Los condenados resultaron culpables de lesión de confianza agravada por un perjuicio patrimonial de más de G.12.500 millones en el periodo 2013 y 2017. Foto: Gentileza.
Condenan a dos y ocho años de cárcel a exdirectivos de la Asociación de Funcionarios Judiciales
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Un Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Olga Ruiz, Elsa García y Víctor Medina, condenó a ocho y dos años de cárcel a quince exdirectivos de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial tras ser encontrados culpables por lesión de confianza agravada por un perjuicio patrimonial de más de G.12.500 millones en el periodo 2013 y 2017.
El colegiado sentenció a ocho años de cárcel a los acusados Celso Manuel Alvarenga, Fabio Martínez, María Escobar y Roberto Alfonso. Mientras que a dos años con suspensión de la ejecución de la pena a Elena Cañiza, Julio Schupp, Olga Caballero, Óscar Ojeda, Olga Espínola, Marcelo Noguera, Alfredo Martínez, Hugo Castillo, Miguel Castro y Basilicia Miers.
Asimismo, el Tribunal de Sentencia ratificó que los condenados seguirán con sus medidas cautelares hasta tanto quede firme la presente resolución judicial. El colegiado sostuvo que se pudo probar que existió un perjuicio de G. 10 mil millones respecto a la lesión de confianza, mientras que G. 2.500 millones con relación a la estafa. El juicio duró al menos nueve meses.
Por su parte, la agente fiscal Alejandra Savorgnan señaló: “Sí estamos conformes con la sentencia dictada en primera instancia porque la Fiscalía pudo probar los hechos que se debatieron en el presente juicio oral”. “Se pudo probar que los condenados otorgaban créditos a personas que no reunían los requisitos para acceder a un préstamo”, manifestó la representante del Ministerio Público.
Audiencia preliminar de Diego Yaluk pasó para 17 de octubre
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Una vez más se suspendió la audiencia preliminar del rallista Diego Yaluk, considerado “zar del cheque sin fondo”, y su padre Humberto Yaluk, acusados por estafa, producción de documentos no auténticos y apropiación, en el marco de un segundo proceso penal, donde se tiene un perjuicio de USD 175.000 y cuya víctima es Guido Ferreira.
La diligencia judicial se pospuso a pedido del abogado Ramiro Ayala, defensor de Diego Yaluk, quien presentó certificado médico alegando que no podía participar de la diligencia judicial. Ante la nueva suspensión, el juez penal de garantía Yoan Paul López fijó la audiencia preliminarpara el próximo 17 de octubre, a las 9:30, donde se intentará realizar la diligencia judicial donde se resolverá si padre e hijo estarán sentados en el banquillo de los acusados.
De acuerdo a la carpeta fiscal, el acusado solicitó un crédito a Ferreira, quien realizó el préstamo a través de la sociedad Doña Inés, con la garantía de que la firma de ambos imputados, Parasur S.A., cobraría una suma a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para honrar el compromiso; sin embargo esto no sucedió y se configuró la supuesta estafa.
El rallista Yaluk cuenta con varios procesos penales por los delitos de estafa y otros. En uno de los casos, el Ministerio Público sostiene que existe un perjuicio de G. 17 mil millones que también está en la etapa de la realización de la audiencia preliminar, a cargo del juez José Delmás. La lista de víctimas sería mayor y el perjuicio rondaría los USD 30 millones por el presunto uso de cheques sin fondos.
Ratifican prisión de tarotista Diego Parra, imputado por estafa y otros delitos
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El juez Rodrigo Estigarribia ratificó la prisión preventiva del tarotista Diego Parra, imputado por estafa mediante sistemas informáticos y lavado de dinero. El magistrado decidió mantener la prisión teniendo en cuenta la gravedad de los tipos penales por los que está procesado el imputado.
Parra Arboleda está siendo investigados por hechos punibles graves, que son estafa mediante sistema informático y el lavados de activos en la modalidad de transacciones de tarjetas de créditos fraudulentas, y que posiblemente se habría causado un daño patrimonial al ente financiero emisor de la tarjeta de crédito por un valor en guaraníes que superan presuntamente los mil millones.
La resolución judicial puede ser apelada por la defensa del imputado y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que deba estudiar si corresponde confirmar el fallo judicial firmado por el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.
El tarotista y parapsicólogo Diego Parra, su esposa Karina de Parra y Milka López González fueron imputados por la fiscal Ruth Benítez por estafa, lavado de dinero y otros delitos en el marco de una investigación por el perjuicio de G. 1.800 millones a una entidad financiera.
El intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, deberá comparecer ante el juez Rodrigo Estigarribia el 3 de octubre en la audiencia de imposición de medidas. Foto: Néstor Soto
Juez admite imputación contra el intendente de Asunción
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El juez Rodrigo Estigarribia admitió la imputación formulada contra el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, investigado por lesión de confianza y asociación criminal por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
El magistrado estableció para el 3 de octubre, a las 8:30, la fecha para la audiencia de imposición de medidas, informó el cronista de judiciales de canal Gen/Nación Media Aldo Insfrán. El Ministerio Público requirió algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva para los imputados.
En la causa, impulsada por el equipo fiscal conformado por Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, también están imputadas otras 21 personas, algunas ya exfuncionarias. Para la Fiscalía, el jefe comunal fue la cabeza del esquema fraudulento denunciado durante la pandemia que además involucró a propietarios de las empresas proveedoras.
Rodríguez se defendió indicando que los fiscales lo imputaron por su labor como intendente. “Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos”, expresó ayer al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El jefe comunal sostuvo que no firmó “ningún documento que no sea la única resolución” para la compra y remarcó que ”según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, representante del titular de la Municipalidad de Asunción, sostuvo que no existe una conducta penalmente relevante cometida por su defendido en la investigación y calificó de “forzada” la imputación contra su cliente.
El intendente de Ciudad del Este fue denunciado de nuevo por la Contraloría Ciudadana, por supuesto desvío de recursos de una licitación para contratación de consultora que se encargó de la mensura judicial de la exfinca 66. Foto: Archivo
Denuncia número 41 contra Miguel Prieto, esta vez por licitación para mensura de exfinca 66
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Miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este presentaron la décima denuncia por lesión de confianza y asociación criminal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Es por la Licitación Pública Nacional para la contratación de una empresa consultora que se encargue de la mensura de la exfinca 66.
“Hemos detectado graves irregularidades cometidas por el intendente de Ciudad del Este, en la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, conforme contrato de servicio de fecha 19 de mayo de 2021, por la suma de casi 2.700 millones (G. 2.673.000.000)”, dice parte del escrito de denuncia.
“De acuerdo a nuestro análisis, el intendente municipal abonó al margen de la ley, sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad, causando un grave perjuicio patrimonial”, refiere la Contraloría Ciudadana.
Una de las pruebas presentadas es la lista de servicios y costos que contiene el contrato, en el que todos los trabajos tienen exactamente los mismos montos cada uno. Según la denuncia, cada uno de los trabajos tiene el mismo costo de 267 millones de guaraníes, totalizando los 2.673 millones de guaraníes.
Estudios de antecedentes de título, relevamientos y amojonamiento de los inmuebles, publicación de la mensura judicial, constitución de un juez para el inicio de la mensura y, acompañamiento del MOPC y del Servicio Nacional de Catastro, son los cincos trabajos que figuran en el contrato, con los costos iguales.
“La licitación para instaurar la acción de mensura judicial era absolutamente innecesaria porque la institución municipal tiene una dirección jurídica, unos 40 asesores jurídicos y, todos los otros casos fueron hechos por misma dirección sin contratación externa”, refirió a La Nación/Nación Media, el abogado Víctor Enriquez, abogado y miembro de Contraloría Ciudadana.
Igualmente, señalan que la comuna cuenta en su plantel con cuatro profesionales topógrafos que podían haber sido parte de un equipo de trabajo municipal, sin necesidad de contratar a una consultoría y, sobre todo, por el monto millonario que supuestamente se usó para eso, según el abogado Enriquez.
“Como se puede observar, todos los rubros citados, llamativamente tuvieron el mismo costo. Esto demuestra que, debido a la poca importancia que le dan al manejo de la cosa pública y lo importante es apropiarse de los fondos de la municipalidad, ni siquiera se preocuparon en diferenciar los costos de cada servicio”, dice la denuncia.
En la denuncia sostienen que algunos de los ítems por los cuales fueron pagados, en realidad tienen costo cero y en otros se pagaron sumas mucho más grandes que los costos reales de esos servicios. Como sustento de la denuncia, también relataron sobre cada uno de los servicios que contempla el contrato y el costo que en realidad debería haber tenido.
La denuncia presentada contra el intendente Miguel Prieto, es la número 41, de las cuales, diez fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana, incluyendo la de ayer.