Los condenados resultaron culpables de lesión de confianza agravada por un perjuicio patrimonial de más de G.12.500 millones en el periodo 2013 y 2017. Foto: Gentileza.
Condenan a dos y ocho años de cárcel a exdirectivos de la Asociación de Funcionarios Judiciales
Compartir en redes
Un Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Olga Ruiz, Elsa García y Víctor Medina, condenó a ocho y dos años de cárcel a quince exdirectivos de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial tras ser encontrados culpables por lesión de confianza agravada por un perjuicio patrimonial de más de G.12.500 millones en el periodo 2013 y 2017.
El colegiado sentenció a ocho años de cárcel a los acusados Celso Manuel Alvarenga, Fabio Martínez, María Escobar y Roberto Alfonso. Mientras que a dos años con suspensión de la ejecución de la pena a Elena Cañiza, Julio Schupp, Olga Caballero, Óscar Ojeda, Olga Espínola, Marcelo Noguera, Alfredo Martínez, Hugo Castillo, Miguel Castro y Basilicia Miers.
Asimismo, el Tribunal de Sentencia ratificó que los condenados seguirán con sus medidas cautelares hasta tanto quede firme la presente resolución judicial. El colegiado sostuvo que se pudo probar que existió un perjuicio de G. 10 mil millones respecto a la lesión de confianza, mientras que G. 2.500 millones con relación a la estafa. El juicio duró al menos nueve meses.
Por su parte, la agente fiscal Alejandra Savorgnan señaló: “Sí estamos conformes con la sentencia dictada en primera instancia porque la Fiscalía pudo probar los hechos que se debatieron en el presente juicio oral”. “Se pudo probar que los condenados otorgaban créditos a personas que no reunían los requisitos para acceder a un préstamo”, manifestó la representante del Ministerio Público.
Condenan a 15 y 18 años de cárcel a dos personas por robo con resultado fatal
Compartir en redes
Un tribunal de sentencia condenó a 18 y 15 años de cárcel a dos personas luego de ser encontradas culpables por el delito de robo con resultado de muerte. Los condenados son Juan Manuel Hermosilla, en calidad de autor, y José Mercedes Benítez, en calidad de coautor.
El colegiado sostuvo que se pudo probar la responsabilidad de los dos acusados en el grave hecho registrado. El fiscal del caso y quien pudo demostrar la culpabilidad de los dos acusados fue Augusto Ledesma.
Ahora la defensa de los condenados tienen la posibilidad de apelar el fallo judicial y será un tribunal de apelación el que deberá decidir si corresponde confirmar la resolución de primera instancia.
En fecha 14 de julio de 2021, siendo las 01:00, el episodio se produjo en el interior de la vivienda de la ciudad de Areguá, perteneciente a la Familia Goiburú Soto. Los ahora condenados ingresaron con violencia y arma de fuego en mano, exigieron dinero y la entrega del mismo. El suceso derivó en la muerte de un adolescente, quien recibió un impacto de bala a la altura del pecho.
En el episodio también resultaron heridos sus hermanos, quienes recibieron impactos de bala. Asimismo, despojaron de su aparato celular a una de las víctimas. Los condenados y sus cómplices huyeron a bordo de dos motocicletas.
Condenan a 4 años de cárcel a Miguel Servín, alías “Celular”, por tener título falso de abogado
Compartir en redes
Un tribunal de sentencia condenó a 4 años de cárcel al supuesto líder narco Miguel Ángel Servín, alías “Celular”, luego de ser responsable de haber falsificado su título de abogado para obtener su matrícula en la Corte Suprema de Justicia. El tribunal de sentencia integrado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y Yolanda Portillo dictó la sentencia condenatoria contra el procesado.
Los jueces de sentencia concluyeron que sí se probó el hecho con documentos y por sobre todo los testigos que declararon durante el desarrollo de la audiencia oral.
La acusación fiscal fue presentada por el hecho punible de producción de documentos no auténticos. De acuerdo a la investigación, en diciembre del año 2017 Miguel Ángel Servín y su presunto testaferro Hugo Meza habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos títulos de contenido falso.
Los títulos fueron expedidos supuestamente por la Universidad de San Lorenzo (UNISAL) y la Universidad Católica (UCA), pero los mismos eran apócrifos, puesto que los acusados ni siquiera fueron alumnos de las instituciones.
La fiscal Nathalia Silva refirió que el día de la fecha se presentó la directora de la UNISAL y también los firmantes del título, quienes desconocieron totalmente que ellos hayan emitido un título a favor del señor Miguel Servín, así como que el mismo ni siquiera se matriculó en dicha institución. Afirmó estar conforme con la decisión, teniendo en cuenta que la pena máxima es de cinco años.
Proceso por narcotráfico
Miguel Ángel Servín, alias Celular, está procesado igualmente por liderar un esquema de tráfico de drogas y lavado de dinero, en el cual sería pieza clave Hugo Meza Huespe, alias MH, quien manejaba los negocios de la banda a través de diversas actividades.
Nueva estafa: dejan supuestas multas en autos y piden escanear un QR para clonar datos de celular
Compartir en redes
Este jueves, desde la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y la Municipalidad de Asunción, advirtieron sobre una nueva modalidad de estafa que están implementado para robar o clonar datos de celulares. Estos dejan una supuesta multa en el parabrisas del vehículo con la indicación de que se escanee el código QR.
Desde la comuna capitalina emitieron un comunicado en el que advierten sobre una nueva modalidad de estafa que se está implementando y que busca sacar información a los conductores que dejan sus rodados estacionados. “No se realizan multas en formato QR”, advirtieron.
Aparentemente los estafadores recorren la ciudad y dejan en el parabrisas un papel que dice: “Vehículo en infracción. Usted estacionó mal”. Luego explica sobre la multa y cuenta con un código QR que piden que se escanee para saber más sobre la situación. “Para ver su multa escanee el código”.
“Es un modo para acceder a los datos del móvil o clonarlo, así nos explicaron desde el departamento de ciberseguridad de la Policía Nacional y ya comunicamos a la municipalidad sobre este caso, por lo que emitieron un comunicado para advertir que se trata de una estafa”, dijo Marcos Maidana, director de la PMT, en C9N.
Detalló que desconocen totalmente sobre este procedimiento y que ninguna multa se aplica o paga de esta forma. Las denuncias se realizaron por parte de la ciudadanía. “Es un modus operandi muy común en otros países como Argentina, Brasil y otros países vecinos. Ahora también se implementa a nivel país”, aseguró.
Desde la comuna instaron a la ciudadanía a realizar las denuncias y compartir esta información para evitar que más personas caigan. “Se trata de un caso de estafa a través de la cual personas inescrupulosas logran acceder a todos los datos del celular de los que escanean el código”, puntualizaron.
La Policía Nacional logró la detención de Heriberto Antonio Duarte Martinetti, imputado por el hecho punible de estafa. El mismo contaba con orden de captura firmada por la jueza penal de Garantía de Lambaré, Gladys María Fariña.
El imputado no se presentó al llamado de la Justicia y por ende la referida magistrada declaró la rebeldía y ordenó la captura de Duarte Martinetti, quien tendrá que acudir hasta un juzgado de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si será remitido a la cárcel de Tacumbú o será beneficiado con medidas sustitutivas a la prisión.
La fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de US$ 65.000, pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda.
Igualmente, el imputado ofreció otro rodado a la víctima, pero igualmente fue grande la sorpresa cuando tampoco se pudo transferir el vehículo porque tenía orden de embargo de la concesionaría. Según la fiscalía se tiene un perjuicio de US$ 91.000.
El Ministerio Público pidió seis meses para poder presentar el requerimiento conclusivo, es decir poder presentar la acusación correspondiente contra el imputado.