Este miércoles 27 de noviembre se llevará a cabo la audiencia preliminar para el cantante Pablo Benegas, quien soporta proceso penal por los delitos de abuso sexual en niños, coacción sexual, proxenetismo, violación y pornografía infantil. La diligencia judicial se desarrollará ante la jueza Penal de Garantía, Cynthia Lovera, quien definirá si el caso se eleva a un juicio oral y público.

La representante del Ministerio Público, Alejandra Savorgnan, presentó acusación y pidió que el cantante Pablo Gabriel Benegas Masi enfrente un juicio oral y público.

La acusación fiscal revela que el 9 de noviembre de 2023, Benegas desde su casa solicitó el servicio de transporte de plataformas para trasladar a dos hermanas de 11 y 16 años desde Pelopincho hasta su domicilio particular. Igualmente, menciona el escrito que el acusado les hizo consumir droga sin que ambas víctimas se dieran cuenta para dormirlas y luego comenzar a desvestirlas y les filmaba totalmente desnudas.

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Igualmente refiere el escrito del Ministerio Público que se produjeron los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. También se registró el tipo penal de pornografía relativa a niños y adolescentes y proxenetismo, ya que supuestamente entregó G. 500.000 a la niña.

El Ministerio Público ofreció a 36 testigos, más tres dictámenes periciales, varias pruebas documentales, un CD con la declaración de las víctimas en cámara Gesell y otros elementos más de prueba.

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Un grupo de 10 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifestó frente al Poder Judicial para exigir celeridad en el juicio de ejecución de sentencia que se tramita en el fuero laboral. El Tribunal de Cuentas resolvió hacer lugar a una demanda contra la previsional, en la que se le exige al IPS que reconozca los beneficios de los despedidos.

Por su parte, el abogado Carlos Agüero, quien representa a 10 jubilados, explicó que el juez del fuero laboral, Rubén Darío López, debe resolver la liquidación de lo que el Tribunal de Cuentas resolvió a favor de los jubilados, pero hasta la fecha no resuelve y el caso está en autos para resolver desde el año 2022.

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Asimismo, el referido profesional del Derecho señaló que “son 45 personas que habían sido despedidas injustificadamente y sus beneficios laborales no fueron cumplidos, por una resolución, la cual fue recurrida ante el Tribunal de Cuentas, que falló a favor de los trabajadores, diciendo que se debe pagar a los mismos sus beneficios laborales. La resolución es del año 2018 y se ejecuta en el fuero laboral en el 2020; hoy estamos ya en el año 2024 y todavía no hay respuesta”, indico.

Del mismo modo, sostuvo que el IPS contestó la demanda afirmando estar de acuerdo con el pago, pero no así con el monto, por lo que el juez del fuero laboral, Rubén Darío López Ocampos, solo debe resolver la liquidación establecida por el Tribunal de Cuentas y contestar al planteamiento del IPS, manifestó el referido profesional del Derecho.

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El abogado Adrián Enríquez Rivas, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, luego de haber -de forma llamativa- anulado la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por prevaricato que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, quien había entregado presuntamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay.

De acuerdo al escrito presentado ante el JEM, los dos camaristas acusados actuaron de manera arbitraria y fuera de la ley violando el principio constitucional del debido proceso ya que juzgaron el fondo de la cuestión, situación que está prohibida.

Con la presentación hecha por el citado profesional del derecho, los integrantes del JEM deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra los camaristas Sánchez y Lovera Cañete y en caso de que los mismos sean enjuiciado podrían ser suspendidos en sus funciones.

El JEM está integrado por Alicia Pucheta, Enrique Bernis, Derlis Maidana, Orlando Arevalos, César Garay, Mario Varela, Manuel Ramírez Candia, y Alejandro Aguilera.

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En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.

También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.

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“Este proyecto de ley no es final, es el camino para empezar el ordenamiento en la posesión y titulación de tierras que termine generando seguridad, tanto jurídica, para las inversiones y la producción”, indicó el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, con relación a la propuesta del Poder Ejecutivo, que crea el Registro Unificado Nacional (RUN).

“Si bien para mí la principal riqueza del país son las personas, los paraguayos y a lo mejor la segunda gran riqueza es nuestra tierra terriblemente fértil y productiva, pero así como es una de las principales riquezas tenemos un problema importante que es la titulación y que plantea muchos conflictos respecto a la tenencia de la tierra y como consecuencia, trae la inseguridad jurídica”, dijo en una entrevista con el programa “Fuego Cruzado” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La propuesta ya cuenta con media sanción del Senado y será evaluada este miércoles por el pleno de la Cámara Baja como uno de los puntos resaltantes del orden del día. “Este proyecto de ley será un tremendo beneficio para el país y su espíritu es absolutamente bueno, existen componentes que están siendo debatidos, pero creo que hay un pensamiento, si no es unificado, es claramente mayoritario inclinado hacia su relevancia e importancia”, sostuvo.

La iniciativa remitida por el gobierno de Santiago Peña propone unificar la Dirección General de Registros Públicos, la Dirección General de Servicios Nacionales de Catastro, dependientes del Poder Ejecutivo, y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. El documento indica que el RUN se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

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Entre sus principales objetivos se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica para quienes adquieran bienes en Paraguay, establecimiento de una cartografía única para el país y la reducción de costos para el Estado.

Con relación a la reforma de la Carrera del Servicio Civil, propuesta también impulsada por el gobierno de Peña y que ya cuenta a la vez con la aprobación del Senado, Latorre indicó que el documento aún no fue discutido en la mesa directiva de la Cámara Baja ya que fue aprobado por el Senado la semana pasada; pero al igual que todos los proyectos que son presentados se buscará un amplio debate en la Cámara Baja.

“Todavía no leí, pero según como fue aprobado en el Senado, tuvo muchas modificaciones al proyecto original, ahora nosotros tendremos la oportunidad de analizar todos esas propuestas y evaluar todas esas modificaciones”, manifestó.

Detalló que este proyecto tiene un plazo de 3 meses para ser estudiado en la Cámara Baja, antes de que tenga sanción automática. Remarcó que el plenario tiene un amplio trabajo de aquí a fin de año, ya que existe una extensa agenda de diversos temas a ser analizados antes del inicio del receso parlamentario, que se dará el próximo 20 de diciembre.

Asimismo el parlamentario defendió las propuestas presentadas por el Ejecutivo al parlamento, tanto las que fueron aprobadas y las que figuran en tratamiento argumentando que generan importantes transformaciones para el Paraguay.

En otro momento, Latorre se refirió a sus recientes encuentros con el nuevo embajador de Israel, Amit Mekel, así como reuniones con representantes de la Unión Europea. Destacó en primer lugar el gran relacionamiento que tiene con el presidente del parlamento de Israel, Amir Ohana, que recientemente visitó el país y que por invitación suya también tuvo la oportunidad de visitar este país y las comunidades afectadas por el atentado terrorista del año pasado.

En el marco de la gran cooperación que mantienen Israel y Paraguay, el diputado dijo que este fin de semana llegó al país para la embajada de Israel en Asunción, un experto en aguas. Paraguay es el segundo país en el mundo en contar con la cooperación de un experto en el ámbito siendo un país prácticamente desértico. El profesional estará aportando sus conocimientos para el Chaco paraguayo.

“En cuanto a la Unión Europea, fuimos claros en cuando a la defensa de los principios y valores, entendiendo que queremos construir en base al respeto, y condición de aliados; queremos construir sin condicionamientos planteando nuestro modelo de desarrollo sostenible, pero sin hacernos responsables de la contaminación que otros hicieron al mundo y que nosotros no lo hicimos, desde la lógica que Paraguay es un país con energía 100 % renovable”, explicó.

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