El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó a la jueza multifueros de Neuland (Chaco) Lourdes Margarita Sanabria tras detectarse graves irregularidades al pedir un viático de G. 6.000.000 cuando debía cobrar solo G. 1.770.000 para realizar una constitución en el marco de un juicio civil.
Los integrantes del JEM que votaron por la destitución de la criticada magistrada Sanabria son Jorge Bogarín Alfonso, Rodrigo Blanco, Hernán Rivas, Manuel Ramírez Candia, Mónica Seifart y Enrique Bacchetta. Mientras que el senador Fernando Silva Facetti votó por el apercibimiento.
De acuerdo a fuentes del JEM, la jueza Sanabria fue protegida del exmiembro del JEM Adrián Salas, hoy integrante del equipo político del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
Te puede interesar: JEM analizará si sanciona o destituye a magistrada del Chaco por viático
Ahora la resolución de la destitución de la magistrada deberá hacer efectiva el pleno de la Corte Suprema de Justicia y comunicar al Consejo de la Magistratura para que pueda llamar al edicto para llenar la referida vacancia.
En su momento, el propio presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, mencionó durante la sesión plenaria que llegó una denuncia grave y con elementos de pruebas que consisten en un audio en el que se le escucha a la jueza Sanabria decir a una abogada que ella tiene que saber cómo se maneja en la zona, avalando así la suma que el actuario judicial solicitó para realizar el referido procedimiento.
Podés leer: Rechazan otra chicana presentada por la directora de Abc Color en caso de difamación
Dejanos tu comentario
Jueza fue denunciada por mal desempeño en sus funciones
Avícola Itapúa SA ha presentado una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de Presidente Franco, Cynthia Rossana Pineda Morel, por mal desempeño de sus funciones, atendiendo que, en violación de la ley, ha dictado recientemente una resolución que deja sin efecto otra resolución previa emitida por un juez del mismo grado, que aprobaba una subasta y ordenaba el inmediato desalojo, para que el legítimo propietario –Avícola Itapúa SA– pueda finalmente gozar de la posesión de la planta industrial que actualmente está siendo explotada y usurpada por el anterior propietario.
La denuncia sostiene que la resolución de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo vulnera la competencia en grado, sino además la territorial (el juicio principal está en la jurisdicción de Encarnación).
Este caso es un claro ejemplo de una violación a los principios básicos de la seguridad jurídica, que genera incertidumbre y desconfianza en el sistema judicial paraguayo. Al dejar sin efecto una resolución previamente dictada por un colega de igual jerarquía y fuera de la competencia territorial, se crea un precedente peligroso que puede afectar negativamente la estabilidad y predictibilidad del ordenamiento jurídico.
Además de ser llamativa la intervención de la jueza en un juicio en el cual no tiene competencia de grado ni territorial, llama la atención la excesiva celeridad en resolver el disfrazado juicio autónomo de medida cautelar de urgencia solicitando dejar sin efecto el desalojo, ya que en menos de una hora de promovido el mismo, el asunto ya estaba resuelto.
“Esta acción es un claro ejemplo de la falta de coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley, además resulta inconcebible e inaceptable en nuestro derecho positivo que un juez de igual grado, clase y jurisdicción, mediante una supuesta ‘medida de urgencia’ autónoma suspenda una orden judicial de desalojo dada por un intérpretes en otro juicio, en lo que en doctrina se conoce como caos jurídico, lo que produce inseguridad jurídica”, afirmó la abogada de Avícola Itapúa SA, Ana Inés Peña.
“La jueza hoy denunciada se extralimitó en sus funciones y se atribuyó facultades propias de un Tribunal de Alzada, poniendo en riesgo la seguridad jurídica que es fundamental para atraer inversiones y promover el desarrollo económico en nuestro país. La conducta de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo pone en riesgo la confianza de los inversores, sino de todos los ciudadanos en general en nuestro sistema judicial”, advirtió la abogada de Avícola Itapúa SA.
Leé también: Víctimas de la mafia de pagarés volvieron a manifestarse frente a la Corte
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá investigar y resolver esta denuncia de manera transparente y justa, asegurando que se respeten los principios de independencia judicial y debido proceso.
Avícola Itapúa SA espera que esta denuncia contribuya a fortalecer la integridad y eficiencia del sistema judicial paraguayo, garantizando así la seguridad jurídica y el Estado de derecho en nuestro país.
Dejanos tu comentario
Jueza fue denunciada por mal desempeño en sus funciones
Avícola Itapúa SA ha presentado una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de Presidente Franco, Abog. Cynthia Rossana Pineda Morel, por mal desempeño de sus funciones, atendiendo que, en violación de la ley, ha dictado recientemente una resolución que deja sin efecto otra resolución previa emitida por un juez del mismo grado, que aprobaba una subasta y ordenaba el inmediato desalojo, para que el legítimo propietario –Avícola Itapúa SA– pueda finalmente gozar de la posesión de la planta industrial que actualmente está siendo explotada y usurpada por el anterior propietario.
La denuncia sostiene que la resolución de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo vulnera la competencia en grado, sino además la territorial (el juicio principal está en la jurisdicción de Encarnación).
Este caso es un claro ejemplo de una violación a los principios básicos de la seguridad jurídica, que genera incertidumbre y desconfianza en el sistema judicial paraguayo. Al dejar sin efecto una resolución previamente dictada por un colega de igual jerarquía y fuera de la competencia territorial, se crea un precedente peligroso que puede afectar negativamente la estabilidad y predictibilidad del ordenamiento jurídico.
Además de ser llamativa la intervención de la jueza en un juicio en el cual no tiene competencia de grado ni territorial, llama la atención la excesiva celeridad en resolver el disfrazado juicio autónomo de medida cautelar de urgencia solicitando dejar sin efecto el desalojo, ya que en menos de una hora de promovido el mismo, el asunto ya estaba resuelto.
“Esta acción es un claro ejemplo de la falta de coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley, además resulta inconcebible e inaceptable en nuestro derecho positivo que un juez de igual grado, clase y jurisdicción, mediante una supuesta ‘medida de urgencia’ autónoma suspenda una orden judicial de desalojo dada por un interpartes en otro juicio, en lo que en doctrina se conoce como CAOS JURÍDICO, lo que produce inseguridad jurídica”, afirmó la abogada de Avícola Itapúa SA, Ana Inés Peña. “La jueza hoy denunciada se extralimitó en sus funciones y se atribuyó facultades propias de un Tribunal de Alzada, poniendo en riesgo la seguridad jurídica que es fundamental para atraer inversiones y promover el desarrollo económico en nuestro país. La conducta de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo pone en riesgo la confianza de los inversores, sino de todos los ciudadanos en general en nuestro sistema judicial”, advirtió la abogada de Avícola Itapúa SA.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá investigar y resolver esta denuncia de manera transparente y justa, asegurando que se respeten los principios de independencia judicial y debido proceso.
Avícola Itapúa SA espera que esta denuncia contribuya a fortalecer la integridad y eficiencia del sistema judicial paraguayo, garantizando así la seguridad jurídica y el Estado de derecho en nuestro país.
Dejanos tu comentario
Corte debe resolver 87 acciones presentadas contra fallos del TSJE y el JEM
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia aún no resuelven 87 acciones de inconstitucionalidad que se presentaron contra fallos del Tribunal Superior de Justicia Electoral y contra resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Desde la Secretaría de la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial informaron que se encuentra a disposición de las partes la nómina de acciones promovidas en contra de resoluciones emanadas del Tribunal Superior de Justicia Electoral y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Esto, a los efectos de que los interesados comparezcan ante la Secretaría de la sala a fin de impulsar las notificaciones correspondientes sobre las integraciones producidas en cada uno de los planteamientos y, de esta forma, proseguir con los trámites procesales de rigor, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 98 del Código Procesal Civil “Principio de iniciativa del Proceso”.
Existen pendientes de resolución acciones de inconstitucionalidad promovidas en el año 2000, es decir, presentadas hace 25 años y que siguen pendientes de resolución.
De acuerdo a los datos, un total de 57 acciones que se presentaron contra determinaciones adoptadas por los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral siguen pendientes de resolución en la Corte. Igualmente, un total de 30 acciones están para decidirse sobre fallos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, es decir, jueces que fueron destituidos de sus cargos, entre otros.
Podes leer: Detienen a tres policías por un supuesto pedido de coima
Dejanos tu comentario
Paraguay se casa: Diputados apoyan campaña para regularizar uniones de hecho
Por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el plenario de la Cámara Baja aprobó el proyecto “Que declara de interés nacional la campaña de matrimonio civil comunitario “Paraguay se casa: Unidos por amor y protegidos por la Ley”, impulsada por el Registro del Estado Civil”.
Así se afirma que el matrimonio, como institución fundamental de la sociedad, goza de protección y constitución legal en nuestro país, dijo Latorre. Recordó que la Constitución Nacional, en su artículo N° 49, establece que la familia es el fundamento de la sociedad y que se promoverá y garantizará su protección integral.
Indicó que esto incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, los hijos y la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes.
Mencionó que el Registro del Estado Civil ha identificado que una parte significativa de la población enfrenta barreras económicas y administrativas que dificultan la formalización de sus uniones de hecho.
Señaló que esta situación no solo genera inseguridad jurídica para las familias involucradas, especialmente en aspectos como derecho sucesorio, acceso a prestaciones sociales o reconocimiento de filiación, sino que también produce sub registros y distorsiones en los datos demográficos, afectando la planificación de políticas públicas.
“Especifica que la campaña “Paraguay se casa: Unidos por amor y protegidos por la Ley” fue diseñada para abordar esta problemática, con objetivos tales como promover la regularización de uniones de hecho, facilitando su acceso a la institución matrimonial; garantizar la seguridad jurídica de los contrayentes y sus núcleos; y erradicar sub registros civiles, asegurando que el Registro Civil refleje fielmente la realidad social", expresó el legislador.
Cohesión social
El proyecto asevera que la campaña en cuestión busca el fortalecimiento de la cohesión social, al facilitar la formalización de las familias, reforzando el tejido social y protegiendo los sectores más vulnerables.
Además, establece la fiabilidad de los registros públicos y la regularización masiva de uniones, mejora la exactitud de los datos del Registro Civil, lo cual es vital para la planificación estatal, según el material.
“La campaña ha probado ser un modelo de gestión eficiente, reduciendo trámites y cargas burocráticas. Otros objetivos son garantizar el respeto de los derechos fundamentales; la eliminación de barreras económicas; y asegurar que el derecho al matrimonio no está condicionado por la capacidad económica”, sostiene el proyectista.
La medida central fue la exoneración general de la tasa de matrimonio civil, permitiendo que todas las parejas que lo deseen puedan acceder al trámite sin trabas económicas y con procedimientos simplificados.
Latorre exhorta a las instituciones públicas y privadas, así como a las diversas organizaciones de la sociedad civil, a desarrollar actividades de sensibilización y participación.
Siga informado con: Presidente del Senado cuestiona politización mediática ante medida sanitaria