En la reciente conferencia de prensa de su empresa para explicar la participación en la fallida construcción que terminó desplomándose el pasado 2 de abril en Encarnación, el diputado Carlos Pereira Rieve, conocido hoy como “El mago del sur” por su meteórico ascenso económico, alardeó resultados de un estudio de correspondencia por parte de la Contraloría. Atribuyó el citado estudio a “intereses políticos”, pero en realidad es un análisis que había solicitado el Ministerio Público en el marco de una investigación sobre enriquecimiento ilícito.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Nadie sabe o nadie quiere hablar del tema. Después de aquella condena de un agente de la Senad por pre­sunto pedido de coima en el cual, apareció como víctima en extrañas circunstancias el entonces intendente de Cambyretã, Francisco Javier Pereira Rieve, actual gober­nador y hermano del hoy cali­ficado “Mago del sur”, dipu­tado Carlos Pereira Rieve, el Ministerio Público continuó la pesquisa y al parecer, los roles cambiaron.

Y mientras el hoy diputado Carlos Pereira Rieve, cono­cido “Mago del sur” por su fortuna en tiempo récord, dijo hace unos días a la prensa que tiene en manos un estu­dio de correspondencia con resultados brillantes que le había realizado la Contralo­ría General de la República (CGR), “a pedido de intere­ses políticos”, los documen­tos cuentan otra historia que, raramente se guarda con mucha reserva.

El parlamentario había men­cionado el estudio de corres­pondencia de bienes de la CGR al ser abordado sobre el origen del dinero para inver­siones en dos empresas en tiempo récord. Cabe recordar que el mismo, 6 meses antes de ingresar como concejal departamental de Itapúa, armó junto con otros tres socios una empresa denomi­nada Mega Servicios de Inge­niería SRL con un modesto capital de G. 200 millones.

Según la escritura de cons­titución en su página 5, Car­los Pereira Rieve integró la sociedad con la módica suma de G. 2,5 millones, una note­book, escritorio y silla de oficina, un archivero y algu­nos materiales técnicos que sumados dan G. 50 millo­nes. Esta empresa no figura en la declaración jurada pre­sentada por Pereira Rieve al asumir como concejal depar­tamental, pero lo más llama­tivo es el salto financiero para pasar de unos pocos muebles a una empresa con capital social de G. 6.000 millones en la que de entrada integra­ron G. 4.150 millones.

Precisamente, la empresa hoy valuada en más de USD 2 millones según los entendi­dos en la materia, es la hormi­gonera Mega Concret SA que proveyó el concreto y cargó las losas del edificio caído que, fuera aprobado por la admi­nistración de su aliado polí­tico, Luis Yd en condiciones muy dudosas.

El diputado Pereira Rieve, dijo a la prensa que todo está muy bien justificado en sus finanzas. “Justamente tengo finalizado, concluido, remi­tido por la Contraloría Gene­ral de la República un examen especial de correspondencia hecho sobre mi persona a pedido de intereses políticos que estamos superbién. No se encuentra ninguna irre­gularidad”, había remarcado.

Es cierto que la CGR inició un examen de correspondencia de bienes de los hermanos Pereira Rieve que están en la Función Pública. Es decir, al actual gobernador, su her­mano el diputado y a Gladys Estela Pereira Rieve, secre­taria privada de su hermano en la Gobernación de Itapúa.

El dato no menor y que no con­dice con la versión que brindó el diputado liberal es que el examen de correspondencia que inició la CGR es pedido del Ministerio Público en el marco de una causa abierta caratulada: “Francisco Javier Pereira Rieve S/Enriqueci­miento y otros”, que se man­tiene de manera casi oculta y que data de diciembre de 2022.

El pedido del examen de correspondencia lo había rea­lizado el exfiscal Omar Legal, 4 meses después de que con­denaran a un agente antidro­gas que cayó por denuncia de Francisco Javier Pereira Rieve, entonces intendente de Cambyretã, hoy día gober­nador de Itapúa.

Además del presunto enri­quecimiento ilícito de los hermanos Pereira Rieve, fuentes de la institución hablan de investigaciones que estaban vinculadas al narcotráfico que posible­mente estén relacionadas a los informes de inteligencia recabados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que quedaron en el limbo, cuando el agente antidrogas mordió el anzuelo y acordó un presunto cobro para limpiar el expediente de su investigado Francisco Javier Pereira Rieve. De esta forma, el investigado se convirtió en víctima y denunciante.

El proceso continuó y llegó a la condena del agente anti­drogas, pero nada se sabe de los informes recabados ni el curso de las investigacio­nes que involucraban al hoy gobernador como presunto líder de una organización criminal.

Ante el silencio de las ins­tituciones consultamos al diputado Pereira Rieve sobre la investigación fis­cal por presunto enrique­cimiento ilícito y respon­dió que no está al tanto. “No sé, no tengo ninguna causa sobre eso en la Fiscalía, pero capaz ustedes mane­jan mejor la info”.

El tribunal de sentencia integrado por Gloria Garay, Leticia Frachi y Ana Carolina Silveira, condenó a 28 años de cárcel a Óscar Ariel Caballero Sahlmann luego de ser encontrado culpable por el homicidio del exfiscal Javier Ibarra. La determinación se dio a conocer luego del juicio oral y público.

El fiscal del caso fue Julio Ortiz, quien pudo demostrar la responsabilidad del acusado en el grave hecho registrado donde resulto víctima fatal el exrepresentante del Ministerio Público, Javier Ibarra.

Por su parte, la querella representada por el abogado Rodrigo Moreno señaló que “estamos conformes con la sentencia condenatoria donde se ha demostrado plenamente la responsabilidad del hoy condenado en el homicidio de Javier Ibarra”.

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Agregó que “el hecho se pudo demostrar con elementos de prueba contundentes, como ser las testificales de las personas que declararon en juicio, las pruebas periciales de Criminalística de la Policía Nacional, así como el circuito cerrado en las inmediaciones de la casa del exfiscal Ibarra y los informes de las telefonías celulares entre otros elementos de prueba”, indico el abogado Moreno.

Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que definirá si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o disponer que se haga un nuevo juicio oral y público.

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El fiscal Rodrigo Vázquez confirmó que apelará el fallo del tribunal de sentencia que otorgó el sobreseimiento al docente de Villarrica acusado de abuso por medios tecnológicos a una alumna de 11 años. Defendió su actuación señalando que presentó todas las evidencias sobre el caso que aparentemente no fueron consideradas por los integrantes del máximo tribunal.

“Fue un caso muy sonado a nivel nacional y estuve leyendo la sentencia hace dos días me habían notificado. Estoy analizando bien, pero sí voy a estar recurriendo”, señaló este jueves el agente fiscal al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El agente del Ministerio Público rebatió las afirmaciones del presidente de la tribunal de sentencia, el magistrado Julio Alfonso, quien alegó la falta de pruebas fehacientes para sostener la acusación contra el docente investigado.

“La prueba se produjo en el juicio. O sea que ellos tuvieron la inmediatez, vieron la captura de pantalla. Declaró la nena, cámara Gesell, la mamá. O sea sí se produjo la prueba, todas las capturas, audios, fotos se produjeron en juicio, la cual asentó en sentencia”, manifestó.

El abogado explicó que en la acusación se incorporaron algunos mensajes que se configuraban dentro del tipo penal. “Ellos vieron por la inmediatez, o sea tuvieron conocimiento. El presidente no puede decir que no vio. O sea que ninguno de los miembros puede decir que no se exhibió los mensajes”, ratificó.

El fiscal afirmó que no quiere debatir la interpretación, al mismo tiempo de insistir que se colectaron todas las pruebas y presentadas para su consideración por los magistrados. “Con esas pruebas creemos que sí se configuraba el tipo penal. Que sí se probó el hecho punible. Que el Tribunal haya interpretado de otra manera, por esa razón vamos a estar apelando”, remarcó.

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Un tribunal de sentencia integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Cristian González condenó a 21 años de cárcel a un hombre luego de ser encontrado culpable del delito de abuso sexual en niños. Las víctimas son tres sobrinos del hoy sentenciado. El condenado ya fue sentenciado a 14 años de pena privativa de libertad por otro caso de abuso sexual en niños.

Tras la sentencia, la fiscala Claide Acosta señaló que “terminamos el juicio oral y público por el caso de abuso sexual en niños, donde el Ministerio Público solicitó la pena de 21 años de cárcel en un caso sumamente grave donde las víctimas fueron tres niños”, explicó.

“El tribunal colegiado encontró culpable al acusado y condenó a 21 años de cárcel, conforme a los testigos y las pruebas documentales ofrecidas durante el juicio oral”, manifestó.

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Acotó igualmente que “las víctimas de este grave caso son tres niños entre 6 y 12 años, sobrinos del hoy condenado. Este hecho se registró en una convivencia de familia ampliada porque vivían todos en un inmueble y penosamente surge esta situación que fue denunciada en el año 2022″.

“Se realizó un amplio trabajo con profesionales psicólogos médicos forenses y se abarcó todos los campos y se pudo probar el hecho que es lo importante”, indicó la representante del Ministerio Público.

Igualmente Acosta sostuvo que “dado el temor debido a que las víctimas recibían amenazas los niños lograron contar el hecho en el ámbito escolar y luego se comunicó al Ministerio Público donde se inició la investigación que terminó con la alta condena para el acusado”.

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