La senadora Esperanza Mar­tinez dijo ayer que la Comi­sión de Investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “mafia de los pagarés” resolvió denunciar ante la Fiscalía los más de 2.000 casos de estafa­dos por el grupo delictivo.

“Revisamos los más de 2.000 casos registrados en la web, están otros más de mil bus­cando la información para poder clasificar. Acá por ejem­plo ya tenemos las casuística de que tipo de profesiones, en qué caso o comercio se registra, entonces se decidió enviar a la Fiscalía una denuncia innomi­nada de todas estas casas que están involucradas y que se pro­duzca un inicio de investigación de la Fiscalía”, indicó la legis­ladora. Refirió que también se resolvió plantear las denun­cias ante el Jurado de Enjuicia­miento de Magistrados (JEM) teniendo en cuenta la partici­pación de jueces y fiscales en los hechos perpetrados por la mafia de los pagarés.

Las declaraciones de la sena­dora Martínez fueron reali­zadas tras la primera reunión oficial que mantuvo la Comi­sión de Investigación legisla­tiva, dirigida por el legislador Rafael Filizzola.

En el primer trabajo de regis­tro de las denuncias de las víc­timas de la citada mafia, se puede observar que existe un 39,57 por ciento de funciona­rios del Ministerio de Educa­ción, seguido de los trabaja­dores del Ministerio de Salud, con un14,8 por ciento. Tam­bién figuran trabajadores de empresas privadas en un 11,89; funcionarios del Hos­pital de Clínicas, en 3,83; del IPS, en un 3,7; docente, en 2,3; independiente, en 1,92 y jubi­lado en 1,76 por ciento.

En lo que respecta a los juzga­dos, se registra una alta denun­cia contra el juzgado de Encar­nación, de la capital, en un 20,48 por ciento; en la Catedral, en 11,89; San Roque, en 8,44; Recoleta, en 5,44; y el juzgado de Mariano Roque Alonso, en un 4,75 por ciento. Además de figurar varios otros juzgados de la capital, Central y del inte­rior del país.Los miembros de la Comisión de Investigación temporal del Congreso seña­lan que los afectados pueden consultar sobre la forma de registrar sus denuncias al telé­fono (0985) 221-112.

La reunión que estaba prevista realizar ayer entre los miem­bros de la Comisión “antimafia de los pagarés” y la mesa direc­tiva de la Cámara Alta con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, fue postergada para los próximos días teniendo en cuenta el viaje del alto magistrado al exterior.

En el mensaje filtrado del exembajador de EE. UU. en Paraguay, Marc Ostfield, se destaca el trato de gran “aliado” que tenía Mario Abdo Benítez y denunciaba cómo el expresidente paraguayo era objeto de una “persecución mediática” por la venta de asfalto. El diplomático pasó por alto las ganancias exponenciales de Marito, además del “apriete” que las empresas privadas soportaban para comprar el asfalto de Aldia y Createc.

En el mensaje que filtraron varios medios de prensa como Clarín, a través del Distributed Denial of Secrets, Ostfield denunciaba ante el Departamento de Estado a Horacio Cartes y defendía a enérgicamente a Abdo Benítez, de quien señalaban que era una suerte de “perseguido”.

“Es importante mencionar que el grupo empresarial del señor Cartes, es dueño de canales de televisión, radios y diarios donde atacan a sus adversarios políticos, y especialmente al gobierno de USA y a este embajador. En estos medios hace unas semanas empezaron una campaña fuerte en contra de nuestro aliado, el expresidente Abdo, sobre supuesta venta de asfalto durante su gobierno. Al respecto, aclaro que todas las ventas de la empresa del señor Abdo fueron a empresas privadas y no al gobierno”.

Te puede interesar: Filtraciones de Ostfield solo confirman que el exembajador atropelló la soberanía de Paraguay

Lo que el diplomático obvió en su férrea defensa a “su aliado” es que la denuncia provino de organismos estatales (como la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios). Varios medios en nuestro país se hicieron eco de la misma, pero vale refrescar la memoria a algunos incautos.

La Nación publicaba en septiembre del 2023, en base a documentos del Ministerio de Economía y Finanzas que la distribuidora de asfalto en la que el expresidente tiene el 87,50 % de las acciones registraba exorbitantes ganancias anuales en los tiempos que este ejercía el cargo, comparadas a las utilidades consignadas en las actas de asamblea de los años que se iniciaba como legislador.

Según los documentos, de una utilidad neta de la firma Aldia S.A. que rondaba los G. 1.800 millones al año, que incluso se redujo a G. 1.492 millones en el 2014, se llegó a disparar a G. 92.647 millones en el 2021. Si hacemos la diferencia entre las ganancias netas que obtuvo la empresa del expresidente durante su gobierno y su periodo de senador, hay un incremento de 800 % ya que las utilidades netas del 2013 al 2017 sumaban G. 19.480 millones, mientras que las del 2018 al 2021 ascienden a G. 175.268 millones.

Lo que Ostfield no señala en su encendida defensa del anterior gobernante era por qué estas cifras millonarias no aparecían en su declaración jurada de bienes al dejar la silla presidencial, sino el cobro mensual de dividendos sin especificar y cabe recordar que, ante incompatibilidades constitucionales con la función, el exmandatario puso a su hijo mayor Mario Abdo Díaz Benza como representante legal en la empresa.

Pero el expresidente tiene además otra empresa que se dedica al mismo rubro de la lucrativa venta de asfalto. Las actas de asamblea de la empresa Createc SA, en la que Abdo Benítez tiene el 47,50 % de las acciones, también tuvieron importantes incrementos de ganancias netas anuales, que se dispararon hasta 750 % durante su mandato.

Las millonarias utilidades netas tampoco figuran en su declaración jurada al darse de baja del cargo. Actas evidencian que se aseguraron contratos con grandes constructoras viales y un sugestivo acaparamiento, ya que “se obtuvo un aumento muy significativo en la cartera de clientes”, que en 2019 se incrementaba en un 237 %, mientras su gobierno se jactaba de kilómetros de pavimentos construidos.

De G. 2.377 millones de lucro neto en 2016 fue aumentando exponencialmente hasta marcar diferencias que lle­gan a un aumento ganancial de hasta 750 % en el periodo de pandemia 2021, que fue dorado para su compañía con el monto de G. 22.546 millones. Mientras tanto, la población en general sufría las carencias en salud y la economía afrontaba una fuerte crisis ocasionando la suspensión de actividades de varias empresas y el desem­pleo en general.

En Createc, Abdo Benítez registra el 47,50 % de las acciones y durante los años de su presidencia, específica­mente entre 2018 y 2021, esta empresa registró ganancias netas anuales que suman G. 52.908 millones equivalen­tes a un incremento de 602 % en relación con el lucro acumulado cuando se ini­ciaba en cargos electivos, y que entre 2015 y 2017 llegó a G. 7.529 millones.

Lea también: Alianza entre Abdo y Ostfield confirma persecución denunciada, afirma diputado

Las empresas Aldia S.A. y Createc están en la mira de Contraloría, de Ingresos Tributarios y de la Fiscalía, por las serias irregularidades detectadas. Se habla de unos USD 44 millones entre el 2018 y el 2023 destinados a reservas operativas. Un informe remitido por la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) a la Fiscalía advierte sobre irregularidades detectadas en un análisis a las empresas Aldia SA y Createc y habla de la necesidad de un control que involucre a Seprelad y al Ministerio Público.

La Contraloría General de la República sostiene que se analizaron las declaraciones juradas de Abdo Benítez al asumir y al salir de la función pública. A partir de ahí, se solicitaron informes a diferentes instituciones y se hicieron las verificaciones.

Lo que llamó la atención fue que las utilidades generadas en el 2018 al 2023, por las empresas donde el expresidente es accionista mayoritario, llevó prácticamente el 90 % de las utilidades a reservas operativas. El 90 % del dinero se destinó a reservas de utilidades. Entre el 2018 y el 2023 suman 44 millones de dólares (329.000 millones de guaraníes).

La Cámara de Sena­dores aprobó ayer el proyecto de declara­ción que insta al Jurado de Enjuiciamiento de Magis­trados (JEM) a investigar a los miembros del Tribu­nal de Sentencia de Villa­rrica, que terminaron absolviendo al docente Eustaquio Insaurralde. El docente está acusado de abuso por medios tecno­lógicos a una alumna de 11 años de edad.

La decisión adoptada por los jueces Julio Alfonso, Víctor Ortigoza y Juan Ruiz Díaz terminó generando el repu­dio ciudadano, teniendo en cuenta la existencia de prue­bas contundentes contra Insaurralde, docente de 56 años de edad.

Un total de 600 mensajes fueron enviados por Insau­rralde, en donde supues­tamente le decía a la niña “quiero sentir tu cuerpo”, “sos super sexy, un sueño, te adoro, te amo mi princesa, mi niña me vuelves loco”, “te pido que vengas sola a casa, sin que nadie se entere, para besarte desde la punta de los pies”.

El documento aprobado por los parlamentarios en su sesión ordinaria de la fecha refiere que “este constituye un caso de suma gravedad, ya que guarda relación con hechos punibles que afec­tan la integridad de una niña e involucra a un docente, agra­vado por el hecho de ostentar un cargo, cuya función debe­ría mostrar un especial deber del cuidado”.

La iniciativa agrega que “las estadísticas infor­madas por organizacio­nes especializadas en el ámbito refieren que este tipo de hechos punibles representan un verdadero problema a nivel nacional, razón por la cual este tipo de decisiones adquieren una importancia especial”.

El fallo a favor del denunciado brinda la posibilidad de que Insaurralde vuelva a la ense­ñanza en la misma institución de la que fue apartado al ini­ciarse el proceso judicial. La acusación fue impulsada por la madre de la niña en el año 2022.

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de declaración que insta al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a investigar a los miembros del Tribunal de Sentencia de Villarrica, que terminaron absolviendo al docente Eustaquio Insaurralde. El magistrado está acusado de abuso por medios tecnológicos a una alumna de 11 años de edad.

La decisión adoptada por los jueces Julio Alfonso, Víctor Ortigoza y Juan Ruiz Díaz terminó generando el repudio ciudadano, teniendo en cuenta la existencia de pruebas contundentes contra Insaurralde, docente de 56 años de edad.

Un total de 600 mensajes fueron enviados por Insaurralde, en donde supuestamente le decía a la niña “quiero sentir tu cuerpo” “sos super sexy, un sueño, te adoro, te amo mi princesa, mi niña me vuelves loco”, “te pido que vengas sola a casa, sin que nadie se entere, para besarte desde la punta de los pies”.

El documento aprobado por los parlamentarios en su sesión ordinaria de la fecha refiere que “este constituye un caso de suma gravedad, ya que guarda relación con hechos punibles que afectan la integridad de una niña e involucra a un docente, agravado por el hecho de ostentar un cargo, cuya función debería mostrar un especial deber del cuidado”.

Lea también: Operativo Berilo: Corte destraba caso y juez puede fijar audiencia preliminar

La iniciativa agrega que “las estadísticas informadas por organizaciones especializadas en el ámbito refieren que este tipo de hechos punibles representan un verdadero problema a nivel nacional, razón por la cual este tipo de decisiones adquieren una importancia especial”.

El fallo a favor del denunciado brinda la posibilidad de que Insaurralde vuelva a la enseñanza en la misma institución de la que fue apartado al iniciarse el proceso judicial. La acusación fue impulsada por la madre de la niña en el año 2022.

Te puede interesar: Mafia de los pagarés: Corte exhorta a víctimas a recurrir por vía ordinaria para anular descuentos