La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia destrabó el proceso penal por lesión de confianza en el caso de la construcción de la Línea 500 Kv, que enfrenta el expresidente de la Ande Carlos Heisele, quien debe enfrentar audiencia preliminar en la que se definirá si estará sentado en el banquillo de los acusados.
La máxima instancia judicial declaró la caducidad de la acción de inconstitucionalidad que presentó la defensa del extitular de la Ande, quien pretende llegar a la impunidad y no enfrentar un juicio oral y público.
El fiscal del caso Leonardi Guerrero señaló que cuenta con la copia de la resolución en la que se hizo lugar a la caducidad de la acción presentada por la defensa de Heisele.
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Guerrero indicó: “Entiendo que el acusado Heisele debe ser convocado por el Juzgado de Garantías para sustanciar la acusación en audiencia preliminar en la causa 500 kV.”
Además de Heisele, fueron acusados Jacinto Rodríguez, funcionario de la Dirección de Gabinete de la institución mencionada; Mónica Rodríguez, de la Dirección Jurídica, y René Aranda, junto con Ángel Galeano, abogados de los dueños de los inmuebles.
El proceso penal se inició tras varias publicaciones periodísticas que señalaron un sobrecosto millonario en el pago a los propietarios de los terrenos que fueron afectados por la construcción de la línea de 500 kV. Asimismo, de acuerdo a la acusación, se otorgaron indemnizaciones irregulares a 17 propietarios de inmuebles ubicados en la franja de dominio de la línea de 500 kV que une Itaipú con Presidente Hayes.
El fiscal Leonardi Guerrero indicó que la Ande pagó a los 17 dueños de inmuebles montos superiores a lo establecido por el dictamen de la Dirección de Topografía, que estableció el costo estimado de G. 3.000 millones. Se estima que el daño ocasionado se aproxima a los G. 9.451 millones.
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