Este martes 18 de mayo se sabrá si Justo Ferreira, su hija Patricia, accionista y presidenta de la firma Imedic S.A., y otros acusados por los delitos de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia en el 2020, enfrentarán un juicio oral y público.
En la mencionada fecha se desarrollará la audiencia preliminar ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, quien deberá definir si el clan se sentará o no en el banquillo de los acusados.
El magistrado fijó para este martes a las 9:00 la diligencia judicial luego de que el tribunal de apelación una vez más haya destrabado el presente proceso penal. En caso de volver a presentar otro incidente, Otazú ya tendría que aplicar alguna sanción así como dice la acordada de la propia Corte Suprema de Justicia.
Asimismo fueron citados para ese mismo día los acusados Carlos Alberto Gamarra, aduanero, y los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, quienes están procesados por presunta complicidad en el hecho investigado. Además, se deberá estudiar el pedido de sobreseimiento definitivo de Lauri Marcio Pool y Mario Joel Olmedo solicitado por el Ministerio Público.
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La causa guarda relación con la compra de 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléctricas que no contaban con la autorización técnica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) del Ministerio de Salud Pública.
JEM
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició al fiscal de la Unidad Anticorrupción, Osmar Legal, por supuesto mal desempeño en sus funciones por no haber apelado la resolución del juez que había otorgado el arresto domiciliario a Ferreira y su hija.
Tentativa de estafa
El Ministerio Público sigue cajoneando la denuncia contra el clan Ferreira por supuesta tentativa de estafa en el caso donde se investiga a Imedic SA y Eurotec por intentar vender insumos médicos de dudosa procedencia al Ministerio de Salud, que tenía que abonar la suma de G. 86 mil millones por los productos cuando estos no eran para uso médico.
En el presente caso existen varios informes que comprobarían el hecho irregular, pero los fiscales retrasan sin argumentos la imputación a Justo Ferreira y a sus hijos.
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Juez citó a exsenador argentino para audiencia preliminar
El juez Humberto Otazú fijó para los días 24, 25 y 26 de junio la audiencia preliminar del exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, quienes están acusados de tentativa de contrabando por intentar introducir más de USD 200.000. La diligencia judicial se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.
El Ministerio Público presentó acusación contra el exparlamentario argentino y sostiene que el mismo con su secretaria intentaron ingresar al Paraguay la suma de USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, sin declarar el dinero ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a pesar de estar obligados a hacerlo por los montos que tenían en su poder.
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Acusación
De acuerdo con la investigación, la pareja transportaba montos de dinero sin realizar la declaración correspondiente ante la Dirección Nacional de Aduanas, lo que configura una infracción al régimen legal vigente. En el marco de la causa, también fueron retenidos documentos y se dispuso la verificación del vehículo y el análisis técnico de las evidencias colectadas.
La acusación fue acompañada de numerosas pruebas, entre ellas declaraciones de funcionarios intervinientes y actas administrativas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Gerencia General de Aduanas.
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Bolsonaro rechazó acusación de golpismo ante jueces
- Brasilia, Brasil. AFP.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro rechazó ayer martes la acusación que pesa sobre él de haber intentado un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones en 2022, al inicio de su interrogatorio en un juicio histórico en la corte suprema. Bolsonaro, de 70 años, es acusado por la fiscalía de liderar una “organización criminal” para desconocer los resultados de los comicios de ese año e impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Interrogado sobre la veracidad de esa acusación, el ultraderechista respondió: “No procede, excelencia”, declaró Bolsonaro, con el semblante serio, vestido de traje oscuro y corbata. El imputado es cuestionado por el juez Alexandre de Moraes, a quien el bolsonarismo considera un enemigo político.
El exmandatario (2019-2022) y siete excolaboradores podrían ser condenados a penas de hasta 40 años de prisión por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado. Según la fiscalía, la trama golpista no se llevó a cabo por la oposición de altos mandos militares.
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Los interrogatorios empezaron el lunes en Brasilia y Bolsonaro es el sexto de los ocho coacusados en declarar en este juicio, el primero por golpismo contra un expresidente desde el regreso de la democracia a Brasil.
Sentado junto a otros acusados y abogados, el excapitán del Ejército escuchó hasta ahora las deliberaciones con un aire despreocupado, tomando ocasionalmente notas o revisando documentos con sus abogados. Pese a las acusaciones, el lunes dijo tener “la conciencia tranquila”.
El primero en ser interrogado el lunes, la ex mano derecha de Bolsonaro, Mauro Cid, ratificó el núcleo de la acusación: que el ultraderechista consideró un plan para implementar un “estado de sitio” y “rehacer las elecciones” en 2022.
Cid, un teniente coronel que firmó un acuerdo para delatar a sus exaliados a cambio de beneficios judiciales, dijo que Bolsonaro “recibió y leyó” el documento presentado por asesores suyos que preveía la “prisión de autoridades” y la creación de un “consejo electoral” para volver a celebrar los comicios.
El resto de coacusados interrogados hasta el momento negaron la mayoría de acusaciones. Almir Garnier, comandante de la Marina durante el gobierno de Bolsonaro, negó que el ultraderechista y otros altos mandos militares discutieran eventuales implementaciones de medidas de emergencia para cancelar la victoria electoral de Lula. “No vi ningún documento”, dijo Garnier.
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“Minuta de Google”
Garnier, que al igual que el resto de militares enjuiciados viste de traje y no de uniforme, también negó haber puesto a disposición de Bolsonaro las tropas de la Marina, como había afirmado un testigo del juicio. “Nunca usé esa expresión”, dijo el almirante.
El exministro de Justicia Anderson Torres admitió por su parte que el documento que supuestamente contenía el plan de golpe “fue a parar” a su casa.
Pero añadió: “Nunca trabajé con eso. El documento estaba mal escrito, lleno de errores en portugués (...) no sé quién mandó hacer” el texto, que calificó de “minuta de Google”.
Torres tenía una tobillera electrónica bajo la media, observó la AFP, dispositivo que debe usar por una prohibición judicial de abandonar Brasilia.
De su lado, el general Augusto Heleno Ribeiro, ministro del aparato de seguridad durante el gobierno del ultraderechista, sólo respondió a preguntas de su abogado. Interrogado sobre si defendió “alguna actitud ilegal”, el general respondió que Bolsonaro “cortó esa posibilidad”.
“Memoria selectiva”
La defensa de Bolsonaro se abalanzó sobre los momentos de duda y desmemoria del excolaborador Mauro Cid. El abogado Celso Vilardi criticó las “contradicciones” y la “memoria absolutamente selectiva” de Cid, y celebró el lunes una audiencia “excelente” para los esfuerzos de la defensa del expresidente de anular el proceso judicial en su contra.
Los interrogatorios tienen lugar en la sede del Supremo Tribunal Federal, uno de los edificios vandalizados por seguidores bolsonaristas en enero de 2023 para pedir a los militares que derrocaran a Lula, hechos que la fiscalía también vincula al expresidente. Tras esta etapa, la corte aún podría escuchar nuevos testigos, además de los argumentos finales de las partes, antes de que los magistrados empiecen la votación.
Bostezos, risas y fútbol
Transmitidos en vivo por televisión y redes sociales, los interrogatorios del juicio contra el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro por una presunta trama golpista en 2022 también dejaron hasta ahora bromas, símiles futbolísticos e innumerables bostezos del exmandatario.
Bajo condiciones de seguridad reforzadas con máquinas de rayos x y policías en una sala sin ventanas del Supremo Tribunal Federal, en Brasilia, Bolsonaro y siete coacusados declaran desde el lunes sobre el supuesto intento de golpe, malogrado por la negativa de altos mandos militares. Estas son algunas de las anécdotas presenciadas hasta ahora por los periodistas de la AFP en la sala.
El reencuentro con el delator
Uno de los momentos más esperados de los interrogatorios fue el encuentro el lunes entre Bolsonaro y su ex mano derecha, el teniente coronel Mauro Cid, quien llegó a un acuerdo con los investigadores para delatar a sus exaliados a cambio de beneficios judiciales.
Aunque breve, las cámaras captaron el momento en que el militar, considerado un traidor por los bolsonaristas, estrechaba la mano del expresidente, que esbozó una sonrisa mientras Cid tenía un semblante más cohibido. “Yo no tengo ningún problema con él”, dijo Bolsonaro sobre Cid, en declaraciones a periodistas durante un receso.
El juez a prisión
Los interrogatorios son conducidos por el juez Alexandre de Moraes, considerado un enemigo político por el bolsonarismo y contra quien el gobierno de Donald Trump sopesa imponer sanciones por “perseguir” a la derecha brasileña.
Moraes se mostró distendido desde el inicio del proceso, incluso cuando Cid confesó que Bolsonaro modificó un documento que preveía imponer un estado de sitio y “prisión de autoridades” tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
El exmandatario “ajustó” el texto para que solo “usted quedara preso”, dijo Cid. Eso provocó una risa de Bolsonaro y una broma del juez, quien comentó que las demás autoridades habrían sido beneficiadas de “un habeas corpus”.
El acusado bosteza
De ser hallado culpable, Bolsonaro se expone a una pena de unos 40 años de prisión. Sin embargo, el ultraderechista pasó hasta ahora buena parte de su tiempo en la sala bostezando.
“Tengo la conciencia tranquila”, dijo el lunes el exmandatario, de 70 años. En otros momentos, se le vio tomando notas de lo que decían sus coacusados.
Como fallar un gol
Cid también relató ser objeto de las “bravuconadas” de muchos militares descontentos porque no veían avances en el plan golpista a pocos días de la asunción de Lula, a finales de 2022. Para “ejemplificar” la situación, el militar hizo un símil con el fútbol, el deporte rey en Brasil.
Es “como si en una final de un campeonato un atacante falla un gol. La gente va a gritar: ese tipo tiene que morir, voy a matar a ese tipo”. Aclaró que nunca se tomó esas bromas de militares como una amenaza seria contra él.
Golpe en el bar
Cid también trató de quitar hierro al supuesto plan golpista de Bolsonaro al asegurar que muchas de sus conversaciones con militares sobre el asunto se dieron en un contexto de “conversación de bar con Guaraná (un refresco típico brasileño) y tentempiés”. Si solo estaban tomando refrescos “entonces no era conversación de bar”, bromeó Moraes.
El poderoso magistrado, que también habría sido objeto de un plan de asesinato junto a Lula y el vicepresidente Geraldo Alckmin, según la fiscalía, también pidió al exedecán de Bolsonaro que detallara la clase de críticas de las que él mismo era objeto en los círculos militares. “Tiene que decir la verdad, estoy acostumbrado”, le pidió Moraes al acusado, quien soltó una risa y admitió que el juez era blanco de “insultos” y “memes”.
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Juez ordenó sobreseimiento definitivo de dos personas investigadas por amenaza y otros
El juez penal de Garantía de Pedro Juan Caballero, Édgar Gustavo Ramírez, a través de una resolución judicial ordenó el sobreseimiento definitivo de Mariela Rossani Arévalos Rodríguez y Carlos Alberto de Souza Cano, investigados en el marco de la causa caratulada como “Ministerio Público contra Victoriana Benítez de Ayala, Carlos Alberto de Souza Cano y Mariela Rossani Arévalos Rodríguez sobre amenazas de hechos punibles, asociación criminal y otros”.
Los abogados Juan Carlos Cabral y Néstor González, en representación de Arévalos y de Souza arrimaron la resolución judicial en la que se ordena la desvinculación total de sus representados en el caso mencionado más arriba.
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Ambos abogados señalan que “en relación a las noticias publicadas en septiembre de 2016, sobre la detención de Mariela Rossani Arévalos Rodríguez y Carlos Alberto de Souza Cano por supuestas amenazas, informamos que el proceso penal ha concluido con el sobreseimiento definitivo de los mismos, habiendo la autoridad judicial determinado que no existen elementos suficientes para demostrar su participación en los hechos investigados. Esta resolución confirma la inocencia de las personas involucradas”, señala el escrito.
Las dos personas con sobreseimiento definitivo fueron en su momento investigadas por supuestas amenazas a quien fuera presidente del Congreso Nacional, Roberto Acevedo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El Ministerio Público investigó el hecho y no encontró ninguna vinculación de Arévalos Rodríguez y de Souza en el hecho, por lo que primeramente pidió el sobreseimiento provisional y luego se solicitó el sobreseimiento definitivo. El fiscal de aquel entonces, Pablo Zorrilla, estuvo de acuerdo con esta resolución.
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Ex mano derecha de Bolsonaro confirmó plan para “rehacer las elecciones” en 2022
- Brasilia, Brasil. AFP.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro consideró un plan para activar un estado de sitio y realizar nuevas elecciones en 2022 tras su derrota contra Lula, declaró este lunes su ex mano derecha en el juicio por un supuesto intento de golpe de Estado. “Tengo la conciencia tranquila”, dijo el exmandatario, que se declara inocente, en un momento de receso del juicio en la corte suprema en Brasilia.
La fiscalía acusó en febrero a Bolsonaro, de 70 años, de liderar una “organización criminal” para desconocer los resultados de los comicios de octubre de 2022 e impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. El presunto plan golpista habría fracasado por falta de apoyo de altos mandos militares, pero Bolsonaro y siete excolaboradores suyos enfrentan penas de hasta 40 años de prisión por los delitos de intento de abolición violenta del estado democrático de derecho y golpe de Estado.
Los interrogatorios de los procesados empezaron este lunes y se espera que Bolsonaro declare esta semana. De traje oscuro y sin su habitual vestimenta informal, el expresidente presenció la audiencia junto a otros acusados y sus abogados, sentado frente al juez Alexandre De Moraes, relator del caso, a quien ha llamado “dictador”.
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El primero en declarar fue el teniente coronel Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro, quien reafirmó la existencia de un documento para activar un “estado de sitio” y “rehacer las elecciones” en 2022. Bolsonaro “recibió y leyó” el documento presentado por asesores suyos que preveía la “prisión de autoridades” y la creación de un “consejo electoral” para volver a celebrar los comicios ganados por Lula, declaró Cid, quien firmó un acuerdo de colaboración premiada con la justicia.
El expresidente “ajustó” el documento para que “sólo usted quedara preso”, le dijo Cid a Moraes, lo que provocó una risa de Bolsonaro en la sala y una broma del juez, quien comentó que las demás autoridades habrían sido beneficiadas por “un habeas corpus”.
“No recuerdo”
El ex mano derecha también ratificó que el general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y excandidato a vice de Bolsonaro, le entregó dinero en una caja de vino. Según la acusación policial, esa suma iba a usarse para financiar una operación de tropas militares especiales para asesinar a Lula, Moraes y el vicepresidente Geraldo Alckmin.
Cid fue interrogado a lo largo de cuatro horas y por momentos se lo vio dubitativo. Respondió con un “no recuerdo” a varias preguntas realizadas por los jueces, el fiscal y los abogados defensores. Le siguió el segundo y último coacusado en declarar el lunes, el exdirector de la agencia brasilera de inteligencia y diputado Alexandre Ramagem. Ramagem negó haber desinformado sobre el proceso electoral y aseguró que nunca compartió con Bolsonaro sus “anotaciones privadas” sobre un supuesto fraude en las urnas, que según la fiscalía habrían servido para fomentar el golpe.
El juez Moraes, considerado un enemigo por el bolsonarismo, se mostró por su parte distendido e hizo algunos comentarios jocosos a los abogados. Uno de ellos pidió comenzar “un poco más tarde” la audiencia del martes. “Terminemos mañana y luego usted tiene miércoles para un lindo ‘brunch’, jueves cena por el Día de los Enamorados y viernes San Antonio en una kermesse”, respondió el magistrado.
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“No tienen por qué condenarme”
“No tienen por qué condenarme, tengo la conciencia tranquila”, dijo Bolsonaro a periodistas durante un receso en la audiencia, y descalificó la acusación por tener “sólo un colaborador” en su contra. Aunque tiene derecho a guardar silencio, el exmandatario había dicho la semana pasada que respondería “sin ningún problema” a los cuestionamientos de la corte.
Los interrogatorios tienen lugar en la sede del Supremo Tribunal Federal, uno de los edificios vandalizados por seguidores bolsonaristas en enero de 2023 para pedir a los militares que derrocaran a Lula, hechos que la fiscalía también vincula al expresidente.
Las audiencias se transmiten en vivo y podrían extenderse hasta el viernes. Entre los acusados también figuran cuatro exministros y el exjefe de la Marina. Tras los interrogatorios, la corte aún podría escuchar nuevos testigos, además de los argumentos finales de las partes, antes de que los magistrados empiecen la votación.