La Corte Suprema de Justicia aprobó días atrás un plan de depuración de causas en el fuero penal relacionadas a las imputaciones por violación de la cuarentena sanitaria por la pandemia del COVID-19, obrantes en los juzgados penales de Garantías de todo el país.
Para el efecto, se dispuso la habilitación de juzgados de depuración, que tendrán a su cargo la recepción, sustanciación, resolución y archivo de los procesos ingresados. En tal sentido, serán comisionados jueces penales de Garantías para ejecutar el mencionado plan de la máxima instancia judicial.
Los jueces comisionados, en el horario de 14:00 a 17:00, se abocarán exclusivamente a la depuración, sin detrimento de sus funciones en sus respectivos juzgados, en horario matutino. Con ello, los casos que ingresen y que estén vinculados a la pandemia serán sorteados directamente entre los juzgados de depuración. Para el efecto, se dispuso que aquellos casos pendientes en la mesa de entrada en línea sean transferidos automáticamente a estos juzgados y que en Judisoft se habilite una opción para el sorteo entre los mismos.
Con relación a los casos sobre COVID-19 que ya están siendo tramitados ante los juzgados penales de Garantías ordinarios, se dispuso que también sean remitidos a los juzgados de depuración.
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Todas las imposiciones económicas dispuestas por los juzgados a través de salidas procesales serán destinadas a la compra de insumos o materiales necesarios para el combate a la pandemia. Para ello, se habilitará una cuenta corriente judicial en el Banco Nacional de Fomento para el depósito de las donaciones que surjan de las decisiones adoptadas por los jueces, y estará a disposición del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Finalmente, los jueces encargados de la depuración de estos procesos elaborarán un listado de las causas tramitadas con la especificación de la salida procesal otorgada, las obligaciones impuestas, los montos de las donaciones resueltas y el destino de las mismas, lo que será remitido a la Secretaría General de la Corte Suprema todos los lunes.
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Investigan a Evo Morales por presunto abuso de una menor cuando era mandatario
En plena lucha contra el gobierno que antes apoyaba, Evo Morales se vio de repente enfrentado a su pasado: la apertura de una nueva investigación penal relacionada con el presunto estupro de una menor de 15 años, cuando aún era presidente boliviano.
Morales, que gobernó entre 2006 y 2019, calificó la denuncia como “otra mentira más” y agregó que en 2020 ya había sido investigado por los mismos hechos y que “se ha demostrado que no hubo nada”. Sin embargo, la fiscalía del departamento de Tarija volvió sobre el caso para investigar a Morales, esta vez por trata y tráfico de personas.
Estas son las claves del escándalo que envuelve a Morales, en momentos en que le disputa a su exministro y actual mandatario Luis Arce el liderazgo de la izquierda oficialista de cara a las presidenciales de 2025.
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El caso
El nuevo expediente fue abierto por la fiscal del departamento de Tarija Sandra Gutiérrez. La funcionaria ordenó la aprehensión de Morales el 26 de setiembre, pero la orden fue anulada el miércoles por una jueza que acogió un recurso judicial a favor del exjefe de Estado. El escándalo se remonta a hechos ocurridos cuando el líder cocalero era presidente en 2015. La orden de aprehensión detalla que Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016.
Según la orden, los padres de la menor la inscribieron en la “guardia juvenil” de Morales “con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor”, lo que configuraría el delito de trata de personas.
La fiscal Gutiérrez fue destituida el miércoles por haber incurrido en una supuesta “conducta negligente”. Aunque Evo Morales ha desestimado la denuncia por basarse en hechos que se investigaron en 2020 bajo la figura penal de “estupro” -que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años- la fiscalía se concentra ahora en su actuación y la de los padres de la víctima.
La disputa
El caso penal resurge en medio del enfrentamiento entre los dos líderes. “El escándalo (...) tiene ribetes de pugnas internas, porque si no estuvieran peleados evistas y arcistas nunca se habría sabido”, anota el abogado y analista boliviano Williams Bascopé, aludiendo a la lucha Morales-Arce.
Esta denuncia entra “en el juego de la disputa política y puede que también genere una indignación generalizada en la gente (...) ante la posibilidad” de que Morales sea culpable, advierte María Teresa Zegada, socióloga de la universidad estatal San Simón.
En los últimos meses la política boliviana ha gravitado en torno a la intención de Morales de postular a la presidencia, a pesar de que el Tribunal Constitucional le cerró la puerta a una tercera reelección. Desde entonces, ha liderado protestas que han puesto contra las cuerdas al gobierno de Arce, a quien acusa de haber manipulado a los jueces para impedir su candidatura.
La última de ellas fue la llamada “Marcha para salvar Bolivia”, a finales de setiembre, una extensa caminata de 190 kilómetros hacia La Paz que generó enfrentamientos violentos entre partidarios de ambos dirigentes. Arce lo acusó de tramar un plan para dar un “golpe de Estado”
El viernes, Morales afirmó que el gobierno de Arce busca “proscribirlo”. “Por este motivo, luego de la Marcha para salvar Bolivia, activaron de forma simultánea cuatro procesos penales para buscar mi aprehensión”, escribió en X.
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El costo
Si bien la popularidad de Arce está golpeada por la crisis económica, derivada de la escasez de combustibles y dólares, el escándalo podría sacar a su rival de la competencia por la nominación presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS). De prosperar la denuncia penal, “se afectaría muchísimo su imagen y además sus posibilidades de volver a ser un actor político” cuando se mostraba muy dispuesto a no renunciar a su candidatura a ningún costo, advierte Zegada.
La denuncia “verdaderamente desequilibra el escenario político contra la posibilidad de que Morales sea candidato, no solamente por la posible veracidad de los hechos, sino porque también ya se ha instalado en términos sociales una sanción respecto” al exmandatario, comenta la analista.
Arce todavía no ha dicho si buscará la reelección, pero un ala del MAS apoya su continuidad, mientras Morales ejerce presión en las calles a la espera de que una nuevo tribunal constitucional - que será elegido en diciembre por voto popular - revierta el fallo que lo inhabilita como candidato.
Fuente: AFP.
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Argentina: liberan a rugbiers franceses tras filtrarse audio de la denunciante
Los rugbiers franceses acusados de violación y detenidos desde el 8 de julio en Argentina, Hugo Auradou y Oscar Jegou, fueron liberados, aunque deberán permanecer en el país hasta finalizar el proceso, según una resolución judicial anunciada el lunes. La Fiscalía de la provincia de Mendoza (oeste), donde se denunciaron los hechos, ordenó que los imputados recuperen la libertad, aunque dispuso “la conservación del resto de las medidas de coerción”, entre ellas la retención del pasaporte, imposibilidad de la salida del país y prohibición de contacto por cualquier medio con la querellante.
En la resolución se establece que no se reunieron “elementos de convicción suficientes” para solicitar la prisión preventiva de los imputados por no haber “preeminencia de las pruebas de cargo por sobre las de descargo” y “por acreditarse francas contradicciones internas y periféricas respecto del relato de la denunciante”.
El abogado francés de los jugadores, Antoine Vey, celebró esa liberación y declaró que fue “una decisión esperada, que constituye un paso crucial hacia el reconocimiento judicial de la inocencia” de los dos jugadores. El defensor espera que la resolución llegue a buen término “en las próximas semanas”.
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La abogada de la denunciante, Natacha Romano, dijo a la AFP que la resolución “ha generado mayor daño en la víctima, en su familia y mayor angustia”. Además, señaló que la liberación produjo “preocupación de que atenten contra su seguridad psicofísica” y que su representada se siente “totalmente desprotegida por la justicia mendocina”.
Jegou y Auradou, ambos de 21 años, fueron imputados el 17 de julio pasado “por abuso sexual con acceso carnal (como se conoce a la violación en la ley argentina, ndlr) agravado por la participación de dos personas”. Los hechos habrían ocurrido el 7 de julio en el hotel de la ciudad de Mendoza donde se hospedaban los jugadores en medio de una gira con el seleccionado galo, sostiene la querella. La defensa aseguró por su lado que las relaciones sexuales existieron pero que fueron consentidas.
“Notables contradicciones”
El viernes la prensa local había difundido una serie de audios que la denunciante le envió a una amiga luego de volver del hotel donde se hospedaban Jegou y Auradou. Romano dijo que se trataba de una “prueba aportada por la querella”, que “se sacó de contexto” y que “maliciosamente se divulgaron tres o cuatro (audios), que por ahí hacían a la conveniencia de la defensa”.
La semana pasada la denunciante había ampliado su declaración frente al fiscal de la causa, Darío Nora, y el jueves los imputados fueron interrogados por el letrado durante casi cinco horas. “Respiramos la libertad, estamos confiados en que prontamente van a recuperar la libertad”, había dicho a la prensa el abogado defensor argentino Rafael Cúneo, hermano del ministro de Justicia, Mariano Cúneo, tras la declaración de los jugadores.
En la resolución de la justicia local que se conoció este lunes, se explica que, al inicio de la investigación, “existieron una serie de extremos de corte objetivo que determinaron la necesidad de disponer entonces la detención de los coimputados”.
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Sin embargo, el documento, firmado por el fiscal adjunto Gonzalo Nazar, establece que, a partir de las declaraciones de la denunciante y su cotejo con el resto del material probatorio no puede soslayarse “la existencia de notorias contradicciones, inconsistencias, zonas grises y hasta explicaciones insuficientes” en el planteo de la querella. El escrito menciona además “el tono jocoso” en el inicio de la conversación de la denunciante con su amiga, que fue revelada en los audios filtrados a la prensa.
También, considera que los testimonios incorporados hasta el momento por la demandante “no resultarían determinantes en un sentido incriminatorio” mientras que los descargos de los imputados “no podrían descartarse sin más”. Romano, la abogada querellante, destacó que la causa no está terminada: “La orden del recupero de libertad no implica un sobreseimiento, todavía está en plena investigación y por algo los imputados no podrán salir del país”, dijo.
Horas después de la resolución, los deportistas franceses fueron fotografiados saliendo del domicilio en el que se encontraban junto con Germán Hnatow, uno de sus abogados locales, quien más temprano informó que este mismo lunes se les iban a retirar las tobilleras electrónicas que portaban durante su prisión domiciliaria.
Fuente: AFP.
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“Los jueces se burlaron de nosotros y en este país no existe justicia”, dijo madre de Sol Chávez
“Les parece a los jueces de sentencia que como padres podemos soportar eso, es una enorme injusticia porque 5 años se pidió y mi hija se murió a causa de ambas irresponsables y no hay palabras para nada”, señaló María Edith de Chávez, madre de Sol Chávez sobre la breve sentencia de 2 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y Sandra Hermosa.
“Los jueces se burlaron de nosotros y lastimosamente en este país no existe justicia”, indicó la mujer muy dolida por la sentenciada dictada por los jueces Laura Ocampos. Fabian Weinsensee y Cándida Fleitas, quien voto por condenar a 3 años de cárcel a ambas acusadas.
Agregó: “Los jueces juegan con nuestras vidas, porque, que van a decir debido a que yo le tengo a mi esposo internado con un ataque al corazón y más aún después de recibir este fallo judicial”. Acotó que “acá hay algo y es un país que se deja llevar por el dinero, porque de qué sirve probar la negligencia sino aplican la condena justa”, manifestó. Sostuvo con lagrimas en los ojos " a mí me sacaron mi hija y destruyó por completo mi familia y escuchar las argumentaciones básicas es una injusticia”.
Fallo indignante
Un tribunal de sentencia en mayoría condenó a solo 2 años de cárcel a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y a la bioquímica Sandra Hermosa por el fallecimiento de la joven Sol Chávez, quien murió a causa de la ingesta de una dosis letal de flúor. Asimismo, los jueces de sentencia decidieron que Espinoza no pueda ejercer la profesión de odontóloga por el periodo de 2 años y 6 meses.
El fallo judicial generó la indignación de la ciudadanía debido a la falta de argumentación de los jueces en mayoría Laura Ocampos y Fabián Weinsesee, quienes votaron por la ridícula sentencia de primera instancia.
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TikTok en problemas: denuncian a la plataforma por violar la privacidad de los menores en EE. UU.
Estados Unidos demandó este viernes a la plataforma TikTok por violar la privacidad de los usuarios menores al recopilar datos sobre ellos sin el permiso de sus padres.
El Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio unieron fuerzas en una demanda civil en la que afirman que la popular aplicación para compartir fragmentos de video infringió la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet.
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Según las autoridades estadounidenses, la compañía incurrió en una “violación generalizada de las leyes que protegen la privacidad de los niños”.
Debido a la metodología de la plataforma propiedad del grupo chino ByteDance, millones de niños menores de 13 años han sido sometidos a una “extensa recopilación de datos” y además han “interactuado con usuarios adultos y han accedido a contenidos para adultos”, resumió el Departamento en un comunicado.
Se argumenta que TikTok permitió “a sabiendas” de su actividad que los menores crearan cuentas y navegaran en su red social, frecuentada por 170 millones de personas en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia alegó que desde 2019, la aplicación y su empresa matriz “han recopilado y almacenado una amplia gama de información personal sobre estos menores sin informar a sus padres ni obtener su consentimiento. Incluso para cuentas creadas en ‘Kids Mode’ (Modo Niños)”.
Esta acción legal “es necesaria para impedir que los niños menores de 13 años utilicen la aplicación TikTok normal”, afirmó el fiscal general adjunto Brian Boynton, citado en el comunicado de prensa.
También es necesario, añadió, impedir que los acusados, “que son reincidentes y operan a gran escala, recopilen y utilicen datos privados de niños pequeños sin el consentimiento o control de los padres”.
La Agencia de Protección al Consumidor de Estados Unidos (FTC) presentó un informe al Departamento de Justicia en junio porque “tenía motivos para creer” que TikTok y ByteDance “estaban violando o estaban en proceso de violar la ley”.
Seguridad nacional
La FTC estaba llevando a cabo una investigación para garantizar que la plataforma respetaba las condiciones de un acuerdo amistoso alcanzado en 2019, cuando acusó al antepasado de TikTok, Musical.ly, de haber recopilado indebidamente datos personales de usuarios menores.
TikTok había aceptado pagar 5,7 millones de dólares en concepto de indemnización y se había comprometido a respetar las disposiciones de la ley llamada COPPA (Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet), adoptada en 1998.
En un mensaje en la red X, TikTok se manifestó “decepcionado de que la agencia haya elegido lo contencioso antes que continuar trabajando juntos para encontrar una solución razonable”.
“No estamos de acuerdo con estas acusaciones, muchas de las cuales se refieren a prácticas pasadas que se presentan erróneamente o que ya han sido abordadas”, declaró a la AFP un portavoz de la empresa.
“Estamos orgullosos de nuestros esfuerzos para proteger a los niños”, añadió, refiriéndose a las salvaguardias implementadas “voluntariamente” por la empresa, como la eliminación de cuentas de usuarios de menores de 13 años y los límites de tiempo de visualización.
El Congreso estadounidense aprobó en abril un proyecto de ley para obligar a ByteDance a vender a una compañía local su aplicación estrella en los nueve meses siguientes, con la amenaza de prohibir su actividad en Estados Unidos.
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Las autoridades estadounidenses y legisladores la acusan de recopilar datos sobre ciudadanos estadounidenses para el gobierno chino y creen que ello representa una amenaza para la seguridad nacional.
“La FTC seguirá utilizando todo el alcance de sus poderes para proteger a los niños en internet, especialmente a medida que las empresas implementan herramientas digitales cada vez más sofisticadas para vigilar a los niños y sacar provecho de sus datos”, dijo el viernes Lina Khan, presidenta de esa agencia.
Fuente: AFP