El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se develara la forma discrecional en que tanto familiares como cercanos del presidente de la organización, Agustín Carrizosa Gubetich, figuran con millonarios cobros en proyectos financiados con dinero del Estado entre el 2019 y el 2023.
El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) se encuentra sumido en un escándalo a raíz de las publicaciones de nuestro medio en las que se revelaron los millonarios cobros que eran adjudicados tanto a familiares como a cercanos del presidente del CIRD, Agustín Carrizosa Gubetich, en los que se incluye él mediante proyectos financiados por el Estado.
Un ejemplo de este manejo discrecional se puede ver en la rendición de cuentas del proyecto “Reactivación económica poscovid”, para el que se transfirieron G. 6.093 millones de parte del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) a favor del CIRD. En el detalle financiero de dicho proyecto se encuentra la hija del presidente del CIRD, Paola Carrizosa Bradshaw, que figura con cobros sistemáticos de G. 4,5 millones en concepto de jornales; de igual forma, también se puede identificar a Carlos Francisco Alcaraz, hijo del coordinador del proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción”, que regularmente cobraba honorarios de G. 4,5 millones.
La lista de allegados del presidente Carrizosa y de su coordinador anticorrupción, Alcaraz, identificados en dicha rendición de cuentas, continúa ya que en ella también se pueden ver facturaciones a nombre de la señora María Berta Rojas Aveiro, pareja de Agustín Carrizosa, que con proyecto poscovid llevó G. 212 millones, mientras que su hermana, Marta María Rojas Aveiro, facturó por un total de G. 109 millones, ambas en concepto de consultorías, asesorías e investigaciones.
ESO NOMÁS, ¿VERDAD?
Llama la atención cómo la organización que constantemente acapara la atención mediática con discursos a favor de la transparencia y denuncias de supuestos casos de corrupción en el Estado minimizan el hecho de que varios familiares y allegados de los jefes de su organización fueran beneficiados en proyectos financiados con dinero proveniente de los contribuyentes, tal como lo hizo Carrizosa cuando desde Nación Media le consultamos sobre estas contrataciones.
“Ah sí, Paola, ella es fotógrafa. Pero ella es la única”, dijo Carrizosa refiriéndose a su hija; mientras que en el caso de María Berta, decía: “Ah bueno, ella es la coordinadora, sí. Ella es mi pareja, verdad, no es familiar. Bueno, sí es familiar”; y sobre su cuñada Marta María, dijo: “Ah Marta, sí. Ella es consultora. Sí, eso, ¿y después? Eso nomás, ¿verdad?”.
No hay que olvidar que en dicha rendición de cuentas también fue identificada una serie de operadores del abdismo que, a la par que cobraban honorarios o jornales en el marco del proyecto para “Reactivación económica poscovid”, eran vistos rogando votos para candidatos o haciendo proselitismos por sus respectivas candidaturas por la chapa encabezada por el expresidente Mario Abdo Benítez.
Por otro lado, el proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción” es otro en el que fueron identificados varios allegados a su coordinador, Francisco Alcaraz, como es el caso de Isabel Benítez, quien figura como su empleadora, según los registros del Instituto de Previsión Social (IPS), y fue contratada en el marco de dicho proyecto; asimismo, otra firma contratada para “Más ciudadanía, menos corrupción” es Tabacman EAS, en la que tanto Francisco Alcaraz como su hijo figuran como consultores; y también la ONG Conciencia Viva, en la que también figura como técnico el hijo de Alcaraz.