El fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración por siete posibles hechos punibles en el marco de la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas.

La decisión fue dada conocer en el transcurso de este viernes mediante la Resolución n.° 986 firmado por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

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Segovia reemplazará en el proceso investigativo a su colega de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Said. Hay que señalar que la imputación inicial contra el líder del movimiento Fuerza Republicana y su gavilla estuvo a cargo de los agentes Aldo Cantero y Giovani Grisetti, quienes terminaron siendo apartados de la causa.

Además de Abdo están imputados: Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y el diputado Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos atribuidos a los mismos son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

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El presidente de la Cámara de Diputa­dos, Raúl Latorre, se encuentra participando en Budapest (Hungría) en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), donde tuvo la opor­tunidad de disertar y reiteró el compromiso de Paraguay en defensa de la vida y la familia.

“La defensa de la vida, la familia, nuestra soberanía e identidad y nuestro modelo de desarrollo sostenible son banderas irrenunciables por las que el Paraguay hoy es reconocido en el mundo”, había expresado el represen­tante nacional tras su diser­tación en el evento inter­nacional, a través de la red social X.

Remarcó que observa como un gran honor compartir ideas en la CPAC, así como también tener la oportuni­dad de elevar la voz de Para­guay y ratificar los compro­misos nacionales en una de las conferencias políticas más importantes del mundo.

“Detrás nuestro hay bata­llas que nos recuerdan que no estamos solos, que prote­gen nuestros derechos, nues­tra identidad, que defienden nuestras fronteras. Es fun­damental que tomemos esa bandera, haciendo prevale­cer la vida desde la concep­ción”, expresó Latorre en su discurso.

A su vez, puntualizó la manera en la cual hoy en día Paraguay se levanta alto en su condi­ción de humanidad frente a aquellos que pretenden hacer prevalecer factores deshuma­nizantes, como las políticas ideológicas que únicamente pretenden minimizar o soca­var las defensas territoriales.

“Nuestra voluntad, nuestra identidad, para autodeter­minarnos, haciendo un grito al unísono, que nos recuerda que no estamos solos, que hemos atravesado tormen­tas importantes, que hemos vivido momentos difíciles de nuestra historia, pero que vamos a prevalecer”, puntua­lizó el parlamentario.

Del mismo modo, hizo hin­capié en la importancia de saber cómo resistir, no solo a nivel nacional, sino tam­bién en escenarios interna­cionales claves, como se pro­mulga en la CPAC, apuntando así a la importancia de unifi­car los intereses internacio­nales sobre preocupaciones compartidas.

En el transcurso de la mañana de ayer jueves, el fis­cal Silvio Corbeta, de la Uni­dad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrup­ción, acusó y pidió juicio oral y público para el exminis­tro de la Secretaría Emer­gencia Nacional (SEN) Joa­quín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.

Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agra­vado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exau­toridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.

El requerimiento fue pre­sentado ante el juzgado del magistrado Rodrigo Estiga­rribia, que fijará la audien­cia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.

Las investigaciones de la Fis­calía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licita­ciones e inflaban los precios para posteriormente repar­tirse el dinero entre ambos. A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concre­tar pagos por un valor apro­ximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.

En el transcurso de la mañana de este jueves, el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó y pidió juicio oral y público para el exministro de la Secretaría Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.

Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exautoridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.

El requerimiento fue presentado ante el juzgado del magistrado, Rodrigo Estigarribia, que fijará la audiencia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.

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Las investigaciones de la Fiscalía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licitaciones e inflaban los precios, para posteriormente repartirse el dinero entre ambos. Simulaban el proceso de licitación y las adjudicaciones se realizaban a empresas de terceras personas; no obstante, el dinero de la secretaría era depositado en la cuenta de la empresa Tapyracuai de Koube, y este para justificar el endoso del cheque emitía las facturas de crédito por servicios prestados a las firmas ganadoras de licitaciones.

De acuerdo a la acusación, entre enero del año 2018 a diciembre del año 2021 Roa, mientras se desempeñaba en el cargo de ministro de Emergencia, recibió beneficios económicos indebidos de parte de Koube, con quien posteriormente entabló una sociedad ilícita.

A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concretar pagos por un valor aproximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.

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