el mismo ya cumplió la pena mínima por el delito que enfrenta. Igualmente, otros procesados cuentan con medidas alternativas a la prisión.
ACUSACIÓN
El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas.
El operativo Berilo se realizó en setiembre de 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales, junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), llevaron adelante más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.