El procurador general de la República, Rodolfo Andrés Barrios, analiza sancionar a las personas involucradas que habrían entregado más de 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en Alto Paraguay, Chaco, y situadas en la zona de seguridad fronteriza a empresas extranjeras que serían de maletín.
Esto se genera debido a que el Ministerio de Defensa Nacional había remitido los antecedentes del caso a la Procuraduría en atención a que se vulnera la Ley de Seguridad Fronteriza, pues las tierras entregadas en primera instancia a las offshore se encuentran bajo protección de dicha normativa de nuestro país.
La multa, en caso de llegar a comprobarse sobre la irregularidad de la actuación de la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún y otros funcionarios como escribanos, es de US$ 30 millones. Dicha suma de dinero deberá ingresar a las arcas del Banco Nacional de Fomento a la orden del Ministerio de Defensa Nacional.
La Ley de Seguridad Fronteriza establece en cuanto a las sanciones, en el artículo 8, que: “los actos jurídicos que contraríen lo dispuesto en esta Ley, serán nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponderles a los jueces, funcionarios y a los notarios públicos intervinientes. La nulidad del acto traerá aparejada una multa equivalente al doble del valor de la operación”.
Jueza destituida
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó de sus funciones a la jueza en lo civil de Asunción, Tania Irún, por encontrarse irregularidad en su actuación en el fallo firmado en que entregó 310 mil hectáreas de tierras a empresas que serían de maletín. La destitución de la magistrada fue conformada inclusive por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Igualmente a raíz de la irregularidad en el mencionado fallo judicial, el Ministerio Público formuló imputación contra Irún por el hecho punible de prevaricato.
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