La fiscala Mirtha Ortiz intervino la quinta de la familia Zapag anoche en Luque, luego de darse a conocer el festejo de una boda con multitudinaria presencia. Se abrió una carpeta fiscal para investigar el hecho.
Los novios Blas Zapag (hijo) y Laura Pereira y la organización del evento estarán siendo llamados para la declaración indagatoria ante el hecho que se dio público conocimiento por las redes sociales.
La agente fiscal informó que se encontraron con la presencia de solo 102 personas y no de 800 como se denunció como una violación al decreto en el que se restringen los eventos sociales con aglomeración masiva. Además estaban presentes más de 20 guardias en sus respectivos vehículos.
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Según trascendió, el acontecimiento se contó con la actuación de los artistas internacionales como Fito Páez y Pablo Lezcano, del grupo Damas Gratis. Esto se supo través de las publicaciones en las redes sociales de los propios invitados. En los posteos se observaba la presencia de una gran cantidad de personas, ahora queda pendiente confirmar la cantidad de asistentes en el evento social.
Con la investigación que se abre a partir de la intervención, en caso de comprobarse la violación al protocolo por parte de la pareja de recién casados como los organizadores, estarían expuestos a una pena privativa de libertad o multa. El decreto presidencial 4.798 es el que podría haber sido violado, ya que es el que expone restricciones para varios sectores, entre ellos el de eventos sociales y las actividades físicas, culturales y religiosas.
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Sean “Diddy” Combs es un “delincuente violento”, alega la fiscalía
- Nueva York, Estados Unidos. AFP.
Para la fiscalía, el exmagnate de la música Sean “Diddy” Combs es un “delincuente violento”, la otra cara del “icono cultural” y “hombre de negocios” exitoso. Para la defensa, el caso que lo ha sentado en el banquillo por tráfico sexual y asociación ilícita, se reduce a un problema de “amor, celos, infidelidad y dinero”.
Los 12 miembros y seis suplentes del jurado que sellarán la suerte del empresario de 55 años, también conocido como Puff Daddy y P Diddy, se enteraron de sus arrebatos explosivos y de su intento de preservar su reputación y del poder que le brindaba su celebridad a golpe de sobornos.
El equipo de defensa del fundador de la discográfica Bad Boy (Chico malo) insistió en que, aunque parte de su comportamiento era cuestionable -y en ocasiones suponía maltrato doméstico-, no llegaba a constituir una prueba de los delitos de chantaje y tráfico sexual de los que se le acusa.
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Combs se ha declarado inocente de todos los cargos, incluida la acusación de asociación ilícita que supuestamente dirigió para cometer delitos sexuales en los que no faltaban orgías con drogas mediante el uso de la fuerza, amenazas y violencia. La fiscal Emily Johnson alegó que Combs golpeó “brutalmente” a su expareja, la cantante Casandra “Cassie” Ventura, y la amenazó con publicar vídeos de ella participando en elaborados “delirios” sexuales si lo desafiaba.
Se espera que Ventura, cuyo testimonio es fundamental para el caso, suba al estrado el martes. Johnson también dijo que Combs había incendiado el auto de un hombre y colgado a una mujer de un balcón, y que había exigido cosas imposibles tanto a sus amantes como a sus empleados.
“Permítanme ser clara”, dijo la fiscal: “este caso no es sobre las preferencias sexuales privadas de una celebridad”, sino que es de “naturaleza coercitiva y criminal”, sostuvo mientras Combs escuchaba atentamente rodeado por sus abogados en una sala abarrotada de periodistas, personas influyentes y público.
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“Relación tóxica”
Para su abogada Teny Geragos, se trata de un caso “sobre amor, celos, infidelidad y dinero”. Geragos describió a las acusadoras de Combs de “mujeres capaces, fuertes y adultas” y describió su relación con Ventura de “tóxica”, aunque “entre dos personas que se amaban”.
“Ser un participante voluntario en tu propia vida sexual no es tráfico sexual”, dijo la abogada, antes de admitir que hubo violencia doméstica, aunque su defendido no está acusado por ello. Con pelo canoso, ya que están prohibidos los tintes en la cárcel donde aguarda el juicio desde septiembre pasado, Combs se vio arropado en la corte del Tribunal Federal del Distrito Sur en Manhattan por su madre, Janice, y varios de sus hijos.
“Mujer en apuros”
El primer testigo en subir al estrado fue Israel Florez, un policía de Los Ángeles que respondió a la llamada de “una mujer en apuros” el 5 de marzo de 2016 en el Hotel InterContinental. Con el testimonio de Florez, la fiscalía presentó imágenes de una cámara de seguridad en las que se ve a Combs cubriéndose con una toalla, persiguiendo a Ventura por un pasillo del hotel y golpeándola.
Florez dijo que después de que acompañó al rapero a su habitación, Combs le ofreció un fajo de billetes. “Me decía: ‘no se lo digas a nadie”, confesó el agente que entendió que se trataba de un soborno. A Florez le siguió en el estrado un bailarín que mantuvo relaciones sexuales, a menudo a cambio de dinero, con Combs y Ventura desde 2012 hasta aproximadamente finales de 2013.
Daniel Phillip describió sus encuentros con la pareja, que generalmente implicaban sexo con Ventura mientras Combs miraba. Phillip contó que Combs abusó físicamente de Ventura delante de él. “¿Por qué hace esto, por qué se queda con este tipo?”, Phillip recuerda haber pensado. “Intenté explicarle que corría verdadero peligro si se quedaba con él”, dijo. De ser declarado culpable, el otrora productor de rap y superestrella mundial, a quien a menudo se le atribuye haber llevado el hip-hop a la cima de la música, podría pasar el resto de su vida en prisión.
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Mafia de los pagarés: comisión parlamentaria reagenda reunión con la Corte
La Comisión Especial conformada para investigar el caso conocido como “mafia de los pagarés”, estableció una nueva fecha para reunirse con los ministros de la Corte Suprema Justicia. El encuentro entre los legisladores y las autoridades del Poder Judicial o ha podido darse hasta la fecha por la incompatibilidad entre sus agendas.
“La Corte Suprema de Justicia hoy no pudo concurrir porque tenían su pleno, pero vamos a reagendar la reunión con ellos”, expresó el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión. En comunicación con varios medios de prensa, informó que la nueva invitación a los ministros es para el próximo lunes 19 de mayo.
No obstante, manifestó que está abierta la posibilidad de que se dé una reunión antes de la fecha mencionada, esto en caso de que los ministros soliciten puntualmente un día, de acuerdo a sus posibilidades de horario. Es de mencionar que también está pendiente la reunión entre la comisión y el Ministerio Público.
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“Hay que recordar que hubo un caso en el 2015, vamos a pedir una reunión con el equipo de fiscales que trabajó en ese momento y con los agentes que están trabajando en este momento y lo más importante, vamos a tener una conversación con el ministro de la Defensa Pública, que eso probablemente ya va a ser mañana”, indicó.
El parlamentario señaló que una de las cuestiones principales a resolver es la cuestión de que las denuncias, en su mayoría, están en Asunción, sin embargo, los afectados son de diferentes puntos del país, por lo que se debe encontrar una alternativa para que las víctimas puedan hacer el seguimiento de sus casos, sin trasladarse, en lo posible, a la capital.
“Vamos a formar equipos que hagan este trabajo en cada uno de los departamentos donde hay denuncias”, refirió y añadió, “hay casos donde las personas deben gastar mucho dinero para trasladarse desde Alto Paraguay por ejemplo, y todo eso implica mucho para ellos como perder una jornada laboral, por eso todas esas cuestiones debemos ver cómo solucionar y apoyar a estas personas”, afirmó.
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Investigan a la canciller de Colombia por presunto lavado de activos
- Fuente: AFP
La canciller de Colombia, Laura Sarabia, una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, es investigada por la Fiscalía por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, indicó el viernes una fuente de la institución.
La Fiscalía inició la pesquisa tras recibir una denuncia de la Red de Veedurías Ciudadanas, una organización civil que supervisa la gestión pública. Según el informe, el patrimonio de la ministra habría aumentado de forma injustificada desde su llegada al gobierno de la mano del presidente izquierdista en 2022.
“El tema está en indagación, una fase que es reservada”, dijo la fuente a la AFP.
Sarabia fue jefa de gabinete de Petro, luego ocupó dos altos cargos en el gobierno y en enero se convirtió en ministra de Relaciones Exteriores.
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Su hermano, Andrés Sarabia, y su esposo, Andrés Parra, también son mencionados por la Red de Veedurías Ciudadanas. De acuerdo con la denuncia, en los últimos años el hermano pasó de tener un “exiguo patrimonio y una vida austera” a “contar con un multimillonario patrimonio inexplicable”.
La oenegé también asegura que la canciller no incluyó en su declaración de bienes una empresa que constituyó junto a ellos dos. Laura Sarabia no se había pronunciado el viernes sobre la investigación en curso.
Es el segundo caso de este tipo que involucra a una persona cercana a Petro. A mediados de 2023, la fiscalía capturó al hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito con dinero que supuestamente recibió de un exnarcotraficante para la campaña electoral del actual mandatario.
El primogénito del presidente, que espera la sentencia en libertad tras cumplir prisión preventiva, asegura que Gustavo Petro desconocía esas transacciones.
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Investigan desaparición de 350.000 metros de cable de la Ande
El fiscal Silvio Corbeta se constituyó en la sede de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), ubicada sobre la avenida Guido Boggiani, para iniciar las pericias del caso. El perjuicio a la institución sería de G. 7.500 millones, según datos iniciales de la investigación.
“Lo que denunció la Administración Nacional de Electricidad es un retiro de aproximadamente 350.000 metros de cables, que son de diferentes tipos de milímetros y especies, para diferentes usos”, señaló a la 1080 AM.
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El agente del Ministerio Público explicó que las autoridades de la Ande radicaron la denuncia a resultas de una auditoría interna donde se corroboró la irregularidad, en la que estarían involucrados algunos funcionarios de la institución.
“La auditoría señala que estas personas han solicitado de manera indiscriminada a través de los pasos internos que tiene la Ande para retirar estos cables. Y en el mismo sentido la auditoría responsabiliza también a parte de los funcionarios encargados de controlar si eso cumple con los requisitos establecidos en los manuales internos de la Ande, para posteriormente proceder a la entrega de los cables”, explicó.
El fiscal Corbeta confirmó que hay una sospecha de la participación del personal encargado del despacho de los cables. “Hubo una suerte de ligereza o una suerte de omisión en cuanto al control efectivo en la entrega de estos cables que fue solicitado por esta unidad que es de la sección de Limpio de la Ande, específicamente”, puntualizó.
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