El abogado Milner Núñez, representante legal del exministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Manuel Núñez Rodríguez, absuelto de culpa y pena en un juicio oral en el que estuvo acusado por prevaricato, solicitó al Tribunal de Apelaciones que imponga las costas del juicio al exfiscal de la Unidad Anticorrupción y actual ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández, quien años atrás fue el que presentó la imputación y acusó de forma irregular al exalto magistrado. Igualmente, se pide que asuma las costas el fiscal Luis Piñánez.
El principal argumento de los defensores de Núñez es que Fernández actuó con temeridad al haber imputado, acusado y sostenido un proceso penal a sabiendas que el exministro de la Corte no firmó ninguna resolución fuera de la ley; y en específico, que le atribuyeron una conducta penal por una resolución que nunca firmó. Por lo que corresponde que las costas del proceso sean impuestas al actual titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández.
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Ahora será el Tribunal de Apelaciones el que tendrá que estudiar si corresponde hacer lugar al pedido de la defensa del exalto magistrado e imponer que pague los gastos del juicio oral. Es importante señalar que el Ministerio Público no apeló la absolución de los dos exministros, Blanco y Núñez, por lo que la resolución del Tribunal de Sentencia quedó firme y ejecutoriada.
De acuerdo a la publicación hecha en el mes de mayo por el diario La Nación, un Tribunal de Sentencia absolvió de culpa y pena a los exministros de la Corte Sindulfo Blanco y Víctor Núñez, acusados por prevaricato. Asimismo, el colegiado dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares de los dos exaltos magistrados.
El colegiado estuvo integrado por Yolanda Portillo, Blanca Gorostiaga y Héctor Capurro, que determinó que los elementos arrimados por el Ministerio Público no sirvieron siquiera para probar la existencia del primer elemento objetivo del delito que atribuyeron René Fernández y Luis Piñánez, y menos que fueran suficientes para afirmar que los acusados pretendieron perjudicar, y de hecho no lo hicieron, con la reducción de la pena a dos años y seis meses de prisión para el ciudadano Peter Kennedy.