El juez Rolando Duarte concedió este jueves medidas alternativas a la prisión a Rodolfo Friedmann y su esposa Marly Figueredo, imputados por el negociado de la merienda escolar en el Guairá. Ambos recibieron el beneficio tras chicanear el caso desde el pasado mes de agosto.
A Friedmann se le impuso una fianza de US$ 200 mil y tiene prohibido salir del país, cambiar de domicilio y número de teléfono para no perder la comunicación. La señora Figueredo tiene prohibido abandonar el país y su fianza es de US$ 100 mil.
“Las medidas alternativas a la prisión ya recomendadas por el Ministerio Público, en ese sentido se ha concretado el embargo de una propiedad por valor de US$ 200 mil en relación con Rodolfo Friedmann y la señora Marly Figueredo por US$ 100 mil”, señaló el juez Rolando Duarte.
Sostuvo que la orden de no cambiar de número de celular para ambos es a causa de que la comparecencia en los tribunales están suspendidas y no se debe perder comunicación con los procesados. La diligencia fue solicitada por la defensa, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, y el juzgado hizo lugar al pedido.
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Desde la imputación del Ministerio Público, Rodolfo Friedmann, Marly Figueredo y los demás procesados en la misma causa chicanearon el proceso, buscando evitar ser sometidos a la justicia por las denuncias contra el político colorado.
La Fiscalía imputó al exgobernador del Guairá por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo. Marly Figueredo está procesada por presunto lavado de dinero.
Friedmann es acusado de montar un esquema con la empresa Eventos y Servicios (ESSA) a fin de adueñarse con la merienda escolar, mediante licitaciones direccionadas en su época de gobernador y terminaba beneficiando a la firma de su propiedad.
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Autopsia del integrante del EPP, alias “Loro”, se realizará este martes
El juez Osmar Legal autorizó la realización de la autopsia de Rubén Darío López, alias “Loro”. La diligencia se llevará a cabo este martes a las 09:00 en la Morgue judicial.
El procedimiento formará parte del anticipo jurisdiccional de prueba, lo que implica que deberá estar el juez Legal, así como los agentes fiscales y un defensor público.
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El integrante del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fue abatido el domingo en la reserva de Mbaracayú en un enfrentamiento con fuerzas militares. El fallecido fue identificado como Rubén Darío López, alias “Loro”. El hombre había sido detenido en 2012, en la zona de Arroyito, por agentes de la unidad antisecuestro y remitido a la penitenciaría de Concepción, de donde se fugó el 3 de noviembre del 2013.
La confrontación entre los miembros del EPP y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se registró cerca de las 11:30 del domingo último en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú. De acuerdo al informe policial, el conflicto tuvo lugar en un sitio conocido como Guyra Kejha, entre las colonias Triunfo y Brítez Cué, en la jurisdicción del distrito de Yby Pytã.
El EPP se desmonta con el fallecimiento de “Loro”
Autoridades de las fuerzas de seguridad brindaron una conferencia de prensa en la que confirmaron la identidad del miembro del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El fallecimiento de Rubén Darío López, en medio de un operativo, arrojó evidencias y elementos que muestran el debilitamiento de dicha facción.
“Lo que nosotros encontramos ahora y con todas las evidencias y con todo lo que se va a analizar a partir de ahora, es que el EPP tuvo un paro importante en su proyección estratégica de crecimiento y para el posicionamiento del para qué ellos se formaron. El trabajo de este equipo que es coordinado, hace posible estos resultados y hace que el EPP nunca haya crecido”, aseveró Nimio Cardozo jefe del departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional.
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Fiscalización en cooperativa Poravoty confirma daño de G. 274.000 millones
Un informe de 261 páginas, concluido tras meses de intervención revelan un descalabro administrativo en la Cooperativa Poravoty a cargo de grupo de policías que ocasionó un perjuicio de G. 274.235 millones, según los interventores del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
Las conclusiones señalan atrocidades financieras perpetradas en la institución y sindican como principales responsables al Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, conforme a las normativas que rigen. Así también, la auditoría interna es mencionada como parte de los responsables por la falta de controles y las omisiones.
El referido informe subraya que, principalmente, por la falta de registración de las previsiones reales de la “Cartera de Préstamos morosa que supera al 80 %, así también para los Activos de Riesgo e implícitamente el no reconocimiento de esta condición contable, aumenta el resultado de la “Pérdida del Ejercicio” posicionándolo en G. 274.235.906.590”, esto al cierre del periodo 2024.
La pericia realizada refiere además que al 30/11/2024, cuyo último registro en la Herramienta Alerta Temprana, la entidad muestra una calificación de Riesgo Alto Crítico” con 15,3 % (R-), a consecuencia de los indicadores financieros fuera de los rangos establecidos.
La crítica situación financiera de la cooperativa tiene a 700 ahorristas que desde hace mucho tiempo están si poder hacer uso de su dinero, muchos de ellos jubilados y con delicado estado de salud.
PRÉSTAMOS FICTICIOS
Entre numerosas irregularidades detectadas por el equipo interventor resaltan temerarias operaciones en la concesión de créditos ficticios por G. 13.355 millones, presumiblemente para ocultar, distorsionar la situación real y financiera de la institución. Saltaron evidencias de análisis deficientes, falta de documentaciones requeridas para el efecto, garantías insuficientes, insuficiente capacidad de pago, aspectos que hacen que los préstamos sean otorgados en condiciones desfavorables para los intereses de la cooperativa.
“Se evidenciaron, además que existen otorgamientos de créditos por montos muy elevados y de antigua data y cuya devolución de capital han sido ínfimas, incluso en algunos casos nulas, afectando directamente a los estados financieros de la Cooperativa”.
Se encontraron 313 armas de fuego, 28.450 municiones, 392 cargadores de pistolas, entre otros elementos. Debido al riesgo que representaba la permanencia de las armas dentro de las instalaciones de la cooperativa, la intervención solicitó a la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) para su custodio. No es un dato menor que, “se ha verificado la adquisición de Armas por parte de la cooperativa, para ello fue proporcionado por parte de los funcionarios a cargo del área de ventas, 3 (tres) contratos, los cuales fueron realizados con la empresa International Auto Supply SA, representado por el Sr. Diego Hernán Dirisio, junto con el Sr. Paulo César Fines Ventura (funcionario de la empresa en su calidad de gerente comercial), aclarando que ambos se encuentra actualmente en prisión en el marco del Operativo Dakovo, cuya intervención tiene como objetivo principal desmantelar una red criminal implicada en el tráfico de armas de Europa hacia Paraguay, y desde allí a las facciones criminales de Brasil.
En el área de inmuebles, el informe detalla irregularidades en operaciones de miles de millones de guaraníes. “Los hechos y demás vinculaciones jurídicas desarrolladas en el apartado de inmuebles evidencian la desviación importante de los principios de transparencia y fidelidad en el manejo de los bienes y valores de la cooperativa, siendo que la función de mayor raigambre de los administradores es el deber de cuidado, inherente al cargo o función desempeñada, concomitante con el perjuicio financiero con la adquisición de inmuebles al contado, sin contar con un fondo propio para la inversión o un plan de financiamiento y rentabilidad en el rubro inmobiliario”.
Se constató también “un incumplimiento generalizado y sistemático de la normativa vigente en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), así como de las disposiciones reglamentarias establecidas por los organismos supervisores (Incoop y Seprelad), deficiencias en la gestión del oficial de cumplimiento, ausencia de controles adecuados para la identificación de personas expuestas políticamente, falta de actualización normativa en los manuales internos y una alarmante concentración de ahorros a plazos sin los mecanismos de mitigación correspondientes. La situación detectada representa un riesgo significativo para la transparencia, sostenibilidad financiera y la integridad operativa de la entidad, así como un eventual canal de ingreso de activos de origen ilícito”.
Cabe recordar que la cooperativa Poravoty registra unos 14.000 socios, de los cuales 3.000 están activos. Algunos de los exdirectivos (todos renunciantes) que se encuentran en la mira por el millonario perjuicio generado son: Miguel González Duarte (presidente, exsuboficial), Silvio Vera González (excomisario), Luis Alberto Delgado. Los miembros de Junta de Vigilancia: Calixto Talavera, Catalino Espínola, Heber Caldeira, entre otros.
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“Ojalá que todo salga a la luz”: Guerín espera que intervención exponga irregularidades en CDE
El concejal Ernesto Guerín manifestó su respaldo a la intervención de la gestión del intendente Miguel Prieto y sostuvo que el proceso debe servir para esclarecer múltiples irregularidades que, según dijo, afectan seriamente a la administración municipal.
“Ojalá que todo salga a la luz y que la gente sepa que el intendente es un corrupto, que su equipo es un corrupto. Son más de lo mismo, a pesar de que vendieron que iban a ser el cambio”, expresó en conversación con La Nación/Nación Media.
El edil señaló que el interventor Ramón Ramírez se encuentra realizando un trabajo minucioso, pero enfrenta serias dificultades debido a la falta de documentación clave. “El intendente hizo desaparecer documentación, no tiene acceso a muchos documentos y eso obliga a rebuscar información de otras formas. Es bastante arriesgado lo que hizo Miguel Prieto”, denunció.
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Guerín recordó que ya comenzaron a revelarse hechos preocupantes, como adjudicaciones por más de G. 30.000 millones poco antes de que el intendente sea suspendido en sus funciones. Aseguró además que aún no se abordaron otros puntos críticos, como el uso de comisiones vecinales, amaños en licitaciones, sobrecostos, nepotismo, pago de viáticos a concejales, entre otros.
El concejal también indicó que el Ministerio Público finalmente tendrá que intervenir. “Creo que habrá denuncias penales por todo lo que se está encontrando. Todos los días hay denuncias en la municipalidad”, señaló. Mencionó además que la denuncia sobre el caso “Navidad Sustentable”, presentada por él, fue una de las bases para solicitar la intervención, pero que ese tema aún no fue tratado por el equipo interventor.
En cuanto a los argumentos que utiliza Prieto para defender su gestión en torno a las obras adjudicadas, Guerín respondió: “Claro que existen, eso no es lo que se debate. Lo que se debate es cuánto costaron esas obras, cuánto se sobrefacturó, y por qué siempre ganan las mismas empresas amigas que hacen trabajos de pésima calidad”.
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El edil también mencionó que Prieto y su entorno confiaban en evitar cualquier proceso de control gracias a su mayoría en la Junta Municipal. “Ellos nunca esperaron la intervención porque tenían una mayoría aplastante. Ellos no veían venir esto, por eso intentaron boicotearlo hasta el final”, concluyó.
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Pavo Real 1: abogado y otros dos acusados enfrentaran juicio oral y público
El juez Osmar Legal elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta el abogado Daniel Montenegro, así como Ángela Kunrath y César Nicolás Fernández González, acusados por supuestamente actuar como testaferros y colaboradores de la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, ocultando bienes mediante empresas de fachada y operaciones simuladas de compraventa de inmuebles.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. Ahora el caso se deberá acumular al proceso que enfrentan otros acusados por el operativo conocido como Pavo Real 1.
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En el presente caso los acusados que estarán sentados en el banquillo de los acusados son:
Adrián Rolando Brizuela Olmedo
Gabriela Esther González Jacquet
Carlos Andrés Oleñik Memmel
Pedro Pablo Seall Melgarejo
Lilia Haydée Ayala de Silva
Jorge Fernando Mora Galeano
Renan Gilberto Mora Benítez
Ronaldo Adalberto Serrati Duarte
Evaldo Andrade Dos Santos
Víctor Hugo Paniagua Fretes
María Cristina González Ibarra
Nancy del Carmen Alfonso Prieto
Raquel Amaro Fernández
Marcos Raúl Aveiro Mendoza
Zunilda Ferreira Escobar
Sonia Lorena Arce Cáceres
Alberto Manuel Barboza Beraud
Ricardo Sanabria Ferreira
Olga Elena Reichardt de Souza
Alexandre Reichardt de Souza
Amílcar Battaglin de Souza,
Rosely Messias Da Silva Pavão
Antecedentes
En el proceso penal, varias personas fueron acusadas de formar parte del esquema de lavado de dinero del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavao, privado de su libertad en una cárcel de máxima seguridad en Brasil.
Los fiscales antidrogas Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres pidieron juicio oral para las 23 personas que formaron parte de un esquema criminal para lavar dinero narco en Paraguay y ocultar bienes a través de testaferros. El Ministerio Público solicitó el comiso de más de 100 inmuebles, entre los cuales figuran dos hoteles en Pedro Juan Caballero, por aproximadamente USD 150 millones y USD 2 millones, depositados en las cuentas de los acusados Angela Kunrad y el abogado Alfredo Duarte.
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