El intendente de Ciudad del Este al parecer normalizó en su administración un esquema de repartija maniobrada de contrataciones entre leales que, después de los dos primeros sonados casos Tía Chela y Tajy, ya no sorprende a la opinión pública. Hoy día, denuncias en su contra trascienden como puras estadísticas que se traducen en chiste la serie de irregularidades, pese a las sobradas documentaciones que respaldan los perjuicios denunciados.

Muy pronto, la pro­mesa de Miguel Prieto, aquel joven de Ciudad del Este que se perfilaba como el mesías que sacaría del pozo a la comuna esteña, sucumbió con el esquema de corrup­ción con festín de licitacio­nes, etc., que se consolidó en su administración.

Es el intendente más denun­ciado en la República del Paraguay, los cuestiona­mientos están plenamente documentados y están a la vista en los portales institu­cionales de los entes de con­trol, pese a ello sigue cam­pante en el cargo y hasta se perfila como el candidato más potable de una parte de la oposición. Actualmente acumula 41 denuncias en su contra en la Fiscalía, que por razones desconocidas quiso trasladar a Ciudad del Este. Nada le inmuta, continúa el mismo modus operandi en su gestión.

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El esquema que Prieto implantó con su adminis­tración en Ciudad del Este es la discrecionalidad en la repartija de fondos de la municipalidad con las lici­taciones, principalmente por vía de la excepción o de urgencia. Sistemática­mente aparecen favoreci­dos con contratos gente de su entorno, amigos leales y familiares de sus subor­dinados. Contrataciones Públicas había dictaminado inconsistencias en varias de las adquisiciones de la ges­tión Prieto, como la compra en 2019 de la clínica móvil catalogada como mau.

Contrataciones Públicas había dictaminado que las inconsistencias administra­tivas en la adquisición de la clínica móvil lesionan la ley de compras públicas.

La Contraloría General de la República también cons­tató en su momento que el rodado adquirido por el intendente Prieto y que costó G. 299,5 millones no cuenta con las especifica­ciones técnicas estableci­das en el pliego de bases y condiciones.

Cabe subrayar que Prieto había adjudicado la com­pra a la firma R&R Impor­tExport SA, de Aldo Rodrigo Galeano Recalde, cuñado de Valeria Romero, quien ingresó como concejala de la municipalidad por el movimiento del intendente. Sin embargo, los dos casos más escandalosos de adju­dicaciones directas, por vía de la urgencia imposterga­ble, estallaron en la pande­mia, gracias a las insisten­tes denuncias ciudadanas e investigaciones de la prensa.

La compra de víveres a la pequeña despensita Tía Chela mediante una com­pra por vía de la excepción por G. 2.949 millones, pese a que no tenía disponible la cantidad de mercaderías ofertadas fue el inicio de una seguidilla de denuncias que llovieron contra Prieto. Investigaciones dejaron a la vista una competencia simulada entre oferentes que resultaron ser de una misma familia.

El esquema Tía Chela invo­lucra a Prieto junto con varios funcionarios y Emili Vanessa Florentín Páez a quien ubicó como asesora jurídica en su administra­ción. La Fiscalía sindica a Florentín Páez como parte del esquema de facturación ficticia para encubrir la falta de entrega de mercaderías en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19 y que generó un perjuicio eco­nómico estimado en G. 2.130 millones.

Con el caso Tía Chela tam­bién salió a la luz la adjudica­ción por compra de 50.000 kilos de harina, además de una larga lista de víveres a Tajy Servicios Generales, que en la realidad se dedica a la perforación y manteni­miento de pozos artesia­nos. La firma pertenece a don Buena Ventura Morí­nigo, un humilde construc­tor de pozo artesiano, coin­cidentemente tío de Vanessa Florentín que en entre­vista nos había dicho que no tenía idea del negocio; sin embargo, facturaron G. 306.188.500 en su nombre.

Este modus operandi de Prieto se fue repitiendo a lo largo de su administración y los hechos denunciados son cada vez más escandalosos. Se enfocó a contrataciones de empresas de sus amigos, familiares de leales, apor­tantes de su campaña (ver infografía).

En la gestión Prieto recicla­ron un club nocturno y lo convirtieron en construc­tora de la noche a la mañana.

Es así que SCDE vinculada a Lumma Silva Battochi, funcionaria municipal, y su hermanastra Samara Agui­rre comenzó a acopiar con­tratos con la comuna esteña y en dos años se alzaron con más de G. 14.000 millones.

Prieto también favore­ció con millonarios con­tratos a MB Constructora de su amigo Elvio Mareco Barrientos, un fuerte ope­rador y aportante de su campaña para la inten­dencia.

Los citados más arriba, como el rosario de contra­taciones denunciadas como direccionadas hicieron lle­gar por parte de la Contra­loría Ciudadana de Ciudad del Este hasta el Ministerio Público carpetas enteras de documentos que presumen fraude, lesión de confianza, uso de documentos públi­cos de contenido falso, aso­ciación criminal, cohecho pasivo agravado, etc., por 41 casos sospechosos de corrupción que siguen sin esclarecerse.

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