Carlos María Arrechea entregó gran parte de los US$ 1 millón anuales a intendentes de Ayolas y Yabebyry, mientras que a los vecinos les transfería sumas ínfimas en una suerte del blanqueo del manejo de los fondos. Además, aparecen compras a cientos de kilómetros del departamento, contrataron empresas y profesionales del área central y no de Misiones, cuando la normativa establece que se debe priorizar la mano de obra local.

• Por Silvia Aguilar Ramos
• silvia.aguilar@nacionmedia.com

La Gobernación de Misiones, presidida por el colorado Car­los María Arrechea, es una de las instituciones que recibió el apoyo financiero de los US$ 1 millón para la reactivación económica en el marco de la pandemia del covid-19 que tenía como fin dotar de recur­sos e incentivar la mano de obra local para generar fuen­tes de trabajo.

Llamativamente, en Misio­nes, una importante suma de ese dinero terminó en poder de la Comisión Departamen­tal de Fomento de Obras, una organización creada en noviembre del 2020 y que tiene como principales res­ponsables y firmantes de con­tratos a políticos de la zona, el intendente de Ayolas, Carlos Alberto Duarte, como presi­dente, e Ignacio Brizuela, el tesorero. Además, es miembro un funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC) identificado como Casto González Fretes.

En diciembre del 2020, la comisión recibió por parte de la gobernación millonarias sumas en concepto de obras para diferentes localidades del departamento. Una de ellas, por un monto de G. 1.284 millones para pavimentación y canalización a cielo abierto en la ciudad de Santa Rosa.

En ese mismo mes, otros G. 420 millones para realizar también una pavimentación, pero en la localidad de San Juan Bautista. Y de vuelta, otros G. 540 millones para obras varias en Santa Rosa.

Así fueron sumando solici­tudes de obras y la comisión presidida por dos intendentes comunales de Misiones reci­bió del gobernador Carlos María Arrechea la millonaria suma de G. 2.504 millones en total en un solo año. Mientras tanto, la situación completa­mente a la inversa ocurría con las organizaciones de barrio, donde verdaderamente se encuentran las necesidades y los principales afectados por la crisis generada por el covid-19.

La Junta de Saneamiento Tri­nidad Cue de la ciudad de Santa María, por ejemplo, solicitó a la gobernación apoyo econó­mico para instalar una red de agua potable para la zona, pero el gobierno departamental de Acherrea le otorgó una ínfima suma de G. 5 millones.

Misma situación ocurrió con la Comisión de Agua de un barrio de la ciudad de Santa Rosa, que también pidió al gobernador Arrechea el aporte para su ser­vicio de agua potable y se les asignaron solo G. 5 millones.

Montos ampliamente infe­riores a los que se otorgó a la comisión dirigida por afines de Arrechea y que demues­tran una especie de blanqueo al manejo discrecional de los fondos covid-19 en ese depar­tamento.

La ley Nº 6641 de apoyo finan­ciero a los gobiernos depar­tamentales para la reactiva­ción económica y la ejecución de obras de infraestructura fue sancionada en octubre del 2020. En su artículo 5 esta­blece que “como mínimo el 60% de los ingresos percibidos por las gobernaciones en vir­tud de la presente ley deberá destinarse a gastos de capital, en obras de infraestructura, dando preferencia a la mano de obra y a las empresas que se encuentran en el territorio departamental”.

La Gobernación de Misiones, muy por el contrario a lo que establece la normativa, con­trató a través de las comisiones a empresas de otras localida­des y hasta pagó por servicios profesionales a personas que se encuentran a cientos de kiló­metros. Este es el caso de un ingeniero civil de San Lorenzo contratado para proyectar y construir una caseta en Villa Florida como si faltaran inge­nieros en Misiones.

Además, pagaron por los ser­vicios de una constructora de Asunción para obras de pavi­mentación.

Empresas de San Lorenzo, Limpio, Fernando de la Mora, Asunción, Lambaré y Pedro Juan Caballero son solo algu­nas de las que fueron benefi­ciadas con el dinero destinado para reactivar la economía del departamento de Misiones.