Grosero cuoteo en las cárceles no escatimó recursos de emergencia por el covid-19. Sindicalistas y funcionarios oportunistas aprovecharon para llenar de familiares los establecimientos penales, a esto se suma el arribo de la administración de Édgar Olmedo que comenzó con vito de cargos entre operadores políticos de su departamento y el plan de pago discrecional por ayuda alimentaria de la mano del diputado Arnaldo Samaniego.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Con los nuevos nombramientos de operadores políticos que realizó el ministro de Justicia, Édgar Olmedo, entregando el manejo de las penitenciarías a leales del ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, surgieron más datos y nombres del clientelismo imperante dentro de las cárceles.
Un momento más denso que de costumbre se vive dentro del sistema penitenciario a raíz de exigencias que quieren imponer sindicalistas apoyados por políticos avivados como el caso del diputado Arnaldo Samaniego, que busca reabrir la canilla para pago discrecional de subsidio alimentario a todos los funcionarios de los establecimientos penales, lo que golpeará fuerte al presupuesto del Ministerio de Justicia en un año de severa crisis económica y en medio de todo tipo de urgencias.
En un año electoral en el que el propio ministro se ubicó y comenzó a rifar contratos y nombramientos en puestos claves que sirven para recaudaciones en negro, aparecen proyectos prebendarios y requerimientos de sindicalistas con clanes enteros instalados en el sistema penitenciario, muchos de ellos se aprovecharon de rubros autorizados por emergencia penitenciaria (ver infografía).
Es así que aparecen hijos del cuestionado sindicalista Juan Velázquez, ex director del penal de Pedro Juan Caballero, destituido del cargo en su momento por fuga de reclusos. Sus hijos se colgaron de contratos de emergencia sanitaria.
La mayoría de los privilegiados figura como agentes penitenciarios, pero hacen trabajos administrativos, una muestra de cómo se bastardean cargos de seguridad en los penales mediante el cuoteo político.
Celeste Jazmín Velázquez y Alexis Ariel Velázquez, hijos de Velázquez, sindicalista más conocido como “gua’i”, ingresaron en agosto y setiembre del 2020, meses pico de la pandemia del covid-19.
Otra sindicalista con hijos acomodados en la penitenciaría es Idelina Elizabet Millán. Sus hijos Gessica Elizabet y Enrique David Vera ingresaron a su institución en el 2019.
Así también, está el sindicalista Vicente Ruiz Díaz, otro con dos hijos ubicados como guardias penitenciarios.
Entre los administradores surge el nombre de Amalio Mora, coordinador de Talento Humano. Su hija Camila Mora Domínguez ingresó como funcionaria penitenciaria en el 2019 y figura en planilla como asistente de suministro.
Este carnaval de rubros penitenciarios es apenas una parte del manejo oscuro y descontrolado dentro de las penitenciarías. El ex viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel Guerreño, confirmaba en estos días a La Nación el millonario circulante en negro dentro de las cárceles producto del comercio que se explota con total ilegalidad.
Estadísticas en las que vinieron trabajando en busca de un proyecto de ley para regularizar negocios dentro de los centros de reclusión estiman ingresos de unos G. 300 millones al mes solo en provisión de insumos para las cantinas en el penal de Tacumbú.
En las penitenciarías, principalmente en Tacumbú, “todo tiene su precio”, nos decía hace poco el ex viceministro. Lo cierto es que al mes de asumir la nueva administración en el Ministerio de Justicia, de la mano de Édgar Olmedo, más bien se abocaron en repartir puestos de recaudación antes que formalizar el comercio dentro de las penitenciarías.
SEPA MÁS
Aprietan por subsidio
Una estrategia proselitista de la que se agarró el diputado Arnaldo Samaniego es el proyecto de ley para revertir el filtro que aplicaron al pago de subsidio alimentario en el clasificador presupuestario de este año en el Ministerio de Justicia.
Previo parecer del Ministerio de Hacienda, el Congreso redujo el pago de dicho subsidio bimestral de G. 1.700.000 a los guardiacárceles que cumplen horario continuado de 24 horas, no a los administrativos y demás que trabajan 8 horas o menos en los establecimientos penitenciarios.
Sin embargo, la presión que ejercen los sindicalistas que tienen el dominio de las cárceles al punto que las han copado en familia más el momento político pueden ser variables de peso al momento de que la Comisión de Cuentas y Control tome postura. Cabe remarcar que de 1.364 penitenciarios, solo 563 cumplen la jornada laboral de 24 horas, los demás tienen horario mínimo de 8 horas, algunos incluso menos, pero están a la expectativa de un guiño político.