El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García, decidió posponer el inicio del juicio oral y público para los acusados Óscar González Daher, Raúl Fernández Lippmann, Carmelo Caballero y Jorge Oviedo Matto, debido a que este último está internado en un sanatorio privado luego de dar positivo al COVID-19. Los primeros tres están acusados de asociación criminal y tráfico de influencias, mientras que el exsenador Oviedo Matto está acusado de tráfico de influencias.
Los jueces de Sentencia resolvieron que el médico forense de turno del Poder Judicial se constituya en el sanatorio privado donde está internado el exparlamentario, a los afectos de poder corroborar el estado de salud de Oviedo Matto. Asimismo, se volverá a fijar una nueva fecha, una vez que el profesional médico informe al Tribunal de Sentencia sobre la salud del exlegislador.
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Asimismo, los abogados Enrique Kronawetter, defensor de Carmelo Caballero, y Sara Parquet, defensora de González Daher, estaban dispuestos a que se inicie el juicio oral y público. Mientras que el abogado Álvaro Arias dijo que se tenía que suspender el juicio oral.
El presente proceso penal se inició tras la filtración de unos audios en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). A raíz de ello formuló la imputación y acusación contra los citados más arriba, que ya están para poder enfrentar el juicio oral y público.
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Cones aguarda que el JEM destituya a jueza que habilitó carrera irregular de medicina
“Esperamos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados haga su tarea, estamos solicitando su destitución”, indicó el titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Federico Mora, al referirse sobre la denuncia presentada conjuntamente con la Procuraduría ante dicha institución contra una jueza de Itakyry que otorgó una medida cautelar irregular para la apertura de la carrera de medicina en una universidad privada de Ciudad del Este.
“Ayer (martes) presentamos la denuncia contra la jueza buscando dar un mensaje a las universidades de que desde el Cones, en conjunto con la Procuraduría, vamos a tomar las medidas para indicar que el camino de habilitación de las carreras debe ser vía el Cones, que es la instancia que analiza todas las dimensiones técnicas, académicas, de infraestructuras, entre otros. No puede ser a través de una jueza, vía Poder Judicial”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La medida cautelar fue emitida por la jueza Eresmilda Román Paiva, a favor de la Universidad Autónoma San Sebastián, pese a no tener la habilitación del Cones como ente rector. “Vamos a dar un mensaje a todos los jueces para que no se presten a este tipo de solicitudes por parte de las universidades, que no haya esa ligereza de acompañar estos pedidos”, indicó.
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Asimismo, afirmó que la jueza posee varios causales de mal desempeño en sus funciones. “En este caso ella generó la medida cautelar y luego se declaró incompetente, tiene demasiado causales de faltas la jueza a la par de que está medida cautelar está totalmente injustificada. En nuestra administración vamos a tomar todos los recaudos para que esto no se pueda concretar (habilitación irregular de carreras vía medida cautelar). Este no es el camino y tomaremos las acciones”, comentó.
Mora lamentó que esta situación sea una práctica constante por parte de los jueces, detallando que existen aproximadamente entre 17 a 20 medidas cautelares irregulares que se encuentran en funcionamiento en su mayoría a favor de las llamadas universidades de garaje.
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PGR y Cones denuncian ante el JEM a jueza que otorgó medida cautelar a universidad privada
El procurador general de la República, Marco Aurelio González y el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Federico Mora, presentaron este martes la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la jueza de Itakyry, Eresmilda Román Paiva, quien otorgó una medida cautelar irregular por la cual se habilitaba la carrera de Medicina en una universidad privada en Ciudad del Este, Alto Paraná.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el procurador Marco Aurelio González explicó que la jueza Román que se había declarado incompetente, emitió la medida cautelar para habilitar la carrera de medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián, en Ciudad del Este.
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“Esta es una decisión que no podía hacer porque esto es una competencia exclusiva del Cones. Además de eso, otorgó la medida cautelar sin que se cumplieran con todos los requisitos que debe de tener para habilitar una carrera”, mencionó.
Señaló que hay observaciones del Cones que señalan que este pedido de habilitación no cumple, ni en su dimensión jurídica, ni de estructura, ni en la dimensión técnica con los requisitos que se exigen para la habilitación de una carrera.
“Es decir, con una medida cautelar no solo se está poniendo en juego la calidad de la educación de los jóvenes, sino además la calidad de la salud de la población”, acotó.
El procurador señaló que la citada universidad privada cuenta con habilitación de ciertas carreras en algunas localidades del país. Indicó que hay denuncias, incluso en la Contraloría General de la República, que esta universidad estaba ofertando la carrera de Medicina al público, sin estar habilitada.
“Ahora mismo, la carrera de Medicina de esta universidad privada no debería estar funcionando en Ciudad del Este, y si es que está funcionando, va ser un hecho muy grave. Ahora, la denuncia que presentamos ante el JEM es contra la jueza de Ytakyry, porque la resolución de ella ya fue revocada por la Cámara y también se rechazó el amparo por la jueza que se declaró competente”, precisó.
El procurador general señaló que ahora esperan que el JEM incluya esta denuncia, en su próxima sesión, que está prevista para este jueves, y espera que allí sea tratada. Mencionó que la jueza Román Paiva se expone desde una amonestación hasta la expulsión.
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Quiso matar a Cristina Kirchner “por justicia”, dijo el atacante en juicio
El atacante que hace dos años intentó asesinar a balazos a la expresidenta argentina Cristina Kirchner afirmó este miércoles durante su juicio que lo hizo como “un acto de justicia”.
“La doctora Kirchner es corrupta, roba y hace daño a la sociedad”, se justificó ante el tribunal Fernando Sabag Montiel, de 37 años, quien el 1 de septiembre de 2022 gatilló a centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta sin que salieran las balas, pero desatando un terremoto político.
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El juicio se centra en el atacante, su exnovia y el empleador de ambos como vendedores callejeros, sin ocuparse de supuestos ideólogos o un posible apoyo financiero, pistas que la expresidenta Kirchner reclamó investigar y que forman parte de una causa paralela.
“La idea era matar a Cristina”, dijo Sabag al arrogarse la responsabilidad del atentado en la primera audiencia del juicio, en la que se leyeron los cargos contra los acusados por homicidio agravado en grado de tentativa, un delito que prevé penas de hasta 25 años. La audiencia, que duró siete horas, culminó en la tarde del miércoles y la segunda tendrá lugar la próxima semana.
El tribunal oral federal 6 leyó la acusación de la querella y de la fiscalía, en las que se citaron mensajes de texto intercambiados por los acusados.
En ellos se dio cuenta de que los acusados se proveyeron de una arma ilegal, la utilizada en el ataque, intentaron alquilar una vivienda cercana a la casa de la expresidenta y buscaron la ocasión para ejecutarla.
“Eran plenamente conscientes de lo que hacían y de sus posibles consecuencias”, sostuvo la querella.
A lo largo de las audiencias que se realizarán con una frecuencia semanal serán escuchados unos 300 testigos, entre ellos la propia Kirchner, en un proceso que se estima puede prolongarse durante un año.
Ataque fallido
El agresor resultó ser un vendedor de dulces que aquella noche atacó a Kirchner frente a su casa en Buenos Aires, mezclado entre cientos de simpatizantes que acudieron a apoyarla cuando era juzgada por supuesto fraude durante su presidencia (2007-2015).
Sabag Montiel apretó el gatillo dos veces sin que las balas salieran y fue arrestado allí mismo.
En el juicio se mostró tranquilo y predispuesto a explayarse en sus respuestas, en las que se definió como “apolítico” y “cristiano”.
“Pese a haber querido matar a una persona, sin ser hipócrita, soy cristiano”, dijo al tribunal.
Consultado sobre las motivaciones que lo llevaron a planificar y ejecutar el ataque, respondió que “los fines tienen más un tinte personal que un fin que pueda beneficiar a un sector politico”.
Su novia de entonces, Brenda Uliarte, que lo acompañó hasta las inmediaciones del lugar del hecho, fue arrestada días después, al igual que Nicolás Carrizo, empleador de ambos como vendedores de dulces y señalado como “planificador”.
Sabag Montiel, portador de tatuajes con simbología filonazi, evidenció una personalidad “narcisista” y un discurso “extravagante”, según pericias.
Uliarte está acusada como “coautora” y señalada como instigadora, mientras Carrizo está acusado de complicidad.
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“Voy a ir con el fierro (pistola) a la casa de Cristina y le voy a pegar un corchazo (tiro)”, escribió Sabag Montiel en un mensaje a Uliarte semanas antes del ataque, a lo que ella le respondió: “La onda (la idea) es que metas el corchazo y te escapes”.
Luego del fallido ataque, Carrizo se ufanó de que su “empleado” hubiera concretado el ataque. “Lo aplaudo, estuvo a un segundo de ser héroe nacional”.
Fuente: AFP
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Justicia norteamericana levanta parcialmente a Trump orden de silencio
El juez Juan Merchan levantó parcialmente la orden de silencio impuesta a Donald Trump antes de su juicio penal, en el que fue condenado por fraude documental, debido a un “cambio” de circunstancias, según un documento judicial publicado este martes.
El juez instructor del histórico juicio al magnate en Nueva York le había prohibido hablar en público de los miembros del jurado, los testigos, los fiscales y el personal del tribunal. Posteriormente amplió la prohibición para incluir a su propia familia y a la del fiscal.
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Merchan, que tiene previsto dar a conocer la sentencia al aspirante republicano a las elecciones del 5 de noviembre próximo, dijo que “las circunstancias han cambiado. La parte del juicio de este procedimiento terminó cuando se emitió el veredicto y el jurado se despidió”, alega.
La decisión del juez significa que Trump, el primer expresidente de Estados Unidos condenado por un delito penal, puede ahora hablar públicamente de los testigos que declararon en su juicio, así como del jurado y el veredicto. Sin embargo, Merchan ha mantenido las medidas que prohíben revelar la identidad de los miembros del jurado.
Trump fue multado con 10.000 dólares por el juez por violar dicha orden de silencio en 10 ocasiones. Incluso le amenazó con meterle en la cárcel si la infringía de nuevo.
Antes de la orden de silencio, el expresidente había arremetido repetidamente contra los testigos y la fiscalía en su plataforma Truth Social.
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Un jurado lo declaró culpable el pasado 30 de mayo de 34 cargos por falsificar documentos contables para esconder el pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de una exactriz de cine porno por una relación extramatrimonial con el fin de que no interfiriera en las elecciones de 2016, que ganó frente a Hillary Clinton.
Fuente: AFP