El abogado Guillermo Duarte defensor del diputado colorado Miguel Cuevas, solicitó la revisión de medidas y la revocatoria de la prisión del parlamentario. El pedido fue presentado ante el juez penal de Garantías Yoan Paul López, quien deberá fijar la fecha para la audiencia en la que se definirá si el legislador abandonará la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional o en su defecto, si se ratifica su prisión preventiva.
La defensa menciona que Cuevas tiene suficiente arraigo en el país, por lo que el peligro de fuga no existe y además ofrece una fianza de G. 3.500 millones que podrán ser embargados por el juez, en caso que se decida otorgarle la libertad condicional. El parlamentario está recluido en la mencionada sede policial desde febrero de este año.
Te puede interesar: Defensa de Cuevas busca pervertir el sistema procesal, según fiscal
Por su parte, el fiscal Luis Piñánez se había referido a los cuestionamientos realizados por la defensa del parlamentario, sobre el proceso de investigación. “Ellos están queriendo pervertir el sistema procesal penal alegando que una prueba no es válida. Hay que tener en cuenta que el Ministerio Público no realizó una imputación por una pericia de tasación; es más, muchas veces la Fiscalía formula imputaciones sin ese tipo de pericia técnica. La imputación es un medio de sospecha”, sostuvo.
Podes leer: Corte Suprema presenta nuevo Sistema de Registro de Auxiliares de Justicia
Dejanos tu comentario
“No hay nada oculto”: designaciones de carácter político están contempladas dentro de la ley
“Entiendo que hay una gran confusión respecto a lo que es la carrera diplomática, consular, administrativa y técnica y lo que es el espacio político”, manifestó el canciller Rubén Ramírez Lezcano con relación a las denuncias sobre la contratación de familiares de políticos en las embajadas paraguayas.
“La ley bajo la cual se administra todo el sistema, el escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la 6935 del año 2022. La ley establece la posibilidad de que se incorpore hasta un 20 % de las designaciones de carácter político. Existen funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo”, puntualizó.
Asimismo, Lezcano manifestó que por decreto se establecen designaciones para ocupar cargos en las embajadas o consulados, tanto en áreas administrativas y técnicas. Señaló también que en la norma se establece un contrato por tiempo determinado.
Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron tras ser consultado sobre el caso de la joven de 24 años, Magida Esgaib, hija del diputado Yamil Esgaib, quien figura como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en la embajada paraguaya ante el Reino Unido, con un salario de G. 21 millones.
“Ella es una administrativa, que tiene un contrato determinado. Existen servicios que no exigen un título académico, como por ejemplo, conductores de vehículos para el servicio de las embajadas, limpiadores, auxiliares administrativos. A todos se les evalúa de acuerdo a su conducta, el contrato tiene una duración de 3 meses y se va renovando de acuerdo a la calidad del servicio”, indicó.
Lea también: Proyecto de ley busca modificar el Código Penal y combatir la mora judicial
Ramírez Lezcano acotó: “Acá no existe nada oculto, hay designaciones de carácter político. Está contemplado dentro de la ley y por lo tanto no existe ningún impedimento para que esto se produzca desde el punto de vista de la ley”.
Embajadas cubiertas
Por otra parte, manifestó que de un total de 17 embajadas que encontraban vacantes, el gobierno de Santiago Peña ya logró cubrir 14 sedes diplomáticas. En la fecha se produjo el juramento de 10 embajadores paraguayos.
“Realmente destacamos que la inserción de Paraguay en el mundo como prioridad de la gestión del gobierno del presidente Santiago Peña se va cumpliendo. Desde el principio abordamos estos desafíos de una manera integral y oportuna para que nuestro país esté de pie ante el mundo. Los próximos días estaremos enviando al Congreso Nacional los próximos pedidos de acuerdo constitucional una vez recibido los beneplácitos de los países donde estamos acreditando embajadores”, dijo en una entrevista con los medios de prensa.
Te puede interesar: Senad no fue utilizado para sus fines en el gobierno de Abdo, afirma Rachid
Dejanos tu comentario
Proyecto de ley busca modificar el Código Penal y combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
Leé también: Celeste Amarilla prioriza cuestiones partidarias a necesidad de agua en el Chaco
Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
Duración del proceso
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
El legislador añadió que “la mora judicial lo único que nos trae es que la independencia judicial esté en juego, en riesgo en cuanto a los sesgos que puedan tener tanto el meter la mano el poder político, económico, mediático y por sobretodo el manoseo que pueda sentir la gente en cuanto a sus derechos humanos. Con esta ley buscamos poner un plazo taxativamente”.
Rodríguez remarcó que es consciente que el proyecto “será un motivo de debate en la ciudadanía, con los gremios de abogados, los representantes de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Alguien tiene que ponerse el saco de la responsabilidad y cumplir con lo que la ley dice”.
El parlamentario lamentó que “la prisión preventiva se ha convertido hoy en una constante”. “Nuestra Constitución busca la rehabilitación de las personas una vez que se le dé la pena, es por eso que ponemos los plazos taxativamente en las leyes para que los jueces no puedan decir el día de mañana que no se les dijo que si en ese tiempo no cumplían con el plazo que la causa pueda prescribir, extinguirse”, indicó.
Dejanos tu comentario
Diputado destaca la política de seguridad del Gobierno
El diputado independiente Rubén Rubin celebró este miércoles la incursión de una nueva camada de 507 agentes del Grupo Lince y solicitó al gobierno de Santiago Peña impulsar una constante capacitación de los agentes para el cumplimiento efectivo del combate contra la inseguridad.
“El Gobierno está cumpliendo su promesa de triplicar el grupo Lince, también en lugar de sacar 1.000 nuevos policías al año vamos a comenzar a sacar al año 5.000 nuevos policías; esto es un ritmo que realmente el país nunca tuvo”, puntualizó. Durante su intervención en la sesión ordinaria de la Cámara Baja de este miércoles el legislador sostuvo que “el gobierno anterior sacaba más o menos 50 linces por año, este gobierno acabó de sacar 1.200 en ocho meses, sin dudas el ritmo es el adecuado”.
Lea también: Patricia Samudio fue condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza
Los agentes linces se incorporarán inmediatamente a las filas de la Policía Nacional para reforzar la lucha contra la inseguridad tanto en las zonas urbanas como rurales. “No tenemos que convertir la lucha en contra de la inseguridad en una simple estadística, esto tiene que ser real y para eso la capacitación tiene que estar en el centro de la modernización de la Policía Nacional”, indicó el dirigente político de la oposición.
Reglamentar uso de videocámaras corporales
Por otra parte, el congresista urgió al Poder Ejecutivo reglamentar la ley 6757 que establece el uso obligatorio de cámaras corporales en los procedimientos de allanamientos, detenciones, secuestros y otros operativos que realicen agentes del Ministerio del Interior, de la Fiscalía, de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y municipios.
Agregó que su inmediato cumplimiento contribuirá en el proceso de modernización de la Policía Nacional. “Hablé con el ministro del Interior Enrique Riera y le manifesté que presentaré un proyecto de declaración que le insta al Ejecutivo a reglamentar la implementación de cámaras en el pecho de los efectivos. Esto me parece muy importante porque hoy existe una desconfianza para con la fuerza pública, la corrupción también llegó a esta institución (Policía Nacional)”, indicó.
La norma fue promulgada en junio del 2021 por el entonces gobierno de Mario Abdo Benítez, sin embargo, su cumplimiento aún no es efectivo, lamentó Rubin. “Creo que le dará tranquilidad al pueblo paraguayo su reglamentación e implementación. Esta mal decir que esta ley se encuentra activa porque no vemos policías con cámaras de seguridad en el pecho. Se estará grabando todo el procedimiento, será una forma de transparencia”, remarcó.
El organismo regulador será el Ministerio del Interior, que debe proponer la reglamentación de la ley en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información (Mitic), el Ministerio Público y la Secretaría Anticorrupción (Senac).
Dejanos tu comentario
Imputado y con bienes embargados, Miguel Prieto anuncia candidatura
El actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, confirmó su intención de postularse al máximo cargo del Poder Ejecutivo en el 2028. Las pretensiones del jefe comunal de llegar a la Presidencia se dan en medio de las investigaciones del Ministerio Público en su contra por lesión de confianza en licitaciones realizadas en pandemia.
“Yo ya les adelanto que en 2028 voy a ser candidato a presidente de la República”, afirmó Prieto en una reunión política que tuvo lugar en la capital de Alto Paraná, Ciudad del Este.
Durante el encuentro, el intendente anunció también otra candidatura del movimiento que encabeza, Yo Creo, el que ya alista postulaciones para las municipales de 2026.
“Dani (Mujica) es nuestro candidato a intendente y estamos convencidos de que va a ganar”, aseveró el jefe comunal. El próximo candidato de Yo Creo fue aspirante a la Gobernación de Alto Paraná en las últimas elecciones, pero no pudo imponerse ante el candidato del Partido Colorado, el actual jefe departamental, César “Landy” Torres.
Prieto manifestó que la victoria de Mujica en el 2026 es muy importante para su carrera a la Presidencia en el 2028. El actual intendente de Ciudad del Este está confiado en que su candidato pueda sucederlo en la municipalidad, dado que, en la capital de Alto Paraná, Mujica superó en votos a Torres en las elecciones generales.
“El equipo ya decidió en un 100 %, la gobernación ganamos acá en Ciudad del Este por 15.000 votos de diferencia, solamente como no cubrimos las mesas en otros lugares, se perdió en otros municipios, pero acá en Ciudad del Este, Dani Mujica ganó y por lejos y eso se va a volver a repetir”, aseveró.
Los anuncios de candidatura de Prieto se dan en medio de una causa abierta en la Fiscalía, que lo investiga a él y otros funcionarios municipales por lesión de confianza. A través de una maniobra en licitaciones durante la pandemia, el actual intendente habría causado un perjuicio a la comuna por G. 1.769 millones, según el propio Ministerio Público.