Los agentes fiscales Irene Álvarez, Alejandro Cardozo y Joel Cazal solicitaron penas que van de 24 a 29 años de cárcel, más medidas de seguridad, para siete acusados por los homicidios de una niña de ocho años y de su tía.
Los procesados formarían parte del clan Rotela y el hecho se habría registrado en el marco de una disputa por el dominio del territorio del microtráfico en el Bañado Sur.
El Ministerio Público pidió 29 años de cárcel y 5 años de medidas de seguridad para Óscar Ariel Cabello Azcona, mientras que para Carlos Júnior Villagra Alegre solicitó 27 años de cárcel y 5 años de medidas de seguridad. Para Francisco Gabriel Estigarribia Echeverría se solicitó 28 años de prisión, más 5 años de medida de seguridad.
La lista sigue con Alcides Galeano Torales para quien se pidió 29 años de cárcel, en tanto que para Cristian Antonio Alegre Cárdenas y Rubén Santiago Rivas Azcona se solicitó 25 años de prisión. Para Óscar Matías Sosa Zaracho se pidió la pena de 24 años de cárcel.
El Ministerio Público presentó sus alegatos finales en la causa abierta por las muertes de Patricia Mabel Ríos y su sobrina de 8 años. La Fiscalía solicitó los antecedentes de los abogados de los procesados para que sean elevados a la Superintendencia de la Corte Suprema ya que dilataron la realización del juicio oral debido a que recusaron diez veces a los fiscales.
El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar el caso deberá estudiar todos los elementos de prueba que se presentaron durante el desarrollo de la audiencia oral y dictar la sentencia de primera instancia.
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Allanan Caja Municipal por desvíos cercanos a los G. 10.000 millones
La Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal fue allanada este viernes por parte de una comitiva fiscal y policial a cargo de la agente del Ministerio Público, Luz Guerrero. La hipótesis apunta a que se habrían falsificado firmas de más de 200 afiliados mediante las cuales se efectivizó el millonario desvío.
“El desvío sería de casi G. 10.000 millones entre el 2020 y el 2023. Usaron el nombre de 277 afiliados que fueron utilizadas para generar los expedientes”, explicó la fiscal en comunicación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, quien indicó que esta investigación ya inició en mayo, cuando inicialmente se detectó el desvío de unas 10 personas.
La denuncia puntual realizada por el presidente de la Caja, Venancio Díaz, nació luego de la auditoría interna en la que se detectó que a partir de la devolución de aportes de los afiliados, se generaban otros expedientes a nombre de esa misma persona y se desembolsaban sumas de dinero que cobraban terceras personas.
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“La comitiva fiscal incautó documentos y libros internos entre dependencias donde tuvo que quedar registrado el circuito que debieron seguir los expedientes de la devolución de los aportes y el sistema informático es vital para nosotros porque ahí constan las veces en que se hicieron las órdenes de pago respecto a una misma persona en varias ocasiones”, explicó.
La falsificación de firmas está dentro del espectro de la hipótesis de cómo se habrían dado los hechos y se estima que al menos unos cinco funcionarios de la institución estarían involucrados en el hecho, además de personas que son ajenas a la Caja que estuvieron vinculadas para lograr el cobro de los cheques.
La fiscal precisó que en el incendio producido en la sede de la caja el pasado 16 mayo se habrían destruido expedientes vinculados a la devolución de aportes. Asimismo, indicó que existen indicios de que dicho hecho habría sido provocado, por lo cual ya existe otra investigación e incluso una persona imputada.
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Caso Gomes: se aguardan resultados de las pericias de la Fiscalía y de la contraparte
El fiscal Christian Ortiz detalló que sigue el proceso de investigación por el fallecimiento del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, y que se aguardan los peritajes de los intervinientes como de la contraparte, la defensa de la familia de Gomes. Durante un allanamiento, en el marco de la causa Pavo Real II, ocurrido el pasado 19 de agosto en su domicilio, el legislador habría reaccionado a tiros contra los agentes policiales, que respondieron y se produjo el deceso.
“Los peritos por las partes ya fueron ofrecidos. Resulta ser que nuestro código establece ciertas pautas con respecto a los derechos que tienen las partes a intervenir y forma parte de esos derechos y están establecidos en el código de reformas el tema de ampliar e impugnar inclusive puntos de pericias, así como también el ofrecimiento de peritos”, explicó Ortiz, este lunes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Agrego que “los peritos ya están designados, ya prestaron juramento ante el juzgado y los puntos que están establecidos”. A partir de ahora, se aguarda que se presenten las pericias de ambas partes para “comparar” los hechos que se dieron durante el allanamiento realizado en el domicilio del entonces diputado.
“Una y otra parte van a tener sus pericias, se van a analizar, confrontar seguramente también las conclusiones que se vayan a llegar, y sobre aquellos puntos que no vayan a quedar claros seguramente está dentro de la potestad del Ministerio Público y mismo también del juzgado de solicitarles una ampliación con respecto a esos puntos”, explicó.
El hecho punible por el cual fue abierta esta causa fue “un hecho punible contra la vida”, explicó el agente fiscal, por lo que lo realizaron las acciones en protocolo de lo que se trata como homicidio justamente “para colectar todos los elementos de convicción posibles, asegurarlos y a partir de allí cubrir todas las aristas que podrían darse durante la investigación”.
Aclaró que las investigaciones que lleva adelante el equipo fiscal se inició a partir de lo ocurrido en el allanamiento, no así el procedimiento en sí que se llevó adelante en la madrugada del 19 de agosto. “Hay que recordar que realizado el procedimiento ocurrió la muerte del que en vida fuera el diputado Eulalio Gomes, a partir de allí tomaron intervención colegas de la zona en un primer momento y luego fue conformado el equipo por parte de la fiscalía general”, apuntó.
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A 10 años de la ley de acceso a la información pública destacan avances
En el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la promulgación de la ley de acceso a la información pública, el Ministerio Público organizó un conversatorio interinstitucional, a través de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El debate fue encabezado por el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández.
Esta oportunidad que sirvió para compartir las buenas prácticas, una observación interna de las áreas públicas que tienen a su cargo el procesamiento y cumplimiento de la ley, compartiendo las buenas prácticas a nivel local. Además, reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de accesibilidad. Igualmente, se visualizó los datos abiertos como mecanismo de transparencia y participación ciudadana.
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El debate contó con la colaboración y disertación de la politóloga Eugenia Braguinsky, experta en políticas de acceso a la información pública, transparencia y gobierno abierto. Además, la misma fue directora de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública de la Argentina y es coordinadora de la Red Iberoamericana de Justicia Abierta, quien disertó sobre los avances en políticas e indicadores de accesibilidad de la información.
Otros expositores fueron el magister en derechos fundamentales, Abg. María José Bazán, quien compartió las experiencias en materia de rendición de cuentas, que fueron abordadas con la sociedad civil mediante el programa de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, a través del Centro de Estudios Judiciales CEJ y de la USAID. También, la mirada de la ciudadanía, desde las audiencias de rendición de cuentas en sus diversas modalidades.
Igualmente, disertó la directora Angélica Caniza, directora de Transparencia y Acceso a la Información del Consejo de la Magistratura, sobre los mecanismos de Transparencia en el proceso de Selección. La lic. Mercedes Colman disertó en representación del Ministerio de la Mujer sobre el Observatorio de la Mujer y los datos que se comparten desde esa área.
La Abg. Elida Acosta Dávalos, de la dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, se refirió a los procesos de amparo judicial sobre casos de acceso a la información y al repositorio de casos judiciales.
Este evento se realizó en el marco de la política de administración y eje estratégico de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Desde la Fiscalía General agradecieron el interés y la presencia de los participantes, a fin de redituar en un mejor servicio a la ciudadanía.
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Fiscalía registra este año más de 2.000 causas por imágenes ilícitas de menores
En coincidencia con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se conmemora el 23 de setiembre, el Ministerio Público socializó este lunes datos alarmantes sobre dos hechos punibles que involucran a menores: pornografía y proxenetismo. Corresponden a causas tramitadas entre los años 2023 y 2024 que muestran que el delito representa uno de los problemas sociales más graves en Paraguay.
La Fiscalía señala que el año pasado ingresaron 108 causas por el hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes, mientras que las cifras contabilizadas hasta julio de 2024 indican que se reportaron 2.176 causas. “Parte de estos números corresponde a reportes que llegan a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec), desde Estados Unidos”, aclara el informe.
En tanto, en los dos últimos años se denunciaron 206 casos de proxenetismo ante el Ministerio Público. El año pasado ingresaron 137 causas y, hasta julio de 2024, se reportaron 69 causas con esa tipificación, según informaron la Dirección de Denuncias Penales, Informática y la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. “En lo que respecta a la trata de personas, no se registraron de niños víctimas de explotación sexual en los últimos dos años”, indicó el Ministerio Público.
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Asunción lidera las estadísticas
En cuanto al hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes, el 75 % de las causas se concentran en Asunción y Central, siendo la capital la que encabeza las estadísticas. Los meses de mayor registro son abril, mayo y julio. En cuanto al proxenetismo, los meses con mayor número de registros de causas son: junio, julio, agosto, octubre y noviembre.
Entre los departamentos con mayor incidencia se encuentran Central en primer lugar, seguido de Asunción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú e Itapúa, según informó el Observatorio de la Fiscalía. Las autoridades instan a la prevención de los hechos punibles a través de campañas de concienciación sobre los riesgos de aceptar trabajos lejos de sus redes de apoyo. Así también recomiendan mantener la comunicación con la familia o personas de referencia que puedan brindar auxilio en caso de necesidad.
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