El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó a la jueza multifueros de Neuland (Chaco) Lourdes Margarita Sanabria tras detectarse graves irregularidades al pedir un viático de G. 6.000.000 cuando debía cobrar solo G. 1.770.000 para realizar una constitución en el marco de un juicio civil.
Los integrantes del JEM que votaron por la destitución de la criticada magistrada Sanabria son Jorge Bogarín Alfonso, Rodrigo Blanco, Hernán Rivas, Manuel Ramírez Candia, Mónica Seifart y Enrique Bacchetta. Mientras que el senador Fernando Silva Facetti votó por el apercibimiento.
De acuerdo a fuentes del JEM, la jueza Sanabria fue protegida del exmiembro del JEM Adrián Salas, hoy integrante del equipo político del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
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Ahora la resolución de la destitución de la magistrada deberá hacer efectiva el pleno de la Corte Suprema de Justicia y comunicar al Consejo de la Magistratura para que pueda llamar al edicto para llenar la referida vacancia.
En su momento, el propio presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, mencionó durante la sesión plenaria que llegó una denuncia grave y con elementos de pruebas que consisten en un audio en el que se le escucha a la jueza Sanabria decir a una abogada que ella tiene que saber cómo se maneja en la zona, avalando así la suma que el actuario judicial solicitó para realizar el referido procedimiento.
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No hay margen de dudas sobre la facultad de la Contraloría para pedir intervenciones, sostiene Preda
El abogado penalista, Ricardo Preda, dejó en claro que la Contraloría General de la República (CGR), tiene facultades constitucionales para pedir la intervención al Poder Ejecutivo, a las municipalidades, cuando existen indicios de hechos punibles, sostenidos en dictámenes elaborados por esta institución.
“El artículo n.° 2 de la ley n.° 317/1994 por lo menos deja sin lugar a dudas de que la Contraloría tiene la facultad de solicitar al Poder Ejecutivo que inicie ese trámite, lo que no quiere decir que esta institución defina que se va a hacer esa intervención o no, ahí va a intervenir el Ministerio del Interior y luego va a necesitar el acuerdo de la Cámara de Diputados", explicó.
En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el abogado recordó que las intervenciones tienen un componente político, dado que la Cámara Baja debe aprobar dicha solicitud, no obstante eso no cambia el hecho de que el ente contralor pueda hacer esa solicitud, independientemente de lo que se resuelva en los otros estamentos.
El artículo n.° 165 de la Constitución Nacional establece que los gobiernos municipales y departamentales pueden ser intervenidos por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara de Diputados, también en casos de solicitud de la Junta Municipal o de desintegración de la misma, la tercera opción es por graves irregularidades con previo dictamen de la Contraloría General de la República.
“La reglamentación de ese artículo, es la ley n.° 317 de 1994 y en su artículo n.° 2 aborda los casos de intervención, que incluyen los hechos señalados directamente por la Contraloría con dictamen y a solicitud de esta, es decir, le da la facultad a la Contraloría de solicitar la intervención, obviamente luego hay otros trámites que se deben seguir, pero de que la Contraloría puede solicitar, sí lo puede", recalcó.
Las aclaraciones de Preda se dan en medio del reciente pedido de la Contraloría, anunciado por el propio contralor Camilo Benítez, a intervenir las municipalidades de Asunción y de Ciudad del Este ante indicios de hechos punibles. Todo esto luego de una investigación llevada a cabo por la mencionada institución y la emisión de dictámenes al respecto.
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A la Fiscalía, casos de mafia de pagarés
La senadora Esperanza Martinez dijo ayer que la Comisión de Investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “mafia de los pagarés” resolvió denunciar ante la Fiscalía los más de 2.000 casos de estafados por el grupo delictivo.
“Revisamos los más de 2.000 casos registrados en la web, están otros más de mil buscando la información para poder clasificar. Acá por ejemplo ya tenemos las casuística de que tipo de profesiones, en qué caso o comercio se registra, entonces se decidió enviar a la Fiscalía una denuncia innominada de todas estas casas que están involucradas y que se produzca un inicio de investigación de la Fiscalía”, indicó la legisladora. Refirió que también se resolvió plantear las denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) teniendo en cuenta la participación de jueces y fiscales en los hechos perpetrados por la mafia de los pagarés.
Las declaraciones de la senadora Martínez fueron realizadas tras la primera reunión oficial que mantuvo la Comisión de Investigación legislativa, dirigida por el legislador Rafael Filizzola.
REGISTRO DE VÍCTIMAS
En el primer trabajo de registro de las denuncias de las víctimas de la citada mafia, se puede observar que existe un 39,57 por ciento de funcionarios del Ministerio de Educación, seguido de los trabajadores del Ministerio de Salud, con un14,8 por ciento. También figuran trabajadores de empresas privadas en un 11,89; funcionarios del Hospital de Clínicas, en 3,83; del IPS, en un 3,7; docente, en 2,3; independiente, en 1,92 y jubilado en 1,76 por ciento.
En lo que respecta a los juzgados, se registra una alta denuncia contra el juzgado de Encarnación, de la capital, en un 20,48 por ciento; en la Catedral, en 11,89; San Roque, en 8,44; Recoleta, en 5,44; y el juzgado de Mariano Roque Alonso, en un 4,75 por ciento. Además de figurar varios otros juzgados de la capital, Central y del interior del país.Los miembros de la Comisión de Investigación temporal del Congreso señalan que los afectados pueden consultar sobre la forma de registrar sus denuncias al teléfono (0985) 221-112.
REUNIÓN POSTERGADA
La reunión que estaba prevista realizar ayer entre los miembros de la Comisión “antimafia de los pagarés” y la mesa directiva de la Cámara Alta con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, fue postergada para los próximos días teniendo en cuenta el viaje del alto magistrado al exterior.
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Caso acoso: Senado insta a investigar a jueces y a fiscal
La Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de declaración que insta al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a investigar a los miembros del Tribunal de Sentencia de Villarrica, que terminaron absolviendo al docente Eustaquio Insaurralde. El docente está acusado de abuso por medios tecnológicos a una alumna de 11 años de edad.
La decisión adoptada por los jueces Julio Alfonso, Víctor Ortigoza y Juan Ruiz Díaz terminó generando el repudio ciudadano, teniendo en cuenta la existencia de pruebas contundentes contra Insaurralde, docente de 56 años de edad.
Un total de 600 mensajes fueron enviados por Insaurralde, en donde supuestamente le decía a la niña “quiero sentir tu cuerpo”, “sos super sexy, un sueño, te adoro, te amo mi princesa, mi niña me vuelves loco”, “te pido que vengas sola a casa, sin que nadie se entere, para besarte desde la punta de los pies”.
SUMA GRAVEDAD
El documento aprobado por los parlamentarios en su sesión ordinaria de la fecha refiere que “este constituye un caso de suma gravedad, ya que guarda relación con hechos punibles que afectan la integridad de una niña e involucra a un docente, agravado por el hecho de ostentar un cargo, cuya función debería mostrar un especial deber del cuidado”.
La iniciativa agrega que “las estadísticas informadas por organizaciones especializadas en el ámbito refieren que este tipo de hechos punibles representan un verdadero problema a nivel nacional, razón por la cual este tipo de decisiones adquieren una importancia especial”.
El fallo a favor del denunciado brinda la posibilidad de que Insaurralde vuelva a la enseñanza en la misma institución de la que fue apartado al iniciarse el proceso judicial. La acusación fue impulsada por la madre de la niña en el año 2022.
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Caso acoso: Senado insta al JEM a investigar a jueces y fiscal que absolvieron a docente
La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de declaración que insta al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a investigar a los miembros del Tribunal de Sentencia de Villarrica, que terminaron absolviendo al docente Eustaquio Insaurralde. El magistrado está acusado de abuso por medios tecnológicos a una alumna de 11 años de edad.
La decisión adoptada por los jueces Julio Alfonso, Víctor Ortigoza y Juan Ruiz Díaz terminó generando el repudio ciudadano, teniendo en cuenta la existencia de pruebas contundentes contra Insaurralde, docente de 56 años de edad.
Un total de 600 mensajes fueron enviados por Insaurralde, en donde supuestamente le decía a la niña “quiero sentir tu cuerpo” “sos super sexy, un sueño, te adoro, te amo mi princesa, mi niña me vuelves loco”, “te pido que vengas sola a casa, sin que nadie se entere, para besarte desde la punta de los pies”.
El documento aprobado por los parlamentarios en su sesión ordinaria de la fecha refiere que “este constituye un caso de suma gravedad, ya que guarda relación con hechos punibles que afectan la integridad de una niña e involucra a un docente, agravado por el hecho de ostentar un cargo, cuya función debería mostrar un especial deber del cuidado”.
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La iniciativa agrega que “las estadísticas informadas por organizaciones especializadas en el ámbito refieren que este tipo de hechos punibles representan un verdadero problema a nivel nacional, razón por la cual este tipo de decisiones adquieren una importancia especial”.
El fallo a favor del denunciado brinda la posibilidad de que Insaurralde vuelva a la enseñanza en la misma institución de la que fue apartado al iniciarse el proceso judicial. La acusación fue impulsada por la madre de la niña en el año 2022.