Se suspendió juicio oral al extitular del Indert, Mario Vega y otros acusados
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El juicio oral y público para el extitular del Indert, Mario Vega, y otros acusados por lesión de confianza, cohecho pasivo, cobro indebido y asociación criminal, se suspendió debido a una recusación que se presentó contra el Tribunal de Sentencia, integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Claudia Criscioni.
La audiencia se pospuso porque el acusado José Luis Clerch, exdirector de Gabinete a través de su abogado recusó al Tribunal de Sentencia y por ende el juicio oral se suspendió. El presente caso fue el detonante de la renuncia de Vega al frente del Indert. Incluso el fiscal había allanado el local de la citada institución estatal.
Ahora será el Tribunal de Alzada deberá decidir si confirma al Tribunal de Sentencia que deberá juzgar a los acusados. Una vez que se decida sobre el presente caso y el colegiado sea confirmado se tendrá que fijar una nueva fecha para el desarrollo de la audiencia oral.
Además de Vega, están acusados el exdirector de Administración y Finanzas, Diego de los Ríos; José Luis Clerch, exdirector de Gabinete; Pedro Benítez y Zulma de Benítez. En su momento el juzgado Penal de Garantía había elevado el presente caso a un juicio oral y público.
De acuerdo con la acusación, el Indert ya había desembolsado G. 300 millones para la construcción de pozos a la Fundación Lambaré sin documentación que avale dicho desembolso. En el referido caso el fiscal es Luis Said, quien sostiene que existen varios elementos que comprometen la situación procesal de cada uno de los acusados.
La jueza penal de Garantías, Clara Ruiz Díaz, ordenó la prisión preventiva de Ignacio Luis Ortigoza Samudio, extitular del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), quien estuvo prófugo de la Justicia durante más de 6 años.
Asimismo, la citada magistrada fijó para el 11 de julio la audiencia preliminar de Ortigoza, cuando se va a saber si el presente caso va a un juicio oral y público.
El Ministerio Público en su momento presentó acusación contra Ortigoza y pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público atendiendo todos los elementos probatorios que se tiene en la carpeta fiscal.
Ortigoza fue declarado en rebeldía y con orden de detención en el año 2019 y desde ese año estaba siendo buscado por varios casos de presunta lesión de confianza cometidos cuando el mismo era presidente del Indert.
En enero de este año, la jueza Clara Ruiz Díaz reiteró su orden de captura en el marco de la causa que investigó el intento de venta de parte del predio del aeropuerto de Capitán Bado, Amambay, en el año 2012.
Asimismo, Ortigoza estaba siendo investigado por lesión de confianza en la compra de 5.743 hectáreas de tierra en Cordillera a la firma San Agustín, vinculada al exsenador Jorge Oviedo Matto. Las tierras fueron adquiridas por la entidad estatal por un monto de G. 46.884.846.163.
Del mismo modo, Ortigoza también fue indagado por la venta irregular de tierras en Alto Paraguay, así como la venta de la reserva del Mbaracayú.
Caso Joaquín Roa: Fiscalía sostiene que licitaciones fueron direccionadas
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En el marco del juicio oral y público que enfrenta el extitular de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, el Ministerio Público presentó sus alegatos iniciales donde expuso que el acusado benefició con contrataciones a las empresas de Alberto Koube, y producto de esas adjudicaciones supuestamente se dedicaban a lavar dinero proveniente del narcotráfico.
El representante del Ministerio Público sostuvo que el acusado pudo simular la compra del lujoso yate que estaba a nombre de Roa y que se demostrará la responsabilidad del procesado en los delitos que la fiscalía acusó.
El fiscal Silvio Corbeta fue quien expuso los alegatos iniciales en el juicio oral y público contra del extitular de la SEN, Joaquín Roa, quien está siendo juzgado por lavado de dinero y otros delitos. También el fiscal aseguró que cuenta con elementos suficientes para demostrar que el acusado lavó dinero y benefició 11 contrataciones direccionadas al empresario Alberto Koube, procesado por narcotráfico en la causa A Ultranza Py.
Roa está acusado por los hechos de cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos.
Si bien Roa hizo solo un pago parcial respecto a la embarcación, según el fiscal, el contrato de compraventa se hizo sin certificación de firmas, suscrito con el Grupo Tapyracuai SA, y el exministro supuestamente intentó justificar la procedencia y adquisición de la embarcación valorada en G. 3.200 millones (USD 450.000).
En el presente juicio oral está siendo juzgado el empresario Koube, acusado por lavado de dinero, lesión de confianza (en calidad de cómplice), asociación criminal y lavado de dinero.
La Justicia condenó al chofer de la unidad de Paraguarí y a un asaltante por el caso de la joven Liz Vera, quien cayó de una unidad de transporte persiguiendo a un delincuente que se llevó su celular. Foto: Archivo
Caso Liz Vera: Justicia condenó al asaltante y al chofer del bus a 5 años de cárcel
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La Justicia condenó a 5 años de cárcel al chofer de colectivo y al asaltante que atacó a la joven Liz Vera, quien al intentar recuperar su celular, cayó al asfalto y tras varios días falleció. El hecho fue juzgado por un tribunal de sentencia, que luego de analizar todos los elementos probatorios, resolvió condenar a la pena privativa de libertad de 5 años de cárcel a los dos acusados en el presente caso.
La joven Liz Vera ,de 24 años de edad, falleció en septiembre del 2021, víctima de la inseguridad, cayó de un bus luego de ser asaltada por un supuesto vendedor de chipa.
El chofer condenado prestaba servicio en la unidad de la empresa Paraguarí, fue sentenciado por el delito de homicidio culposo. Mientras que el asaltante también fue condenado a 5 años de prisión.
“El chofer no tuvo la intención de denunciar ni auxiliar y eso agrava la pena, y el vendedor que se dio a la fuga”, expresó el fiscal Itálico Rienzi a la radio 1020 AM.
Liz viajaba en la unidad de transporte cuando fue despojada de su teléfono celular por un delincuente, quien rápidamente se dio a la fuga. En un intento por perseguirlo para recuperar su móvil, cayó al asfalto luego de que el conductor acelerara la marcha. Liz estuvo varios días en coma por una grave contusión cerebral, pero no resistió y falleció.
La defensa de los condenados tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que defina si corresponde confirmar la sentencia dictada en primera instancia.
Juicio oral de Paraguayo Cubas se pospuso porque Corte debe resolver acción de inconstitucionalidad
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Se suspendió el juicio oral y público para el excandidato presidencial, Paraguayo Cubas, acusado por perturbación de la paz pública y otros delitos por los disturbios ocurridos frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral tras la victoria de Santiago Peña.
El tribunal de sentencia integrado por Héctor Capurro, Cándida Fleitas y Cristian González, hicieron lugar a la reposición de la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien sostuvo que presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la convocatoria al juicio oral y público fijado para los días 17 y 18 de julio porque existe pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra un fallo que, a su criterio, vulnera derechos fundamentales.
La acusación contra Cubas fue presentada en junio de 2023 por los agentes fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia. En el documento sostienen que el líder político convocó a sus seguidores a tomar las calles, expresando su descontento con los resultados preliminares transmitidos a través del TREP.
Alegan que sus discursos incendiarios y publicaciones en redes sociales incitaron a la violencia, llevando a manifestaciones en diversas ciudades del país. Las protestas derivaron en disturbios, daños a la propiedad pública y privada, así como agresiones a agentes policiales.
La acusación contra Cubas está respaldada por una serie de pruebas contundentes, como ser: pruebas documentales, pruebas audiovisuales, denuncias realizadas por la coordinadora de la Dirección Jurídica de la Justicia Electoral y evidencias incautadas.